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Avanza una ley para regular los alquileres temporarios
31 de agosto de 2023
De común acuerdo entre oficialismo y la oposición, el Senado avanzó hoy con la firma de un dictamen unificado para regular los alquileres temporarios de inmuebles con fines turísticos.
Este tipo de alquileres temporarios creció exponencialmente en lo últimos tiempos de la mano del auge de plataformas digitales dedicadas a la promoción de esa modalidad de locación, generando una reducción de la oferta de viviendas para alquiler permanente, con la consecuente suba de precios y todo tipo de distorsiones de mercado.
En un plenario de las comisiones de Legislación General y de Turismo, las distintas fuerzas políticas lograron dejar a un lado sus diferencias en torno a la reforma de la ley de Alquileres para consensuar una iniciativa aparte sobre locaciones temporarias, en base a la síntesis de los proyectos presentados por la senadora oficialista Ana María Ianni y la radical Mariana Juri.
Al presentar la iniciativa, la santacruceña del Frente de Todos advirtió que el crecimiento de los alquileres temporarios es fenómeno «a nivel mundial» que es necesario regular como sucede en otros países del mundo.
«Hace meses venimos conversando y pensando cómo frenamos esta situación en el buen sentido, dándole un marco regulatorio, no es algo prohibitivo. Nosotros no buscamos ni desestimar este tipo de oferta, ni tampoco a las que quizás son hoy las vedette de este mercado, que son las plataformas digitales, que son las que están ofreciendo y comercializando este tipo de alojamientos», expresó.
El objetivo del proyecto, comentó, es «poder dar fin a una competencia desleal que se ocasiona porque no hay normativa» y «proteger a aquel que invierte y da trabajo», dado que esta modalidad de alquiler «perjudica mucho» al sector hotelero y a la vez que «saca del mercado viviendas para el alquiler permanente».
Por su parte, Juri aclaró que no se pretende «con este proyecto ser tan intervencionistas» como para dificultar el mercado» sino que al contrario, se busca «dar beneficios a todas las partes»
«No podemos ser ajenos a que el alquiler temporario está agregándole una dificultad más a lo que es el alquiler tradicional de las viviendas», aseguró la mendocina de Juntos por el Cambio.
De qué se trata el proyecto
Según el texto del proyecto, se entiende por contrato de alquiler temporario turístico al «servicio de alojamiento en viviendas con fines turísticos utilizadas total o parcialmente por un período mínimo de un día que incluya al menos una pernoctación y un máximo de 90 días».
Estarán alcanzados «los propietarios o administradores que cuenten con poder y/o autorización correspondiente para comercializar inmuebles de forma temporaria, los huéspedes y toda persona que comercialice, publicite u ofrezca a través de cualquier medio viviendas de alquiler temporario para uso turístico».
«En el caso en que un inmueble sujeto al régimen de propiedad horizontal se destine más de un 60% de las unidades funcionales con destino habitacional a la actividad objeto de la presente y pertenezcan a un mismo propietario, se encuentren bajo la misma administración o se ofrezcan bajo una misma marca, no será de aplicación la presente ley y deberán contar con la habilitación, registro y categorización que corresponda según la Ley N° 18.828 (Ley Nacional de Hotelería) o la que en el futuro la reemplace», se establece.
La normativa propone la creación, en el ámbito del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación -o el organismo ligado al turismo que lo reemplace en el futuro- del «Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario».
En uno de sus artículos, la iniciativa dispone que «las plataformas digitales que ofrezcan, intermedien, y/o celebren contratos de locación temporarios con fines turísticos, deberán: habilitar un campo en la plataforma digital para que el propietario informe el número de inscripción ante el registro de cada unidad; y proceder a la baja, retiro o suspensión de toda publicación que no posea el número de inscripción en el registro, previa notificación fehaciente al propietario o administrador de la unidad en alquiler».
A su vez, se dispone que propietario o el administrador deberá «entregar la vivienda en condiciones de habitabilidad y en los términos pactados; tener vigente la habilitación, registro y autorización de uso turístico de la vivienda correspondiente; contratar seguro de responsabilidad civil por daños contra terceros», entre otras obligaciones.
Respecto a las sanciones para propietarios y administradores, se contempla el apercibimiento, la suspensión del registro y la baja del registro, mientras que en caso de incumplimiento por parte de las plataformas, las mismas serán pasibles de: apercibimiento; multas a determinar por la autoridad competente; suspensión de operar en el país; y cese definitivo de actividades en el país. IP/BAE
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Malvinas: ‘No puede haber decisiones unilaterales’
El canciller Pablo Quirno se pronunció sobre la intimación argentina al Reino Unido por la explotación petrolera en Malvinas y detalló por qué se fijó un plazo de dos semanas. La medida está vinculada con el proyecto Sea Lion, impulsado en el área en disputa, y con la decisión oficial de llevar el caso ante una instancia internacional.
En una entrevista con A24, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que el Gobierno actuó por instrucción del presidente Javier Milei. “Con mucho entusiasmo, hemos tomado la instrucción del presidente”, expresó. También destacó que el país presentará por primera vez ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar la controversia por las actividades hidrocarburíferas británicas.
