Sociedad
Cuestionan la postulación de Julio Aro al Premio Nobel de la Paz
15 de noviembre de 2020
La abogada Adriana Castelanelli, docente de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional de Mar del Plata tomó distancia de la postulación para el Premio Nobel de la Paz, del excombatiente de Malvinas Julio Aro y del militar británico Geoffrey Cardozo, que la propia entidad educativa impulsó.
Castelanelli realizó severas críticas y dejó abiertos una serie de interrogantes que ponen en tela de juicio la postulación para el Premio Nobel de la Paz, del veterano de guerra Julio Aro y el militar británico Geoffrey Cardozo.
EL DOCUMENTO COMPLETO
A propósito de la candidatura al Premio Nobel de la Paz impulsada por la UNMdP para Julio Aro y Geoffrey Cardozo. Por qué algunos especialistas en derecho internacional y en relaciones internacionales no la celebran ni acompañan.
El ex combatiente argentino Julio Aro y el coronel británico Geoffrey Cardozo fueron postulados por su supuesto papel en la identificación de soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin. Pero el relato épico periodístico es un montaje que no puede estar más alejado de la verdad histórica. Por ello hay también resistencia y oposición desde varios sectores de ex combatientes de la Guerra de las Malvinas de 1982.
Lo que en los grandes medios nacionales, a través de una prolija campaña de prensa, se ha presentado por estos días como una historia humanitaria de hermandad entre ambos pueblos, revela entretelones mayoritariamente repudiados no sólo por el arco de incumbencia de la Causa Malvinas (que se asocia a aquellos que participaron en el conflicto bélico y la consideran una acción legal y legítima en defensa de la integridad territorial argentina) sino también por aquellos que entienden, defienden y hacen conocer la Cuestión de las Islas Malvinas (entendida como la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes), que tiene su origen el 3 de enero de 1833 cuando el Reino Unido, quebrantando la integridad territorial argentina, ocupó ilegalmente las islas- y expulsó a las autoridades argentinas, impidiendo su regreso así como la radicación de argentinos provenientes del territorio continental. Desde entonces, la Argentina ha protestado regularmente la ocupación británica, ratificando su soberanía y afirmando que su recuperación, conforme al derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable, tal como lo indica la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional). Así, el Reino Unido desde 1833, usurpa los archipiélagos australes e ilegalmente usufructúa los recursos naturales pertenecientes al pueblo y a la Nación Argentina.
El argentino Julio Aro es un ex combatiente del conflicto bélico de 1982, pero el coronel británico Geoffrey Cardozo, es un oficial que arribó a las islas cuando la guerra había terminado. Una gacetilla de prensa que circula estos días, dice que Aro y Cardozo “trabajaron juntos para ubicar e identificar los restos mortales de los soldados argentinos enterrados en el Cementerio de Darwin” una vez concluido el conflicto bélico. Bastante lejos de la verdad.
El relato alude a que en 2008 Geoffrey Cardozo y Julio Aro se habrían conocido en Londres, durante una reunión entre veteranos argentinos e ingleses. Aro fue invitado por un miembro del Regimiento de los Guardias Galeses, vicepresidente de la Asociación de Medallas del Atlántico Sur. El marplatense quería conocer cómo trabajaban los ingleses en ayuda a soldados con estrés post traumático.
Aro le hizo conocer a Cardozo la angustia por sus compañeros “no identificados” en Malvinas (ya que en el cementerio de Darwin muchas de las tumbas tenían como epitafio “Soldado Argentino sólo conocido por Dios”). Casualmente -o no-, Aro estaba hablando con el oficial designado en 1982 por el gobierno de Margaret Thatcher (el mismísimo Cardozo) para profanar las tumbas de los soldados argentinos diseminadas en los campos de batalla, y “amontonarlos” sin identificación alguna en un paraje solitario de Darwin (el actual Cementerio), en un lugar bastante inaccesible y lejos de la vista de los habitantes actuales de las islas. El Cementerio de Darwin fue construido por los británicos por Order in Council (que es una especie de Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por todos los ministros del gabinete de Margaret Thatcher.
