País
A $400 el kilo
23 de julio de 2022
El precio del kilo de pan aumentará alrededor de un 10 por ciento y podría llegar hasta los $400 en los próximos días, a raíz del aumento en los valores de la harina y de los insumos necesarios para su elaboración según anticipó la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, quienes aseguraron que no están recibiendo las harinas a precios subsidiados, como contempla el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino que impulsó el Gobierno.
Dirigentes de la entidad explicaron que, al no estar recibiendo la harina más barata, como lo contempla ese Fondo, no tienen otra alternativa que trasladar sus mayores costos al mostrador y estimaron que los precios se ajustarán en un 10% hacia fines de la semana próxima o principios de la siguiente, con lo cual el kilo del pan podría llegar, en todo el país, hasta los $400.
Los panaderos aseguran que no pueden mantener los precios, aunque reconocen que la Secretaría de Comercio Interior está activa en el control y destacan que el consumo no cayó fuerte, porque el pan es un alimento clave dentro de la canasta básica.
Por su parte, las molineras argumentan que el Gobierno no les está pagando los subsidios que contempla el Fondo que fue puesto en marcha este año con la suba de las retenciones a la harina y el aceite de soja de 31 a 33%, para recaudar unos US$400 millones anuales y compensar el precio de la harina de trigo que llega a las panaderías.
Según los panaderos, la bolsa de harina de 25 kilos, con subsidio, cuesta $1.346 más impuestos, pero sin subsidios, se va a $2.500. Por ese motivo, explicaron que el kilo de pan, que está a $300 o $320, puede pasar a $340 con harina subsidiada, pero sin subsidio ese valor será mayor y podría trepar hasta los $400.
Los dirigentes del sector insisten con que la actividad atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años, ya que muchas panaderías cerraron y las que siguen abiertas, redujeron personal.
País
Nación limita los aumentos mensuales en el servicio de agua
El Gobierno nacional introdujo un límite al aumento del servicio gestionado por Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que llega a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. La medida comenzará a regir a partir del mes próximo y hasta agosto.
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) dispuso, mediante la reciente modificación de la Resolución N° 53/25, que el ajuste efectivo no podrá superar el 4%) mensual entre enero y abril de 2026. Mientras tanto, establecieron que, desde mayo hasta agosto del mismo año, el tope máximo de incremento será del 3% por mes, siempre que el mecanismo oficial de actualización arroje un valor inferior.
La decisión surge tras un extenso proceso de evaluación que incluyó la presentación de informes económico-financieros por parte de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), la principal concesionaria del área. Y se da, además, en medio de la aceleración de la inflación de los últimos meses.
La medida se oficializó a través de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 14/2026. De esta manera, el Gobierno intenta equilibrar el sostenimiento económico de la concesionaria con la protección de los usuarios frente a incrementos abruptos.
La actualización, basada en la fórmula aprobada por la Resolución N° 9/24 de la Secretaría de Obras Públicas, será aplicada con los límites explicitados, y su cumplimiento será monitoreado a través de informes trimestrales que AySA deberá presentar durante 2026.
La aplicación de este mecanismo de actualización tarifaria que empezó en 2024 buscaba sostener el equilibrio financiero de la concesionaria sin transferencias del Tesoro Nacional. No obstante, en el contexto económico de 2024 y 2025, las autoridades limitaron de manera excepcional los aumentos mensuales, primero al 1% y luego estableciendo un tope progresivo para evitar un impacto desproporcionado sobre los usuarios.
En este contexto, en noviembre del año pasado el Gobierno nacional aprobó el texto ordenado del Marco Regulatorio de AySA, otro paso hacia la privatización de la compañía. DIB
País
TEXTILES: CRISIS SIN FIN
La actividad textil viene en caída libre, registró en febrero con un retioceso interanual superior al 30%, profundizando una tendencia negativa que se arrastra desde hace más de dos años. En términos acumulados, el nivel frente a niveles de 2023 es aún más pronunciado, lo que evidencia la magnitud del deterioro.
El parate productivo también se expresa en las fábricas: buena parte de la maquinaria permanece sin uso. En promedio, más de la mitad de la capacidad instalada del sector quedó inactiva en los últimos dos años, con picos recientes aún más elevados. Este escenario grafica un entramado industrial que funciona muy por debajo de su potencial.
Las causas son múltiples. Por un lado, la pérdida de poder adquisitivo golpea de lleno al consumo de indumentaria, que queda relegado frente a gastos esenciales. Por otro, la apertura de importaciones generó una presión creciente sobre la producción local. El ingreso de prendas del exterior se disparó con fuerza en el último año, impulsado por el fenómeno del fast fashion, que ofrece ropa a bajo costo y alta rotación.
A esto se suma el crecimiento de las compras en el exterior —ya sea por turismo o plataformas de envío—, lo que termina de restarle demanda al mercado interno. El resultado es un sector en retroceso, con una importante pérdida de puestos de trabajo y el cierre de cientos de empresas en todo el país.
En Mar del Plata, el impacto comienza a verse en la calle. Comercios que bajan sus persianas y una mayor oferta de locales en alquiler o venta replican una tendencia que también se observa en los principales centros urbanos. La cantidad de espacios vacíos creció con fuerza en el inicio de 2026, reflejando la dificultad de los negocios para sostenerse.
Así, la crisis textil ya no solo se mide en estadísticas: se percibe en el entramado comercial de la ciudad, donde la caída de la actividad empieza a dejar huellas concretas.
País
Universidades: otra semana de paro y con clases parciales
Los gremios universitarios realizan entre este lunes 27 de abril y el sábado 2 de mayo unanueva medida de fuerza que no sólo afectará el dictado de clases es diferentes facultades sino que también en colegios secundarios que dependen de estas altas casas de estudios. El plan de lucha del sector ya suma unas 15 jornadas de paro docente y 10 días del sector nodocente, en un reclamo que suma lo salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
“La docencia de las universidades necesita un 55% de aumento para recuperar los salarios que teníamos en noviembre de 2023. La garantía salarial lleva congelada más de un año y una enorme cantidad de docentes continúa cobrando 250.000 pesos”, indicaron desde Conadu, una de las federaciones nacionales mayoritarias junto a Conadu Histórica.
La protesta de esta semana afectará a la mayoría de las casas de estudios del país; entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); de La Plata (UNLP); la Tecnológica Nacional (UTN); la de Rosario (UNR); la de Tucumán (UNT); la del Nordeste (UNNE); del Chaco Austral (UNCAUS); de Salta (UNSa); de Entre Ríos (UNER); y de José C. Paz (UNPAZ).
Las acciones que buscan la implementación de la Ley de Financiamiento incluyen también “Carpas por la Universidad y la Soberanía”, retomando la histórica carpa blanca de fines de la década del '90, con la consigna “Milei, cumplí la ley”. DIB
