JUDICIALES
Ciro Pertossi rompió el silencio
17 de enero de 2023
Ciro Pertossi (22), uno de los ocho rugbiers juzgados en los Tribunales de Dolores por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, rompió esta mañana el silencio para declarar que él no le dio una patada a la víctima y que «se frenó» cuando la vio tirada en el piso en la puerta del boliche «Le Brique».
El mayor de los dos hermanos Pertossi -el otro es Luciano (21)- pidió la palabra en momentos en que se reproducía en la sala de audiencias un video de la madrugada del ataque: «Este chico soy yo y quisiera aclarar que esa patada no la doy y que cuando me doy cuenta que el chico está en el piso me freno antes», dijo señalando con un puntero su imagen en la pantalla.
En su breve exposición, el imputado también se refirió al audio que tras el ataque les envió a sus amigos a través del grupo de WhatsApp «Los Boca3», en el que se lo escucha decir: «Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie».
«Quiero aclarar que cuando yo estaba viendo el teléfono, uno de los chicos dice que ya hay agite en Zárate, que nos habíamos peleado. Yo no quería que mis padres se enteren que nos habíamos peleado», señaló ante los jueces.
Luego, el imputado se negó a responder preguntas por parte de la fiscalía y de los abogados del particular damnificado.
La presidenta del Tribunal Oral Criminal 1, María Claudia Castro, le preguntó si había alguna cuestión sobre la que estuviera dispuesto a responder preguntas, a lo que Pertossi dijo que no, por lo que se dio por terminada su exposición.
Ciro Pertossi es el tercer imputado que pidió declarar ante los jueces luego de que lo hiciera la semana pasada su hermano, Luciano Pertossi (21), y ayer Máximo Thomsen (23).
Tras su breve intervención, declaró como testigo el ingeniero informático especializado en análisis digital forense Pablo Rodríguez Romeo, convocado por la defensa, quien cuestionó las actuaciones en las que fueron secuestrados los teléfonos celulares de los acusados, ya que «la cadena de custodia fue rota desde el inicio».
También se refirió a presuntas irregularidades cometidas al momento de la extracción de datos realizada por Policía Federal Argentina, porque «no cumplió los protocolos», al tiempo que aseguró que «de los teléfonos se eliminaron mensajes después del secuestro».
Para la jornada de hoy está previsto que también declaren las madres de Enzo Comelli (22), María Alejandra Guillén, y de Ayrton Viollaz (23), Erika Pizzatti, y el padre de Matías Benicelli (23), Héctor Eduardo Benicelli, y el de Luciano y Ciro Pertossi, Mauro Pertossi.
Estos testimonios estaban pautados inicialmente para mañana miércoles pero fueron adelantados por pedido de la defensa y, en ese cambio, fue desistido el de Ana María Tártara, madre de Lucas Pertossi (23), que sería así el único imputado del que no declarará ningún familiar directo.
También está citado Andrés Santiago Martín, oficial subayudante que intervino en la desgrabación de un audio del efectivo Maximiliano Rosso Suárez, quien asistió a la víctima tras el ataque frente al boliche «Le Brique».
Declararán además María del Carmen Badaloni, jefa de la sección psicología de la Asesoría Pericial La Plata, y Agustín Costa Shaw, un psicólogo clínico que intervino en la investigación penal suplementaria y que fue ofrecido en marzo de 2022 por la defensa, a cargo de Hugo Tomei como testigo de parte en una pericia psicológica y psiquiátrica a la que finalmente los imputados no aceptaron someterse por falta de «confianza» en el proceso judicial.
Aquella negativa de los acusados a ese peritaje diez meses atrás desató este lunes un contrapunto entre Tomei y el particular damnificado, que puso en duda el valor del testimonio de Shaw.
La discrepancia respecto de la declaración o no de este testigo será resuelta hoy por los miembros del tribunal, indicaron fuentes cercanas a la causa.
JUDICIALES
SANTO EMBARGO
San Lorenzo informó que en los últimos días debió enfrentar tres embargos distintos por "deudas heredadas" por directivos anteriores que acumulan un saldo que supera los USD 650.000.
