País
Planean quitar planes a quienes toman tierras en la Provincia
1 de septiembre de 2020
En el territorio de la provincia de Buenos Aires, el avance de la toma de tierras se ha convertido en fenómeno social, en donde desde el sector de la política se intenta eludir cierta responsabilidad con algunas fórmulas que aparecen tan novedosas como de difícil aplicación, una especie de resguardo declarativo, desde algún sector del oficialismo como de la oposición.
En los últimos días, el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, planteó la quita de planes sociales como el AUH para aquellas personas que usurpen propiedades inmuebles. Previa constancia de hacer cumplir la ley para desalojarlos. Un ámbito político en defensa propia mientras el Gobierno, que integra a modo de coalición, sostiene que las tomas no son un problema de seguridad. El objetivo de Massa aparece improbable, y lo enuncia a pesar de esa certeza.
Este martes, la oposición parlamentaria en Buenos Aires también retomó ese camino con un proyecto en diputados, que propone “las limitaciones de asistencia provincial a personas y organizaciones sociales que participen de las tomas de terrenos y propiedades”.
La innovación es que reconoce, detrás de estos episodios extendidos, la existencia de movimiento políticos que las sostienen, en muchos casos.
La restricción al acceso a la asistencia, según la propuesta, “tendrá una duración de dos años, una vez que la autoridad de aplicación tome conocimiento por cualquier medio del hecho en cuestión”.
Para ello, en el artículo primero se establece la creación de un Registro Único de Beneficiarios de Programas Sociales de la Provincia. Es con la intención de “identificar a los destinatarios de planes y/o programas asistenciales por parte del Poder Ejecutivo bonaerense”.
La iniciativa de Juntos por el Cambio se ha visto argumentada de la siguiente manera: “Es inadmisible que el Gobierno nacional y provincial esté justificando la toma de tierras que está sucediendo en varios distritos de nuestra provincia: San Fernando, La Plata, La Matanza, Presidente Perón, Marcos Paz, Partido de la Costa, entre otros. La ausencia y abandono del Estado frente a una situación tan compleja y preocupante como ésta no puede, de ningún modo, justificarse como una necesidad habitacional”.
Como se sabe, la usurpación de tierras está penado con hasta 3 años de prisión.
El presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, reclamó que el Estado haga “cumplir la ley” y accione contra las tomas de tierras que se multiplican en todo el país.
POSICION DE MASSA
El presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, reclamó que el Estado haga “cumplir la ley” y accione contra las tomas de tierras que se multiplican en todo el país.
Massa habló del tema particular de Villa Mascardi, Río Negro, pero también de una situación que se da en Victoria, partido de Tigre. Para ambos dispuso el mismo criterio: “el Estado tiene que hacer cumplir la ley, y si hay gente tomando tierras lo que tiene que hacer es desalojar”, dijo.
También planteó que se evalúe la posibilidad de quitarles beneficios sociales a quienes participen de tomas. “Es muy probable que evaluemos la posibilidad de que aquel que realice una toma de tierras, se le caigan todos los beneficios del Estado como la Asignación Universal por Hijo o el IFE”, adelantó.
“Sino es que como que cada uno hace lo que quiere”, opinó el exintendente de Tigre, tras lo cual adelantó que tratará el tema junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, quien, por su parte, habló del abordaje de la cartera que conduce respecto de la situación en Mascardi.
En ese sentido, explicó que “para evitar la escalada de violencia y prevenir los choques alentados por esos grupos, enviamos y reforzamos el personal de las Fuerzas Federales” luego de que se recavaran denuncias respecto de “grupos organizados que ostentando armas de fuego instigaban la violencia, el uso de armas y amenazas”.
La problemática de la toma de tierras se viene multiplicando en todo el país. En Buenos Aires se registraron oleadas de “ocupas” en La Plata, La Matanza, Presidente Perón, pero también en distritos del interior como Pehuajó, donde el propio intendente, Pablo Zurro, puso manos a la obra para impedirlas.
Esto motivó una acción del Gobierno orientada a satisfacer la demanda de techo y vivienda, que, sólo para la provincia de Buenos Aires, se estima en un millón de hogares. Eso se traduce en el relanzamiento del programa PROCREAR, pero también en un fuerte impulso a las políticas de construcción y de generación de suelo urbano.
País
Camioneros logró un bono de $600 mil y un aumento de 5,5%
El gremio de camioneros logró un bono de $600 mil, en cuatro cuotas, y un aumento del 5,5 % para los próximos tres meses. El acuerdo está algo lejos del 15 % que buscaba el gremio que conduce Hugo Moyano pero el ministerio de Trabajo de la Nación intervino para bajar esas expectativas y marcar así una referencia para el resto de los sindicatos.
Si bien el acuerdo todavía no fue homologado, trascendió que Camioneros firmará una paritaria de 2,2 % con los sueldos de diciembre, 1,8 % con los haberes de enero y de 1,5 % con los de febrero.
La paritaria de Camioneros se venía negociando desde diciembre con reuniones entre autoridades del gobierno, las empresas y el gremio. A pesar de la amenaza concreta de medidas de fuerza, la Casa Rosada ratificó que no iba a avalar acuerdos salariales por encima del 1% mensual, en línea con los estándares de inflación que prevé para este año.
