El derrame de miles de barriles de crudo en la costa central de Perú dejó un sombrío balance: aves muertas flotando en el mar o cubiertas de petróleo sobre roquedales sin poder volar, mientras en los muelles los pescadores no pueden trabajar.

Unos 6.000 barriles de crudo se vertieron al mar el sábado pasado mientras un petrolero descargaba en la refinería La Pampilla, propiedad de la petrolera española Repsol y situada en Ventanilla, 30 km al norte de Lima.

"En pleno apogeo nos han cortado el brazo", dice con desazón a la AFP el pescador Bernardo Espinoza, al destacar que él y sus colegas se quedaron sin poder trabajar en medio del verano austral, la época en que tradicionalmente venden más pescado.

"No podemos trabajar (...), venimos ya sacando los últimos recursos (ahorros), los últimos, estamos ya haciendo lo que se puede", agrega Espinoza, pescador desde hace 50 años en la bahía de Ancón, 45 km al norte de Lima.

Una semana después del vertido, el gobierno declaró este sábado una "emergencia ambiental" por 90 días en la "zona marina costera dañada" por el derrame, que se dirige hacia el norte.

Las corrientes marinas expandieron el crudo a lo largo de la costa a más de 40 kilómetros de la refinería, afectando a 21 playas, según el Ministerio de Salud, que recomendó a la gente no acudir a ellas pues tienen calificación "no saludable".

Las brigadas de limpieza reemplazaron a los bañistas en Ancón y en otros populares balnearios peruanos.

La AFP constató las enormes manchas de petróleo sobre la superficie del mar y aves muertas flotando en el agua, en un recorrido por la bahía de Ancón a bordo de la embarcación "Rey de Petita", que antes del derrame paseaba a turistas.

"Han atentado contra la vida silvestre y la vida, (y) el trabajo, de lo que es el pescador", dijo Rodney Vásquez, de 30 años, capitán de la pequeña embarcación, quien vivió toda su vida cerca del mar y es hijo de un pescador.

Por su lado, el pescador Alfredo Roque indicó que las dificultades para la pesca en esta zona durarán mucho tiempo.

"Las crías (de peces) ya están muertas; las crías, la mayor parte comen en la orilla del mar, y la orilla del mar está llena de petróleo", explicó

El Gobierno de Chile presentó este sábado un recurso de apelación para que la Justicia revoque la libertad condicional otorgada al activista mapuche Facundo Jones Huala, que permanecía preso en una cárcel de ese país trasandino hasta este viernes.

La presentación judicial ya había sido adelantada por el subsecretario del Interior chileno, Juan Francisco Galli, quien argumentó que el otorgamiento del beneficio "va exactamente en el sentido contrario de lo que nos está exigiendo la ciudadanía".

En la presentación que hicieron abogados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se sostiene que "el condenado no cumple con los requisitos legales y reglamentarios para concederles el beneficio de libertad condicional".

Los abogados solicitan "que se revoque la resolución recurrida y que se rechace el amparo, toda vez que no existe acto ilegal o arbitrario alguno en la resolución impugnada de la Comisión de Libertad Condicional".

La impugnación presentada hace hincapié en que "respecto de su proceso de resocialización, el condenado Jones Huala, nunca ha reconocido el delito cometido, nunca ha dimensionado el daño realizado, y por tanto su conducta de manera sostenida es refractaria a los valores de respeto por los derechos de las personas".

La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Temuco ya había negado en octubre último la posibilidad de liberar a Jones Huala argumentando, entre otras cuestiones, que el condenado no había hecho un proceso de aceptación del delito que cometió ni había avanzado en su proceso de "reinserción social".

Las abogadas del argentino, uno de los líderes de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), volvieron a presentar un amparo el 11 de enero y en esta ocasión la Corte de Apelaciones de Temuco consideró que ese recurso estaba bien planteado, por lo que el viernes le concedió la libertad condicional.

Jones Huala fue condenado a la pena de 6 años de prisión en diciembre de 2018 por haber incendiado una vivienda en 2013 y a otros tres años por portación ilegal de un arma de fuego (de fabricación casera). Actualmente se encontraba cumpliendo esa pena en una penitenciaria de Temuco.

Este viernes, minutos después de salir de la cárcel, dio un breve discurso frente a un grupo de personas que fue a recibirlo. "Quiero expresar mi gratitud a los 'peñis' y las organizaciones revolucionarias mapuches" que "están combatiendo", dijo Jones Huala. El activista dijo que la "autodefensa" de los peñis (activistas mapuches) tiene que seguir como respuesta a "la violencia política del Estado".

La familia de Facundo Jones Huala anunció además que el activista intentará regresar a la Argentina, aunque por ahora no podrá hacerlo.

Fuente Clarin

Unas 90 toneladas de armas y municiones proporcionadas por Estados Unidos aterrizaron hoy Ucrania, en lo que es el primer envío de la ayuda adicional aprobada en diciembre por la Casa Blanca en momentos de una alta tensión militar con Rusia.

La Embajada en Kiev confirmó la llegada del avión aunque no especificó exactamente el material que trasladaba, más allá de describirlo como "armas letales, incluidas municiones para los defensores de Ucrania en el frente".

"Esto demuestra el firme compromiso de Estados Unidos con el derecho soberano de Ucrania a la autodefensa", según el comunicado de la Embajada, publicado en su cuenta de Twitter.

Si bien la Casa Blanca aprobó esta nueva partida en diciembre, la información no se dio a conocer hasta esta semana, cuando fue confirmada por el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken.

Ese funcionario se reunió ayer en Ginebra con el jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, en lo que fueron conversaciones "útiles y sustanciales" sobre la actual tensión, aunque sin mostrar sobre la mesa algún tipo de avance concreto para apaciguar la crisis.

El Kremlin se opone a la extensión de la OTAN en Europa del Este, al afirmar que viola tratados internacionales, y anunció en las últimas semanas el envío de soldados en cercanías de la frontera con Ucrania.

Las potencias occidentales, por su parte, acusan a Moscú de planear una incursión militar. En el trasfondo está el apoyo que Rusia otorga desde hace años a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania, en un conflicto que dejó más de 13.000 muertos desde 2014, el mismo año en que Moscú se anexionó Crimea, en respuesta a una revolución prooccidental en Kiev.

El envío militar de Estados Unidos fue denunciado en repetidas ocasiones por Moscú, al entender que solo sirve para aumentar la tensión militar en la zona, como ya había ocurrido recientemente con otra remesa de armas ligeras antitanque entregadas por Reino Unido.

Los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania también manifestaron su interés en enviar sistemas antiaéreos de fabricación estadounidense a Ucrania.

Estos temas estarán en la agenda del encuentro anunciado hoy entre el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, y su homólogo británico, Ben Wallace.

Lavrov y Blinken también acordaron continuar sus conversaciones la semana que viene, lo que da al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, la esperanza de que "no se produzca" una invasión rusa o una incursión militar en Ucrania.