País
Planean quitar planes a quienes toman tierras en la Provincia
1 de septiembre de 2020
En el territorio de la provincia de Buenos Aires, el avance de la toma de tierras se ha convertido en fenómeno social, en donde desde el sector de la política se intenta eludir cierta responsabilidad con algunas fórmulas que aparecen tan novedosas como de difícil aplicación, una especie de resguardo declarativo, desde algún sector del oficialismo como de la oposición.
En los últimos días, el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, planteó la quita de planes sociales como el AUH para aquellas personas que usurpen propiedades inmuebles. Previa constancia de hacer cumplir la ley para desalojarlos. Un ámbito político en defensa propia mientras el Gobierno, que integra a modo de coalición, sostiene que las tomas no son un problema de seguridad. El objetivo de Massa aparece improbable, y lo enuncia a pesar de esa certeza.
Este martes, la oposición parlamentaria en Buenos Aires también retomó ese camino con un proyecto en diputados, que propone “las limitaciones de asistencia provincial a personas y organizaciones sociales que participen de las tomas de terrenos y propiedades”.
La innovación es que reconoce, detrás de estos episodios extendidos, la existencia de movimiento políticos que las sostienen, en muchos casos.
La restricción al acceso a la asistencia, según la propuesta, “tendrá una duración de dos años, una vez que la autoridad de aplicación tome conocimiento por cualquier medio del hecho en cuestión”.
Para ello, en el artículo primero se establece la creación de un Registro Único de Beneficiarios de Programas Sociales de la Provincia. Es con la intención de “identificar a los destinatarios de planes y/o programas asistenciales por parte del Poder Ejecutivo bonaerense”.
La iniciativa de Juntos por el Cambio se ha visto argumentada de la siguiente manera: “Es inadmisible que el Gobierno nacional y provincial esté justificando la toma de tierras que está sucediendo en varios distritos de nuestra provincia: San Fernando, La Plata, La Matanza, Presidente Perón, Marcos Paz, Partido de la Costa, entre otros. La ausencia y abandono del Estado frente a una situación tan compleja y preocupante como ésta no puede, de ningún modo, justificarse como una necesidad habitacional”.
Como se sabe, la usurpación de tierras está penado con hasta 3 años de prisión.
El presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, reclamó que el Estado haga “cumplir la ley” y accione contra las tomas de tierras que se multiplican en todo el país.
POSICION DE MASSA
El presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, reclamó que el Estado haga “cumplir la ley” y accione contra las tomas de tierras que se multiplican en todo el país.
Massa habló del tema particular de Villa Mascardi, Río Negro, pero también de una situación que se da en Victoria, partido de Tigre. Para ambos dispuso el mismo criterio: “el Estado tiene que hacer cumplir la ley, y si hay gente tomando tierras lo que tiene que hacer es desalojar”, dijo.
También planteó que se evalúe la posibilidad de quitarles beneficios sociales a quienes participen de tomas. “Es muy probable que evaluemos la posibilidad de que aquel que realice una toma de tierras, se le caigan todos los beneficios del Estado como la Asignación Universal por Hijo o el IFE”, adelantó.
“Sino es que como que cada uno hace lo que quiere”, opinó el exintendente de Tigre, tras lo cual adelantó que tratará el tema junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, quien, por su parte, habló del abordaje de la cartera que conduce respecto de la situación en Mascardi.
En ese sentido, explicó que “para evitar la escalada de violencia y prevenir los choques alentados por esos grupos, enviamos y reforzamos el personal de las Fuerzas Federales” luego de que se recavaran denuncias respecto de “grupos organizados que ostentando armas de fuego instigaban la violencia, el uso de armas y amenazas”.
La problemática de la toma de tierras se viene multiplicando en todo el país. En Buenos Aires se registraron oleadas de “ocupas” en La Plata, La Matanza, Presidente Perón, pero también en distritos del interior como Pehuajó, donde el propio intendente, Pablo Zurro, puso manos a la obra para impedirlas.
Esto motivó una acción del Gobierno orientada a satisfacer la demanda de techo y vivienda, que, sólo para la provincia de Buenos Aires, se estima en un millón de hogares. Eso se traduce en el relanzamiento del programa PROCREAR, pero también en un fuerte impulso a las políticas de construcción y de generación de suelo urbano.
País
‘A no bajar los brazos’
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, afirmó este viernes que "el pueblo argentino sigue creyendo que el trabajo es dignidad" durante la tradicional bendición realizada en el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, en el marco de la celebración del patrono del pan y el trabajo.
"Este pueblo argentino sigue creyendo que el trabajo es dignidad, sigue creyendo que el trabajo nos reconstruye como personas, el trabajo nos hace protagonistas de nuestra propia vida", expresó.
Además, agregó: "Le pedimos a San Cayetano hoy como pueblo que nos dé más y mejor trabajo y le pedimos que nos ayude a seguir adelante y a no bajar los brazos".
"Un signo de esperanza es verlos a todos ustedes trabajadores que de manera dedicada comprometida están aquí con sus herramientas, con el fruto de su trabajo con sus manos con su corazón queriendo reconstruir seguramente la vida de su familia y la de nuestro país. Cuando decimos que recibimos la bendición es como cuando nuestros pibes en el barrio dicen 'bien ahí', Dios hoy está diciendo ‘Bien ahí’”, dijo.
Además, continuó: “Bien ahí porque siguen creyendo en el trabajo, apostando por un futuro mejor, bien ahí porque traen las herramientas el fruto de su trabajo el esfuerzo, bien ahí dice Dios y por eso hacemos esta bendición”.
