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‘Los que cambiamos la Argentina fuimos nosotros’
17 de noviembre de 2022
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó hoy a «militar por una Argentina» con un «modelo sustentable económico y social» que permita reeditar los logros alcanzados en las gestiones del 2003 al 2015 y afirmó que será la gente la que tendrá que «decidir si quiere volver a ser esa Argentina que alguna vez tuvo».
«Convirtamos el 17 de noviembre en el día del militante por la Argentina, que necesita militantes de su pueblo, de sus trabajadores, de sus científicos, de sus intelectuales», pidió la vicepresidenta, casi en el cierre de un discurso con el que reivindicó las tres gestiones kirchneristas tras la crisis económica, política y social de 2001.
Fernández de Kirchner fue la única oradora del acto por el Día de la Militancia que se realizó esta tarde en el estadio Diego Maradona de La Plata, donde una multitud celebró el 50 aniversario del regreso de Juan Perón a la Argentina, en 1972, tras 17 años de exilio.
Ante un estadio colmado, en el que se estrenó el lema «La Fuerza de la Esperanza» y que coreó con insistencia un «Cristina Presidenta», Fernández de Kirchner respondió: «Como decía el General, todo en su medida y armoniosamente».
«Acá lo único nuevo que hay somos nosotros. Los que cambiamos la Argentina después de 2001 somos nosotros», expresó en un tramo de su mensaje, en el que recordó que durante los gobiernos kirchneristas los trabajadores alcanzaron «el 50% de participación en el PBI» y el país tenía «los salarios más altos en dólares de Latinoamérica».
Recordó que entre 2003 y 2015 la Argentina «lanzaba satélites al aire, teníamos el mejor salario en dólares de Latinoamérica y millones de viejos y viejas pudieron jubilarse».
«La gente tiene que decidir si quiere volver a ser esa Argentina», expresó y exhortó a sellar un nuevo «acuerdo democrático», que también elimine la violencia como «instrumento político».
Cristina remarcó que el atentado que sufrió el 1 de septiembre «quebró el pacto democrático» alcanzado en el país tras las dictaduras militares y tuvo como objetivo «suprimir al peronismo».
«Es obligación de todas las fuerzas políticas en Argentina volver a reconstruir ese acuerdo separando a los violentos», planteó y pidió terminar con «debates berretas de mano dura y garantismo» y cuestionó la gestión del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Cambiemos.
En ese contexto, definió a la inseguridad como una «deuda» de la democracia y postuló avanzar en acuerdos que permitan delinear políticas de seguridad que eviten la «autonomización» de las fuerzas y garanticen su control civil.
«Las fuerzas son una parte de la solución, pero también son una parte del problema si no se subordinan al poder civil», declaró y se preguntó por qué no desplegar gendarmes en el conurbano bonaerense para poner la mirada en «esos lugares que están sufriendo» la inseguridad, en vez de mantener a los efectivos en la Patagonia, donde «no sabemos qué están haciendo».
Con todo, marcó como prioridad el «orden de una sociedad con padres y madres que trabajan y con chicos que van a estudiar y vuelven a comer a sus casas, no en las escuelas o en los merenderos».
Ante la mirada atenta de unas 60.000 personas que esperaron su palabra desde las gradas y el campo del estadio, Cristina ocupó el centro del escenario en lo que fue su segunda aparición pública desde el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre pasado y luego de su participación en el plenario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), a principios de este mes, en el polideportivo municipal de Pilar.
Organizaciones políticas y sindicales enroladas en el Frente de Todos (FdT), funcionarios, legisladores, dirigentes y militantes fueron parte de la celebración peronista, que tuvo música en vivo y baile entre los asistentes, en las horas previas a la aparición de la vicepresidenta.
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Diputados debatirá la baja de la edad de imputabilidad el 12 de febrero
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y tratarlo en el recinto de sesiones el día siguiente.
La Libertad Avanza, junto a los bloques dialoguistas, buscará sancionar el próximo jueves en la Cámara de Diputados el proyecto del Régimen Penal Juvenil, que establece una reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, informaron fuentes legislativas.
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y el jueves tratarlo en el recinto de sesiones, y aclaró que se establecerá la edad de 14 años que fue consensuada el año pasado entre el oficialismo y un grupo de bloques opositores.
Ritondo formuló estas declaraciones al salir de la reunión que se efectuó entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los bloques de la Cámara de Diputados.
