País
Justicia fiscal y justicia de género: dos demandas urgentes e inseparables
16 de marzo de 2023
En Argentina, la desigualdad de género es un hecho: las mujeres realizan el 76% de las tareas domésticas no remuneradas, ganan en promedio un 29% menos que sus pares varones y constituyen el 70% de la población de menores ingresos. La responsabilidad del Estado es erradicar las brechas de género y, a través de ciertas políticas, se lograron algunos avances que tienden a ese objetivo. Por ejemplo, la Moratoria Previsional permitió el acceso a una jubilación a mujeres que trabajaron en el hogar y no habían realizado aportes formales al sistema previsional. Sin embargo, existen otras políticas a través de las cuales el accionar del Estado, en vez de mitigar, profundiza las brechas de género. Entre ellas se encuentra el carácter regresivo del sistema tributario, el sostenimiento de exenciones fiscales injustificadas y la toma desmedida de deuda pública.
Esta semana el FMI advirtió que el gobierno nacional deberá tomar medidas “tempranas y decididas» para abordar los costos fiscales de la Ley de Plan de Pago de Deuda Previsional aprobada en febrero y asegurar el cumplimiento de las metas fiscales acordadas con el Fondo. Esta moratoria permitirá acceder a 800.000 personas a una jubilación, que en su mayoría son mujeres que tuvieron a cargo tareas de cuidados no reconocidas ni remuneradas, o que transitaron parte de su vida en el mercado informal de trabajo. Sin embargo, el acuerdo con el FMI pone en peligro esta y otras políticas sociales claves para garantizar la igualdad de géneros, acentuando la brecha en el acceso a derechos por parte de las mujeres.
¿Cuál es el rol del Estado en la erradicación o profundización de las brechas de género? Para responder a esta pregunta analizamos el impacto de las decisiones en torno al cobro de impuestos, el gasto y el endeudamiento público.
Al analizar el gasto público vemos que el Ministerio de Economía identificó el 14,48% del presupuesto planeado para el año 2023 como “presupuesto con perspectiva de género (PPG)”, lo que significa que contribuye a cerrar brechas de género. Sin embargo, existen problemas históricos de subejecución en algunas políticas. Por ejemplo, el programa fortalecimiento edilicio de jardines infantiles, fundamental para una redistribución más justa de los cuidados, sufre recortes del presupuesto disponible y bajos niveles de ejecución hace años. A su vez, el proyecto de ley Cuidar en Igualdad prevé que el Ministerio de Obras Públicas destine al menos el 8.5% de su presupuesto a la ampliación de la infraestructura pública de cuidados y crea un registro nacional de trabajadoras y trabajadores, pero sigue sin ser tratado en el Congreso.
Uno de los argumentos más usados para justificar la falta de atención a estas políticas es la falta de recursos. Sin embargo, lo que hay es una falta de priorización. El costo de ampliar las licencias de cuidado para las personas gestantes, no gestantes y adoptantes (0,14% del PIB) es menor que la pérdida de recaudación que resulta por la exención injustificada del pago del impuesto a las ganancias por parte de magistrados/as y funcionarios/as del poder judicial nacional y provincial (0,16% del PBI).
También es clave preguntarse qué está pasando con la recaudación de impuestos: la manera en la que el Estado recauda es inequitativa: el sistema tributario es regresivo y tiene sesgos de género porque recauda más, en términos proporcionales, de impuestos regresivos como el IVA, que afectan desproporcionadamente a los sectores que menos tienen, dentro de los cuales las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas. Es imprescindible contar con impuestos equitativos que puedan erradicar la desigualdad de género, en vez de reproducirla.
Por último, para entender qué rol ocupa la deuda pública en todo esto es importante considerar que dos de las consecuencias más concretas, debidas principalmente al el corrimiento del Estado en la prestación de servicios públicos y protección social, son el aumento del endeudamiento doméstico y del trabajo no remunerado al interior de los hogares. Las mujeres trabajan más horas, tienen menos ingresos y hacen un aporte desproporcionadamente mayor al sistema tributario que los varones. Al mismo tiempo, son quienes se hacen cargo de atenuar, con su trabajo y endeudamiento, el impacto de la reducción en inversión social y otras condicionalidades impuestas por la deuda. Aun así, las políticas públicas necesarias para revertir estas desigualdades no son priorizadas.
