País
Otro incendio en un campo
24 de agosto de 2020
Por segunda vez en tres meses, el campo del vice de CRA Gabriel De Raedemaeker en Oliva, Córdoba, soportó un incendio. “Angustia, frustración, pesar, rabia, impotencia. Solo algunas de las sensaciones que se experimentan frente a la injusticia”, comienza diciendo un comunicado emitido hoy por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), tras el incendio ocurrido en el establecimiento del vicepresidente de la entidad, Gabriel De Raedemaeker, que hace apenas tres meses sufrió una situación similar.
Como se recordará, el 26 de mayo último, el dirigente ruralista –productor de la zona de Oliva en Córdoba- sufrió la quema de 30 has de maíz y 10 de trigo, en uno de los campos que él, junto a su familia, heredaron de su bisabuelo quien fue productor de la zona hace más de 100 años.
Sigue diciendo CRA que “un rayo no cae nunca dos veces en el mismo lugar, según canta un artista. Las brujas no existen, pero que las hay…las hay, pregonan los más sugestionables. Las casualidades tampoco existen. Sin embargo, llamativamente, un campo parece que se puede incendiar dos veces en el mismo lugar en menos de tres meses. No se trata ni de magia ni de brujería”.
“Desaprensión, desidia, falta de educación o simple ignorancia”, son las palabras utilizadas por la entidad que conduce Jorge Chemes, para calificar el hecho ocurrido.
“A nadie se le ocurriría arrojar un cigarrillo encendido entre las sábanas del lecho conyugal o dentro de un tanque de combustible. Pero parece que sí en la banquina sucia y descuidada de una ruta, desde la ventanilla de un vehículo, junto a un campo. A ninguno parecen importarle los daños que puedan sufrir los productores de alimentos.
“El Gobierno Nacional no hace nada por reivindicar el valor que la actividad productiva agropecuaria tiene para el país y la sociedad en su conjunto. Sólo le interesa asfixiarla y exprimirla fiscalmente para hacerse de recursos genuinos que el Estado es incapaz de generar, pero eficaz y certero a la hora de su despilfarro sistemático y grosero”.
A los repetidos ataques a silobolsas y los incendios intencionales que vienen padeciendo los productores agropecuarios en la Argentina se le deben sumar los “descuidos accidentales” que producen cuantiosos perjuicios económicos y ambientales, daños de los que nadie se hace cargo”.
RECLAMO A LOS POLÍTICOS
El comunicado ruralista tiene una mención y reconocimiento aparte para los bomberos voluntarios, “cientos de héroes anónimos y desinteresados que ponen en riesgo su vida por amor a su vocación de servicio a la comunidad. La inmensa mayoría de servidores públicos que congestionan despachos y oficinas de todos los niveles de gobierno deberían imitarlos”, dice.
“Mientras tanto –agrega el documento- los proyectos legislativos para condenar los hechos de vandalismo agropecuario continúan demorados, a la espera de resolución de una agenda que parece sólo abocada a resolver las urgencias de una reforma judicial planteada a la medida del poder de turno”.
Entre otros conceptos, CRA dice que “se pregonan el aumento de las exportaciones y la generación de nuevos puestos de trabajo, música para los oídos distraídos de circunstanciales destinatarios de vacíos discursos tribuneros, pero nada se dice sobre cómo proteger al productor primario, eslabón fundamental sobre el que se nutre todo el resto de la cadena agroindustrial.
“Más temprano que tarde, todos los sectores, públicos y privados, deberán sentarse a discutir en serio un modelo de país sustentable e inclusivo, sin espacio para corruptos ni oportunistas”.
El campo del vice de CRA (Confederación Rural Argentina) Gabriel De Raedemaeker en Oliva, Córdoba, soportó un incendio
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Reforma Laboral: la Corte rechazó el per saltum que planteó el gobierno
La Corte Suprema rechazó el pedido del gobierno nacional de aplicar un per saltum para que la discusión judicial por el debate judicial en torno a la reforma laboral, que la CGT cuestionó por inconstitucional, luego de que fuera aprobada el febrero pasado en el Congreso.
La decisión de la Corte se conoce luego de que la Cámara de Trabajo enviara la causa al Fuero Contencioso Administrativo, lo que en principio fue un revés para la central sindical, que buscaba que la causa se sustancie en el fuero laboral.
La Corte, en cambio, le dio una mala noticia, aunque relatiuva, al Ejecutivo, que buscaba el salto de instancia para acelerar un proceso que con apelaciones y contra apelaciones probablemente termine en el máximo tribunal, aunque demore para ello más tiempo.
La Secretaría de Trabajo, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, había presentado a mediados de abril el per saltum para revertir la sentencia del juez laboral Raúl Ojeda, que dictó una cautelar que suspendió 82 artículos de la ley sancionada por el Congreso.
Pero antes del fallo de la Corte de hoy, la Cámara de Trabajo ya había puesto en vigencia nuevamente los artículos suspendidos. Es porque los jueces Arturo Pesino y María González rechazaron el efecto suspensivo que el juez Ojeda le había dado a la apelación.
El per saltum es saltar una instancia judicial para que la Corte Suprema intervenga directamente en una causa. El gobierno de Javier Milei había alegado, entre otros argumentos, que el juez Ojeda no era el competente para intervenir y por eso reclamaba la urgente intervención del máximo tribunal ante la suspensión de parte de la norma.
En el fallo que se conoció este jueves, la Corte Suprema sostuvo que a juicio de la Corte "no se observan los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habilitan la procedencia de la vía cuya apertura se promueve mediante el recurso por salto de instancia".
