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‘Los K hablan del peronismo cuando necesitan usar el sello’
17 de noviembre de 2022
Fue senador durante 22 años y presidió Argentina -como tercera autoridad del Estado- por 280 días; tomó juramento a Carlos Menem, su hermano, cuando este asumió el cargo como mandatario en 1989, y lideró la Convención para la reforma de la Constitución en 1994.
Eduardo Menem sigue perteneciendo al Partido Justicialista. «No he cambiado mi afiliación, pero hoy no me siento representado por las autoridades que se hicieron cargo del partido, porque son kirchneristas», expresa el abogado durante la entrevista.
Muy crítico con la «confrontación permanente» que, considera, se ha instalado en la política argentina «desde 2003», con los mandatos de Néstor Kirchner (2003-2007), Cristina Fernández (2007-2015) y el actual de Alberto Fernández, siente que «el kirchnerismo ha colonizado al peronismo».
«Hablan del peronismo cuando necesitan usar el sello, pero, si no, hablan de Frente de Todos, antes Frente para la Victoria, hablaban de Unidad Ciudadana… Pero no nombraban al peronismo. Cuando lo necesitan, sí. Creo que han desvirtuado los principios fundamentales del peronismo», afirma Menen a la agencia EF, en una nota reproducida por el diario porteño La Prensa.
MENEM POR MENEM
Frente a lo que él llama «la política como conflicto» y califica de «clima de odio», defiende los dos gobiernos de Carlos Menem señalando que «se vivía un clima de democracia y no había enfrentamiento como hay ahora, donde se habla de la brecha».
«Si hay algo de lo mucho que se puede rescatar del presidente Menem es que estableció en el país un clima de no confrontación, un clima de concordancia, un clima de buenas relaciones, un clima sin persecuciones, no se persiguió a nadie, no había listas negras en los medios», explica el ex senador.
Menem resalta la política económica, que incluyó la convertibilidad peso-dólar en un contexto de hiperinflación y la privatización de empresas estatales, y la exterior -con la inclusión de Argentina en la creación del Mercosur en 1991- como aspectos relevantes de la gestión de su hermano.
«Esto no gustó a los de izquierda, otros vieron con envidia que Menem hizo cosas que ellos no pudieron hacer y empezó una campaña de demonización» de su figura, «que llegó a límites ridículos», denuncia Eduardo Menem, ocho años menor que el ex presidente, fallecido en 2021.
En su opinión, «la gente pudo planificar un futuro», mientras que en la actualidad «cambian las reglas del juego todos los días», lo que «no es saludable para traer inversiones» a Argentina.
«El problema de nuestro país es que el Estado no genera confianza, el Gobierno no genera confianza, no hay seguridad jurídica», expresa.
A sus 84 años, y tras dejar el Senado en 2005, mantiene una vida activa, que incluye gimnasia doméstica y el ejercicio intelectual que siempre cultivó, como el que le llevó a presentar su tesis doctoral en 2011, 48 años después de finalizar la carrera de abogado, y publicar libros como «Derecho procesal parlamentario» o «Los derechos de la mujer».
El miércoles pasado presentó en Buenos Aires su última obra, «Crónicas de la Convención Constituyente de 1994» (Ciudad Argentina, 2022), un escrito de 720 páginas sobre lo que califica como el «desafío más grande» de su vida.
«Estuve al frente del Senado 10 años, estuve a cargo del Poder Ejecutivo 284 días, pero el desafío más grande fue presidir la Convención Constituyente que reformaba la ley fundamental de nuestro país. Presidir eso para mí fue una gran responsabilidad, pero también un gran honor», explica.
La reducción del mandato presidencial de 6 a 4 años,, el secreto profesional o la creación del defensor del pueblo fueron incorporaciones en aquella reforma que, según Menem, fue la «más legítima y democrática de toda la historia argentina» y que pudo llevarse a cabo por el «clima de mayor tolerancia» presente en el país tras el fin de la última dictadura militar.
Por Concepción M. Moreno, Agencia EFE
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Diputados debatirá la baja de la edad de imputabilidad el 12 de febrero
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y tratarlo en el recinto de sesiones el día siguiente.
La Libertad Avanza, junto a los bloques dialoguistas, buscará sancionar el próximo jueves en la Cámara de Diputados el proyecto del Régimen Penal Juvenil, que establece una reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, informaron fuentes legislativas.
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y el jueves tratarlo en el recinto de sesiones, y aclaró que se establecerá la edad de 14 años que fue consensuada el año pasado entre el oficialismo y un grupo de bloques opositores.