La misión que encabezó Cardozo pasó por alto los tratados internacionales y fue éste el autor material que realizó la actividad en violación a los preceptos de las Convenciones de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario (1949/1977) y sin la mínima observancia de los derechos humanos. Los combatientes argentinos caídos habían sido sepultados en los diferentes campos de batalla (Goose Green/Pradera del Ganso; San Carlos; Monte Longdon; Dos Hermanas; Monte Harriet; Tumbledown) y en ese momento sus compañeros y superiores dieron parte de esas inhumaciones, por lo que, con identificación***** o sin ella se conocían por nombre, apellido y número de documento a cada uno de los muertos. El 19 de febrero de 1983 la tarea se culminó. En Darwin quedaron entonces 220 tumbas de soldados argentinos, 123 de ellos sin identificar, por esta acción que de llevarse a cabo en buena y debida forma, debería haber sido con acuerdo entre los Estados que se enfrentaron en el conflicto bélico. Esto fue una acción unilateral ordenada por el gobierno británico, sin darle participación al país de origen de los caídos. Por eso tampoco es asimilable a la situación posterior a la Primera o Segunda Guerra Mundial o comparable con los cementerios militares existentes en Europa. En la fundamentación de la postulación al Premio Nobel, se le adjudica a Cardozo la humanitaria iniciativa de entregar a Aro en ese encuentro en Londres, documentación de la profanación que obraba en su poder, supuestamente imprescindible para que en Argentina se pudiera iniciar el proceso de identificación. Así, la historia de dudosa certeza es la que ha dado lugar a la postulación.
Hablar incluso de “identificación” no es correcto desde el punto de vista legal, ya que en realidad se trata de la localización de los restos, o sea, poder localizar correctamente la ubicación de cada uno de los fallecidos. Ya que al haber sido retirados de sus lugares de inhumación originales, colocados en una zona de turberas en donde el suelo se desplaza y sin tener sus lápidas nombre y apellido, el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense consistió en establecer correctamente la ubicación.
Pero también este trabajo de identificación de los cuerpos tiene antecedentes justamente en un informe preliminar del Equipo Argentino de Antropología Forense de 1987, ante la solicitud de varios Centros de Ex Combatientes, que desde aquel entonces bregaban por identificar y ubicar a los compañeros de los campos de batalla. Y en 2011 se había logrado que la Justicia declare el derecho a esa identificación/localización. Bajo ningún concepto los caídos en Malvinas han sido N.N. (para intentar asimilarlos a los desaparecidos por el Proceso Militar 76/83) porque siempre se conoció quiénes eran e incluso se los declaró héroes y se los ha reconocido siempre por sus nombres en los cenotafios a lo largo y ancho del país.
Incluso antes de que el Poder Judicial se expidiera, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner promovió la intervención de la Cruz Roja Internacional para que junto al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) procedieran a realizar esa tarea, aunque los británicos nunca aceptaron la iniciativa, hasta la asunción del ex presidente Macri. Entonces permitieron la identificación, y a cambio se llevaron como ganancia el nefasto acuerdo Foradori-Duncan del 13 de septiembre de 2016, el cual profundiza acuerdos comerciales y en otras materias, en detrimento del reclamo soberano argentino sobre las Islas Malvinas.
El ex combatiente Julio Aro vive en Mar del Plata, y es el titular de una fundación llamada “No me olvides”, con loables objetivos en favor de los veteranos/ex combatientes y promoviendo el recuerdo de los héroes caídos, a través del fomento en la imposición de sus nombres a entidades educativas.