Ante esto, concluyó que "se declara inadmisible el recurso interpuesto" por el Gobierno el pasado 16 de abril.
¿Qué dispone la reforma?
Entre los 80 artículos suspendidos y puestos otra vez en vigencia por la Cámara de Trabajo se encuentran el de Indemnizaciones y Contratos (Ley 20.744), que modifica el cálculo de indemnizaciones e implica la extensión del período de prueba.
También el ítem Solidaridad y Tercerización, que limita la responsabilidad de las empresas en casos de tercerización (artículos 16, 17 y 18 de la norma), manteniendo la solidaridad amplia.
Además están incluidos el banco de horas y las nuevas regulaciones sobre horas extras; a lo que se suma la facultad unilateral del empleador para modificar condiciones de trabajo.
La ley de reforma laboral se aprobó el 27 de febrero y se promulgó el 6 de marzo. El proyecto de reforma laboral había recibido media sanción en la Cámara alta el 12 de febrero. Pero la inclusión del famoso artículo 44, sobre las licencias laborales por enfermedad, levantó polémica y el oficialismo lo sacó antes del tratamiento en Diputados.
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Escándalo en la AFA: los veedores judiciales no pudieron entrar
Los técnicos del Ministerio de Justicia se encontraron con la sede de Viamonte cerrada y un cartel que derivaba la atención a Pilar. La IGJ investiga inconsistencias por USD 450 millones en los balances de la gestión de Claudio Tapia.
En un nuevo capítulo de la creciente tensión entre la Casa Rosada y la conducción de Claudio "Chiqui" Tapia, los veedores designados por el Ministerio de Justicia de la Nación no pudieron ingresar este miércoles a la sede histórica de la calle Viamonte. El operativo, que buscaba dar inicio a una fiscalización de 180 días sobre los balances y contratos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), terminó con una nota dejada por debajo de la puerta y un conflicto de jurisdicciones que promete escalar a la Justicia.
El abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena, enviados oficiales del Gobierno, llegaron a las 13 a la sede central con el objetivo de requerir documentación contable y administrativa. Sin embargo, se encontraron con el edificio cerrado y un cartel que indicaba que la administración debía buscarse en un predio de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.
El conflicto por el domicilio y los US$ 450 millones
La Inspección General de Justicia (IGJ) sostiene que la AFA ha fallado en explicar inconsistencias por USD 450 millones en sus balances de los últimos ocho años. Además, el Gobierno investiga la creación de una universidad no registrada y contratos con empresas bajo la lupa por presunto lavado de dinero, como TourProdEnter y SurFinanzas.
El intento de la AFA de trasladar su sede social a Pilar es visto por el Ministerio de Justicia como una "maniobra de evasión" para salir de la órbita de control de la IGJ (que tiene competencia en CABA) y pasar a la jurisdicción bonaerense. Esta mudanza ya había sido rechazada por el organismo estatal al constatar que en el predio de Pilar no existen instalaciones administrativas operativas.
PUERTAS CERRADAS. El abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena llegaron a la sede de la AFA para iniciar la veeduría, pero debieron dejar el pedido bajo la puerta al no ser recibidos por ninguna autoridad.
Fotos: RSFotos
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Pesqueros extranjeros ingresan a Mar Argentino en busca de resguardo
La Prefectura Naval Argentina monitorea el ingreso de más de 140 buques pesqueros extranjeros a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) ante el fuerte temporal pronosticado para el Atlántico Sur.
La tarea fue adoptada luego de que distintas empresas y asociaciones pesqueras solicitaran refugio preventivo frente a las condiciones meteorológicas adversas previstas para los próximos días. En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de temporal para la región, difundido a la comunidad marítima a través de las estaciones costeras de la Prefectura Naval Argentina desplegadas sobre el litoral marítimo.
Las embarcaciones permanecerán en sectores determinados de la ZEEA durante aproximadamente tres días.
La Prefectura estableció que los buques deberán cumplir estrictamente las disposiciones establecidas por el Régimen Federal de Pesca y por el “Procedimiento de actuación ante solicitud de la flota pesquera extranjera para ingresar a la Zona Económica Exclusiva Argentina en busca de resguardo por condiciones meteorológicas desfavorables”, implementado en el marco de las facultades del Estado ribereño y de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Entre las medidas impuestas se encuentra la prohibición absoluta de realizar tareas de pesca, investigación o exploración mientras permanezcan dentro de aguas jurisdiccionales argentinas. Asimismo, las embarcaciones deberán mantener sus artes de pesca aseguradas sobre cubierta, conservar apagadas las luces vinculadas a maniobras pesqueras y mantener activos de forma permanente los sistemas AIS de identificación y posicionamiento para permitir el monitoreo continuo por parte de la Autoridad Marítima.
Además, los capitanes deberán, por razones de seguridad de la navegación y preservación de la vida humana en el mar, mantener escucha radial permanente con la estación costera correspondiente e informar periódicamente su posición durante toda la permanencia en la zona de abrigo.
En paralelo, la flota pesquera nacional también adoptó medidas preventivas y se desplazó hacia áreas seguras para evitar los efectos del temporal.
La Prefectura Naval Argentina informó que continuará realizando el seguimiento permanente de las embarcaciones mediante el Sistema Guardacostas y las distintas estaciones costeras desplegadas a lo largo del litoral marítimo, manteniendo informadas a las autoridades nacionales competentes sobre la evolución de la situación.