La dirigencia del "Ciclón", liderada por Marcelo Culotta, continúa con una situación más que delicada; además de la "crisis" futbolística, afronta una nueva circunstancia hace tiempo con respecto al saneamiento contable tras haber asumido con un pasivo de más de 60 millones de dólares.
Por esto se le suma la retención por deudas con el exjugador Gonzalo Maroni, Alan Ignacio Poch (representante de los hermanos Pittón) y, por último, a Independiente de Villa del Rosario (club de formación de Nicolás Reniero).
En el caso de Maroni, llegó al club en 2022 bajo la gestión de Horacio Arreceygor, quien asumió ante la renuncia de Marcelo Tinelli como presidente; se trabó un embargo que asciende a los 261.250 dólares, sumados a los 83.000 en conceptos de honorarios profesionales por el juicio y su posterior ejecución.
A su vez, la dirigencia aclaró que los abogados que se encuentran trabajando actualmente no cobrarán remuneraciones por representar al club, como se hacía en gestiones pasadas.
Por el lado del representante de Bruno y Mauro Pittón, que arribaron en 2019 con Matías Lammens de presidente y Tinelli de vice, la retención de bienes se hizo sobre los ingresos a través de la empresa que, desde 2024, administra y procesa los cobros de cuotas sociales, aranceles, bonos y venta de entradas. El capital equivale a la suma de USD 175.000, más USD 52.500 en concepto de intereses y costas.
En la gestión de la directiva anteriormente mencionada de Lammens y Tinelli se gestó la venta de Nicolás Reniero en 2019, que fue transferido a Racing de Avellaneda, de la cual se adeudó el porcentaje sobre los derechos de formación que debió recibir el club Independiente de Villa del Rosario, el cual ejecutó el embargo sobre los ingresos de San Lorenzo por 68.678.400 pesos (70%), además de $105.000.000 de intereses y costas (sumas equivalentes en total a USD 113.145).
Para finalizar el comunicado, San Lorenzo remarcó que continúa con el trabajo para la regularización y readecuación de deudas heredadas, en busca de establecer esquemas de pago que permitan ordenar las obligaciones pendientes y reducir las contingencias económicas y judiciales para el club.
JUDICIALES
Nuevos Mediadores prejudiciales
Días atrás se registraron las firmas y sellos de los catorce nuevos mediadores-promoción 2026- del Departamento Judicial Mar del Plata, en el marco de una emotiva ceremonia celebrada en la sede del Colegio de Abogados, que transita sus primeros 70 años de vida institucional.
'Fue una hermosa reunión con la presencia de miembros del Centro de Mediación y de Consejeros titulares, miembros de Consejo Directivo representando a la autoridad colegial. Finalizado el encuentro, con las correspondientes toma de fotografías para el recuerdo, los presentes degustaron café con medialunas', informó en sus redes sociales el reconocido letrado Jorge Alberto Stinson, administrador experto del grupo de Mediadores Prejudiciales de Mar dell Plata y zona.
JUDICIALES
Causa Vialidad: embargan departamento de Cristina Kirchner donde cumple condena
La Justicia oficializó el embargo del departamento de la expresidenta Cristina Kirchner ubicado en la calle San José 1.111, donde actualmente cumple su condena por la causa Vialidad.
El Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 notificó este jueves al Registro de la Propiedad Inmueble la medida que recae sobre el inmueble en el que reside la exmandataria, que fue embargado preventivamente tras un nuevo pedido del fiscal Diego Luciani.
En el fallo emitido el pasado 12 de agosto, el tribunal conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso dispuso avanzar sobre los bienes inscriptos a nombre de Los Sauces SA y Hotesur SA, cuyas acciones están en manos de Máximo y Florencia Kirchner.
Se incluyeron además inmuebles en el Complejo Madero Center, en la Ciudad de Buenos Aires; como también el Hotel La Aldea Del Chaltén y otros ubicados en El Calafate y Río Gallegos, en Santa Cruz.
La Justicia había condenado a Cristina Kirchner a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por la adjudicación irregular de 51 licitaciones al Grupo Austral de Lázaro Báez entre 2003 y 2015, por obras en la provincia de Santa Cruz. (NA)
