JUDICIALES
Fiscalía pide perpetua
25 de enero de 2023
Los fiscales que intervienen en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en la localidad de Villa Gesell, pidieron hoy que los ocho acusados de matarlo a golpes sean condenados a prisión perpetua.
Tras un alegato de más de tres horas ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores, los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García consideraron acreditado que Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) son coautores del delito de «homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones».
El fiscal Dávila aseguró hoy en su alegato en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 en la puerta de un boliche de la localidad balnearia de Villa Gesell, que los ocho rugbiers imputados son «coautores» del homicidio porque tuvieron «el co-dominio del hecho, la posibilidad de emprender, proseguir y detener el curso causal del delito».
En el inicio de su exposición, el representante del Ministerio Público Fiscal ratificó la acusación inicial que postuló al comenzar el juicio el 12 de este mes, al afirmar que todos los imputados tuvieron una participación activa en el crimen del joven estudiante de abogacía.
Antes, su colega, el fiscal Gustavo García había considerado que los imputados atacaron «por sorpresa, a traición, sin que tuviera ninguna posibilidad de defenderse» a la víctima, y sostuvo que «no hubo pelea» entre ambos grupos, por lo que encuadró el delito en la figura de «homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con lesiones».
En las casi dos horas que duró su alegato, García repasó con la exposición de unas filminas la prueba presentada a partir de los testimonios de cuatro amigos de Fernando y tres empleados del boliche «Le Brique» de Villa Gesell, para referirse al incidente en el interior del lugar, que consideró «el móvil» que generó que lo mataran afuera.
La fiscalía exhibió las imágenes captadas adentro del boliche y analizadas por la Policía Federal Argentina, donde, según dijo García, «se observa a Máximo Thomsen señalando a alguien».
«Estamos convencidos de que era a Fernando y luego hace un gesto amenazante», expuso el fiscal.
Luego se reprodujeron en la sala de audiencias los videos sincronizados del momento en que son expulsados del boliche tanto el grupo de acusados como el de Fernando.
García dijo que tras la expulsión de «Le Brique», los acusados permanecieron «alrededor de siete minutos cerca de Fernando y sus amigos, acordando durante ese período de tiempo matar a Fernando Báez Sosa esperando el momento adecuado para hacerlo».
El abogado defensor Hugo Tomei cuestionó técnicamente la reproducción del video analizado por García porque entendió que «se asemeja más a una prueba que a un alegato» y consideró que es «un montaje» y «una prueba nueva» no adecuada para esta instancia, lo que fue rechazado por la presidenta del Tribunal, María Claudia Castro, quien dijo que el apoyo fílmico del alegato «es una metodología aprobada» y permitió que el Ministerio Público siguiera adelante.
García continuó con su alegato e hizo referencia a que «la alevosía agrava la menor posibilidad de defensa de la víctima» por una «situación de indefensión» y que «esta indefensión puede provenir por la inadvertencia de la víctima y también ser provocada por el agente».
En cuanto al concurso premeditado de dos o más personas, señaló que puede «ser instantáneo», «no requiere mucha deliberación» y que en este caso los imputados «siete minutos antes de iniciar el ataque se encontraron en la misma vereda a pocos metros de Fernando».
«De alguna manera en este hecho hubo una estrategia o una planificación de cómo iniciar el ataque», dijo.
El fiscal indicó que entre los ocho acusados «no hubo roles, todo hicieron todo, todo se pusieron de acuerdo para matar a Fernando, todos lo golpearon».
«No hubo pelea, obviamente que no hubo pelea», afirmó García, quien se refirió además la patada que dejó una impronta en el rostro de la víctima, y que de acuerdo a las pericias realizadas fue hecha con la zapatilla Cyclone que pertenecía a Thomsen: «Los toreros se llevan la oreja del toro, eso fue dejarle el sello a Fernando».
Luego reiteró que «hubo concurso premeditado de dos o más personas que se pusieron de acuerdo para matarlo y eligieron esa manera, con múltiples golpes de puño y patadas, sobre todo a la cabeza», por lo que aseguró que «no hay posibilidad» de encuadrarlo como «riña o agresión», tal como intentará demostrar la defensa.
Al igual que en las audiencias anteriores, los padres de Fernando, Silvino Báez y Graciela Sosa, están presentes en la sala al igual que los ocho imputados Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).
También están presentes los padres de los acusados, quienes ingresaron esta mañana a la sede judicial a bordo de una combi.
