Mediante Ordenanza Nº 21.017/25, se creó en el ámbito del partido de General Pueyrredon la Mesa de Trabajo Intersectorial “Escuelas Libres de Violencias”, con el objetivo de “promover la prevención, abordaje, acompañamiento y seguimiento de situaciones de violencia en el ámbito escolar, tanto en instituciones de gestión estatal, municipal como de administración privada”.
Por ello, se llevó a cabo la realización de la convocatoria inicial de esta Mesa de Trabajo, en el marco de una jornada que fue presidida por la concejal Florencia Ranellucci, vicepresidente 2º del cuerpo deliberativo.
Asistieron el secretario de Educación, Fernando Rizzi; junto a otros integrantes del o Ejecutivo. Y los concejales Mariana Cuesta, Diego García, Valeria Crespo, Liliana Píccolo, Eva Ayala, Melisa Centurión, Solange Flores, Noelia Ríos, Vilma Baragiola, Guido García, Rolando Demaio, Marcelo Cardoso, Ricardo Liceaga Viñas y Julián Bussetti.
En primer término, Ranellucci dio la bienvenida: “Nos convoca una mesa que fue avalada y acompañada por todos los bloques. Es un tema que nos atraviesa a todos, que nos preocupa y nos ocupa. Estamos acá generando agenda, proponiendo y compartiendo propuestas y preocupaciones. El diálogo será un puente hacia la búsqueda de las resoluciones”.
A continuación se abrió el uso de la palabra a los representantes académicos y gremiales presentes.

Conformación de la Mesa

La Mesa de Trabajo está integrada por miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia e Investigación del HCD, Jefatura Regional de Gestión Estatal N°19, Jefatura Regional de Gestión Privada N° 19, Jefatura Distrital de Educación de General Pueyrredon, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad, Consejo Escolar de General Pueyrredon, Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos y Consejo Local de niñas, niños y adolescentes.

Tambien integran la mesa, funcionarios de la secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, Fuero Penal Juvenil y de Familia y Fiscalías con competencia territorial en el Municipio, fuerzas de Seguridad, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), sindicatos docentes, Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales vinculadas a la niñez y la educación y Sindicato de Auxiliares.
Sus funciones son: relevar y sistematizar las situaciones de violencia en el ámbito educativo local, coordinar la intervención intersectorial de los distintos organismos ante cada situación, acompañar a las comunidades educativas afectadas, garantizando la protección integral de todos sus miembros, promover instancias de resolución pacífica de conflictos, convivencia y mediación escolar y elaborar protocolos y recomendaciones para la prevención tanto como el tratamiento de estas problemáticas.
La Mesa de Trabajo se encontrará bajo la coordinación del Honorable Concejo Deliberante, que dispuso las pautas para garantizar su funcionamiento. La próxima convocatoria será en, aproximadamente, un mes. La intención es darle continuidad a la elaboración de propuestas, para que “este ámbito sea de escucha, pero fundamentalmente de búsqueda de soluciones”, como se expresó en el epílogo de la jornada.

El juez federal Alfredo Eugenio López presentó su renuncia al cargo y el Gobierno nacional solicitó al Consejo de la Magistratura que informe si el magistrado registra denuncias o procesos disciplinarios en trámite antes de avanzar con su eventual aceptación.

La comunicación fue enviada al presidente del organismo, Horacio Rosatti, y se enmarca en el procedimiento administrativo previo que exige verificar la situación institucional del funcionario judicial. Según consta en la nota oficial, el pedido apunta a conocer si existen actuaciones ante la Comisión de Disciplina y Acusación, así como el estado de las mismas.

El magistrado, titular del Juzgado Federal N° 4 formalizó su dimisión con fecha efectiva el 8 de abril, en un contexto de fuerte presión institucional, luego de que avanzara en el Consejo de la Magistratura un expediente en su contra por presunto mal desempeño.

De acuerdo con las denuncias analizadas, López fue cuestionado por publicaciones en redes sociales consideradas incompatibles con la investidura judicial, entre ellas expresiones calificadas como antisemitas por distintas organizaciones. El caso había sido elevado al plenario del Consejo y se encontraba en condiciones de avanzar hacia el jury de enjuiciamiento.

En ese marco, el requerimiento del Poder Ejecutivo busca determinar si la renuncia puede ser aceptada sin afectar eventuales procesos disciplinarios en curso, ya que la normativa prevé que, ante la existencia de causas abiertas, se evalúe el impacto institucional de la dimisión.

Fuentes judiciales señalaron que el Consejo de la Magistratura deberá responder el informe solicitado, tras lo cual el Gobierno quedará en condiciones de definir si acepta o no la renuncia del magistrado.

El caso de López se inscribe en una serie de actuaciones recientes del organismo que selecciona y controla a los jueces, en las que se analizan conductas extrajudiciales y su eventual incompatibilidad con el ejercicio de la función.