JUDICIALES
Fiscalía pide perpetua
25 de enero de 2023
Los fiscales que intervienen en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en la localidad de Villa Gesell, pidieron hoy que los ocho acusados de matarlo a golpes sean condenados a prisión perpetua.
Tras un alegato de más de tres horas ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores, los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García consideraron acreditado que Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) son coautores del delito de «homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones».
El fiscal Dávila aseguró hoy en su alegato en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 en la puerta de un boliche de la localidad balnearia de Villa Gesell, que los ocho rugbiers imputados son «coautores» del homicidio porque tuvieron «el co-dominio del hecho, la posibilidad de emprender, proseguir y detener el curso causal del delito».
En el inicio de su exposición, el representante del Ministerio Público Fiscal ratificó la acusación inicial que postuló al comenzar el juicio el 12 de este mes, al afirmar que todos los imputados tuvieron una participación activa en el crimen del joven estudiante de abogacía.
Antes, su colega, el fiscal Gustavo García había considerado que los imputados atacaron «por sorpresa, a traición, sin que tuviera ninguna posibilidad de defenderse» a la víctima, y sostuvo que «no hubo pelea» entre ambos grupos, por lo que encuadró el delito en la figura de «homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con lesiones».
En las casi dos horas que duró su alegato, García repasó con la exposición de unas filminas la prueba presentada a partir de los testimonios de cuatro amigos de Fernando y tres empleados del boliche «Le Brique» de Villa Gesell, para referirse al incidente en el interior del lugar, que consideró «el móvil» que generó que lo mataran afuera.
La fiscalía exhibió las imágenes captadas adentro del boliche y analizadas por la Policía Federal Argentina, donde, según dijo García, «se observa a Máximo Thomsen señalando a alguien».
«Estamos convencidos de que era a Fernando y luego hace un gesto amenazante», expuso el fiscal.
Luego se reprodujeron en la sala de audiencias los videos sincronizados del momento en que son expulsados del boliche tanto el grupo de acusados como el de Fernando.
García dijo que tras la expulsión de «Le Brique», los acusados permanecieron «alrededor de siete minutos cerca de Fernando y sus amigos, acordando durante ese período de tiempo matar a Fernando Báez Sosa esperando el momento adecuado para hacerlo».
El abogado defensor Hugo Tomei cuestionó técnicamente la reproducción del video analizado por García porque entendió que «se asemeja más a una prueba que a un alegato» y consideró que es «un montaje» y «una prueba nueva» no adecuada para esta instancia, lo que fue rechazado por la presidenta del Tribunal, María Claudia Castro, quien dijo que el apoyo fílmico del alegato «es una metodología aprobada» y permitió que el Ministerio Público siguiera adelante.
García continuó con su alegato e hizo referencia a que «la alevosía agrava la menor posibilidad de defensa de la víctima» por una «situación de indefensión» y que «esta indefensión puede provenir por la inadvertencia de la víctima y también ser provocada por el agente».
En cuanto al concurso premeditado de dos o más personas, señaló que puede «ser instantáneo», «no requiere mucha deliberación» y que en este caso los imputados «siete minutos antes de iniciar el ataque se encontraron en la misma vereda a pocos metros de Fernando».
«De alguna manera en este hecho hubo una estrategia o una planificación de cómo iniciar el ataque», dijo.
El fiscal indicó que entre los ocho acusados «no hubo roles, todo hicieron todo, todo se pusieron de acuerdo para matar a Fernando, todos lo golpearon».
«No hubo pelea, obviamente que no hubo pelea», afirmó García, quien se refirió además la patada que dejó una impronta en el rostro de la víctima, y que de acuerdo a las pericias realizadas fue hecha con la zapatilla Cyclone que pertenecía a Thomsen: «Los toreros se llevan la oreja del toro, eso fue dejarle el sello a Fernando».
Luego reiteró que «hubo concurso premeditado de dos o más personas que se pusieron de acuerdo para matarlo y eligieron esa manera, con múltiples golpes de puño y patadas, sobre todo a la cabeza», por lo que aseguró que «no hay posibilidad» de encuadrarlo como «riña o agresión», tal como intentará demostrar la defensa.
Al igual que en las audiencias anteriores, los padres de Fernando, Silvino Báez y Graciela Sosa, están presentes en la sala al igual que los ocho imputados Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).
También están presentes los padres de los acusados, quienes ingresaron esta mañana a la sede judicial a bordo de una combi.
El abogado Fernando Burlando, quien representa a los padres de Báez Sosa, adelantó antes de ingresar a los tribunales de Dolores que en su alegato presentará un video con las imágenes ya incorporadas a la causa para sostener las acusaciones y adelantó que pedirá que se investigue por falso testimonio a al menos cuatro personas que declararon en el debate.
Mañana, en tanto, será el turno de la defensa técnica, cuya estrategia esbozada durante el debate oral se basó en demostrar que el crimen del joven estudiante de abogacía fue en el contexto de un «homicidio en riña o agresión», que según el artículo 95 del Código Penal prevé una pena de entre 2 a 6 años.
También para mañana se espera que los ocho imputados utilicen su derecho a las últimas palabras frente a los jueces Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, al igual que los padres de Fernando, tras como prevé la Ley de Víctimas. Una vez que finalicen los alegatos, el TOC 1 dará a conocer la fecha de la sentencia, que se prevé que será el 30 o 31 de enero. (Telam)
JUDICIALES
Minella bajo la lupa
La investigación judicial por la concesión del estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas sumará un nuevo capítulo con una medida que apunta directamente al principal accionista de la empresa concesionaria. Desde la ONG Mirada Ciudadana, que fue reconocida por la Justicia como querellante en la causa, confirmaron que enviarán un representante a San Pablo para profundizar la búsqueda de información sobre el Grupo Revee.