Quirno sostuvo que el reclamo argentino se apoya en herramientas jurídicas, diplomáticas y pacíficas. “Todas herramientas jurídicas, legales, diplomáticas y pacíficas”, señaló al describir la estrategia. Según planteó, los recursos que se busca extraer en la Cuenca Malvinas se encuentran en un sector que Argentina considera parte de su plataforma continental.
Al fundamentar la oposición al avance de Sea Lion, el canciller remarcó que “no puede haber decisiones unilaterales como las que están sucediendo”. La intimación exige que Londres suspenda las actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos en la zona. El Gobierno otorgó dos semanas para que responda antes de avanzar con el procedimiento previsto.
El funcionario explicó que ese período no es arbitrario, sino que responde a los pasos requeridos antes de iniciar un arbitraje. “La parte procesal del llamado al arbitraje indica que se le tenga que dar a la otra parte la posibilidad de que frene”, afirmó. De ese modo, la Argentina ofrece al Reino Unido la opción de detener las operaciones.
Quirno también cuestionó la participación de las compañías involucradas en la iniciativa y afirmó que “las empresas no solo están violando leyes nacionales sino tratados internacionales”. En paralelo, aseguró que la Argentina les ofrece la posibilidad de operar en el país. El planteo oficial busca marcar que el desarrollo petrolero en Malvinas puede derivar en conflictos legales.
Consultado por un encuentro en Punta Arenas entre unas 40 empresas chilenas y firmas vinculadas con Malvinas, Quirno indicó que el Gobierno mantiene conversaciones con las autoridades de Chile. Dijo que el diálogo sobre el tema es intenso y aludió al respaldo expresado por el presidente chileno, José Antonio Kast, al reclamo argentino de soberanía.
La postura de la Cancillería combina la intimación diplomática con la presentación del caso ante un tribunal internacional. Quirno insistió en que la explotación petrolera en Malvinas no debería avanzar mediante decisiones unilaterales y sostuvo que el plazo otorgado responde al procedimiento previo al arbitraje, mientras continúan las gestiones con Londres y Santiago.
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Milei nombró a Adolfo Cambiaso como embajador internacional del deporte
El Gobierno le asignó al polista Adolfo Cambiaso la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y le encomendó con carácter “ad honorem” el cometido de promocionar internacionalmente el deporte argentino.
Así se indicó en el Decreto 1116/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas y en el que se detalló: “Encomiéndase al señor Adolfo Cambiaso, con carácter “ad honorem”, el cometido especial de contribuir a la promoción internacional del deporte argentino”.
Asimismo, se añadió: “En particular del polo, como plataforma para fortalecer la imagen y el posicionamiento internacional de la República Argentina, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto”.
En el Decreto firmado por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, se señaló además: “Asígnase al señor Adolfo Cambiaso la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, al solo efecto del rango protocolar”
Cambiaso posee una extensa y destacada trayectoria deportiva que lo sitúa entre los principales referentes del polo argentino en el mundo, a la vez que sus méritos deportivos y su proyección internacional lo convierten en una figura idónea para contribuir a la difusión de los valores del deporte argentino y al fortalecimiento de la presencia del país en el exterior.
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Malvinas: polémica posición chilena
Las recientes declaraciones de Fernando Barros Tocornal, actual ministro de Defensa de Chile, encendieron las alarmas diplomáticas. El funcionario afirmó abiertamente que el Reino Unido es un país amigo que ejerce soberanía sobre las Malvinas, alineándose con la postura británica y distanciándose del histórico reclamo del Estado argentino.
La polémica postura de Chile sobre el conflicto por las Malvinas
Durante una entrevista concedida a Radio Polar de Magallanes, el jefe de la cartera castrense del gobierno de José Antonio Kast intentó ensayar un equilibrio formal, pero terminó dinamitando la postura histórica de apoyo irrestricto de su país hacia la Argentina. Barros Tocornal aseguró que, si bien apoyan el reclamo territorial, existe una situación de hecho donde se debe contemplar el derecho internacional "respetando la voluntad e interés de las personas involucradas".
Esta afirmación representa una grave confesión de alineación al mandato colonial. Al condicionar una solución a la voluntad de los isleños, el funcionario abraza directamente el argumento de la autodeterminación que utiliza Londres para eludir las negociaciones, contradiciendo la postura de la ONU.
Asimismo, el influyente abogado corporativo que comanda las Fuerzas Armadas de Chile relativizó los acuerdos firmados por su país en el marco del Mercosur, calificando a dichas declaraciones conjuntas como meros compromisos políticos "no obligatorios legalmente" y de carácter "parcial".
Respaldo a la ruta marítima comercial y desafío al Estado argentino
Lejos de tomar distancia de las polémicas logísticas en el sur del continente, el funcionario chileno blindó la operación mercantil proyectada entre Punta Arenas y el archipiélago. Al respecto, aseveró que la comunidad magallánica tiene "el derecho de ejercer el comercio" y que no ve ningún inconveniente en el desarrollo de esas actividades.
Esta definición oficial evidencia que el Palacio de La Moneda no pondrá obstáculos al primer zarpe previsto para noviembre de 2026 de la naviera Easter Island, el cual busca abastecer las exploraciones petrolíferas en la zona. Con este movimiento, se consolida una estrecha cooperación táctica con la corona británica en desmedro de la legislación argentina que busca sancionar el suministro a las actividades ilegales en el mar austral.
