País
Se judicializa asamblea de nutricionistas
31 de agosto de 2023
La Justicia le dio la razón a la presidenta del Colegio de Nutricionistas bonaerense y se realizará la Asamblea General Ordinaria. La convocatoria está prevista para el 8 de septiembre en el Hospital Interzonal General de Agudos Prof. Dr. Luis Güemes, ubicado en Haedo.
La Justicia bonaerense autorizó la realización de la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires al desestimar la medida cautelar solicitada por Nadia Attie y otras integrantes de una agrupación minoritaria opositora que perdió las elecciones en junio del año pasado frente a la actual presidenta de la institución, Laura Salzman.
El grupo, que encabeza Attie, junto a Rocío Sosa, Lorena Klappenbach, Vilma Tapia y Gabriela Rimer, entre otras, pretendía anular la realización de este encuentro, que “constituye la máxima autoridad de conducción del Colegio y su suspensión afectaría el cumplimiento de las obligaciones que le fueran asignados legalmente”, según se lee en el fallo.
La jueza María Fernanda Bisio, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de ciudad de La Plata, determinó que “la representación de los matriculados corresponde al Colegio profesional, siendo el Presidente el representante legal de la Entidad” y permitió la realización de la Asamblea General Ordinaria sosteniendo en su escrito que “la convocatoria a la Asamblea fue decidida por los órganos de administración del ente profesional y debidamente comunicada”.
Este grupo es la segunda vez consecutiva que intenta ir a la justicia para intentar impedir que se realice la Asamblea Anual Ordinaria, el primer intento fue encabezado por la ex titular del Colegio, Paula Das Neves, quien también recibió un revés judicial el año pasado.
“Es un grupo de colegas que en 2022 perdió las elecciones en nuestro colegio y en base a mentiras, injurias y agravios, interpuso una denuncia para impedir que se haga esta asamblea”, sostuvo la presidenta del Colegio de Nutricionistas bonaerense, Laura Salzman y agregó: “Lamentamos mucho que se resistan al cambio que venimos gestando en el colegio y que hayan antepuesto intereses personales por sobre los del conjunto para intentar impedir que se haga la asamblea. No es el primer ataque que recibimos, pero esperamos que este fallo las llame a la reflexión para que cesen con estos modos y actitudes hacia la conducción que eligió la mayoría de las colegiadas y colegiados”.
“Ni bien nos anoticiamos de la denuncia -continuó Salzman- pusimos todo a disposición de la magistrada, quien hace pocas horas dictaminó, a través de un fallo contundente, que rechaza de raíz todos los planteos de las denunciantes”.
En ese sentido, la secretaria de la institución, Fernanda Delgado, aseguró que “en un texto implacable, queda evidenciado que las colegas que llevaron a cabo la demanda no pudieron sustentar ni demostrar ninguna de las supuestas irregularidades denunciadas”. “Un fallo como el que recibimos hoy, representa una bocanada de aire fresco para continuar en el camino de la reconstrucción del colegio y transformarlo en una institución amplia, plural, transparente y eficiente”, afirmó la nutricionista, junto a sus colegas Cinthia Schettino y Denisse Reinoso Peitsch, tesorera y vocal, respectivamente.
“Este es un fallo a favor de quienes trabajamos por la reconstrucción del colegio”, concluyó la presidenta de la institución, secundada por la vocal suplente Daniela Susana Pelle. “Estamos logrando hacer un colegio cada vez más cercano y lo seguiremos haciendo con firmeza, pero sin caer en ningún tipo de rencilla, que tiene por única finalidad conservar viejos beneficios personales”, aseguró Salzman, quien anunció la realización de la Asamblea General Ordinaria, convocada para el viernes 8 de septiembre, a las 18, en el Hospital Interzonal General de Agudos Prof. Dr. Luis Güemes, invitando a participar a las matriculadas y matriculados de la provincia.
País
Aeronáuticos ratifican ante la OIT las denuncias contra Milei
Cuatro sindicatos del sector aeronáutico ratificaron y ampliaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las denuncias contra el Gobierno por “violaciones al derecho de huelga, el deterioro de las condiciones laborales y la persecución de los líderes sindicales”.
Los gremios que hicieron las presentaciones fueron la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).
Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Pablo Biró (APLA), Rubén Fernández (UPSA) y Edgardo Llano (APA), reafirmaron su “compromiso inquebrantable” con la protección del derecho de huelga, reconocido como “una herramienta esencial de los trabajadores para defender sus derechos laborales, salariales y convencionales”.
Al respecto, Brey destacó el trabajo conjunto realizado desde el sector aeronáutico en la defensa de las condiciones laborales y de los derechos de todos los trabajadores del sector. En este sentido, afirmó que “sin derecho de huelga no hay libertad sindical plena” y que sin esta libertad “no es posible garantizar un trabajo digno”.
Además, repudió cualquier intento de utilizar la declaración de esencialidad, contenida en la Ley de Reforma Laboral, como “un mecanismo para restringir o limitar el ejercicio legítimo de la acción sindical”.
Y añadió: “La seguridad operacional y la prestación de servicios públicos no pueden ser justificativos para ignorar derechos fundamentales establecidos en la normativa nacional e internacional”.