“Alguien del equipo viajará a San Pablo e incluso ya estamos trabajando con abogados de esa ciudad de Brasil para ver si podemos rastrear el dinero, las notas de crédito y otras cuestiones que los brasileños presentaron acá”, señalaron desde la entidad a LoQuePasa.net.
El objetivo será obtener documentación vinculada al origen de los fondos que la firma declaró al momento de participar en la licitación, además de conocer el estado de las causas judiciales que involucran al grupo empresario en Brasil por presunto lavado de activos.
La querella buscará determinar si el capital que la empresa aseguró poseer para respaldar su participación en el proceso licitatorio existió efectivamente y si fue suficiente para afrontar la inversión comprometida. Esa línea de investigación tomó mayor relevancia luego de que trascendieran distintos inconvenientes financieros de Minella Stadium S.A., entre ellos deudas con proveedores, servicios impagos y una importante cantidad de cheques rechazados por falta de fondos.
En paralelo, también se analizará la situación judicial del Grupo Revee en Brasil, donde aparece mencionado en investigaciones relacionadas con un presunto esquema de lavado de dinero que tendría vínculos con organizaciones criminales de ese país.
Mientras tanto, la empresa concesionaria intenta reorganizar su estructura accionaria con el ingreso de un nuevo socio mayoritario. Sin embargo, esa modificación aún requiere la autorización correspondiente y, hasta el momento, no hubo definiciones oficiales sobre si recibirá el aval del Municipio.
Con la incorporación de Mirada Ciudadana como querellante, la causa comienza a avanzar hacia una etapa en la que las medidas de prueba buscarán establecer si existieron irregularidades durante el proceso licitatorio y verificar el verdadero respaldo económico de quienes obtuvieron la concesión del principal escenario deportivo de Mar del Plata. (Loquepasa)
JUDICIALES
Piden la detención de Martín Insaurralde
El fiscal Sergio Mola pidió la detención de Martín Insaurralde, investigado por enriquecimiento ilícito. Es días después de la difusión de los videos de Jésica Cirio, a quién también le pidieron la captura, que muestran millones de dólares guardados en una casa del ex intendente de Lomas de Zamora.
Mola elevó el pedido al juez Luis Armella, que ahora decidirá el futuro del exintendente de Lomas de Zamora q quien se lo investiga por enriquecimiento ilícito y por lavado de dinero, luego de que fuera fotografiado en 2023 navegando por el Mediterráneo en el yate “Bandido” con Sofía Clerici como acompañante.
La causa fue sacudida por la aparición de videos de su exesposa Jesica Cirio contando millones de dólares en el vestidor de la casa que compartía con Insaurralde.
En las imágenes que tomaron estado público, se observa a la mediática grabando con su celular el interior de los cajones del vestidor de la casa que compartía con Insaurralde en el country de San Vicente, donde aparecen decenas de fajos de dólares guardados en bolsas plásticas, debajo de prendas de vestir.
Tras el conocimiento de los archivos, Armella ordenó allanamientos el domingo 21 de junio en los domicilios de Cirio, donde no se la encontró, y de Elías Piccirillo, su segundo exesposo. Piccirillo está acusado en otras dos causas. No obstante, mostró su celular y permitió su peritaje, el cual dio resultado negativo.
En un comunicado, la conductora televisiva había manifestado que el acceso a las grabaciones difundidas "han sido el producto de maniobras ilícitas”.
A su vez, en el mismo escrito, sostuvo: “Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”.
De este modo, y ante el conocimiento de que terceros tenían los videos, Cirio hizo la denuncia correspondiente.
JUDICIALES
El Gobierno flexibiliza trámite para designar jueces de la Corte
El Gobierno avanzó formalmente en la reconfiguración del sistema legal para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General de la Nación.
Mediante la publicación del Decreto 467/2026 en el Boletín Oficial, la administración de Milei dispuso una profunda reforma sobre los históricos decretos 222 y 588 del año 2003, flexibilizando los requisitos y suprimiendo etapas administrativas previas al envío de las postulaciones para los cargos mencionados.
La normativa, firmada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, elimina el filtro de exposición y observaciones ciudadanas que antes se desarrollaba bajo la órbita de la cartera judicial antes de la nominación formal.
El nuevo esquema deroga la obligación de publicar las candidaturas previamente para que sean de conocimiento público. A partir de ahora, la difusión de las hojas de vida y antecedentes de los aspirantes se canalizará exclusivamente mediante el Boletín Oficial y los portales web del Ministerio de Justicia, acortando sensiblemente los tiempos del trámite.
Bajo esta nueva modalidad, los nominados contarán con un margen de cinco días para aportar sus declaraciones juradas patrimoniales detalladas,
lcanzando tanto los bienes propios como los de sus cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, bajo los parámetros de la Ley de Ética Pública.
Otro de los puntos impacta en el rol de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si bien el Ejecutivo conservó la exigencia de evaluar el comportamiento impositivo y previsional de los postulantes, el nuevo texto establece por primera vez un tope máximo de cinco días para que el organismo fiscal elabore sus informes correspondientes, remarcando la obligación de preservar el secreto fiscal del candidato bajo análisis.
Finalmente, en términos de representatividad, el decreto firmado por Mahiques omitió replicar los criterios de sugerencia que contenía el texto original del año 2003, los cuales instaban al Presidente de la Nación a evaluar variables de diversidad de género, especialidades jurídicas y procedencia geográfica de los postulantes a la hora de estructurar la composición del tribunal supremo. (NA)