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Conciliación obligatoria
Tras la advertencia del gremio La Fraternidad de avanzar este jueves con un paro de trenes, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y desacivó por esa vía la medida de fuerza.
La decisión se terminó de definir luego de una reunión realizada en el Ministerio de Economía, de la que participaron delegados del sindicato, entre ellos, el secretario general del gremio, Omar Maturano, junto a representantes del área de Transporte, en la que no se llegó a un acuerdo.
Minutos después, llegó la confirmación oficial a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, en el que se informó que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que involucra tanto al sindicato como a las empresas del sector, Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A. Concesionaria.
De acuerdo al comunicado oficial, se establece un período de conciliación obligatoria de 15 días, “durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios ”.
Bajo esa misma línea, el Gobierno lanzó además una advertencia directa al sector sindical e intimó a La Fraternidad a “dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pueda afectar la normal prestación del servicio”.
La decisión oficial llegó luego de que el sábado el sindicato que nuclea a los maquinistas ferroviarios confirmara que avanzaría con un paro nacional de actividades por 24 horas para este jueves 5 de febrero, una medida que iba a afectar a todas las líneas de pasajeros y a algunos servicios de carga, tras un fallido encuentro con el sector empresarial, en el que las partes ofrecieron un aumento salarial del 2% para diciembre y del 1% para enero.
Desde el gremio reclaman una recomposición salarial por encima de la inflación y advierten que “en lo que va del año estamos perdiendo casi el 35% del salario”. Según cifras que maneja el sindicato, el sueldo básico de un maquinista es actualmente de $1.136.000, mientras que el de un ayudante de conductor ronda los $893.000.
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Piden la liberación de la argentina presa en Brasil por racismo
Agostina Páez, abogada argentina de 29 años, se encuentra detenida en Brasil por un caso relacionado con racismo. Actualmente, enfrenta el uso de una tobillera electrónica y no tiene acceso a su pasaporte para regresar a Argentina. La fiscalía brasileña ha solicitado su prisión preventiva, mientras que la Fundación Apolo ha solicitado la intervención de la Cancillería Argentina.
El reclamo de la Fundación Apolo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, sostiene que la imputación es desproporcionada debido a la falta de una condena firme por el cargo de injuria racial. Este incidente se produjo durante sus vacaciones en Río de Janeiro.
Según el documento presentado, Páez fue detenida tras un desacuerdo en un bar del barrio de Ipanema, donde se le acusó de realizar gestos considerados ofensivos.
La detención no solo resultó en la retención de su pasaporte, sino que también se le impuso un dispositivo de monitoreo electrónico que le impide regresar a Argentina mientras avanza la causa.
El reclamo indica que la respuesta del sistema penal brasileño no se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que la medida restrictiva fue adoptada sin una evaluación adecuada de alternativas menos gravosas, además de no considerar la condición de mujer extranjera de la imputada.
Además, se destaca que existen registros fílmicos previos al incidente, en los cuales uno de los empleados del bar realizó gestos obscenos hacia ella y su acompañante, conducta que no fue adecuadamente considerada por las autoridades.
El documento argumenta que la abogada fue inicialmente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual, y que su reacción debería ser entendida en ese contexto, lo que revertiría los roles de víctima y victimaria.
La fundación, liderada por el exlegislador Yamil Santoro, menciona la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Ley 20.957 del Servicio Exterior, destacando que la Cancillería está habilitada para intervenir ante una persecución penal que no cumple con criterios de razonabilidad o debido proceso.
Además, el escrito cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, que establecen un deber reforzado de protección en casos que involucran a mujeres en contextos de violencia o asimetría.
El texto también critica el uso del caso por parte de las fuerzas de seguridad brasileñas, quienes han difundido imágenes y mensajes en redes sociales oficiales, lo que refuerza una lógica de estigmatización y "mano dura" que es incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
La entidad solicita que la Cancillería ejerza activamente la protección consular y considere un reclamo diplomático ante el Estado brasileño para revisar las medidas cautelares impuestas y permitir el regreso de Páez a Argentina.
Por su parte, la justicia de Río de Janeiro ha avanzado en la causa, la cual ha tomado mayor complejidad, y el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva de la influencer, quien sigue en Brasil. La fiscalía argumenta que la joven "extrapoló cualquier contexto de discusión o malentendido" y la califica de tener una conducta "discriminatoria y ofensiva".NA
