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CUARENTENA: IMPACTO SOCIAL
30 de octubre de 2020
La Fundación Bunge y Born desarrolló el Índice de Propensión al Riesgo en Salud (IPRIS), un relevamiento de opinión pública realizado en todo el país, con el objetivo de comprender las motivaciones y los comportamientos de los argentinos durante el aislamiento social, como modo de prevención al contagio del Covid-19.
Entre las principales conclusiones del estudio, se destacó que: “Hubo una disminución en la percepción de riesgo a medida que pasó el tiempo, es decir, fue inversamente proporcional a la circulación del virus COVID-19”.
Al mismo tiempo, se indicó que: “La necesidad económica de salir a trabajar se estabilizó en un punto alto desde el comienzo y/o tuvo un aumento constante, por lo que, para mantener el aislamiento en el tiempo, era necesario tener en cuenta este aspecto”.
“Asimismo, las necesidades psicológicas y sociales (salir para visitar a un tercero o hacer ejercicio) son más maleables y volátiles a la hora de transitar la cuarentena”, agregaron.
En cuanto a la percepción de riesgo, se detalló que: “Esta disminuye a mayor nivel educativo (variable indicativa del nivel socioeconómico); aumenta en las personas de mayor edad, quienes tienen enfermedades preexistentes, quienes ponen en práctica hábitos más saludables, y en mujeres”.
La información obtenida permitió evaluar el costo de oportunidad que tuvo para el sujeto mantener la cuarentena, así como identificar grupos de personas (por ubicación, rango etario, situación económica, etc) con reticencia al aislamiento social, y su percepción individual del riesgo de contraer la enfermedad.
“Estos datos permiten identificar las audiencias donde deben concentrarse las campañas de información, así como también los aspectos a reforzar”, señalaron.
El IPRIS fue elaborado de forma continua, lo que permitió detectar las variaciones en el tiempo, mediante un total de 15.107 casos, en 4 etapas, a partir de encuestas completas a teléfonos celulares, a personas mayores de 15 años. Se realizó con un cuestionario cerrado, entre el 23 de abril y el 17 de julio de 2020.
El estudio fue llevado a cabo por la coordinadora Senior de Proyectos, Brenda Walter; el especialista en Estadística matemática, Tomás Olego; el Doctor en Economía, Guillermo Bozzoli; el economista, Martín Grandes, y el equipo.
EL ESTUDIO
Se trabajó la variable Percepción de riesgo a estar fuera del hogar, para la cual se analizaron sus determinantes sociales, de salud, geográficos e individuales.
En general, hubo una disminución en la percepción de riesgo desde el inicio del estudio a medida que pasó el tiempo, es decir, inversamente proporcional a la circulación del virus y el aumento de casos.
Según la variable geográfica, los lugares con menor percepción de riesgo fueron Corrientes, Ciudad de Buenos Aires (CABA) y La Pampa, mientras que donde más se percibió fue en Tucumán, la región del Gran Buenos Aires (GBA) y Jujuy. Esto se evidenció más allá de la evolución temporal de cada provincia y/o región.
Se halló que la percepción de riesgo es inversamente proporcional al nivel educativo (variable indicativa del nivel socioeconómico): es decir, al aumentar el nivel educativo hay una menor percepción de riesgo.
A su vez, en cuanto a la edad, es directamente proporcional a la percepción de riesgo: aumenta cuanta más edad tiene la población.
Las variables de salud son de los factores más importantes en el aumento de la percepción de riesgo. Es decir, aquellos que poseen una enfermedad previa (que se relaciona con una mayor tasa de mortalidad por COVID-19), tienen una mayor visión del riesgo asociado.
En cuanto al género, las mujeres perciben un mayor riesgo que los hombres.
Asimismo, a mayores hábitos saludables, hay una mayor percepción de riesgo, es decir, quienes dicen llevar a cabo chequeos clínicos periódicos, no se automedican y llevan una vida saludable, son quienes realizan una mayor valoración del riesgo.
Las necesidades de salir de casa (para trabajar, hacer ejercicio o pasear, visitar a la familia, amigos o pareja) traen aparejada una disminución en la percepción de riesgo.