Es clave que la resolución de la grave problemática de deuda que enfrenta Argentina no se realice a expensas de los derechos. El Estado asumió el compromiso de revertir la desigualdad estructural de género, y para eso debe utilizar las herramientas de política fiscal ¿cómo? asignando los recursos necesarios para financiar políticas de cuidados, contra la violencia de género y para la reducción de brechas en general; regulando los gastos tributarios y eliminando exenciones fiscales injustificadas; y haciendo más equitativa la recaudación de impuestos mediante un aumento en la progresividad de aquellos que recaen sobre la riqueza y los ingresos, como Bienes personales y Ganancias de personas.
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Adorni negó censura al periodismo
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó esta mañana que el gobierno del presidente Javier Milei haya censurado a la prensa acreditada en la Casa Rosada con el cierre de la sala de periodistas por más de una semana.
Hoy se produjo la reapertura pero no se permitió el ingreso de Canal 13 y TN, canal que emitió imágenes del interior de la Casa Rosada sin autorización oficial.
Adorni se mantuvo en que se trató de un "hecho grave" y que las decisiones sobre la seguridad interna de la Casa de Gobierno las maneja Casa Militar.
Respecto de las polémicas en torno a la compra de inmuebles y sus viajes al exterior realizando gastos que no se condicen con su declaración jurada, insistió en que la causa se encuentra en la Justicia y que sólo dará explicaciones en tribunales.
Luego no precisó en qué fecha presentará su nueva declaración jurada aunque afirmó que lo hará "en tiempo y forma". Tiene plazo hasta el 31 de julio.
Asimismo, el jefe de Gabinete confirmó que volverá a un esquema de ruedas de prensa frecuentes. Si bien explicó que no las daría a diario, sí dio a entender que tendrán mucha regularidad.
Otra pregunta tuvo que ver con las encuestas que indican una caída en la imagen positiva del gobierno de Milei. El funcionario sostuvo que no gobiernan pensando en los sondeos de opinión sino en "mejorar la calidad de vida de los argentinos".
Tampoco habló sobre el aumento salarial de más de mil funcionarios nacionales que tuvieron los sueldos congelados hasta 2025. Entre enero y junio se estima que recibirán una suba del 123% para compensar el tiempo sin incrementos. Al respecto, Adorni dijo que no leyó las notas periodísticas y que tampoco haría declaraciones.
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Donación de sangre: no más pedido de dadores de familiares
El Ministerio de Salud de la Nación actualizó las normas administrativas y técnicas que regulan el Sistema Nacional de Sangre. Luego de 10 años, la medida busca modernizar todo el proceso de donación y transfusión de sangre y el funcionamiento de los servicios de hemoterapia, inmunohematología y terapia celular del país para garantizar mayor seguridad tanto a los pacientes como a los donantes voluntarios.
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Los cambios fueron publicados en el Boletín Oficial, a través de la Resolución N° 536/2026, y la modificación más saliente es la referida al régimen de donación para paciente específico, es decir, los familiares no necesitarán impulsar colectas entre personas conocidas. Asimismo, la normativa actualiza los criterios de selección de donantes.
La resolución incorpora también nuevos lineamientos regulatorios para el procesamiento de terapias celulares así como de componentes especiales como el Plasma Rico en Plaquetas (PRP) y el Suero Autólogo Oftalmológico (SAO).
La medida entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y las instituciones tendrán un plazo máximo de dos años para implementar los cambios tecnológicos y estructurales requeridos.
"La medida reemplaza el modelo de donación de reposición, vinculada a un paciente específico, por un modelo de donación 100% voluntaria y habitual. En este sentido, se prohíbe explícitamente condicionar la atención médica o las cirugías a la presentación de donantes por parte del paciente o sus familiares. Las donaciones destinadas a un paciente específico, solo se permitirán cuando exista una justificación terapéutica. De esta manera, se deja de trasladar la responsabilidad de conseguir sangre a los pacientes y familiares, y se garantiza mayor seguridad transfusional, dado que el donante voluntario y habitual presenta menor prevalencia de infecciones transmisibles", apuntó la cartera sanitaria en un comunicado.