Ritondo formuló estas declaraciones al salir de la reunión que se efectuó entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los bloques de la Cámara de Diputados.
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Conciliación obligatoria
Tras la advertencia del gremio La Fraternidad de avanzar este jueves con un paro de trenes, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y desacivó por esa vía la medida de fuerza.
La decisión se terminó de definir luego de una reunión realizada en el Ministerio de Economía, de la que participaron delegados del sindicato, entre ellos, el secretario general del gremio, Omar Maturano, junto a representantes del área de Transporte, en la que no se llegó a un acuerdo.
Minutos después, llegó la confirmación oficial a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, en el que se informó que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que involucra tanto al sindicato como a las empresas del sector, Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A. Concesionaria.
De acuerdo al comunicado oficial, se establece un período de conciliación obligatoria de 15 días, “durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios ”.
Bajo esa misma línea, el Gobierno lanzó además una advertencia directa al sector sindical e intimó a La Fraternidad a “dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pueda afectar la normal prestación del servicio”.
La decisión oficial llegó luego de que el sábado el sindicato que nuclea a los maquinistas ferroviarios confirmara que avanzaría con un paro nacional de actividades por 24 horas para este jueves 5 de febrero, una medida que iba a afectar a todas las líneas de pasajeros y a algunos servicios de carga, tras un fallido encuentro con el sector empresarial, en el que las partes ofrecieron un aumento salarial del 2% para diciembre y del 1% para enero.
Desde el gremio reclaman una recomposición salarial por encima de la inflación y advierten que “en lo que va del año estamos perdiendo casi el 35% del salario”. Según cifras que maneja el sindicato, el sueldo básico de un maquinista es actualmente de $1.136.000, mientras que el de un ayudante de conductor ronda los $893.000.
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Piden la liberación de la argentina presa en Brasil por racismo
Agostina Páez, abogada argentina de 29 años, se encuentra detenida en Brasil por un caso relacionado con racismo. Actualmente, enfrenta el uso de una tobillera electrónica y no tiene acceso a su pasaporte para regresar a Argentina. La fiscalía brasileña ha solicitado su prisión preventiva, mientras que la Fundación Apolo ha solicitado la intervención de la Cancillería Argentina.
El reclamo de la Fundación Apolo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, sostiene que la imputación es desproporcionada debido a la falta de una condena firme por el cargo de injuria racial. Este incidente se produjo durante sus vacaciones en Río de Janeiro.
Según el documento presentado, Páez fue detenida tras un desacuerdo en un bar del barrio de Ipanema, donde se le acusó de realizar gestos considerados ofensivos.
La detención no solo resultó en la retención de su pasaporte, sino que también se le impuso un dispositivo de monitoreo electrónico que le impide regresar a Argentina mientras avanza la causa.
El reclamo indica que la respuesta del sistema penal brasileño no se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que la medida restrictiva fue adoptada sin una evaluación adecuada de alternativas menos gravosas, además de no considerar la condición de mujer extranjera de la imputada.
Además, se destaca que existen registros fílmicos previos al incidente, en los cuales uno de los empleados del bar realizó gestos obscenos hacia ella y su acompañante, conducta que no fue adecuadamente considerada por las autoridades.
El documento argumenta que la abogada fue inicialmente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual, y que su reacción debería ser entendida en ese contexto, lo que revertiría los roles de víctima y victimaria.
La fundación, liderada por el exlegislador Yamil Santoro, menciona la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Ley 20.957 del Servicio Exterior, destacando que la Cancillería está habilitada para intervenir ante una persecución penal que no cumple con criterios de razonabilidad o debido proceso.
Además, el escrito cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, que establecen un deber reforzado de protección en casos que involucran a mujeres en contextos de violencia o asimetría.
El texto también critica el uso del caso por parte de las fuerzas de seguridad brasileñas, quienes han difundido imágenes y mensajes en redes sociales oficiales, lo que refuerza una lógica de estigmatización y "mano dura" que es incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
La entidad solicita que la Cancillería ejerza activamente la protección consular y considere un reclamo diplomático ante el Estado brasileño para revisar las medidas cautelares impuestas y permitir el regreso de Páez a Argentina.
Por su parte, la justicia de Río de Janeiro ha avanzado en la causa, la cual ha tomado mayor complejidad, y el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva de la influencer, quien sigue en Brasil. La fiscalía argumenta que la joven "extrapoló cualquier contexto de discusión o malentendido" y la califica de tener una conducta "discriminatoria y ofensiva".NA