Dentro de ellas, la necesidad económica se estabilizó rápidamente en un punto alto y/o su aumento fue constante, por lo que quienes tuvieron esa necesidad la ponderaron en detrimento del riego a salir de la casa. El porcentaje de personas que necesitó salir a trabajar en Córdoba y Santa Fe, fue constante desde el comienzo; en CABA se mantuvo estable a partir de junio; mientras que en el GBA y otras provincias se fue incrementando paulatinamente. Esto demuestra que para mantener el aislamiento a lo largo del tiempo es necesario atender a una planificación integral que incluya de manera central las necesidades económicas.
Por otra parte, la necesidad de salir a hacer ejercicio o a visitar a terceros fluctuó de acuerdo a la situación sanitaria y esto se vio en todas las regiones. Es decir, las necesidades psicológicas y sociales fueron más maleables y volátiles a la hora de transitar estos meses.
En cuanto a la forma en que el individuo conceptualiza la cuarentena y sus medidas, tiene una fuerte relación con el riesgo que percibe al estar afuera de su hogar; es decir, a menor percepción de riesgo, la medida se llega a conceptualizar más como autoritaria, que en una mayor percepción de riesgo, donde se pondera la cuarentena en función de “cuidarme”, “cuidar a las personas que quiero” o “cuidar la salud de los ciudadanos”.
A lo largo del estudio, la cuarentena fue entendida como “autoritaria e innecesaria” por entre un 5.4% y un 9.7% de los encuestados, comenzando en la primera etapa con apenas un 5%. En un efecto similar a las variables de salud.
De los resultados de este estudio dinámico, también se desprende que las formas de comunicación son una variable central a tener en cuenta. A la hora de elaborar una campaña comunicacional es necesario exponer la cuestión como un problema de salud, lo que evita la cristalización de consignas a favor y en contra de la cuarentena, posicionamiento que impacta en las variables de salud.
“A partir de campañas de concientización se permean actitudes individuales con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio, y evitar prácticas que incidan en potenciales rebrotes”, indicaron desde Bunge y Born.
“Es necesario identificar dos grandes grupos de interés y lograr transmitir que la enfermedad no distingue en relación a los recursos económicos de las personas, y que es necesario que, por ejemplo los jóvenes (grupo de menor riesgo en caso de contagio), entre otros, sean conscientes o modifiquen conductas habituales en función del bienestar de su círculo cercano”, concluyeron.
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Polémica por el Censo 2022
Luego de conocerse los datos del Censo 2022, los cuales arrojaron números llamativos para General Pueyrredon y otros distritos del gran Buenos Aires, el senador provincial de Juntos por el Cambio, Alejandro Rabinovich, denunció que los números fueron “dibujados” en algunos municipios del oficialismo para perjudicar a Mar del Plata.
“Dibujaron la cantidad de habitantes para recibir más plata de la coparticipación. La Matanza recibió dinero de manera discrecional durante los últimos 12 años. Se basaron en una proyección falsa del censo 2010”, denunció. Además, remarcó que “tardaron 258 días en presentar los resultados del censo 2022. Hoy exigimos que devuelvan la plata que le sacaron a los otros 134 municipios durante todo este tiempo”.
Al momento de explicar su postura, el legislador señaló que “se proyectó que para el 2010 el partido tendría 1.3 millones y finalmente “dio” 1.7 millones. A partir de ahí, proyectaron que para 2022 habría 2.3 y finalmente fue 1.8 millones”.
Finalmente remarcó que “en abril del año pasado Guillermo Montenegro denunció la alteración de datos. Después tardaron 258 días en presentar los resultados del censo 2022. Hoy exigimos que devuelvan la plata que le sacaron a los otros 134 municipios durante todo este tiempo”.
REPLICA
A todo esto, el senador del Frente de Todos, Pablo Obeid, no tardo en salir a la palestra. “Se había creado una idea producto de reproducirla sin mucho análisis de las curvas de crecimiento de población de General Pueyrredon y por eso ahora el número sorprende”, comenzó diciendo. En ese sentido recordó que “los datos confirman 682.000 habitantes, y parece un número más chico que el que esperábamos, pero la cifra tiene consistencia y guarda relación con el censo de 2010”.
Al momento de explicar su análisis, el legislador indicó que “crecimos a razón del 11% y la provincia un 12%. Significan 63000 personas más registradas de los 618.000 que se constataron 2010. El número parece chico, pero no el porcentaje porque entre 2001 y 2010 también se dio un incremento de 10% de la población en General Pueyrredon”.
