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El periodista Guazzora, acusado por abuso de menores, sigue prófugo
5 de octubre de 2023
La Cámara de Casación porteña rechazó este jueves un pedido de exención de prisión del periodista Ezequiel Guazzora, quien lleva 53 días como prófugo acusado de abuso sexual contra una menor de edad.
Así lo determinó en las últimas horas el máximo tribunal de CABA, el cual informó que el acusado hizo llegar al Poder Judicial una carta a través de su abogado en la que deslizó el pedido y le hizo una advertencia a los jueces. “Corren el riesgo de que me mantenga en esta situación durante todo el plazo de prescripción”, escribió el periodista prófugo, tal como precisó la agencia de noticias NA.
En este sentido, las autoridades judiciales tampoco aceptaron al penalista Adrián Albor como defensor del ex precandidato a diputado provincial por el partido Principios y Valores y supeditó esa designación a que Guazzora “se ponga a derecho”.
No es la única novedad en el caso: este jueves también resolvieron dictar el procesamiento y la prisión preventiva de Paola Andrea De Martino, la mamá de la menor de 15 años que entregó a su hija por dinero al periodista. Según se comprobó, la finalidad fue que tuvieran relaciones sexuales.
Fuentes judiciales explicaron que la decisión fue tomada a partir de una serie de pruebas en las que se constató que Guazzora había recibido un pago de la imputada con el fin de un encuentro íntimo entre ambos. Por esto, De Martino quedó vinculada como coautora de los delitos de corrupción de menores agravada y abuso sexual de menores, por los que está siendo buscado el periodista. Las penas pueden ir de los 8 a los 20 años de prisión.
Los detalles de los encuentros con la adolescente pudieron conocerse por la declaración que dio la víctima, cuyo testimonio está respaldado por psicólogos y psiquiatras especializados. En su relato, la adolescente dio una descripción muy precisa de la casa del apuntado tanto por afuera como por adentro y mencionó que este la había regalado un buzo que luego fue incautado en el domicilio del periodista.
El encuentro entre ambos fue constatado, además, a partir de la realización de una pericia tecnológica sobre los celulares de Guazzora y la mamá de la nena, quienes se comunicaban a través de Instagram.
El pedido de captura que recae sobre el periodista, que lleva prófugo 53 días, se enmarca en el Artículo 145 del Código Penal (corrupción de menores) y fue solicitado por Santiago Bignone, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54. Se debía ejecutar durante las últimas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) pero no pudo efectivizarse porque el periodista no se presentó a votar aquel 13 de agosto.
Tal como adelantó Infobae, una serie de mensajes aportados a la causa por corrupción de menores contra el ex precandidato a diputado provincial por el partido Principios y Valores fueron claves para que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54 pidiera su captura por ese delito. Se trata de textos aberrantes en los que Guazzora además le ofreció dinero a la madre de una adolescente para poder abusar de ella.
Todo comenzó con una denuncia presentada por la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina) ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Allí se menciona a Guazzora en el marco de la “presunta explotación” de una menor de 15 años por parte de la madre de la chica, con domicilio en la localidad bonaerense de Longchamps.
El caso llegó a la RATT a través de una mujer cuya hija era amiga de la menor de edad, quien le compartió capturas de pantalla de conversaciones que su madre mantenía con el sospechoso Guazzora. Los mensajes enviados desde una cuenta de Instagram, a los que tuvo acceso este medio, son parte del expediente y dan cuenta de la intención del periodista de pagarle a esta persona por tener relaciones sexuales con su hija, menor de edad. En el intercambio, la implicada le aporta su número de CBU que, según pudo confirmar este medio, está a su nombre.
En la charla, de alto contenido sexual, el ahora prófugo hace referencia a su intención de abusar de la adolescente. “La voy a violar para vos”, le dice a la mujer en referencia a su hija. “Me la hubieras dejado c… cuando tenía 8 añitos”, indica.
Luego, el usuario -que no sería otro que Guazzora- ofrece: “¿Si le muestro la platita se entrega? 50 mil a cada una, 100 mil querés?”. “Videos y mucha platita, gringa. Tapándole la cara”, insiste.
En la conversación, además, aparecen referencias a otras víctimas. “¿Nenitas de cuánto conseguís? ¿Hay que darle la plata a la madre?”, dice el periodista buscado.
En un momento, la mujer le recrimina: “Eze, no me vas a dejar de garpe, me diste tu palabra”. “Nunca te fallé, ¿ok?”, responde en otro tramo de la conversación Guazzora. Aparentemente, de esta manera, la implicada le reclama el dinero prometido por el intercambio.
El domingo 13 de agosto, en el que se realizaron las PASO, la madre de la víctima fue capturada en Instituto Señora del Monserrat, ubicado en la avenida Belgrano al 1.300 en Capital Federal, por orden del juez Santiago Bignone.
El personal de Trata de Personas de la Policía de la Ciudad montó un operativo en la zona del colegio, esperó que a la mujer efectuara el voto y, una vez que abandonó el establecimiento educativo, se la detuvo por el delito de “trata de menores”, según informaron fuentes policiales a Infobae.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