Si bien inicialmente había pedido tres subas del 5 % mensual en diciembre, enero y febrero, el gremio de Moyano estaba negociando con su contraparte empresaria un incremento escalonado de entre 7 % y 8 % para ese trimestre.
Un grupo importante de paritarias, como los casos de Camioneros, los mecánicos de Smata, trabajadores de la UOM, la industria del cuero y de Sanidad (convenio con clínicas y sanatorios) convinieron incrementos que acumulados en 2024 se ubicaron en línea con la evolución del IPC.
País
Milei recibirá al líder opositor venezolano González Urrutia
El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, reconocido por el gobierno argentino como presidente electo del país caribeño, se reunirá este sábado con Javier Milei en la Casa Rosada, cuando resta menos de una semana para que se cumpla la fecha en la que debería asumir en reemplazo de Nicolás Maduro.
Milei tendrá un encuentro desde las 11 con el venezolano en Casa Rosada y se prevé que le exprese su apoyo, luego de que Maduro se autoproclamara ganador de los comicios venezolanos sin haber presentado las actas que certificaran ese resultado que lo habilitaría a asumir un nuevo mandato a partir del 10 de enero.
El presidente argentino fue uno de los primeros en reconocer al dirigente venezolano como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, mientras que denunció un "fraude masivo" perpetrado por Maduro.
Tras esto, el régimen venezolano expulsó al cuerpo diplomático argentino, que tuvo que abandonar el país en pocas horas. Actualmente, la representación está a cargo de Brasil.
González Urrutia, cuya jefa política es la dirigente María Corina Machado, debió asilarse en España. En los últimos días se movió para buscar apoyo de grandes líderes mundiales y, en ese marco, se reunió con la mandataria italiana, Giorgia Meloni, de estrecho vínculo con Milei.
El dirigente venezolano arribaría este viernes a Buenos Aires y al día siguiente tendrá el encuentro con Milei para seguir metiendo presión internacional y tratar de complicar los planes de Maduro de reasumir su cargo en unos días.
González Urrutia, quien se reivindica ganador con el 67 % de los sufragios, dijo días atrás que espera el "comienzo de una nueva era" porque retornará a Venezuela ese mismo día.
Las tensiones diplomáticas entre Argentina y Venezuela escalaron en los últimos días tras la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra en prisión en Caracas.
Milei exigió su liberación inmediata y calificó a Nicolás Maduro de "dictador criminal", mientras que el régimen del país caribeño calificó al gendarme de "terrorista".
País
Tickets de compra deben detallar qué impuestos paga el consumidor
Ya entró en vigencia el régimen de transparencia fiscal, por el cual las empresas y los comerciantes deberán empezar a discriminar en la factura y ticket de venta el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otras cargas tributarias. En esta primera etapa deben implementarlo las grandes empresas.
Los supermercados, por ejemplo, ya empezaron a aplicar la medida. Todos los comprobantes deberán tener una línea donde se detalle el monto correspondiente al IVA y, cuando sean emitidos por una compañía grande (que detalla el organismo en su página), también indicarán los impuestos internos que incidan en el precio final que paga el consumidor.
El resto de los contribuyentes tendrá un plazo opcional hasta el 1° de abril próximo, cuando pasará a ser obligatorio para todos.
Aquellos contribuyentes que ya usan la factura electrónica por medio de los sistemas de ARCA verán reflejada de forma automática la discriminación del IVA desde el 1° de enero del año que viene.
"El organismo implementará las adecuaciones sistémicas necesarias", prometió ARCA. Quienes utilicen controladores fiscales de nueva tecnología, podrán seguir usando ese equipamiento en la medida que actualicen el firmware (en el caso de las cajas registradoras) o incorporen la información a través del software de facturación (en las impresoras fiscales).
Desde ARCA (exAFIP) explicaron que el objetivo es "reafirmar el compromiso del Gobierno nacional con la transparencia fiscal, permitiendo a los consumidores conocer el impacto de los impuestos en las operaciones y que puedan contar con información para tomar sus decisiones comerciales con plena libertad”.
Los consumidores no tendrán que hacer ninguna operación, sino que en la factura o ticket de compra encontrarán la leyenda "Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)", donde estarán discriminados los impuestos anteriormente detallados.
Desde el Gobierno también invitaron a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a dictar las respectivas normas para que los consumidores finales también tengan conocimiento de la incidencia del impuesto sobre los ingresos brutos y de los respectivos tributos municipales en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios.
En ese marco, Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica, dedicada a la conciencia fiscal, y que ha impulsado esta medida que rige formalmente desde este miércoles, señaló que desde la entidad que preside "decimos que es una obligación adherirse, ya que la Constitución Nacional en su artículo 42 establece que el consumidor tiene derecho a recibir información adecuada y veraz".
A su vez, explicó que ahora los consumidores podrán identificar en sus tickets una sección titulada Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, donde vamos a ver "en cuatro renglones, donde se desglosará el IVA, la incidencia de otros impuestos nacionales y los impuestos provinciales, es decir, ingresos brutos y tasas municipales".
Por último, Olivero Vila comentó que la implementación de la norma no solo se limitaría a los tickets, sino que también se espera que a partir de abril los precios en góndola incluyan la carga impositiva. Sin embargo, aclaró que esto último aún no ha sido reglamentado, ya que dicha reglamentación "no va a venir de ARCA, sino de la Secretaría de Comercio con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor".
Entrevista Radioinforme 3.
