País
El padre de Darío Santillán reclamó justicia
26 de junio de 2022
Al cumplirse 20 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, los militantes que fueron baleados por la Policía bonaerense el 26 de junio del 2002, en medio de disturbios en la estación Avellaneda durante la crisis económica que afectaba al país, el padre del primero de ellos volvió a reclamar una condena para las autoridades provinciales y nacionales de ese momento, al considerar que también son responsables de la muerte de su hijo.
“La Justicia, de una vez por todas, que ponga los ovarios, las pelotas, lo que sea, pero no podemos seguir así, siempre el pueblo poniendo a los muertos. ¿Hasta cuándo vamos a poner nosotros los muertos?”, protestó Alberto Santillán, que se encuentra participando de los actos que organizaron los movimientos sociales en homenaje a los dos dirigentes fallecidos.
Hasta el momento, por este hecho fueron condenados a reclusión perpetua -al menos 25 años de prisión- el ex comisario Alfredo Fanchiotti y del ex cabo Alejandro Acosta, por ser encontrados culpables de “doble homicidio agravado por alevosía y siete tentativas de asesinato”.
Sin embargo, para el padre de Darío “las responsabilidades políticas también están más que claras” y lamentó “el grado de impunidad” que tienen ex funcionarios como Eduardo Duhalde, que en aquel entonces era presidente interino; Felipe Solá, que se desempeñaba como gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Aníbal Fernández, que ocupaba el cargo de secretario general de la Presidencia.
“Venimos teniendo un largo recorrido. Únicamente, y con mucha lucha, hemos conseguido la prisión perpetua para los cobardes que dispararon, para los policías. De ahí para acá, y han pasado ya 20 años, la Justicia no decide mirar hacia arriba y no hay un eslabón, según ellos, que conduzca a una responsabilidad política”, criticó.
En diálogo con el canal TN, Alberto Santillán sostuvo que “la masacre de Avellaneda no hubiera sido posible si no hubiese habido una orden directa del gobierno nacional”, pero los ex funcionario “siguen paseándose por todos los medios de comunicación como si no tuvieran ningún tipo de responsabilidad, incluso presentándose como una salvación para la Argentina”.
Por último, el hombre destacó la valentía que tuvo su hijo durante los disturbios del 26 de junio del 2002, en los que murió al ser baleado por la Policía cuando intentaba socorrer a su compañero Kosteki, a quien los efectivos de seguridad le habían disparado previamente: “Las imágenes de la estación son más que contundentes. Yo siempre sostengo que cuando uno está en una situación límite, en la que uno tiene que preservar la vida, uno prefiere irse, pero él, para no traicionar a sí mismo ni a sus amigos, decidió quedarse”, resaltó.
El 26 de junio de 2002, Darío y Maxi fueron asesinados en las inmediaciones y en el hall de la estación Avellaneda -que hoy lleva por ley sus nombres- del Ferrocarril Roca, tras una represión en las que las fuerzas de seguridad dispararon balas de goma y plomo contra quienes habían salido a las calles a reclamar por “trabajo digno, alimentos y planes de trabajo”, en el contexto de la crisis económica y social que atravesaba Argentina.
Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de este trágico episodio, varios movimientos sociales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) organizaron una serie de homenajes que comenzaron este sábado con una movilización hacia el Puente Pueyrredón, a escasos metros de donde ocurrieron los asesinatos.
Hicimos un acto a 20 años de la masacre de Avellaneda, donde asesinaron a Darío y Maxi. Revindicamos sus ejemplos y levantamos la bandera de la UTEP de tierra techo y trabajo, como en su momento ellos levantaron las consignas de trabajo, dignidad y cambio social”, señaló en declaraciones a la agencia Télam Dina Sánchez, la secretaria adjunta de esta agrupación y referente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS).
Los manifestantes llegaron ayer por la mañana y luego de realizar una vigilia durante toda la noche para recibir el 26 de junio en este lugar, leerán un documento acompañando a familiares y amigos de las víctimas, entre ellos, Alberto Santillán.
Fuentes Infobae/Telam/TN
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