País
Reforma Laboral: la Corte rechazó el per saltum que planteó el gobierno
La Corte Suprema rechazó el pedido del gobierno nacional de aplicar un per saltum para que la discusión judicial por el debate judicial en torno a la reforma laboral, que la CGT cuestionó por inconstitucional, luego de que fuera aprobada el febrero pasado en el Congreso.
La decisión de la Corte se conoce luego de que la Cámara de Trabajo enviara la causa al Fuero Contencioso Administrativo, lo que en principio fue un revés para la central sindical, que buscaba que la causa se sustancie en el fuero laboral.
La Corte, en cambio, le dio una mala noticia, aunque relatiuva, al Ejecutivo, que buscaba el salto de instancia para acelerar un proceso que con apelaciones y contra apelaciones probablemente termine en el máximo tribunal, aunque demore para ello más tiempo.
La Secretaría de Trabajo, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, había presentado a mediados de abril el per saltum para revertir la sentencia del juez laboral Raúl Ojeda, que dictó una cautelar que suspendió 82 artículos de la ley sancionada por el Congreso.
Pero antes del fallo de la Corte de hoy, la Cámara de Trabajo ya había puesto en vigencia nuevamente los artículos suspendidos. Es porque los jueces Arturo Pesino y María González rechazaron el efecto suspensivo que el juez Ojeda le había dado a la apelación.
El per saltum es saltar una instancia judicial para que la Corte Suprema intervenga directamente en una causa. El gobierno de Javier Milei había alegado, entre otros argumentos, que el juez Ojeda no era el competente para intervenir y por eso reclamaba la urgente intervención del máximo tribunal ante la suspensión de parte de la norma.
En el fallo que se conoció este jueves, la Corte Suprema sostuvo que a juicio de la Corte "no se observan los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habilitan la procedencia de la vía cuya apertura se promueve mediante el recurso por salto de instancia".
Ante esto, concluyó que "se declara inadmisible el recurso interpuesto" por el Gobierno el pasado 16 de abril.
¿Qué dispone la reforma?
Entre los 80 artículos suspendidos y puestos otra vez en vigencia por la Cámara de Trabajo se encuentran el de Indemnizaciones y Contratos (Ley 20.744), que modifica el cálculo de indemnizaciones e implica la extensión del período de prueba.
También el ítem Solidaridad y Tercerización, que limita la responsabilidad de las empresas en casos de tercerización (artículos 16, 17 y 18 de la norma), manteniendo la solidaridad amplia.
Además están incluidos el banco de horas y las nuevas regulaciones sobre horas extras; a lo que se suma la facultad unilateral del empleador para modificar condiciones de trabajo.
La ley de reforma laboral se aprobó el 27 de febrero y se promulgó el 6 de marzo. El proyecto de reforma laboral había recibido media sanción en la Cámara alta el 12 de febrero. Pero la inclusión del famoso artículo 44, sobre las licencias laborales por enfermedad, levantó polémica y el oficialismo lo sacó antes del tratamiento en Diputados.
País
Escándalo en la AFA: los veedores judiciales no pudieron entrar
Los técnicos del Ministerio de Justicia se encontraron con la sede de Viamonte cerrada y un cartel que derivaba la atención a Pilar. La IGJ investiga inconsistencias por USD 450 millones en los balances de la gestión de Claudio Tapia.
En un nuevo capítulo de la creciente tensión entre la Casa Rosada y la conducción de Claudio "Chiqui" Tapia, los veedores designados por el Ministerio de Justicia de la Nación no pudieron ingresar este miércoles a la sede histórica de la calle Viamonte. El operativo, que buscaba dar inicio a una fiscalización de 180 días sobre los balances y contratos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), terminó con una nota dejada por debajo de la puerta y un conflicto de jurisdicciones que promete escalar a la Justicia.
El abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena, enviados oficiales del Gobierno, llegaron a las 13 a la sede central con el objetivo de requerir documentación contable y administrativa. Sin embargo, se encontraron con el edificio cerrado y un cartel que indicaba que la administración debía buscarse en un predio de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.
El conflicto por el domicilio y los US$ 450 millones
La Inspección General de Justicia (IGJ) sostiene que la AFA ha fallado en explicar inconsistencias por USD 450 millones en sus balances de los últimos ocho años. Además, el Gobierno investiga la creación de una universidad no registrada y contratos con empresas bajo la lupa por presunto lavado de dinero, como TourProdEnter y SurFinanzas.
El intento de la AFA de trasladar su sede social a Pilar es visto por el Ministerio de Justicia como una "maniobra de evasión" para salir de la órbita de control de la IGJ (que tiene competencia en CABA) y pasar a la jurisdicción bonaerense. Esta mudanza ya había sido rechazada por el organismo estatal al constatar que en el predio de Pilar no existen instalaciones administrativas operativas.
PUERTAS CERRADAS. El abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena llegaron a la sede de la AFA para iniciar la veeduría, pero debieron dejar el pedido bajo la puerta al no ser recibidos por ninguna autoridad.
Fotos: RSFotos