Aun así, y según informan algunas entidades vinculadas a la temática, la Fundación “No me olvides” recibe recursos económicos de la fundación Franco Británica de Sillery, curiosamente presidida por Geoffrey Cardozo e integrada por conspicuos oficiales británicos y hasta funcionarios de Política Exterior del Commonwealth. También la Fundación Falkland Islands Association, que opera en Malvinas, asiste económicamente a la fundación de Aro. Y al Coronel Geoffrey Cardozo le otorgaron en diciembre de 2019 la distinción de Comendador de la Excelentísima Orden del Imperio Británico, que reconoce a personalidades que hayan tenido logros importantes en su vida pública y servido a Gran Bretaña.
Existe convencimiento de estar frente a una endeble construcción mediática pergeñada por la embajada británica junto a sectores que desvirtúan la historia para afianzar sus intereses, totalmente contrarios al justo reclamo soberano argentino; por lo que sólo cabría suponer que el Sr. Aro resulta extremadamente funcional a los intereses británicos en el socavamiento de la posición argentina, predisponiendo en su favor a la comunidad sin vislumbrar los solapados intereses permanentes británicos en desmedro de los intereses permanentes de nuestro país, más allá de toda bandería política.
Es por ello que se debería evitar promover acciones que pueden tener como consecuencia el afianzamiento de los intereses y de la presencia ilegal británica en el Atlántico Sur.
Cabe preguntarse finalmente, por qué toma mayor transcendencia pública esta candidatura, a más de un mes de haber anunciado el Comité del Premio Nobel de la Paz que el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas es el ganador del galardón para el 2020…
¿Acaso hay algún beneficio insospechado en mantener a rajatabla esta candidatura para el 2021?
Abogada Adriana Castelanelli
Docente de Derecho Internacional Público – Facultad de Derecho
Especialista en Docencia Universitaria – Facultad de Humanidades
Universidad Nacional de Mar del Plata
Mundo
Rigen nuevas normas migratorias y de asilo de la Unión Europea
Una profunda reforma de las normas europeas de migración, destinada a endurecer los procedimientos fronterizos y a revisar a fondo el sistema de asilo, entró en vigor el viernes.
“Por primera vez contamos con un sistema europeo integral”, declaró Magnus Brunner, responsable de Migración de la Unión Europea, que añadió que la reforma dará a los países de la UE un mayor control sobre sus fronteras, reportó el sitio Euronews , informó la Agencia Noticias Argentinas.
Estas son las principales claves de la nueva iniciativa:
Controles fronterizos reforzados
Los migrantes que entren de forma irregular en la Unión Europea se someterán a comprobaciones de identidad y seguridad en un procedimiento que podrá durar hasta siete días. Los documentos de identidad y los datos biométricos de su rostro y huellas dactilares se registrarán en una base de datos.
El cribado servirá para determinar quién debe seguir un procedimiento de asilo acelerado o estándar y quién debe ser devuelto a su país de origen o de tránsito.
Procedimiento acelerado de rechazo
Uno de los grandes problemas del sistema de inmigración de la UE para algunos Estados miembros ha sido la escasa autonomía a la hora de decidir sobre la tramitación de los migrantes y la duración de estos procedimientos. El nuevo sistema pretende agilizar los trámites, sobre todo en los casos de denegación.
Los solicitantes de asilo considerados un riesgo para la seguridad o con pocas posibilidades de obtener el estatuto de refugiado, como los procedentes de países como Marruecos o Bangladesh cuyos nacionales ven rechazada la protección en al menos el 80% de los casos, serán tramitados con mayor rapidez.
Sus peticiones se procesarán en centros cercanos a las ‘fronteras exteriores’ de la UE, es decir, fronteras terrestres, puertos y aeropuertos, en un procedimiento que podrá prolongarse hasta 12 semanas. Para el resto de solicitantes de asilo seguirá aplicándose el procedimiento estándar.
Mecanismo de solidaridad
Según las normas de la UE, el país en el que un migrante irregular pisa por primera vez suelo comunitario es responsable de tramitar su caso. Esto carga de presión a Italia, Grecia y Malta, que en los últimos años han recibido la mayor parte de las llegadas por tierra y mar.
