País
Violencia institucional

13 de agosto de 2020
Amnistía Internacional presentó en un informe el registro de más de 30 casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza ocurridos durante las medidas de aislamiento social obligatorio en Argentina.
El asesinato de Luis Espinoza en Tucumán, la violencia desatada contra la comunidad Qom en Chaco y la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires son los más trascendentes.
Los casos relevados en el informe se vinculan directamente o indirectamente con las medidas de control del aislamiento social, preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia. A su vez, todos reproducen prácticas abusivas extendidas en las fuerzas de seguridad.
También preocupa especialmente a la organización internacional que la mayoría de los casos se produjeron en contextos de vulnerabilidad y/o pobreza. El ejercicio de las facultades de control de las fuerzas de seguridad no debe traducirse en el ensañamiento o disciplinamiento de personas o grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social.
“En una emergencia sanitaria, es necesario proteger a la población. No obstante, a pesar de la excepcionalidad que impone el contexto, la actuación de las fuerzas siempre deben darse en el marco del respeto absoluto a los derechos humanos y debe estar acompañada de una debida rendición de cuentas”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Además de los casos mencionados en Tucumán, Chaco y provincia de Buenos Aires, la organización verificó hechos de uso excesivo de la fuerza en la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Mendoza, Santiago del Estero y Santa Cruz. Si bien en muchos de los episodios los poderes ejecutivos dispusieron medidas para separar a los efectivos involucrados, es imperioso que se lleven adelante investigaciones efectivas e imparciales y se sancione a los responsables de violencia estatal.
Amnistía Internacional señala que la repetición de estos hechos de violencia es de suma gravedad institucional y genera preocupación sobre el carácter violento y desmedido de la respuesta que brinda el Estado al control y resolución de conflictos.
Justamente, el Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza sólo será utilizado como último recurso y con estricto apego a los estándares internacionales y el respeto de los derechos humanos.
El control, monitoreo, la capacitación y la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad respetuosa de los derechos humanos continúa siendo una deuda pendiente en Argentina.
Amnistía Internacional llama a las autoridades nacionales y provinciales a trabajar de manera coordinada en una estrategia de seguridad integral y con perspectiva de derechos humanos que evite que estos casos sigan repitiéndose en el país.

País
Carpinchos en ‘alerta’

Frente a la superpoblación de carpinchos en la zona norte bonaerense, que habitan sobre todo en el barrio de Nordelta del partido de Tigre, el Gobierno nacional evalúa trasladar estos animales a una especie de santuarios en las islas de San Fernando y del Delta. Así lo hizo saber el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, quien analizó analiza medidas para atender esta problemática que preocupa a vecinos con el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom.
“Después de conversar con especialistas, nuestra idea es poner en marcha un programa de traslocación, llevarlos a un hábitat donde puedan alimentarse con pasto, relocalizarlos en una isla, que idealmente puede ser en San Fernando o en Tigre, que funcione como una especie de santuario”, dijo Scioli.
Desde hace años, la relación entre los carpinchos y los propietarios de casas en barrios cerrados es complicada. Es que hay muchos vecinos que se quejan que estos animales lastiman a sus mascotas y destruyen sus plantas, e incluso denuncias de accidentes en las calles internas. Según datos no oficiales, más de 3000 carpinchos habitan zonas como la costa del Río de la Plata, el Río Luján, y los clubes náuticos de San Isidro, San Fernando y Olivos.
De acuerdo a lo que dijo Scioli, la traslocación no será compulsiva, sino que estará sometida a consulta. “Entendiendo que hay personas familiarizadas con esta especie, estamos pensando en que puedan hacerle un seguimiento, vean que se los va a trasladar a un lugar mejor, y que puedan visitarlos. Este procedimiento se hará en acuerdo con las familias”, agregó.
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Efecto Senado hace bolsa los mercados financieros