Respecto a los criterios de selección de donantes, el nuevo marco normativo elimina la exclusión de grupos poblacionales enteros considerados de riesgo y propone evaluar solo las conductas del donante (como prácticas sexuales específicas o uso de drogas) y la evidencia científica. También se elimina el ayuno previo y se recomienda beber al menos 500 ml de agua o bebidas con sales media hora antes de la extracción.
De igual modo, en sintonía con los avances en las pruebas de tamizaje, se actualizan los tiempos de espera para donar según factores de riesgo. "Se difiere la donación por 6 meses para quienes hayan tenido una nueva pareja sexual o más de una pareja sexual en los últimos 3 meses y hayan tenido relaciones sexuales anales, hayan utilizado estrategias orales de profilaxis de preexposisión o postexposición, se haya realizado tatuajes, piercings o procedimientos estéticos invasivos, o hayan permanecido en instituciones penales por más de 72 horas", apuntó la nueva normativa.
Red integrada de sangre
Las modificaciones presentadas consolidan un modelo de red integrada de sangre, con procesos coordinados, trazabilidad y mayor capacidad de respuesta. Para ello, fortalece los Centros Regionales de Hemoterapia y dispone la desactivación progresiva de los Bancos de Sangre Intrahospitalarios para alcanzar mayores estándares de eficiencia, efectividad y seguridad transfusional. Establece también para todos los centros de hemoterapia, bancos de sangre y servicios de medicina transfusional del país, la obligatoriedad de informatizar los registros y garantizar sistemas de trazabilidad. Esto significa que cada proceso, desde la promoción de la donación voluntaria hasta que la sangre llega al paciente, deberá estar rigurosamente protocolizado, controlado y auditado.
País
Gas: subsidio de 25% extra de las boletas de 4,7 millones de usuarios
El Gobierno nacional dispuso este lunes una bonificación extraordinaria del 25% sobre las tarifas de gas para el mes de mayo, que elevará al 75% el nivel de subsidio sobre el bloque de consumo alcanzado por el esquema oficial.
La medida dispuesta a través de la Resolución 11/2026 alcanza a 4.780.000 usuarios y apunta a amortiguar el impacto de la suba internacional de los precios de la energía en las facturas de los usuarios de menores ingresos.
La decisión fue formalizada a través de la resolución de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado a fines de 2025. Según se estableció, los usuarios que ya reciben asistencia estatal tendrán durante mayo un 25% adicional de bonificación, que se suma al 50% general vigente.
El esquema de subvenciones que comenzó a regir este año estableció una "base" de 50% de precio subsidiado para los usuarios alcanzados por subvenciones, más un 25% adicional que fue disminuyendo todos los meses (en abril, por caso, fue 18%). La decisión del Gobierno, en concreto, es que en mayo vuelva a ser excepcionalmente de 25%. Luego seguiría siendo reducido a lo largo del año.
En los considerandos de la norma, el Ejecutivo argumentó que el contexto energético internacional se encuentra afectado por “crecientes tensiones geopolíticas en regiones estratégicas”, lo que incrementó la volatilidad de los precios del gas. También señaló que, si bien la Argentina cuenta con producción propia, mantiene integración con el mercado global a través de importaciones de Gas Natural Licuado (GNL), por lo que las variaciones externas impactan en el costo de abastecimiento.
En ese marco, se indicó que “las variaciones en los precios internacionales impactan de manera directa en el costo de abastecimiento del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)”, lo que justifica la decisión de reforzar temporalmente la asistencia estatal.
La resolución establece que la bonificación adicional del 25% se aplicará exclusivamente durante mayo de 2026 y alcanzará tanto a usuarios residenciales como a entidades sin fines de lucro, como clubes de barrio y organizaciones de bien público, que estén incluidos en el régimen.
En paralelo, el Gobierno mantiene sin cambios la trayectoria de reducción de subsidios en el caso de la electricidad. Según el comunicado, en ese segmento “se mantiene la baja gradual de la bonificación extraordinaria, que comenzó en 25% en enero y terminará siendo 0% en diciembre de este año”.
“El Gobierno nacional continúa avanzando hacia una política de subsidios energéticos más simple, transparente y sostenible, que concentra los recursos en quienes realmente los necesitan, ordena la relación entre tarifas y costos y brinda mayor previsibilidad sobre el impacto de las facturas de luz y gas a lo largo del año”, se indicó en un comunicado.
