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Justicia fiscal y justicia de género: dos demandas urgentes e inseparables
16 de marzo de 2023
En Argentina, la desigualdad de género es un hecho: las mujeres realizan el 76% de las tareas domésticas no remuneradas, ganan en promedio un 29% menos que sus pares varones y constituyen el 70% de la población de menores ingresos. La responsabilidad del Estado es erradicar las brechas de género y, a través de ciertas políticas, se lograron algunos avances que tienden a ese objetivo. Por ejemplo, la Moratoria Previsional permitió el acceso a una jubilación a mujeres que trabajaron en el hogar y no habían realizado aportes formales al sistema previsional. Sin embargo, existen otras políticas a través de las cuales el accionar del Estado, en vez de mitigar, profundiza las brechas de género. Entre ellas se encuentra el carácter regresivo del sistema tributario, el sostenimiento de exenciones fiscales injustificadas y la toma desmedida de deuda pública.
Esta semana el FMI advirtió que el gobierno nacional deberá tomar medidas “tempranas y decididas» para abordar los costos fiscales de la Ley de Plan de Pago de Deuda Previsional aprobada en febrero y asegurar el cumplimiento de las metas fiscales acordadas con el Fondo. Esta moratoria permitirá acceder a 800.000 personas a una jubilación, que en su mayoría son mujeres que tuvieron a cargo tareas de cuidados no reconocidas ni remuneradas, o que transitaron parte de su vida en el mercado informal de trabajo. Sin embargo, el acuerdo con el FMI pone en peligro esta y otras políticas sociales claves para garantizar la igualdad de géneros, acentuando la brecha en el acceso a derechos por parte de las mujeres.
¿Cuál es el rol del Estado en la erradicación o profundización de las brechas de género? Para responder a esta pregunta analizamos el impacto de las decisiones en torno al cobro de impuestos, el gasto y el endeudamiento público.
Al analizar el gasto público vemos que el Ministerio de Economía identificó el 14,48% del presupuesto planeado para el año 2023 como “presupuesto con perspectiva de género (PPG)”, lo que significa que contribuye a cerrar brechas de género. Sin embargo, existen problemas históricos de subejecución en algunas políticas. Por ejemplo, el programa fortalecimiento edilicio de jardines infantiles, fundamental para una redistribución más justa de los cuidados, sufre recortes del presupuesto disponible y bajos niveles de ejecución hace años. A su vez, el proyecto de ley Cuidar en Igualdad prevé que el Ministerio de Obras Públicas destine al menos el 8.5% de su presupuesto a la ampliación de la infraestructura pública de cuidados y crea un registro nacional de trabajadoras y trabajadores, pero sigue sin ser tratado en el Congreso.
Uno de los argumentos más usados para justificar la falta de atención a estas políticas es la falta de recursos. Sin embargo, lo que hay es una falta de priorización. El costo de ampliar las licencias de cuidado para las personas gestantes, no gestantes y adoptantes (0,14% del PIB) es menor que la pérdida de recaudación que resulta por la exención injustificada del pago del impuesto a las ganancias por parte de magistrados/as y funcionarios/as del poder judicial nacional y provincial (0,16% del PBI).
También es clave preguntarse qué está pasando con la recaudación de impuestos: la manera en la que el Estado recauda es inequitativa: el sistema tributario es regresivo y tiene sesgos de género porque recauda más, en términos proporcionales, de impuestos regresivos como el IVA, que afectan desproporcionadamente a los sectores que menos tienen, dentro de los cuales las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas. Es imprescindible contar con impuestos equitativos que puedan erradicar la desigualdad de género, en vez de reproducirla.
Por último, para entender qué rol ocupa la deuda pública en todo esto es importante considerar que dos de las consecuencias más concretas, debidas principalmente al el corrimiento del Estado en la prestación de servicios públicos y protección social, son el aumento del endeudamiento doméstico y del trabajo no remunerado al interior de los hogares. Las mujeres trabajan más horas, tienen menos ingresos y hacen un aporte desproporcionadamente mayor al sistema tributario que los varones. Al mismo tiempo, son quienes se hacen cargo de atenuar, con su trabajo y endeudamiento, el impacto de la reducción en inversión social y otras condicionalidades impuestas por la deuda. Aun así, las políticas públicas necesarias para revertir estas desigualdades no son priorizadas.
