JUDICIALES
POR LA ABSOLUCIÓN
26 de enero de 2023
«No hay dolo, no se pudo comprobar el plan para matar en esos siete minutos, no hubo estado de indefensión, sí hubo una agresión», aseguró Tomei durante su alegato. El delito prevé una pena máxima de seis años de prisión.
Hugo Tomei, abogado de los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, pidió este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores que sus defendidos sean condenados por el delito de «homicidio en riña», que prevé una pena máxima de seis años de prisión, o que, en su defecto, se los declare culpables por «homicidio simple con dolo eventual» y «se distribuyan las participaciones que el tribunal entienda» de cada uno, o por el delito de «homicidio preterintencional».
«No hay dolo, no se pudo comprobar el plan para matar en esos siete minutos, no hubo estado de indefensión, sí hubo una agresión», aseguró Tomei, quien además solicitó la nulidad del secuestro de los teléfonos celulares y las prendas de vestir de los imputados al momento de ser detenidos ya que «no se los comunicó los derechos que los asistían».
Tomei había señalado en la apertura de su alegato que representa a «ocho condenados por el poder mediático y la opinión pública», y adelantó que solicitará la absolución de sus representados.
«Considero que es otra forma de presionar al Poder Judicial y obtener una sentencia que tiene que ver con la opinión pública», aseguró Tomei ante los jueces y agregó: «Cualquier sentencia que sea contraria a la prisión perpetua, la comunidad en general va a pensar en actos del tribunal que no son propios y eso es falso».
Además adelantó que solicitará la absolución de los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa porque consideró que el hecho por el cual fueron imputados «no está probado» y que los acusadores «probaron otro hecho» durante el debate.
«Los acusadores probaron otro hecho», afirmó Hugo Tomei al apelar a cuestiones procesales y «fácticas» referidas en los argumentos que esgrimieron los fiscales y los letrados del particular damnificado durante sus alegados, en los que pidieron reclusión perpetua para los ocho acusados.
La defensa
El abogado defensor de los ocho imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero a la salida del boliche “Le Brique” de Villa Gesell, expusoe este jueves sus fundamentos en la segunda jornada de alegatos, luego de que la fiscalía y el particular damnificado pidieran este miércoles la pena de prisión perpetua para todos los acusados.
La estrategia de Tomei esbozada durante el debate oral se basó en demostrar que el crimen del joven estudiante de abogacía fue en el contexto de una pelea, por lo que sus lineamientos podrían apuntar hacia un «homicidio en riña o agresión», que según el artículo 95 del Código Penal prevé una pena de entre 2 y 6 años de prisión.
JUDICIALES
Minella bajo la lupa
La investigación judicial por la concesión del estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas sumará un nuevo capítulo con una medida que apunta directamente al principal accionista de la empresa concesionaria. Desde la ONG Mirada Ciudadana, que fue reconocida por la Justicia como querellante en la causa, confirmaron que enviarán un representante a San Pablo para profundizar la búsqueda de información sobre el Grupo Revee.
“Alguien del equipo viajará a San Pablo e incluso ya estamos trabajando con abogados de esa ciudad de Brasil para ver si podemos rastrear el dinero, las notas de crédito y otras cuestiones que los brasileños presentaron acá”, señalaron desde la entidad a LoQuePasa.net.
El objetivo será obtener documentación vinculada al origen de los fondos que la firma declaró al momento de participar en la licitación, además de conocer el estado de las causas judiciales que involucran al grupo empresario en Brasil por presunto lavado de activos.
La querella buscará determinar si el capital que la empresa aseguró poseer para respaldar su participación en el proceso licitatorio existió efectivamente y si fue suficiente para afrontar la inversión comprometida. Esa línea de investigación tomó mayor relevancia luego de que trascendieran distintos inconvenientes financieros de Minella Stadium S.A., entre ellos deudas con proveedores, servicios impagos y una importante cantidad de cheques rechazados por falta de fondos.
En paralelo, también se analizará la situación judicial del Grupo Revee en Brasil, donde aparece mencionado en investigaciones relacionadas con un presunto esquema de lavado de dinero que tendría vínculos con organizaciones criminales de ese país.
