Diversas entidades y cámaras que integran el sector productivo, el campo y la industria frigorífica argentina han manifestado su firme rechazo y preocupación ante la iniciativa del gobierno nacional que busca modificar el funcionamiento y financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA).

La controversia surge a partir de un anteproyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone eliminar la obligatoriedad de los aportes que financian al organismo, transformándolos en contribuciones voluntarias.

Desde el sector privado, que impulsó la creación del instituto bajo la Ley 25.507, se defiende al IPCVA como una herramienta estratégica clave para el desarrollo y posicionamiento de la cadena bovina. Las cámaras advierten que la implementación de un arancelamiento voluntario "significaría, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA".

El instituto desempeña funciones que el sector considera vitales, tales como realización de estudios técnicos y generación de información estratégica; promoción de la carne vacuna en el mercado interno e internacional; apertura de nuevos mercados y consolidación de acuerdos comerciales; Sostenimiento de la marca "Carne Argentina", apoyo al SENASA, organismo al que el IPCVA aporta entre un 3% y un 5% de su presupuesto anual.

Actualmente, el IPCVA funciona exclusivamente con fondos privados: los productores aportan el 0,07% del valor índice de la res vacuna en plaza de faena, mientras que la industria aporta el 0,03%.

El sector subraya que este esquema de pago obligatorio es el mismo que utilizan los principales exportadores mundiales, como Australia, Estados Unidos, Uruguay y el Reino Unido, muchos de los cuales incluso cuentan con apoyo estatal adicional.

"Los presupuestos que se manejan internacionalmente evidencian que la Argentina financia su instituto de promoción muy por debajo de otros países con cadenas cárnicas mucho menos desarrolladas", señalaron las entidades en su comunicado conjunto.

El reclamo cuenta con una representatividad federal y plural sin precedentes, uniendo a organizaciones de productores como la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), CONINAGRO y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), junto a cámaras que agrupan desde grandes exportadores (Consorcio ABC) hasta PyMEs orientadas al mercado interno (CICCRA, FIFRA, UNICA, CADIF).

Para el sector, degradar la capacidad operativa del IPCVA no solo afectaría la institucionalidad del organismo, sino que implicaría un grave retroceso en logros construidos durante años a través de la inversión privada y el esfuerzo sostenido de toda la cadena de ganados y carnes.

La Federación Agraria Argentina (FAA) rechazó el proyecto del gobierno nacional que pretende modificar la ley de tierras rurales. La iniciativa iba a ser tratada el jueves en la Cámara de Senadores pero finalmente no hubo consenso para discutirla. De todos modos, la entidad agraria emitió un comunicado crítico en el que advirtió sobre los riesgos a la soberanía nacional y la segudidad.

Los ruralistas apuntan al capítulo III del proyecto denominado de inviolabilidad de la propiedad privada. "Para nuestra entidad, que el Senado apruebe este proyecto sería un grave error, ya que se afectarían fuertemente cuestiones centrales como la soberanía nacional y la seguridad”, señalaron en un comunicado.

La ley 26.737, sancionada en 2011, determinó límites para que los extranjeros pudieran adquirir tierras en la República Argentina, estableciendo porcentajes máximos y condiciones. Eliminar esos límites y dejar la potestad de rechazar las operaciones de adquisición en manos de las provincias o el gobierno nacional, “ abriría las puertas a una mayor concentración y a una delegación de soberanía que nos preocupa”, continúa el documento.

“Asimismo, también elimina las restricciones para que los extranjeros adquieran tierras en zonas fronterizas, lo que sería gravísimo también en términos de seguridad, además también deja de lado la consideración que prevé la ley vigente en relación con las tierras que tienen cuerpos de agua, por lo que no sólo se afectaría el recurso tierra sino también el agua”, aseguraron.

FAA señaló que estuvo de acuerdo con la sanción de la ley de tierras rurales porque protegía las cuestiones antes descriptas al tiempo que resguardaba a los argentinos en general y a los productores en particular, al evitar que una gran empresa extranjera, con recursos foráneos pudiera acceder a tierras argentinas y atentar contra el arraigo y el desarrollo.

“Por eso, hoy expresamos nuestra fuerte preocupación y anticipamos nuestro rechazo ante la posibilidad de que avance este nuevo intento del oficialismo (que ya trató de derogar la ley por DNU) de permitir estos avances de extranjeros”, concluyeron los ruralistas.

El trigo sigue sumando superficie y se acerca a los niveles de siembra del año pasado. Luego de trastabillar por la suba de los costos de la urea, la implantación se recuperó en junio y achicó al 3% el recorte frente a la campaña récord del año anterior. Así, la Bolsa de Comercio de Rosario estimó que se implantarán 6,95 millones de hectáreas, el segundo registro más alto de los últimos 17 años. La producción fue proyectada en 20,5 millones de toneladas.

La Guía Estratégica para el Agro (GEA), el servicio de estimaciones agrícolas de la Bolsa, había descontado en mayo 500.000 hectáreas a la siembra de trigo en todo el pais por el impacto del aumento en el costo de la urea. Un mes después, ese precio cayó a la mitad y se registraron lluvias que incentivaron la incorporación de área. Al mismo tiempo, la recuperación de niveles de fertilización elevó el rinde promedio nacional esperado a 30,5 quintales por hectárea, de modo que los pronósticos de cosecha aumentaron en 500 mil toneladas.

“En junio la franja oeste del país suele recibir 10 a 20 mm; sin embargo, en este año hubo zonas que se destacaron como en el centro este de Córdoba con marcas por encima de los 50 mm, o el norte de La Pampa y centro oeste de Buenos Aires con lluvias de 50 a 100 mm”, señaló Cristian Russo, coordinador de la GEA. Finalmente, en La Pampa se sumaron 45.000 hectáreas de trigo y en Buenos Aires cerca de 90.000.

La provincia de Buenos Aires encabeza la superficie sembrada, con 2,62 millones de hectáreas, seguida por Santa Fe (1,3 millones), Córdoba (1,13 millones) y Entre Ríos (600 mil). “En general el cultivo de trigo está naciendo muy bien en Argentina, con algunos amarillamientos por el frío, pero con muy buen estado”, señaló.

Maíz tardío y lento

Mientras tanto, el maíz de la campaña 2025/26 se sigue cosechando en forma trabajosa y lenta, por la humedad y las lluvias que impiden un adecuado secado del grano. A esta altura del año suele estar levantada el 80% de la cosecha pero en este ciclo el avance es del 70% de avance en la cosecha. En este contexto, se mantiene la estimación de una cosecha de 68 millones de toneladas.