Es clave que la resolución de la grave problemática de deuda que enfrenta Argentina no se realice a expensas de los derechos. El Estado asumió el compromiso de revertir la desigualdad estructural de género, y para eso debe utilizar las herramientas de política fiscal ¿cómo? asignando los recursos necesarios para financiar políticas de cuidados, contra la violencia de género y para la reducción de brechas en general; regulando los gastos tributarios y eliminando exenciones fiscales injustificadas; y haciendo más equitativa la recaudación de impuestos mediante un aumento en la progresividad de aquellos que recaen sobre la riqueza y los ingresos, como Bienes personales y Ganancias de personas.
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Vuelven los créditos de ANSES
Un nuevo proyecto de ley busca reactivar los créditos de ANSES, pero con un enfoque diferente al de programas anteriores. El objetivo central de esta propuesta es el "desendeudamiento" de los sectores más vulnerables, cubriendo un vacío legal tras la baja de normativas previas y apuntando a ofrecer una alternativa formal frente a los prestamistas informales.
La medida alcanzaría a más de diez millones de personas, incluyendo a titulares de AUH y AUE, jubilados y pensionados del SIPA con ingresos bajos, beneficiarios de Pensiones No Contributivas, personal de casas particulares y monotributistas de las categorías A a la D.
Una de las novedades más importantes de este proyecto es que los fondos no llegarían directamente a las manos de los titulares. Para garantizar que el dinero se utilice exclusivamente para saldar deudas y no para consumo discrecional, la ANSES transferiría el monto solicitado directamente a los acreedores indicados por el beneficiario, ya sean entidades bancarias, emisoras de tarjetas de crédito o financieras.
El trámite se plantea como un proceso 100% digital a través de la plataforma "Mi ANSES", sin necesidad de gestores ni intermediarios. Los solicitantes deberán registrar sus deudas y el sistema realizará auditorías automáticas y cruces de información con el sistema financiero para validar la operación.
Montos, tasas y plazos
El proyecto establece condiciones específicas para proteger el ingreso de los beneficiarios:
- Tope máximo: Los créditos serían de hasta $1,5 millones, monto que se actualizaría automáticamente según el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
- Límite de cuota: Los descuentos mensuales en los haberes no podrán superar el 30% del ingreso neto del solicitante.
- Tasa de interés: Se busca que el costo financiero esté por debajo del promedio comercial para facilitar la regularización de las obligaciones pendientes.
Debido a que se trata de un proyecto de ley, la iniciativa debe ser debatida primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. Los impulsores del programa estiman que, de obtener el respaldo legislativo necesario, los créditos podrían estar operativos durante el segundo semestre de 2026. El debate principal se centrará en el uso de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para financiar esta medida.
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Alerta Sofía por la desaparición de una nena de 2 años en Cosquín
Un amplio operativo de búsqueda se desplegó este miércoles por la tarde en la ciudad de Cosquín tras la desaparición de Esmeralda Pereyra López, una niña de dos años en el barrio San José Obrero.
En horas de la noche, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, activó el sistema de emergencia federal Alerta Sofía, luego de una comunicación que mantuvo con su par cordobés, Juan Pablo Quinteros.
La medida implica, entre otras cosas, que la Policía controla auto por auto en los accesos a Cosquín, como la Autovía a Punilla, la ruta 38 y el Caminos al Pan de Azúcar.
Bomberos voluntarios de distintos cuarteles, junto a personal policial, trabajan intensamente para dar con el paradero de la menor, cuya ausencia fue advertida por familiares en las últimas horas.
La preocupación se activó cuando el abuelo de la niña llegó a la vivienda familiar y preguntó por su nieta, quien debía encontrarse en la casa, pero no estaba.
Es de tez trigueña, con pelo castaño claro. Al momento de la desaparición la menor vestía un body de color gris mangas largas sin calzado.
Toda información puede ser aportada a la Unidad Judicial de Cosquín (3541-454985 , 3541-454010 , 3541-454356 internos 56801, 56802, 56803), o en cualquier sede judicial o policial.
El operativo se inició de inmediato con la intervención de bomberos voluntarios de la región serrana.
Fernando López, integrante de la Agrupación Serrana de Bomberos, explicó a Tomás Villagra de Cadena 3 cómo se activó el procedimiento. “Hace aproximadamente una hora fuimos alertados el sistema de bomberos de la agrupación serrana, específicamente el cuartel de bomberos de Cosquín, por la búsqueda de una menor de dos años en el barrio San José Obrero de Cosquín. Es toda la información que tengo hasta el momento”, indicó.
