Los representantes de los gremios estatales UPCN y ATE cerraron con representantes del Ministerio de Trabajo la paritaria 2022, alcanzando un ajuste de 97% anual.

Tras las negociaciones por la reapertura de la paritaria 2022 que había quedado en un 60%,  se acordó que al sueldo de Enero de 2023, se le ajustará un 10% en febrero, 8% en marzo y 5,13% en abril. De esta manera se alcanza el numero final de 97% y destacan, desde los gremios, le ganarían a la inflación.

“En el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se llevó a cabo la paritaria del sector estatal en la que se acordó un incremento del 97% interanual para el año paritario”, indica el comunicado del ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Mientras que destaca que “la recomposición salarial alcanza a todos los trabajadores de la administración pública nacional”, los que se estima en unos 132.000 empleados.

Desde UPCN indicaron en un comunicado: "Esperamos iniciar a la mayor brevedad posible las conversaciones de la paritaria correspondiente al periodo 2023 que empieza a regir el 1 de junio del corriente año, donde apostamos a una baja inflacionaria que resguarde el poder adquisitivo del salario de l@s estatales".

Además, se destacó dentro del acuerdo haber alcanzado un aumento de reintegro por jardín maternal del orden del los $ 32.300 y el traslado del incremento al premio estimulo por presentismo.

Durante la firma el secretario de Trabajo, Marcelo Bellotti, señaló: "el desafío más grande, este año, será tener un proyecto estratégico donde el movimiento obrero sea el actor social más importante de la construcción de nuestra democracia social”.

Estuvieron presentes en la reunión, por parte del Estado empleador, la secretaria de Empleo Público, Ana Castellani; por parte del MTEySS, el secretario de Trabajo, Marcelo Bellotti; por la Dirección de Análisis Laboral del Sector Publico, Mara Mentoro; y la jefa del Departamento N°1 Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Juliana Califa; por el Ministerio de Economía Jorge Domper y Jorge Caruso; por parte sindical, por UPCN Felipe Carrillo, Diego Gutiérrez, Alejandra López Atía, Felipe Carrillo, Marta Farías y Hugo Spairani; mientras que por ATE estuvieron presentes Hugo Cachorro Godoy, Flavio Vergara, Mercedes Cabezas y Mariana Amartino.

Desde la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), y en vísperas de lo que será la sentencia por el caso del niño asesinado Lucio Dupuy, desean manifestar su profunda preocupación por "el aumento exponencial de casos de niños y niñas víctimas de abusos y maltratos en la República Argentina".

A través de un comunicado de prensa, la ACIRA subraya que “lamentablemente el caso de Lucio es quizá el más visible porque terminó con su vida de la manera más cruel; pero tristemente no es algo excepcional, sino que se repite en miles de menores de edad en todo el país, sea cual fuere la condición social”

Y agrega “ rero no sólo nos preocupa que existan adultos que en una actitud vil y cobarde, abusen de los niños, sino que también nos pone en alerta la respuesta que las autoridades administrativas y judiciales dan a estas situaciones.

 Más adelante, el comunicado evangélico sostiene “no podemos convalidar que existan jueces que no perciban el peligro que corre un niño y lo entreguen en manos de sus propios victimarios. Nos compunge que como sociedad toda, no podamos prevenir y erradicar estos hechos de violencia y actos de crueldad”

“Nos alarma –prosigue- que no se respete y que no se cumplan las normas nacionales e internacionales que protegen el “interés superior del niño”. Con dolor vemos cómo los menores son el blanco del ataque de sus propios padres, de la sociedad y del Estado que -lejos de promover acciones para su protección- dicta normas o toma decisiones que los dejan en total desprotección.

 A todo esto, las iglesias evangélicas de la Argentina representadas “ en nuestra Alianza, tan cercanas a la realidad que nos circunda, tan próximas al dolor de las personas, no pueden permanecer indiferentes ante el sufrimiento de los más vulnerables. Esperamos con ansias que nuestro Congreso Nacional pueda tratar con celeridad la llamada “Ley Lucio” en sesiones extraordinarias”

“Hoy nos unimos en clamor a Dios, nuestro Juez Justo, para que obre en favor de los más pequeños. Oramos por los familiares de Lucio Dupuy por consuelo en el corazón. Alzamos la voz pidiendo justicia por todos los niños, niñas y adolescentes que padecen violencia y maltrato en nuestro amado país. ‘Levanta hacia Él las manos y ruega por la vida de tus pequeños’ Lamentaciones.2:19”. Firman el comunoado integrantes del Comité Ejecutivo de ACIERA  en la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de enero de 2023.

La demora en la aplicación de un beneficio impositivo para quienes pagan cuotas en colegios privados determinó un planteo de las entidades que nuclean a los institutos educativos de todo el país y en un pedido que se formalizará ante la AFIP.

La deducción de los gastos de educación en el Impuesto a las Ganancias para el Período Fiscal 2022 fue aprobada por la Ley de Presupuesto 2023 y publicada en el Boletín Oficial a comienzos de diciembre del año pasado.

Sin embargo, en la web de la AFIP aún no está disponible la opción de la carga de las deducciones por gastos de educación para el Período Fiscal 2022 y 2023. Por lo tanto, la medida de mejora impositiva anunciada por las autoridades y establecida en la Ley de Presupuesto no está al alcance de los contribuyentes.

La Asociación de Instituciones Privadas de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA) y la Junta Nacional de Educación Privada (Junep) manifestaron su preocupación ante la situación que genera esta irregularidad administrativa. “Varias escuelas de gestión privada nos han transmitido la inquietud de las familias que no les fue posible concretar la posibilidad de deducir del impuesto a las ganancias la inversión en servicios escolares que hacen para sus hijos”, explicó el director ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita.

El dirigente aseguró que ya se han cursado los correspondientes planteos para “transmitir esta situación y realizar los pedidos de explicación correspondiente a la AFIP”.

Según lo establecido por la ley, los contribuyentes podrán deducir determinados gastos vinculados a la educación de sus hijos, hijas, hijastros o hijastras menores de 18 años o incapacitados para el trabajo y por los mayores de 18 años y hasta los 24 años inclusive (en la medida que cursen estudios regulares o profesionales), siempre que sean considerados como “carga de familia”. Para revestir el carácter de cargas de familia, deberán estar a cargo del contribuyente y no tener ingresos superiores a la ganancia mínima no imponible del año que corresponda.

Los conceptos de gastos a deducir son: Los servicios educativos y la compra de herramientas destinadas a la educación. Según el Decreto 18/2023 los servicios educativos comprenden: Los prestados por establecimientos educacionales públicos o privados incorporados a los planes de enseñanza oficial y reconocidos como tales por las respectivas jurisdicciones, referidos a la enseñanza en todos los niveles y grados contemplados en dichos planes, y de postgrado para egresados de los niveles secundario, terciario o universitario, así como a los servicios de refrigerio, de alojamiento y de transporte accesorios a los anteriores, prestados directamente por dichos establecimientos con medios propios o ajenos.

También “las clases dadas a título particular sobre materias incluidas en los planes de enseñanza oficial detallados en el punto anterior y cuyo desarrollo responda a estos, impartidas fuera de los establecimientos educacionales indicados en el punto anterior”. Además, se incluye la inversión realizada para el pago de guarderías y jardines materno-infantiles.

“Es importante que esta situación se regularice urgentemente porque se trata de un beneficio establecido normativamente y sabemos que en el contexto inflacionario actual la dilación en el tiempo implica deteriorar el beneficio y el espíritu de la ley”, planteó Zurita, director ejecutivo de AIEPBA.