Un cierre de semana complicado para los mercados financieros y el mundo de los negocios. En este escenario, el S&P Merval y los bonos se hundieron, tras la derrota del Gobierno en la última sesión en el Senado, que aprobó proyectos jubilatorios y de discapacidad con impacto en el equilibrio fiscal. Esa votación ha generado dudas sobre el efecto que un potencial mayor gasto pueda tener sobre la inflación y el dólar.
El Merval bajó 3%, a 2.023.573,330 puntos básicos, mientras que, medido en dólares, tocó mínimos de tres meses. Las acciones líderes que más cayeron fueron las de Transportadora de Gas del Sur (-5,8%), BBVA (-5,2%) y Grupo Supervielle (-4,3%). Mientras tanto, en Wall Street, los ADRs cayeron, de hasta 6%. Las pérdidas las encabezaron las mismas tres firmas que en la bolsa porteña.
El Senado de la Nación aprobó un proyecto de Ley que propone aumentar un 7,2% los haberes de jubilados y pensionados, y elevar el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 a $110.000. La iniciativa fue sancionada con 42 votos afirmativos, 17 negativos y 3 abstenciones.
Actualmente, el haber mínimo para jubilados y pensionados es de $309.294, mientras que el haber máximo es de $2.081.261. Si se aplica la actualización de 7,2%, pasarían a $331.563 y $2.231.111 respectivamente.
“Es difícil estar en contra del objetivo de estos proyectos, pero resulta poco razonable exigir un mayor gasto público sin la solución de cómo financiar dichas erogaciones”, dijeron desde Invertir en Bolsa.
“El clima del norte se combina con los ruidos que generan los proyectos de la oposición, y los avances legislativos alcanzados, por lo cual la evolución de los activos domésticos continúa viéndose condicionada principalmente a la espera de un escenario político más despejado”, explicó en esta jornada el economista Gustavo Ber.
En ese marco, los bonos en dólares más operados también sufrieron una jornada negativa, con bajas de hasta 1,4%, lideradas por el Global GD41. El Global GD30 y el Bonar AL30 retrocedieron 1,1% y 1%, respectivamente.
El último dato sobre riesgo país mostró un valor de 704 puntos básicos.
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Guerra sindical para captar afiliados

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) a retrotraer una maniobra que realizó para captar afiliados a través de la obra social Unión Personal (UP), a la que consideró “extorsiva, discriminatoria e ilegal”.
Según denunció ATE en la carta documento, con la maniobra el sindicato de Andrés Rodríguez pretende cobrar tarifas diferenciadas y dar privilegios en las prestaciones a quienes estén afiliados a ese gremio. Y por eso exigió a la Superintendencia de Servicios de Salud que rechace este accionar.
“La medida que intenta UPCN es ilegal. Además, se trata de una maniobra extorsiva e inmoral. Es un manotazo de ahogado de Andrés Rodríguez. Debería saber que de esta manera no va a recuperar todos los afiliados que está perdiendo. Si quisiera detener la sangría del último tiempo, debiera dejar de firmar el 1% y empezar a pelear”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional.
La obra social atiende a trabajadores de todo el Estado nacional y a municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, independientemente de su afiliación a un sindicato o el otro, o incluso a quienes no estén sindicalizados. Sin embargo, ATE aseguró que desde UP anunciaron que a partir del 1 de agosto quienes no estén afiliados a UPCN perderán el acceso a los centros de salud de alta complejidad que, hasta ahora, están incluidos para la totalidad de los beneficiarios.
“Ofrecer planes que no están aprobados por la Superintendencia de Servicios de Salud es violar toda la normativa interna de las obras sociales. Nadie puede inventar un plan nuevo, ofrecerlo o comercializarlo sin que haya sido aprobado por este organismo. Por eso es que también exigimos su inmediata intervención a las autoridades de la Superintendencia. Si ésta práctica la estuviera llevando adelante el empleador, tendríamos que hablar de una práctica desleal. Resulta increíble saber que esta no venga de una patronal, sino de un sindicato”, agregó el referente de ATE Nacional.
Otra modificación que pretenden implementar, siempre según ATE, es que quienes no estén afiliados a UPCN deberán pagar más por cada consulta, estudio o tratamiento. Es por eso que Aguiar denunció una flagrante violación al principio de no discriminación e igualdad de trato consagrado en varios artículos de la Constitución Nacional. (DIB)
Foto Mundo Gremial