Sobre las declaraciones de Rabinovich, manifestó que “es la idea de tirar bombas de humo para no hablar de lo local. Este año el presupuesto municipal son 77 mil millones de pesos. Es muchísimo dinero y para mi seria importante saber que hará el municipio con tanta plata”, concluyó.
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Caso Lucio: denuncian a la jueza
“Estamos ante un evidente caso de mal desempeño. Cuando la custodia de Lucio fue entregada a sus tíos, los sometieron a todos los estudios ambientales posibles. Sin embargo, cuando se trató de entregarlo a la pareja responsable de su tortura y muerte, la jueza incumplió los controles, lo que derivó en la muerte evitable de Lucio. Si tan solo hubiera ordenado los controles del caso....”, lamentaron desde la ONG.
Y concluyó: “Confiamos en que la fiscalía asuma su rol y que la jueza Ballester, como mínimo, de un paso al costado. Lucio perdió la vida de la peor manera, pero quién sabe cuántos niños más se encuentran en peligro en este mismo instante por el accionar de esta jueza”.
Además de la Fundación “Más Vida”, el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, también apuntó contra la magistrada. “La tercera asesina (de mi nieto) es Ana Clara Pérez Ballester, una jueza de minoría de General Pico. Acá hay tres asesinas: 2 son las que lo mataron a Lucio y una que lo entregó en bandeja de oro para que lo mataran. Esta jueza aún sigue en función, haciendo macanas igual, pero no tiene empatía ni corazón. Pertenece a los ‘colectivos verdes’ radicales”, aseguró Dupuy en diálogo con Radio Mitre.
Además, el abuelo del niño de 5 años aseguró que desde el asesinato de Lucio, Pérez Ballester nunca se comunicó con la familia para darles explicaciones. “En un año y dos meses que llevamos este proceso de Lucio jamás me la crucé. Hasta el día de hoy no me ha dado la cara y le he pedido una explicación de por qué revocó la tenencia. Él (Lucio) estaba bien acá en General Pico y ella se los entregó a estas asesinas para que lo mataran”, sostuvo.
El 1° de febrero de 2021, dos meses después de que la magistrada Pérez Ballester accedió a que Esposito Valiente y Páez se quedaran legalmente con la tenencia de Lucio, el nene ingresó al Hospital Evita con golpes en todo su cuerpo. Semanas más adelante, el 23 de marzo de 2021, Lucio fue atendido en el mismo sanatorio por una “deformidad en su dedo con una fractura ósea”. De hecho, en varias fotos con su madre y la novia de ella, se ve a Lucio con un yeso en la mano derecha. A los ocho, el 21 de noviembre de 2021, murió.
Tras el crimen, la madre de Lucio y su pareja fueron detenidas en su casa de la calle Allan Kardec y trasladadas la seccional 6ª de Santa Rosa. Tres días más tarde, se tomó la decisión de alojarlas en el Complejo Penitenciario N°1 de la provincia de San Luis, como medida de prevención ante la posibilidad de manifestaciones violentas.
Este jueves 2 de febrero, a las 12 del mediodía, los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora resolverán si Espósito Valenti y Páez son “culpables” o “no culpables” del delito de “homicidio calificado y abuso sexual ultrajante”.
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Crimen de Lucio: la sentencia
Este jueves, se conocerá -mediante una audiencia- la sentencia en la causa caratulada como homicidio calificado y abuso sexual ultrajante. A partir de esta sentencia, en una posterior audiencia del juicio, se develará la pena que deberán cumplir las acusadas en tan aberrante caso.
Si el tribunal encargado de definir el veredicto, toma como válidos los argumentos de la Fiscalía, la sentencia correspondiente será la de prisión perpetua.
En la audiencia final se dará a conocer el veredicto a través de la lectura del documento, a la cual asistirá la prensa además de las partes. Aunque aún no se ha confirmado si las acusadas estarán presentes en la lectura o aguardarán en el penal de San Luis a conocer la sentencia.
A raíz del caso de Lucio, a fines de noviembre pasado, un plenario de comisiones de Legislación General, Educación y Cultura, y Población y Desarrollo Humano del Senado dio dictamen favorable a un proyecto de ley que crea un Plan Federal de capacitación para el personal del Estado sobre derechos de niñas, niños y adolescentes.
Y el 26 pasado, mediante la publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional decretó la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias para incluir el tratamiento del proyecto, denominado «Ley Lucio».