Para aliviar esa carga, la reforma introduce un mecanismo de solidaridad que obliga a los Estados miembros a acoger a un número determinado de solicitantes de asilo llegados a otros países. Como alternativa, podrán pagar 20.000 euros por cada solicitante de asilo a los países sometidos a mayor presión. Al menos 30.000 solicitantes de asilo al año entrarán en este sistema de reubicación.
Las negociaciones sobre este punto ya han demostrado ser difíciles, después de que en una primera ronda celebrada el año pasado varios países se negaran a aceptar cualquier reubicación.
Plan de contingencia
El paquete establece una respuesta de emergencia en caso de repuntes inesperados de llegadas, el mismo tipo de crisis al que se enfrentó la UE en 2015 y 2016, cuando más de dos millones de solicitantes de asilo entraron en el bloque, muchos procedentes de Siria y Afganistán, países en guerra.
Permitirá a los Estados miembros reducir las garantías para los solicitantes de asilo, lo que hará posible mantenerlos retenidos más tiempo del habitual en centros de detención situados en las fronteras exteriores de la UE.
El sistema también se aplicará a la llamada “instrumentalización” de los flujos migratorios, acusación que se dirige a menudo contra Bielorrusia y Rusia, a las que los vecinos de la UE reprochan empujar a migrantes a cruzar la frontera para desestabilizar al bloque de 27 países.
Críticas a los nuevos mecanismos
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos muestran su preocupación por numerosos aspectos del nuevo sistema. Sostienen que las nuevas normas supondrán de facto que la mayoría de los migrantes, incluidos los menores, permanezcan detenidos durante todo el proceso.
También les preocupa que los nuevos procedimientos y la rapidez en la toma de decisiones sobre los casos individuales acaben, en la mayoría de los supuestos, en un nuevo periodo de detención para los migrantes recién llegados.
Grupos de derechos humanos denuncian irregularidades
Judith Sunderland, asesora principal sobre derechos de refugiados y migrantes en Human Rights Watch, dijo que el nuevo pacto “cierra la puerta en la cara a personas que merecen ser tratadas con dignidad y que se examine de forma justa sus solicitudes de protección”, según The Independent.
Lukas Gehrke, jefe en Bruselas de la Organización Internacional para las Migraciones, indicó que, independientemente de cuántas personas sean expulsadas de la UE, muchos migrantes permanecerán en el territorio, al tiempo que se perderá financiamiento para la integración bajo el nuevo presupuesto del pacto”.
“Si no nos enfocamos lo suficiente en esto, el fracaso de la integración se convierte en una profecía autocumplida”, advirtió. NA
Sociedad
EL BASQUET DESPIDE A ROBLES
Hondo pesar y profudo dolor causó la triste noticia sobre el fallecimiento de en las últimas horas el ex presidente de Peñarol, Domingo Robles (68 años), Uno de los dirigentes mas reconocidos en la ciudad como en el ámbito nacional, y responsable que la institución milrrayitas tuviera una época de gloria en la Liga Nacional como en las competencias continentales.
Robles se encontraba internado hacía algunos días en una clínica privada con un cuadro de salud delicado. Dirigente ejemplar difirió los destinos de Peñarol durante 21 años y dejó su cargo en 2022.
Durante su gestión el equipo 'milrayitas' ganó 4 veces la Liga Nacional y 2 veces la Liga de las Américas entre otros varios títulos conseguidos por la institución de Garay y Santiago del Estero.
Tras su deceso, la institución emitió cin dolor el siguiente comunicado:
"El Club Atlético Peñarol expresa su más profundo dolor por el fallecimiento de Domingo Robles, quien fuera presidente de nuestra institución durante más de dos décadas.
"Entre 2001 y 2022, Domingo condujo los destinos del club. Su liderazgo fue fundamental en una de las etapas más gloriosas de nuestra institución, período en el que el club alcanzó logros deportivos inolvidables, entre ellos cuatro títulos de la Liga Nacional y dos Ligas de las Américas, consolidando a Peñarol como una referencia del básquet argentino y continental.