Del rastrillaje participan dotaciones de Cosquín, Valle Hermoso, La Falda, Santa María y otras localidades cercanas, además de unidades especiales que trabajan en el llamado “punto cero”, es decir, el lugar donde se vio por última vez a la niña.
El propio López detalló el despliegue: “Está trabajando bomberos de Cosquín, bomberos de Valle Hermoso, La Falda, Santa María, y dos dotaciones de ETAC, que por el momento están trabajando en el punto cero y se va a ir ampliando la búsqueda hasta ojalá se encuentren con el paradero”.
Las autoridades no descartan que el operativo continúe. “Estamos reprogramando las próximas horas también en caso de que sea necesario”, agregó el integrante de bomberos.
Por el momento, no se difundieron más datos oficiales sobre las circunstancias de la desaparición, mientras se intensifica el trabajo en la zona con la esperanza de encontrar a la niña sana y salva.
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Carne: suba de precios y menos consumo
Los precios de la carne vacuna continúan en alza y presionan sobre el consumo interno, que sigue en retroceso, mientras las exportaciones muestran un fuerte dinamismo impulsado por la apertura de mercados y la mejora de los valores internacionales.
De acuerdo con el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), en febrero el precio promedio de los cortes vacunos registró un aumento del 7,4% mensual, mientras el consumo de carne vacuna se redujo 13,8% interanual en el primer bimestre del año.
Las subas fueron generalizadas, aunque con mayor intensidad en cortes como la paleta, el cuadril y la nalga, que avanzaron en torno al 8%. También se destacaron incrementos en la carne picada común (7,1%) y el asado (5,7%), cuyo precio promedio superó los $16.800 por kilo, según los datos para el Gran Buenos Aires.
La presión inflacionaria no se limitó a la carne vacuna. El pollo entero volvió a subir por encima de este segmento, con un incremento del 10,2% mensual, consolidando un encarecimiento generalizado de las proteínas animales, reseñó el informe.
Este comportamiento de los precios se da en un contexto de menor oferta. En el primer bimestre del año, la producción de carne vacuna alcanzó las 457 mil toneladas res con hueso, lo que representó una caída del 9,1% respecto del mismo período de 2025. La contracción responde a una menor disponibilidad de hacienda, consecuencia de varios ciclos productivos afectados por condiciones climáticas adversas que redujeron el stock ganadero y la cantidad de animales enviados a faena.
En línea con este proceso, la actividad de la industria frigorífica se mantuvo en niveles históricamente bajos. En febrero se faenaron 924 mil cabezas, un volumen que, si bien mostró una leve recuperación frente a enero, se ubicó más de 10% por debajo del registrado un año atrás y entre los más bajos de las últimas décadas para ese mes.
Consumo en baja
La menor oferta y el encarecimiento de los precios tuvieron un impacto directo en el mercado interno. El consumo aparente de carne vacuna se redujo 13,8% interanual en el primer bimestre, totalizando 332,7 mil toneladas. En términos per cápita, el promedio de los últimos doce meses descendió a 47,3 kilos por habitante por año, lo que implicó una caída del 2,5% frente al mismo período previo.
En contraste, el frente externo mostró una dinámica opuesta. Las exportaciones de carne vacuna crecieron tanto en volumen como en valor. Entre enero y febrero los envíos al exterior habrían alcanzado 124 mil toneladas, con un incremento interanual del 6,6%. A su vez, las ventas certificadas en el inicio del año evidenciaron una recuperación más marcada, del 13,5%, impulsada por mayores colocaciones en mercados como Estados Unidos, Israel y Europa, que compensaron la menor demanda de China.
Exportación
El contexto internacional también jugó a favor. El valor promedio de exportación se ubicó en torno a los 7.362 dólares por tonelada, un 30% por encima del nivel registrado un año atrás. Esta mejora en los precios, junto con el aumento de los volúmenes exportados, permitió que los ingresos por ventas externas crecieran 47,6% interanual, alcanzando los 321 millones de dólares en enero.
El informe también destaca la evolución del precio de la hacienda en pie, que en febrero subió 8,5% mensual en el mercado de Cañuelas y acumuló un incremento interanual del 72,7%. Este fuerte ajuste responde a la escasez relativa de animales disponibles, que elevó el valor del kilo vivo a niveles máximos de los últimos quince años en términos reales, señaló el informe de Ciccra.
