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Adiós a las recetas por mail y WhatsApp

27 de diciembre de 2022

El presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, Ricardo Pesenti, afirmó hoy que las únicas recetas que ya no tendrán validez para solicitar tratamiento en las farmacias son aquellas confeccionadas en papel y enviadas «como foto» a través de mail o Whatsapp, mientras que las prescripciones digitales o electrónicas «no son afectadas» por la reciente medida del Ministerio de Salud de la Nación.

La resolución Nº3622/2022 que entró en vigencia este lunes con su publicación en el Boletín Oficial, derogó la resolución Nº 696/20 del 31 de marzo de 2020, en el marco de la pandemia de coronavirus, que habilitaba la presentación en la farmacia de prescripciones confeccionadas por el personal médico en papel y enviadas «a través de aplicaciones de mensajería vía web, mail o fax», indicó el texto.

«A partir de hoy y sin excepciones, toda receta (manuscrita) tiene que llegar en forma física a la farmacia» y ya no se aceptarán «recetas en fotos», dijo a Télam Pesenti, quien aseguró que en los últimos meses «muchas obras sociales ya no las venían aceptando».

Tras el anuncio de la medida, el presidente de Confederación Farmacéutica Argentina enfatizó en la importancia de «aclarar que la foto de una receta no es lo mismo que una receta digital, que siguen vigentes».

Las digitales, explicó, son las prescriptas «con firma digital y sello de competencia de los médicos» en un software oficial que garantiza seguridad digital y trazabilidad, en el que el personal médico «ya está chequeado».

«En estos casos, la receta digital está dentro de un sistema al que la farmacia accede y el paciente no tiene que llevar nada (a la farmacia)», aclaró Pesenti, quien aseguró que la reciente resolución «no afecta a estas recetas electrónicas y digitales».

Estas últimas están contempladas por la Ley 27.553, que aún no está reglamentada pero que, según indicaron fuentes de salud a Télam, tiene «un expediente de reglamentación que se está tramitando en el Ministerio».

«Esperemos que se reglamente pronto para poder aplicarla con todas las ventajas que tiene, ya que la prescripción ahí es mucho más segura», expresó Pesenti y fomentó su uso «para facilidad del paciente y la prescripción».

En cambio, lo que ya no será posible es presentar una receta física «de puño y letra sellada por un médico», la cual se fotografía y envía por mail o Whatsapp, lo que fue válido durante la pandemia para la atención de patologías crónicas y eventualmente agudas.

«Esa resolución (fue tomada) cuando estábamos en aislamiento y no había posibilidades de que la población se movilice y vaya a buscar recetas a los consultorios médicos», repasó el farmacéutico.

Y explicó: «Esto conllevaba que había muchas recetas que se duplicaban, las fotocopias no salían muy legibles a veces, los médicos a veces se olvidaban de poner ‘emergencia covid-19’ entonces las obras sociales no las abonaban a las farmacias, entre otros problemas» para el trabajo diario de las farmacias.

«Se mantuvo durante casi tres años, pero ahora que estamos ya en una etapa superadora se está buscando volver a lo anterior», agregó.

En esa misma línea, el Ministerio de Salud de la Nación comunicó mediante un mensaje en su cuenta de Twitter que se trató de una «medida excepcional», que tenía como objetivo «disminuir la circulación de personas para disminuir la circulación del virus».

«De ninguna manera anula el uso de recetas electrónicas y/o digitales con firma electrónica y/o digital, que siguen plenamente vigentes», aclaró el Ministerio, que aseguró que la medida «lo que hace es formalizar la derogación de una resolución que de hecho ya no estaba vigente».

«En otro contexto epidemiológico y sanitario, como el actual, se vuelve necesario retornar a los procedimientos habituales, que permiten una mayor seguridad y trazabilidad y promueven el uso racional de medicamentos», aseguró la cartera sanitaria acerca de esta medida, que fue tomada «en consenso con los ministros y ministras de las 24 jurisdicciones en el Consejo Federal de Salud».

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Iglesia cuestiona baja de la edad de imputabilidad y pide más educación

La Conferencia Episcopal Argentina advirtió que centrar el debate solo en la pena simplifica una realidad compleja y reclamó políticas de prevención, acompañamiento y educación para niños y jóvenes.

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación frente a las propuestas que impulsan la baja de la edad de imputabilidad como respuesta a los delitos cometidos por menores y llamó a priorizar políticas de prevención, educación y acompañamiento comunitario.

En un pronunciamiento difundido en el marco de la memoria de san Juan Bosco, referente histórico en la educación y el acompañamiento de jóvenes, la Iglesia sostuvo que el debate centrado casi exclusivamente en la sanción penal deja en segundo plano las verdaderas causas del problema y las herramientas necesarias para evitar que los hechos se repitan.

Desde la CEA manifestaron su cercanía con el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos delictivos, aunque advirtieron que reducir la discusión a la edad de imputabilidad "corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja", que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.

En ese sentido, recordaron un documento de la Pastoral Social de marzo del año pasado, en el que se planteaban interrogantes que, según indicaron, siguen vigentes: el destino de los menores privados de libertad, la existencia de dispositivos adecuados en las provincias, las posibilidades reales de educación y reinserción social y la eficacia del sistema penitenciario como respuesta.