"En reconocimiento a su trayectoria y a su invaluable aporte al crecimiento de nuestra institución, el Club Atlético Peñarol desde las 15, declara 24 horas de duelo y suspende durante ese período todas sus actividades deportivas, administrativas y sociales.
"Su legado quedará para siempre en la historia grande de Peñarol. Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento".
PESAR DE SCIOLI
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, expresó su “profundo dolor” por el fallecimiento de Domingo Robles, histórico dirigente de Peñarol.
A través de un comunicado, Scioli manifestó su pesar por la muerte de quien definió como un “apasionado por Peñarol” y transmitió su “acompañamiento a toda la familia, a sus amigos y a los hinchas de su querido club”.
“Tuve la suerte de conocerlo desde mis diferentes responsabilidades y supe de sus valores humanos y de sus cualidades como dirigente deportivo, poniendo todo su esfuerzo para el crecimiento del club de sus amores”, señaló el funcionario nacional.
Sociedad
El Gobierno está cerca de llegar a un acuerdo con las universidades
Las casas de estudio mantendrán la demanda judicial que reclama la aplicación total de la Ley de Financiamiento Universitario. El entendimiento contempla una recomposición del 24,3% en dos tramos para los sueldos docentes.
Aunque todavía restan resolver algunos aspectos técnicos, las negociaciones se encuentran muy avanzadas. De no surgir nuevos obstáculos, el acuerdo podría quedar formalizado entre este martes y el miércoles.Noticias Relacionadas
De esta manera, las universidades mantendrán vigente la presentación judicial que actualmente debe resolver la Corte Suprema, mientras que el Ejecutivo avanzará con una recomposición salarial para docentes y no docentes en los términos que ambas partes vienen discutiendo desde la semana pasada.
La propuesta contempla un incremento del 24,33%, distribuido en dos etapas: un aumento del 21,33% de aplicación inmediata y otro 3% previsto para más adelante, en octubre. Según explicaron desde el sector universitario, la recomposición busca compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos años.
El entendimiento también incluiría otros compromisos presupuestarios. Entre ellos figura un incremento del 50% para las becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas, y una partida adicional de $50.000 millones para hospitales universitarios.
Además, las conversaciones abarcan una discusión específica sobre la situación salarial del personal docente de los establecimientos preuniversitarios, uno de los sectores más afectados por la pérdida de ingresos registrada en los últimos años.
Las negociaciones son encabezadas por el Gobierno y las universidades nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en un contexto marcado por reclamos salariales, protestas estudiantiles y una disputa judicial que permanece abierta.
Hasta ahora, el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo era la exigencia oficial de que las universidades desistieran de la demanda presentada para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esa norma nunca fue ejecutada por el Poder Ejecutivo, que sostiene que el texto aprobado por el Congreso no establece de manera explícita las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación.
La comunidad universitaria, en cambio, recurrió a la Justicia para exigir su cumplimiento. La causa cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, que fue ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente se encuentra suspendida mientras la Corte Suprema analiza un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional.
Desde las universidades habían manifestado en los últimos días que no estaban dispuestas a resignar ese resguardo judicial como condición para alcanzar un acuerdo presupuestario. Según indicaron, retirar la demanda tampoco contaba con consenso dentro de la propia comunidad universitaria.
Con la decisión del Gobierno de flexibilizar esa exigencia, las partes lograron acercar posiciones y encaminar una salida negociada al conflicto. No obstante, la resolución definitiva del expediente judicial seguirá dependiendo de la Corte Suprema, que no tiene plazos establecidos para pronunciarse.
Mientras tanto, persisten las reservas entre los gremios docentes. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció un paro de actividades entre el 16 y el 20 de junio para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y exigir la reapertura de las negociaciones paritarias.
La organización también convocó a clases públicas y otras actividades de protesta en distintos puntos del país. Las medidas se suman a las movilizaciones realizadas durante las últimas semanas por estudiantes, docentes y autoridades universitarias para reclamar mayores recursos para el sistema. (TN)
