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JUDICIALES

‘Yo no estaba ahí’

12 de enero de 2023

Luciano Pertossi afirmó hoy que él no estaba en el lugar donde señalaron los cuatro testigos de la Policía Federal Argentina (PFA) que lo identificaron en un video que era reproducido esta mañana en el juicio frente al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, en lo que fue la primera declaración de uno de los ocho imputados en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa.

«Quiero aclarar algo: yo no estaba ahí», afirmó Pertossi, luego de levantar sorpresivamente la mano en el recinto para pedir la palabra mientras se exhibía en la sala un video con una secuencia de la golpiza a la que fue sometido Fernando, al tiempo que hablaba el perito policial Andrés Bruzzese y el querellante Fabián Améndola le realizaba unas preguntas.

«Lucano Pertossi quiere hacer una declaración», dijo el defensor Hugo Tomei, interrumpiendo la exposición de los testigos, a quienes el tribunal les solicitó que se retiraran de la sala para darle la palabra al imputado.

Fue entonces que Pertossi se levantó y se sentó frente a los jueces para hacer esa aclaración y adelantar que no iba a responder las preguntas que le hizo en ese momento uno de los fiscales, Gustavo García.

«Yo aclaré eso. No quiero responder ninguna otra pregunta. No se molesten en hacer otra pregunta. No voy a responder», esgrimió en su escueta declaración ante los jueces.

El fiscal insistió en preguntar quién era entonces la persona vestida de negro que aparecía en los videos exhibidos durante la audiencia, a lo que el rugbier reiteró: «No voy a responder».

La declaración del más chico de los imputados Pertossi es la primera que realiza uno de los rugbiers acusados durante el debate oral al que son sometidos por el crimen del estudiante de abogacía.

También fue esta la primera vez que los padres de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez, tuvieron frente a ellos hablando a uno de los acusados.

A partir del testimonio conjunto de los peritos Yanina Cuenca, Agostina Matticoli, Ricardo Gabriel Pisoli y Bruzzese, especializados en análisis facial forense, se logró determinar la ubicación en el lugar del ataque de Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).

Los peritos precisaron que en los videos también pudo identificarse a Alejo Milanessi (22), imputado en el inicio de la investigación y sobreseído en abril de 2021.

Además, señalaron que también fue reconocido en el lugar, sobre la vereda y a pocos metros del cuerpo de la víctima, Tomás Colazzo (19), un amigo de los acusados a quien el particular damnificado apuntó siempre como «el sospechoso número 11»; quien era menor de edad al momento del homicidio.

Por pedido del abogado defensor Tomei, en la jornada de hoy las sillas en las que se ubican los ocho imputadas fueron corridas unos metros más adelante y al centro de la sala de audiencias, para que los rugbiers tuvieran una mejor visión de la pantalla donde fueron exhibidos los videos.

Durante la reproducción de los mismos, y en el momento que eran interrogados los peritos, Luciano Pertossi fue el acusado que se mostró más inquieto hasta el momento que levantó la mano y su abogado pidió que declare.

JUDICIALES

Minella bajo la lupa

La investigación judicial por la concesión del estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas sumará un nuevo capítulo con una medida que apunta directamente al principal accionista de la empresa concesionaria. Desde la ONG Mirada Ciudadana, que fue reconocida por la Justicia como querellante en la causa, confirmaron que enviarán un representante a San Pablo para profundizar la búsqueda de información sobre el Grupo Revee.

“Alguien del equipo viajará a San Pablo e incluso ya estamos trabajando con abogados de esa ciudad de Brasil para ver si podemos rastrear el dinero, las notas de crédito y otras cuestiones que los brasileños presentaron acá”, señalaron desde la entidad a LoQuePasa.net.

El objetivo será obtener documentación vinculada al origen de los fondos que la firma declaró al momento de participar en la licitación, además de conocer el estado de las causas judiciales que involucran al grupo empresario en Brasil por presunto lavado de activos.

La querella buscará determinar si el capital que la empresa aseguró poseer para respaldar su participación en el proceso licitatorio existió efectivamente y si fue suficiente para afrontar la inversión comprometida. Esa línea de investigación tomó mayor relevancia luego de que trascendieran distintos inconvenientes financieros de Minella Stadium S.A., entre ellos deudas con proveedores, servicios impagos y una importante cantidad de cheques rechazados por falta de fondos.

En paralelo, también se analizará la situación judicial del Grupo Revee en Brasil, donde aparece mencionado en investigaciones relacionadas con un presunto esquema de lavado de dinero que tendría vínculos con organizaciones criminales de ese país.

