País
Tras la suba de precios, ¿se encuentra cara la carne bovina?
11 de febrero de 2023
Tras los últimos aumentos, la Fundación Mediterránea dio a conocer un comunicado titulado «Exportaciones récord de carne bovina del Mercosur en el 2022», presidida por María Pía Astor, que dice:
- En este documento se actualiza la comparación de precios consumidor de carne bovina en distintos países de la región que IERAL viene realizando y publicando desde comienzos del 2020, en colaboración con la Sociedad Rural del Noreste Santiagueño. Se trata de un tema particularmente relevante, considerando el peso que tiene este producto en la cultura de consumo local y los intentos que han desplegado históricamente los gobiernos, incluido el actual, para desacoplar los precios internos de sus valores de paridad internacional, a partir de distintas intervenciones sobre el mercado de exportación
- El interrogante principal que intenta responderse es si luego de los últimos aumentos de precios, observados en la segunda quincena de enero y comienzos de febrero, la carne bovina ha quedado cara en Argentina, no tanto en términos absolutos o en perspectiva histórica interna, sino más bien en relación a lo que vale en países limítrofes en los que, por cercanía, naturaleza del producto (commodity o cuasi commodity), nivel de desarrollo, posibilidad de intercambio comercial y otras cuestiones, sería de esperar precios relativamente similares (medidos en una misma moneda), particularmente entre países exportadores
- Se realizó un relevamiento en tiendas on line de supermercados en la tercera semana de enero y primera semana de febrero de este año (en este último caso sólo para Argentina), a los efectos de incorporar a Brasil en la comparación de precios de carne bovina en la región. Para Argentina se realizaron dos mediciones a los efectos de captar el traslado que habitualmente se produce a los precios consumidor de aumentos importantes en el precio de la hacienda; debe advertirse que el precio de los animales en pie, principales categorías, subió un 40% en lo que va de este año
- La medición realizada en la tercera semana de enero de 2023 reveló que el precio promedio de una canasta de 8 cortes de calidad media/alta en Argentina era de $1.780 por kilogramo. Sin embargo, en el relevamiento realizado en la primera semana de febrero, este precio había aumentado a $2.267 por kilogramo, representando un alza del 27,3%. En comparación, los mismos cortes tenían un promedio de $2.009 por kilogramo en Brasil, $2.606 por kilogramo en Uruguay y $2.893 por kilogramo en Chile. Se revisaron los valores al inicio de febrero y se encontró que no había ocurrido un cambio significativo que justificara un nuevo relevamiento para estos tres países
- En síntesis, los últimos precios disponibles en tiendas on line de supermercados revelan que el país sigue teniendo carne bovina más barata que Uruguay y Chile y que se estaría ubicando un 10%-12% por encima de Brasil, país que, debe recordarse, es líder exportador mundial y probablemente sea el de mayor competitividad (menores costos) en materia de precios de hacienda y carne bovina
- No está claro si el ajuste de precios de hacienda y carne va a continuar en el país en próximas semanas, dado que depende de la respuesta del consumidor frente a los nuevos valores, y de cómo responde la exportación frente a un negocio que ve reducido sus márgenes (ceteris paribus resto de variables); también será determinante cómo se adapten los productores de hacienda al nuevo escenario, de precios más altos y un clima que empezaría a regularizarse
- De todos modos, los valores que se pagan en la región, particularmente en los otros dos países exportadores bajo análisis en este informe (Brasil y Uruguay), son una referencia interesante: en estos países los precios medios de la canasta de cortes seleccionados se ubican en un rango de $ 2.000 – $ 2.600 / kilo, por lo que dado un precio actual promedio de $ 2.267 / kilo en Argentina, un 10%-15% de aumento llevaría el valor local al límite superior del rango antes estimado, un límite que parece alto para la situación económica general del país y la capacidad de pago de familias de ingresos medios y bajos.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