"La experiencia muestra cómo funcionan los establecimientos carcelarios y nos preguntamos si realmente creemos que esa es la solución", señalaron, al tiempo que reafirmaron la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada "humana, integral y abierta a la esperanza".

El comunicado destaca el legado de san Juan Bosco, quien promovía un sistema preventivo basado en la presencia cercana de los adultos, la educación, el trabajo y la vida comunitaria, sin negar los conflictos pero apostando a la inclusión y al desarrollo pleno de los jóvenes.

La Iglesia rechaza la baja de la edad de imputabilidad y pide cambios profundos en las políticas juveniles.

A 150 años de la presencia salesiana en la Argentina, la Iglesia reiteró su llamado a fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro y eviten respuestas tardías cuando el daño ya está hecho. "La verdadera prevención nace del cuidado compartido", subrayaron, y reclamaron familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes.

Finalmente, la Conferencia Episcopal sostuvo que la niñez y la juventud representan "una tierra sagrada donde se siembra el futuro" y pidió especialmente por los jóvenes más vulnerables.

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Los aumentos de febrero

El mes que comienza hoy volverá a ser un desafío para los bolsillos, ya que se esperan aumentos de todo tipo. Las subas incluyen al transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros sectores.

Los aumentos de febrero impactarán en los alquileres. Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento más moderado que los últimos meses y subirán 34,6%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Los valores que comenzarán a regir para los inquilinos en los casos en que corresponda actualizar el contrato con el propietario:

Contrato anual por ICL (Ley de Alquileres derogada).

  • Alquiler inicial: $ 400.000.
  • Ajuste anual: 34,6%.
  • Nuevo valor: $ 538.400.

Contratos post DNU sobre un alquiler de $ 500.000.

  • Ajuste trimestral (6,08%): $ 530.400.
  • Ajuste cuatrimestral (8,22%): $ 541.100.
  • Ajuste semestral (12,81%): $ 564.050.

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán el 2,80% en febrero. Este aumento también aplicará a los copagos.

La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) logró hace unas semanas la firma de un nuevo aumento salarial para enero, en el marco de las negociaciones paritarias con las tres principales operadoras del país, Claro, Telecom y Movistar.

En ese sentido, las empresas responsables de servicios de cable, Internet y telefonía comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de febrero, aplicarán un nuevo ajuste de tarifas, con un incremento que oscilará entre 2,8 y 3,5%, según el servicio y la operadora.

A partir de febrero entra en vigencia el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la luz y el gas.

Según se informó, se busca que el precio del servicio se pague de manera más pareja a lo largo de todo el año, para suavizar los históricos que se generan en los meses de mayor consumo.

El aumento en los servicios dependerá de los consumos de cada usuario y su situación patrimonial.

A nivel general, la Secretaría de Energía aseguró que con el nuevo esquema, en los meses de mayor demanda, el 35% de los usuarios de luz pagará una factura promedio inferior a $ 22.000; el 66%, menos de $ 44.000: y el 81%, menos de $ 67.000.

En el caso del gas, durante los meses de invierno el 56% de los hogares pagará una factura inferior a $ 14.000; el 75%, menos de $ 56.000; y el 83%, menos de $ 73.000. DIB

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Argentina recibiría deportados de otras nacionalidades desde EEUU

El prestigioso diario The New York Times asegura que hay conversaciones avanzadas entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par argentino , Javier Milei, para que Buenos Aires acepte inmigrantes que Washington no puede expulsar a sus naciones de origen.

De acuerdo a una investigación publicada este viernes por The New York Times, hay "conversaciones avanzadas" por este tema ya que se busca profundizar el alineamiento geopolítico entre ambas naciones.

La intención sería firmar un acuerdo que permita a la administración de Trump deportar inmigrantes de otras nacionalidades hacia la Argentina.

Ese pacto convertiría a la Argentina en un "tercer país" de acogida para expulsados que Washington no logra devolver a sus lugares de origen, ya sea por falta de relaciones diplomáticas o por la imposibilidad de obtener documentos de viaje.

Sin embargo, horas después Milei pareció desmentir esa información al repostear un mensaje del militante de La Libertad Avanza (LLA) Daniel Parisini, quien se hace llamar el Gordo Dan, en el que negaba las tratativas.

Esta nueva iniciativa se enmarca en la agresiva campaña de deportación masiva movilizada por la administración de Trump, que busca disuadir los cruces ilegales y descomprimir su sistema migratorio derivando a los detenidos hacia naciones aliadas.

Para el gobierno de Milei, aceptar esos traslados representaría un gesto de alto valor para fortalecer su alianza con Estados Unidos, incluso a riesgo de contradecir su propia retórica de endurecimiento fronterizo a nivel local.

El New York Times destaca que esas charlas ocurren mientras la Casa Rosada intensifica sus propios operativos de control migratorio y reivindica cifras récord de expulsiones.

El mecanismo de "tercer país seguro" o acuerdos similares suelen utilizarse para enviar a nacionales de países con los que Estados Unidos tiene relaciones tensas o nulas, usándolos también como mensaje disuasorio para futuros migrantes.

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