Mientras tanto, la empresa concesionaria intenta reorganizar su estructura accionaria con el ingreso de un nuevo socio mayoritario. Sin embargo, esa modificación aún requiere la autorización correspondiente y, hasta el momento, no hubo definiciones oficiales sobre si recibirá el aval del Municipio.

Con la incorporación de Mirada Ciudadana como querellante, la causa comienza a avanzar hacia una etapa en la que las medidas de prueba buscarán establecer si existieron irregularidades durante el proceso licitatorio y verificar el verdadero respaldo económico de quienes obtuvieron la concesión del principal escenario deportivo de Mar del Plata. (Loquepasa)

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JUDICIALES

Piden la detención de Martín Insaurralde

El fiscal Sergio Mola pidió la detención de Martín Insaurralde, investigado por enriquecimiento ilícito. Es días después de la difusión de los videos de Jésica Cirio, a quién también le pidieron la captura, que muestran millones de dólares guardados en una casa del ex intendente de Lomas de Zamora.


Mola elevó el pedido al juez Luis Armella, que ahora decidirá el futuro del exintendente de Lomas de Zamora q quien se lo investiga por enriquecimiento ilícito y por lavado de dinero, luego de que fuera fotografiado en 2023 navegando por el Mediterráneo en el yate “Bandido” con Sofía Clerici como acompañante.

La causa fue sacudida por la aparición de videos de su exesposa Jesica Cirio contando millones de dólares en el vestidor de la casa que compartía con Insaurralde.

En las imágenes que tomaron estado público, se observa a la mediática grabando con su celular el interior de los cajones del vestidor de la casa que compartía con Insaurralde en el country de San Vicente, donde aparecen decenas de fajos de dólares guardados en bolsas plásticas, debajo de prendas de vestir.

Tras el conocimiento de los archivos, Armella ordenó allanamientos el domingo 21 de junio en los domicilios de Cirio, donde no se la encontró, y de Elías Piccirillo, su segundo exesposo. Piccirillo está acusado en otras dos causas. No obstante, mostró su celular y permitió su peritaje, el cual dio resultado negativo.

En un comunicado, la conductora televisiva había manifestado que el acceso a las grabaciones difundidas "han sido el producto de maniobras ilícitas”.

A su vez, en el mismo escrito, sostuvo: “Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”.

De este modo, y ante el conocimiento de que terceros tenían los videos, Cirio hizo la denuncia correspondiente.

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JUDICIALES

El Gobierno flexibiliza trámite para designar jueces de la Corte


El Gobierno avanzó formalmente en la reconfiguración del sistema legal para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General de la Nación.

Mediante la publicación del Decreto 467/2026 en el Boletín Oficial, la administración de Milei dispuso una profunda reforma sobre los históricos decretos 222 y 588 del año 2003, flexibilizando los requisitos y suprimiendo etapas administrativas previas al envío de las postulaciones para los cargos mencionados.


La normativa, firmada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, elimina el filtro de exposición y observaciones ciudadanas que antes se desarrollaba bajo la órbita de la cartera judicial antes de la nominación formal.

El nuevo esquema deroga la obligación de publicar las candidaturas previamente para que sean de conocimiento público. A partir de ahora, la difusión de las hojas de vida y antecedentes de los aspirantes se canalizará exclusivamente mediante el Boletín Oficial y los portales web del Ministerio de Justicia, acortando sensiblemente los tiempos del trámite.

Bajo esta nueva modalidad, los nominados contarán con un margen de cinco días para aportar sus declaraciones juradas patrimoniales detalladas,

lcanzando tanto los bienes propios como los de sus cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, bajo los parámetros de la Ley de Ética Pública.

Otro de los puntos impacta en el rol de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si bien el Ejecutivo conservó la exigencia de evaluar el comportamiento impositivo y previsional de los postulantes, el nuevo texto establece por primera vez un tope máximo de cinco días para que el organismo fiscal elabore sus informes correspondientes, remarcando la obligación de preservar el secreto fiscal del candidato bajo análisis.

Finalmente, en términos de representatividad, el decreto firmado por Mahiques omitió replicar los criterios de sugerencia que contenía el texto original del año 2003, los cuales instaban al Presidente de la Nación a evaluar variables de diversidad de género, especialidades jurídicas y procedencia geográfica de los postulantes a la hora de estructurar la composición del tribunal supremo. (NA)

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