A través del Decreto 462/2025, el Gobierno nacional dispuso, entre las medidas más destacables, la transformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en un organismo desconcentrado que dependerá de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Además, se elimina su histórica conducción colegiada, que será reemplazada por un Presidente designado por el Ejecutivo y un Consejo Técnico ad honorem que garantizará la representación del sector productivo.

“Con esta reforma, se busca reencauzar al organismo en su misión original: la investigación y el desarrollo tecnológico al servicio del campo argentino y del complejo agroindustrial”, resaltó el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

“La medida pone fin a una estructura sobredimensionada y opaca. En abril de 2025, el INTA contaba con 6.059 empleados (el doble que hace unos pocos años), 2.403 vehículos (uno cada 2,5 agentes), 1.611 celulares, 932 cargos jerárquicos (¡más que cualquier ministerio nacional!), y 450 sedes entre Centros Regionales, Centros e Institutos de Investigación, Estaciones Experimentales, Unidades de Extensión y Centros de Experimentación”, agregó.

Además, el INTA posee más de 110.000 hectáreas distribuidas en todo el país, de las cuales sólo 45.000 están siendo utilizadas para experimentación con fines comerciales y productivos.

Un informe de la SIGEN realizado en 2023 reveló importantes deficiencias en el control del organismo: viviendas usurpadas, bienes sin inventariar ni asignar, donaciones sin registrar, compras y viáticos sin documentación mínima, asociaciones cooperadoras sin balances ni supervisión.

Asimismo, el INTA creó y controla una empresa (INTEA S.A.) y una fundación (ArgenINTA), estructuras que operan por fuera del régimen de contrataciones y control del Estado.

La reforma llevada adelante mediante el Decreto 462/2025 permitirá echar luz sobre estas estructuras y transparentar el destino de los recursos generados por la explotación de los campos bajo su administración.
La transformación del INTA en un organismo desconcentrado preserva íntegramente sus capacidades técnicas, reduce la burocracia y refuerza los mecanismos de control y transparencia.

Además de los cambios en el INTA, el decreto dispone la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE), del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y de la Agencia Regulatoria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). En tanto, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) se reorganiza como organismo desconcentrado, con mayor independencia técnica.

En el caso de ARICCAME, la normativa implica la redistribución de competencias en materia de regulación y control del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. La decisión responde a objetivos de simplificación administrativa, reducción del gasto público y mayor eficiencia en la gestión del Estado. El Ministro Federico Sturzenegger, destacó: “Desde ahora, ANMAT se encargará del cannabis medicinal, de la misma manera que regula el resto de las drogas medicinales, la Secretaría de Industria regulará el cáñamo con destino industrial, y la Secretaría de Agricultura regulará la parte de las semillas y propagación vegetal de la planta de Cannabis”.

En referencia al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el mismo se transforma en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, pero mantendrá su nombre por su reconocimiento internacional. El Ministro Sturzenegger se expresó sobre un cambio clave de esta reforma: “El INV dejará de ejercer controles obligatorios sobre las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo (como la propiedad de los viñedos, la cosecha, la elaboración, el fraccionamiento, el transporte), y se concentrará exclusivamente en el tramo final de la cadena, en la góndola, donde controlará la aptitud para el consumo y que los productos no estén adulterados ni manipulados de forma indebida (los controles también se podrán hacer de manera privada)”.

La nueva norma también reforma el INTI, convirtiéndolo en una unidad organizativa dentro del Ministerio de Economía, con el fin de hacer más eficiente su estructura. La transformación del INTI en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio implica la eliminación de estructuras administrativas sobredimensionadas, conservando exclusivamente al personal técnico necesario para cumplir con sus funciones esenciales.

“El INTI fue creado para impulsar el desarrollo tecnológico de la industria, pero como un instituto independiente de las universidades argentinas que concentran el conocimiento necesario para ese desarrollo. El resultado, dramático y trágico a la vez, es que en los hechos fue utilizado por la burocracia para hacer todo lo contrario: generar trabas, regulaciones técnicas innecesarias y procesos engorrosos que perjudicaban a las empresas. El certificado CHAS para autopartes (ya desaparecido pero todavía ofrecido en la página del organismo), los controles para balanzas, o los requisitos sobre tanques -todas normativas que fuimos eliminando a lo largo de este último año-, son apenas algunos ejemplos del sinsentido de muchos de los requisitos del organismo y que le costaban millones a nuestra industria y otro tanto a todos los argentinos”, señaló el Ministro Sturzenegger.