El abogado Fernando Burlando, quien representa a los padres de Báez Sosa, adelantó antes de ingresar a los tribunales de Dolores que en su alegato presentará un video con las imágenes ya incorporadas a la causa para sostener las acusaciones y adelantó que pedirá que se investigue por falso testimonio a al menos cuatro personas que declararon en el debate.
Mañana, en tanto, será el turno de la defensa técnica, cuya estrategia esbozada durante el debate oral se basó en demostrar que el crimen del joven estudiante de abogacía fue en el contexto de un «homicidio en riña o agresión», que según el artículo 95 del Código Penal prevé una pena de entre 2 a 6 años.
También para mañana se espera que los ocho imputados utilicen su derecho a las últimas palabras frente a los jueces Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, al igual que los padres de Fernando, tras como prevé la Ley de Víctimas. Una vez que finalicen los alegatos, el TOC 1 dará a conocer la fecha de la sentencia, que se prevé que será el 30 o 31 de enero. (Telam)
JUDICIALES
Ordenan suspender ordenanza de agroquímicos en Tandil y Rauch
La Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó suspender de manera preventiva la ordenanza que regula el uso de agroquímicos en el partido de Tandil, en el marco de una causa que también involucra a la Municipalidad de Rauch y que cuestiona la constitucionalidad de ambas normativas por su impacto ambiental sobre la Cuenca del arroyo Chapaleofú.
La cautelar se hizo a pedido de un grupo de vecinos de dicha cuenca y luego que estos hayan recibido el apoyo del procurador general Julio Conte Grand. El dictamen del fiscal reconoce la legitimidad del reclamo de pobladores de los distritos citados y de los de las localidades tandilenses de Gardey y Vela, donde rige una normativa aprobada en 2022.
El fallo del máximo tribunal suspende provisoriamente la aplicación de un artículo de una ordenanza de 2021 en Tandil que establece las distancias y condiciones para la aplicación de agroquímicos, y de otro artículo en Rauch hasta tanto se sustancien los requerimientos de información ordenados y se dicte una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión.
Además, se exigió a los intendentes de ambas localidades que en un plazo perentorio de diez días le eleven a ese cuerpo todos los antecedentes que dieron origen a las respectivas ordenanzas, antes de dictar un fallo definitivo.
En los considerandos, la Suprema Corte puso el foco en el potencial riesgo de contaminación del recurso hídrico, así como en la necesidad de adoptar decisiones judiciales acordes a los principios preventivo y precautorio que rigen en materia ambiental.
En ese marco, destacó que los límites previstos para la aplicación aérea de agroquímicos en ambas ordenanzas “prima facie se apartan de las pautas que la Provincia ha fijado” en su normativa general, lo que refuerza la necesidad de una evaluación más profunda. DIB
JUDICIALES
Investigan a Javier Faroni por el escándalo AFA
El empresario y ex diputado provincial por el Frente Renovador, Javier Faroni quedó envuelto en una investigación por la gestión del dinero de AFA en el exterior.
Según reveló el diario La Nación, el marplatense es socio y marido de Erica Gillette, titular de TourProdEnter LLC, empresa que adjudicó fondos a empresas fantasmas en EEUU.
Faroni, que intentó escapar a Uruguay después de que allanaran su casa en el marco de la investigación por el manejo de fondos en la AFA, tiene un largo recorrido en la Provincia, que lo llevó del mundo del espectáculo, donde cimentó su fortuna, a la política, a través de la cual fue diputado y casi compite por la intendencia de Mar del Plata, de la mano de Sergio Massa.
El empresario marplatense quedó en el centro de las sospechas el fin de semana, cuando una investigación periodística reveló que es titular de TourProdCenter, la empresa que tiene junto a su esposa, Érica Gillette, con la que se quedó con la representación de la AFA en el exterior. Desde allí, habría desviado al menos 42 millones de dólares de los 260 millones que habría facturado a través de cuatro compañías que ahora son investigadas.
Faroni, que tenía una vinculación previa con la AFA a través de otra empresa, la ticketera deportiva Deportick, es oriundo de Córdoba, pero su carrera despegó en una ciudad bonaerense, Mar del Plata, a los que sus padres se mudaron cunado él tenía 11 años. Fue allí que desarrolló una carrera en el mundo de la producción de espectáculos de temporada y un vínculo muy especial con el actor -ya fallecido- Carlos “Carlin” Calvo, que fue clave en esta etapa de su trayectoria.
