País
El abuelo de Lucio pide ‘condena ejemplar’ para la madre y su pareja
31 de enero de 2023
El abuelo de Lucio Dupuy, el niño asesinado en noviembre de 2021 en la ciudad de Santa Rosa y por cuyo crimen se conocerá el jueves próximo el veredicto del juicio, pidió que la madre de su nieto y la pareja reciban «una condena ejemplar, a prisión perpetua y sin beneficios», y reclamó que «sean separadas», ya que actualmente cumplen prisión en el mismo penal.
«Tengo muchas ansias, no pasan las horas para que llegue el día jueves. Para muchos es pasado mañana, para nosotros es eterno lo largo que se nos hacen los días para saber la culpabilidad de estas asesinas. Las expectativas son que para que esto no vuelva a suceder tiene que ser una condena ejemplar”, dijo Ramón Dupuy en referencia al fallo del tribunal de juicio que determinará la autoría y responsabilidad penal de la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, y de su pareja, Abigail Páez.
El hombre reclamó que ambas sean condenadas «a prisión perpetua, sin beneficios y que sean separadas de una vez por todas”, aunque admitió que lo que resuelva la justicia «no reparará nada, porque a Lucio no me lo devuelven con ninguna condena, no me lo devuelve más nadie por más que reciban condena, a Lucio lo asesinaron”.
En declaraciones a Radio Con Vos, el abuelo de Lucio explicó que, a su criterio, «la sociedad está pidiendo que ilumine a los jueces para que no vuelvan a suceder casos como el de Lucio. Es lo más lógico, porque no se espera que un ser humano haga las atrocidades que hicieron estas asesinas con el cuerpo de Lucio. Nadie quiere ver un chiquito asesinado».
Luego, el hombre volvió a recordar el hecho y se lamentó: “Hasta el día de hoy me sigo preguntando el por qué, por qué lo asesinaron».
También Ramón Dupuy reclamó a la Justicia por no haber intervenido a tiempo y haberle entregado la tenencia de su nieto a la madre y a su pareja.
«No entiendo por qué la jueza Ana Clara Pérez Ballester se lo entregó (a la madre Espósito Valenti y a su pareja Páez), por qué nos revocó la tenencia si Lucio había nacido acá en General Pico, se había criado durante cuatro años acá, tenía todo acá, no le encuentro explicación hasta el día de hoy».
«A Espósito el título de madre le queda enorme, para cualquier ciudadano común, madre es una palabra sagrada, ella es una progenitora o la que lo pario digamos así nomás”, dijo el abuelo del niño asesinado, quien insistió en que su nieto «no era un auto que vos chocás y hacés un acuerdo para arreglar los daños, Lucio era una vida, un ser humano, si esta jueza hubiese actuado acorde a la ley… ella se basa en que hubo un acuerdo, se lo reconozco que hubo, pero…¿por qué sucedió? por seis falsas denuncias y una amenaza por teléfono, comprobadas eh, no lo digo yo, está comprobado en el expediente”.
“Si hubiese actuado acorde a la ley, a Lucio tendrían que haberle hecho por lo menos a estas asesinas un socio ambiental; preguntarles dónde lo iban a llevar a vivir a Lucio, con qué le iban a dar de comer a Lucio, con quién iba a estar Lucio, lo sacaron de acá de General Pico y me lo llevaron a 140 kilómetros, al año y 3 meses me lo trajeron muerto”, recordó.
El jueves próximo, el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa, integrado por la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, realizará la audiencia de cesura del juicio, en la que resolverán si las acusadas son «culpables» o «no culpables» del delito de «homicidio calificado y abuso sexual ultrajante».
La pena no se dará a conocer el jueves, sino en una audiencia posterior, aunque si el tribunal acepta los argumentos del Ministerio Público Fiscal (MPF), la única que les corresponderá a las acusadas es la de prisión perpetua, lo que hará irrelevante la segunda parte del juicio de cesura.
En caso de que el Tribunal valore las pruebas de otra manera, tiene 15 días para dar a conocer la sentencia.
Lucio (5) fue asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021 en la vivienda de la calle Allan Kardec al 2300 de Santa Rosa, donde residía con su madre y la pareja de ella.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