Actualmente el INTI cuenta con 2.356 empleados y más de 250 reparticiones; el 20% de sus departamentos son puramente administrativos, y su área de administración concentra el 30% del personal, muy por encima de los estándares habituales para este tipo de organizaciones.

Abuelas de Plaza de Mayo anunció que encontró al nieto 140. Se trata del hijo de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, ambos secuestrados y desaparecidos desde diciembre de 1976. La noticia llega después de décadas de lucha, búsquedas y una red de memoria que resistió el paso del tiempo.

El nieto nació el 17 de abril de 1977 en “La Escuelita” de Bahía Blanca, según pudieron reconstruir los organismos de derechos humanos a partir del testimonio de sobrevivientes. Su hermana Adriana lo buscó incansablemente desde que tenía memoria. Primero acompañó a sus abuelos, Oscar Metz y Elisa Kaiser, y luego, tras la muerte de ellos, continuó la búsqueda por su cuenta. En 2009 incluso abrió un blog titulado "Poncho de lana", donde año tras año saludaba a su hermano en su cumpleaños, aunque no supiera aún su nombre ni su paradero.

Este nuevo caso de restitución fue posible gracias al trabajo articulado entre Abuelas, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), la Unidad Fiscal especializada (UFICANTE) y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Según detalló Abuelas en su comunicado, fue una denuncia anónima la que permitió iniciar la investigación, que culminó con la prueba de ADN y la confirmación de su identidad.

Una historia familiar atravesada por la militancia y la represión
Graciela Romero y Raúl Metz nacieron en Bahía Blanca y compartieron su compromiso militante. Raúl, ferroviario como su padre, fue detenido junto a su hermano gemelo durante la dictadura de Onganía. Fue precisamente en una campaña por su liberación que conoció a Graciela. Se casaron, tuvieron una hija –Adriana– y se sumaron al PRT-ERP. En 1976, ya perseguidos, se mudaron a Cutral-Có, Neuquén, pero el 16 de diciembre fueron secuestrados.

Graciela estaba embarazada de cinco meses. Luego de pasar por “La Escuelita” de Neuquén, fue trasladada a Bahía Blanca, donde dio a luz en condiciones infrahumanas. Desde entonces, tanto ella como Raúl permanecen desaparecidos.

Su hija Adriana fue criada por sus abuelos paternos tras ser rescatada por vecinos del barrio. Desde muy joven se sumó activamente a la búsqueda de su hermano. El blog, las cartas públicas, la participación en actividades de Abuelas: todo formó parte de una lucha sostenida durante décadas.

El hallazgo del nieto 140 no solo trae alivio y justicia a una familia, sino que también pone en valor las herramientas construidas a lo largo de estos 47 años de lucha: el rol de las Abuelas, el acompañamiento social, el trabajo profesional de los equipos del Estado, como el BNDG y la CoNaDI, que en la actualidad atraviesan momentos críticos por los recortes presupuestarios.

Abuelas advirtió que este tipo de políticas públicas deben sostenerse para garantizar que las búsquedas continúen y que la verdad no quede en el olvido. En ese sentido, exigieron la derogación del decreto 351/2025, que pone en riesgo el funcionamiento del BNDG.

“El Estado restituye un derecho fundamental: el derecho a la identidad”, señalaron desde Abuelas, al tiempo que recordaron que aún quedan por encontrar más de 300 nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado.

Esta restitución, señalaron, confirma una vez más que la dictadura planificó un sistema de secuestro, tortura, desaparición de personas y apropiación sistemática de bebés nacidos en cautiverio. Pero también confirma algo más poderoso: que la verdad puede más que el olvido, que la memoria persiste y que, gracias a una red tejida por el amor y la constancia, los nietos siguen apareciendo.