Después Faroni desembarcó en Capital Federal, donde produjo espectáculos a través de Faroni producciones, una compañía que llegó a tener ocho espectáculos simultáneos en escena y es responsable de más de 60 puestas en su historia, muchas de ellas con figuras muy reconocidas.
La vinculación con la política de la provincia llegó a través de Sergio Massa, el líder del Frente Renovador. Se conocieron porque Faroni programó el teatro de Tigre Niní Marshall, entre 2007 y 2011. Ese vínculo se estrechó al punto que Faroni fue diputado provincial por el FR entre 2015 y 2019, mientras que su hermana Marcela lo fue entre ese año y 2023. Faroni tuvo además actuación política en Mar del Plata, donde coqueteó con una candidatura a intendente que declinó para postulante a la cámara Baja. Con Massa como ministro de Economía, durante el gobierno de Alberto Fernández, Faroni fue director de Aerolíneas Argentinas.
Massa y Faroni tuvieron una relación cercana, incluso familiar. Pero desde 2021, el productor se alejó del Frente Renovador y se centró en su actividad en la AFA. Hoy, su casa de Nordelta fue allanada por orden del juez de Quilmes Luis Armella. La Policía de Seguridad Aeroportuaria lo interceptó, además, en Aeroparque, cuando intentaba abordar un vuelo privado hacia Uruguay, ya que el magistrado ordenó que no salga del país. (TN/DIB/La NoticiaWeb)
JUDICIALES
Imputan a Tapia y a Toviggino por retener aportes jubilatorios en AFA
La Justicia dio un paso clave en una causa que sacude a la conducción del fútbol argentino. El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial imputó formalmente a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respectivamente, en una investigación por la presunta retención ilegal de aportes jubilatorios correspondientes a empleados de la entidad y de los principales clubes del país.
La acusación fue presentada ante el juez Diego Amarante y se centra en la falta de pago de contribuciones a la seguridad social por un monto que, según la denuncia, supera los $19.000 millones.
Se trata de la primera vez que Tapia y su principal colaborador quedan formalmente imputados en una causa de estas características.
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De acuerdo con fuentes judiciales, el expediente se originó a partir de una denuncia de la División Jurídica de Grandes Contribuyentes del organismo recaudador, que advirtió que la AFA habría retenido aportes previsionales y otros tributos a sus empleados sin efectuar el correspondiente depósito dentro de los plazos legales establecidos.
La conducta investigada encuadra, según el fiscal, en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, que sancionan la retención indebida de impuestos y contribuciones.
En su requerimiento de instrucción, Navas Rial imputó a Tapia en su rol de presidente y responsable de la administración de la clave fiscal de la AFA.
Además, sostuvo que, por la magnitud de la estructura económica de la entidad y los montos involucrados, resulta necesario ampliar la investigación a otros dirigentes vinculados al entramado societario que rodea a la asociación. Entre ellos mencionó a Cristian Ariel Malaspina y a Gustavo Lorenzo, ambos relacionados con empresas que, según la pesquisa, tendrían vínculos con el tesorero Toviggino.
Esta causa es una de las tres que se abrieron en los últimos días y que complican a la cúpula de la AFA. En paralelo, la Justicia también analiza otros expedientes que involucran a Tapia y a su entorno por presuntas irregularidades financieras, lo que podría derivar en procesamientos si se confirma la existencia de delitos.
En rigor, en el marco de la causa que analiza la compra de una propiedad de lujo en la localidad bonaerense de Pilar, presuntamente adquirida a través de testaferros vinculados a dirigentes de la entidad, el juez federal Marcelo Aguinsky ordenó nuevas medidas para profundizar la investigación.
Entre ellas, dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del inmueble con el objetivo de determinar si, en los días previos al allanamiento, se registraron movimientos llamativos, como el traslado de vehículos de alta gama o incluso caballos, un dato que llamó la atención de los investigadores por las características de la estancia.
Además, se realizará un procedimiento en la empresa Flyzar, propietaria del helicóptero que habría sido utilizado en la operatoria. La firma deberá entregar a la Justicia el listado completo de pilotos, pasajeros y vuelos realizados por la aeronave, información clave para reconstruir los desplazamientos vinculados a la causa.
Estas medidas fueron impulsadas luego de la presentación de un informe elaborado por el fiscal Eduardo Navas Rial, en el que se propuso avanzar con una serie de diligencias probatorias enfocadas en empresas presuntamente asociadas a Pablo Toviggino. (TN).