Mientras tanto, la empresa concesionaria intenta reorganizar su estructura accionaria con el ingreso de un nuevo socio mayoritario. Sin embargo, esa modificación aún requiere la autorización correspondiente y, hasta el momento, no hubo definiciones oficiales sobre si recibirá el aval del Municipio.
Con la incorporación de Mirada Ciudadana como querellante, la causa comienza a avanzar hacia una etapa en la que las medidas de prueba buscarán establecer si existieron irregularidades durante el proceso licitatorio y verificar el verdadero respaldo económico de quienes obtuvieron la concesión del principal escenario deportivo de Mar del Plata. (Loquepasa)
JUDICIALES
Piden la detención de Martín Insaurralde
El fiscal Sergio Mola pidió la detención de Martín Insaurralde, investigado por enriquecimiento ilícito. Es días después de la difusión de los videos de Jésica Cirio, a quién también le pidieron la captura, que muestran millones de dólares guardados en una casa del ex intendente de Lomas de Zamora.
Mola elevó el pedido al juez Luis Armella, que ahora decidirá el futuro del exintendente de Lomas de Zamora q quien se lo investiga por enriquecimiento ilícito y por lavado de dinero, luego de que fuera fotografiado en 2023 navegando por el Mediterráneo en el yate “Bandido” con Sofía Clerici como acompañante.
La causa fue sacudida por la aparición de videos de su exesposa Jesica Cirio contando millones de dólares en el vestidor de la casa que compartía con Insaurralde.
En las imágenes que tomaron estado público, se observa a la mediática grabando con su celular el interior de los cajones del vestidor de la casa que compartía con Insaurralde en el country de San Vicente, donde aparecen decenas de fajos de dólares guardados en bolsas plásticas, debajo de prendas de vestir.
Tras el conocimiento de los archivos, Armella ordenó allanamientos el domingo 21 de junio en los domicilios de Cirio, donde no se la encontró, y de Elías Piccirillo, su segundo exesposo. Piccirillo está acusado en otras dos causas. No obstante, mostró su celular y permitió su peritaje, el cual dio resultado negativo.
En un comunicado, la conductora televisiva había manifestado que el acceso a las grabaciones difundidas "han sido el producto de maniobras ilícitas”.
A su vez, en el mismo escrito, sostuvo: “Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”.
De este modo, y ante el conocimiento de que terceros tenían los videos, Cirio hizo la denuncia correspondiente.
JUDICIALES
El Gobierno flexibiliza trámite para designar jueces de la Corte
El Gobierno avanzó formalmente en la reconfiguración del sistema legal para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General de la Nación.
Mediante la publicación del Decreto 467/2026 en el Boletín Oficial, la administración de Milei dispuso una profunda reforma sobre los históricos decretos 222 y 588 del año 2003, flexibilizando los requisitos y suprimiendo etapas administrativas previas al envío de las postulaciones para los cargos mencionados.
La normativa, firmada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, elimina el filtro de exposición y observaciones ciudadanas que antes se desarrollaba bajo la órbita de la cartera judicial antes de la nominación formal.
El nuevo esquema deroga la obligación de publicar las candidaturas previamente para que sean de conocimiento público. A partir de ahora, la difusión de las hojas de vida y antecedentes de los aspirantes se canalizará exclusivamente mediante el Boletín Oficial y los portales web del Ministerio de Justicia, acortando sensiblemente los tiempos del trámite.
Bajo esta nueva modalidad, los nominados contarán con un margen de cinco días para aportar sus declaraciones juradas patrimoniales detalladas,
lcanzando tanto los bienes propios como los de sus cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, bajo los parámetros de la Ley de Ética Pública.
Otro de los puntos impacta en el rol de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si bien el Ejecutivo conservó la exigencia de evaluar el comportamiento impositivo y previsional de los postulantes, el nuevo texto establece por primera vez un tope máximo de cinco días para que el organismo fiscal elabore sus informes correspondientes, remarcando la obligación de preservar el secreto fiscal del candidato bajo análisis.
Finalmente, en términos de representatividad, el decreto firmado por Mahiques omitió replicar los criterios de sugerencia que contenía el texto original del año 2003, los cuales instaban al Presidente de la Nación a evaluar variables de diversidad de género, especialidades jurídicas y procedencia geográfica de los postulantes a la hora de estructurar la composición del tribunal supremo. (NA)