Durante su homilía, García Cuerva, aseguró que el pueblo está “cansado de promesas incumplidas y dirigentes que hablan de los pobres, pero no están cerca de sus necesidades y se dan la buena vida”.
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Ambientalistas rechazan oleoducto desde Vaca Muerta al Golfo San Matías
Organizaciones socioambientales celebraron la decisión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de solicitar al Estado argentino la suspensión de las obras vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur hasta contar con estudios ambientales adecuados.
Desde hace varios meses las organizaciones denuncian los riesgos que la iniciativa representa para el Golfo San Matías y la Península Valdés.
En diálogo con Encuentro, Fabricio Di Giacomo, integrante de la Multisectorial en Defensa del Golfo San Matías y de la Red de Comunidades Costeras, calificó el pronunciamiento como “un gran logro” y destacó el trabajo articulado entre organizaciones ambientales, científicos y comunidades para llevar la preocupación ante organismos internacionales.
Según explicó, durante los últimos meses distintas organizaciones presentaron documentación, informes científicos y campañas de firmas ante la UNESCO para advertir sobre el impacto que podría generar el proyecto petrolero en un área de alto valor ecológico. Entre los principales argumentos expuestos figuran el riesgo de derrames, el incremento del tránsito de grandes buques petroleros y las posibles consecuencias sobre la biodiversidad marina y la condición de Patrimonio Mundial de la Humanidad que posee Península Valdés.
Di Giacomo señaló que la UNESCO incorporó estos planteos en un documento que actualmente analiza el Comité de Patrimonio Mundial, donde además se solicita al Estado argentino suspender las obras hasta que existan estudios de impacto ambiental “reales y serios”, así como revisar los mecanismos de participación ciudadana utilizados durante el proceso.
El referente socioambiental también cuestionó el desarrollo de las audiencias públicas realizadas en el marco del proyecto y sostuvo que las organizaciones consideran que esas instancias no garantizaron una participación efectiva de la ciudadanía.
En cuanto a los plazos, explicó que el organismo internacional prevé solicitar información al Estado argentino para evaluar la situación antes de la próxima sesión del Comité de Patrimonio Mundial, prevista para 2027. No obstante, aclaró que la versión definitiva del documento todavía debe ser aprobada y que la resolución oficial será dada a conocer en los próximos días.
Di Giacomo remarcó que el objetivo de las organizaciones no solo es preservar la condición de Patrimonio Mundial de Península Valdés, sino también proteger el Golfo San Matías y las actividades económicas que dependen de la salud del ecosistema, como la pesca y el turismo.
Finalmente, sostuvo que la intervención de la UNESCO representa un respaldo internacional a los reclamos que las comunidades costeras vienen realizando desde el inicio del proyecto y expresó su expectativa de que el pronunciamiento contribuya a una revisión más profunda de sus impactos ambientales antes de que las obras continúen. Radio Encuentro de Viedma
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El Gobierno llevó a la Justicia los incidentes frente al Congreso
El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal por los hechos de violencia registrados este jueves frente al Senado, durante la marcha contra la Ley de Propiedad Privada.
El escrito pide la investigación y detención de los responsables. Según el último balance, hubo 12 detenidos y al menos cuatro heridos. Además, el Gobierno porteño estimó en $468 millones el costo de los daños causados en la zona del Congreso.
La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal por Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, abogados de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad Nacional.
En el escrito plantean que los hechos podrían constituir los delitos de atentado al orden constitucional y democrático, atentado a la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y daño agravado, todos ellos agravados por el fin de obligar a las autoridades públicas a abstenerse de cumplir con sus funciones (artículos 41 quinquies, 184, 226, 238 y 239 del Código Penal).
Según la denuncia, durante la manifestación de organizaciones sociales, sindicales y políticas en las inmediaciones del Senado, un grupo de manifestantes arrojó piedras, escombros y otros objetos contundentes contra los efectivos de las fuerzas federales de seguridad apostados en el lugar, y que se rompieron baldosas y bancos públicos para usarlos como proyectiles. También se registraron daños en estructuras edilicias y en vehículos policiales.
El Ministerio de Seguridad Nacional solicitó al juzgado que ordene preservar los registros fílmicos de los hechos, que se libre oficio al Gobierno porteño y al Congreso para que informen la totalidad de los daños y el perjuicio económico, y adelantó que se encuentra evaluando aportar elementos de prueba adicionales para la investigación.
Tras los incidentes, que se extendieron por más de tres horas entre manifestantes y fuerzas de seguridad, quedaron 12 personas detenidas por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.
Entre los heridos se contabilizaron al menos cuatro efectivos de las fuerzas de seguridad: un gendarme fue trasladado al Hospital Churruca tras recibir un golpe en la cabeza con un proyectil, y un prefecto fue asistido en el lugar. También resultó herido un fotoperiodista que cubría la protesta.
Un informe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires detalló que los trabajos de reparación tras los incidentes demandarán una inversión de $468 millones.
“La Ciudad ya está limpia tras los hechos de violencia y vandalismo de anoche en la zona del Congreso. Quemaron contenedores, rompieron veredas y destruyeron el césped de la Plaza, entre otros daños”, señaló el reporte oficial.
El desglose de los costos estimados dado por la Ciudad fue de:
-Cestos y contenedores incendiados o vandalizados, más el servicio adicional de limpieza: $130 millones.
-Equipamiento urbano: $38 millones.
-Césped: $270 millones.
-Plantas: $30 millones.
Desde el Gobierno porteño también informaron que se registraron roturas de vidrios en dos patrulleros y una camioneta policial. (TN).
