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MEJORES EN DEUDA

17 de noviembre de 2022

La petrolera nacional YPF obtuvo una mejora en la calificación de su deuda emitida tanto en pesos como en dólares por parte de la consultora Moody’s, que determinó que el pasivo de la compañía tiene “perspectiva estable”.

Así lo señaló YPF en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA).

“Moody’s Local Argentina subió la calificación de emisor de largo plazo en moneda local y en moneda extranjera de YPF desde AA-.ar a AA+.ar, y desde A-.ar a AA-.ar, respectivamente, y subió la calificación de deuda senior garantizada en moneda extranjera desde A.ar a AA.ar, todas ellas con perspectiva estable”, destacó el responsable de relaciones con el Mercado de la petrolera, Pablo Calderone.

El ejecutivo señaló que de acuerdo con el informe de Moody’s “la suba de la calificación refleja una mejora en el perfil crediticio de la compañía explicado por la mayor generación de Ebitda”, que son las ganancias antes de impuestos y amortizaciones.

Asimismo, indicó que esta mejor posición fue “producto de un mayor nivel de procesamiento y producción de crudo y mayores precios de venta de combustibles, que le ha permitido incrementar el plan de Capex –compañía controlada por YPF- en conjunto con una mejora en la liquidez y una reducción en el nivel de endeudamiento neto, a niveles en torno a 1,2 veces la Ebitda, manteniendo flujos de fondos libres positivos”.

YPF informó la semana pasada un resultado final de explotación para el tercer trimestre del año de US$ 1.500 millones, al tiempo que reflejó incrementos interanuales del 9% para la producción de hidrocarburos y el nivel de endeudamiento neto más bajo de los últimos siete años.

La empresa precisó que las inversiones acumularon casi US$ 2.900 millones en los primeros nueve meses, un 60% más que el mismo período de 2021, y que la producción total de hidrocarburos acumulada a septiembre totalizó un promedio de 505.000 barriles diarios (+9% interanual).

Puntualmente, la producción de crudo creció un 7% y la de gas se incrementó un 9% ambas respecto al 2021, con la actividad no convencional como principal eje de crecimiento al representar el 41% de la producción total de YPF.

La producción de crudo no convencional mostró un crecimiento cercano al 50%, mientras que la de gas no convencional aumentó más de un 20% cuando se las compara con el mismo trimestre del año anterior.

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Diputados debatirá la baja de la edad de imputabilidad el 12 de febrero

El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y tratarlo en el recinto de sesiones el día siguiente.

La Libertad Avanza, junto a los bloques dialoguistas, buscará sancionar el próximo jueves en la Cámara de Diputados el proyecto del Régimen Penal Juvenil, que establece una reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, informaron fuentes legislativas.

El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y el jueves tratarlo en el recinto de sesiones, y aclaró que se establecerá la edad de 14 años que fue consensuada el año pasado entre el oficialismo y un grupo de bloques opositores.

Ritondo formuló estas declaraciones al salir de la reunión que se efectuó entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los bloques de la Cámara de Diputados.

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Conciliación obligatoria

Tras la advertencia del gremio La Fraternidad de avanzar este jueves con un paro de trenes, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y desacivó por esa vía la medida de fuerza.

La decisión se terminó de definir luego de una reunión realizada en el Ministerio de Economía, de la que participaron delegados del sindicato, entre ellos, el secretario general del gremio, Omar Maturano, junto a representantes del área de Transporte, en la que no se llegó a un acuerdo.

Minutos después, llegó la confirmación oficial a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, en el que se informó que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que involucra tanto al sindicato como a las empresas del sector, Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A. Concesionaria.

De acuerdo al comunicado oficial, se establece un período de conciliación obligatoria de 15 días, “durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios ”.

Bajo esa misma línea, el Gobierno lanzó además una advertencia directa al sector sindical e intimó a La Fraternidad a “dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pueda afectar la normal prestación del servicio”.

La decisión oficial llegó luego de que el sábado el sindicato que nuclea a los maquinistas ferroviarios confirmara que avanzaría con un paro nacional de actividades por 24 horas para este jueves 5 de febrero, una medida que iba a afectar a todas las líneas de pasajeros y a algunos servicios de carga, tras un fallido encuentro con el sector empresarial, en el que las partes ofrecieron un aumento salarial del 2% para diciembre y del 1% para enero.

Desde el gremio reclaman una recomposición salarial por encima de la inflación y advierten que “en lo que va del año estamos perdiendo casi el 35% del salario”. Según cifras que maneja el sindicato, el sueldo básico de un maquinista es actualmente de $1.136.000, mientras que el de un ayudante de conductor ronda los $893.000.

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Piden la liberación de la argentina presa en Brasil por racismo

Agostina Páez, abogada argentina de 29 años, se encuentra detenida en Brasil por un caso relacionado con racismo. Actualmente, enfrenta el uso de una tobillera electrónica y no tiene acceso a su pasaporte para regresar a Argentina. La fiscalía brasileña ha solicitado su prisión preventiva, mientras que la Fundación Apolo ha solicitado la intervención de la Cancillería Argentina.

El reclamo de la Fundación Apolo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, sostiene que la imputación es desproporcionada debido a la falta de una condena firme por el cargo de injuria racial. Este incidente se produjo durante sus vacaciones en Río de Janeiro.

Según el documento presentado, Páez fue detenida tras un desacuerdo en un bar del barrio de Ipanema, donde se le acusó de realizar gestos considerados ofensivos.

La detención no solo resultó en la retención de su pasaporte, sino que también se le impuso un dispositivo de monitoreo electrónico que le impide regresar a Argentina mientras avanza la causa.

El reclamo indica que la respuesta del sistema penal brasileño no se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que la medida restrictiva fue adoptada sin una evaluación adecuada de alternativas menos gravosas, además de no considerar la condición de mujer extranjera de la imputada.

Además, se destaca que existen registros fílmicos previos al incidente, en los cuales uno de los empleados del bar realizó gestos obscenos hacia ella y su acompañante, conducta que no fue adecuadamente considerada por las autoridades.

El documento argumenta que la abogada fue inicialmente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual, y que su reacción debería ser entendida en ese contexto, lo que revertiría los roles de víctima y victimaria.

La fundación, liderada por el exlegislador Yamil Santoro, menciona la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Ley 20.957 del Servicio Exterior, destacando que la Cancillería está habilitada para intervenir ante una persecución penal que no cumple con criterios de razonabilidad o debido proceso.

Además, el escrito cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, que establecen un deber reforzado de protección en casos que involucran a mujeres en contextos de violencia o asimetría.

El texto también critica el uso del caso por parte de las fuerzas de seguridad brasileñas, quienes han difundido imágenes y mensajes en redes sociales oficiales, lo que refuerza una lógica de estigmatización y "mano dura" que es incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.

La entidad solicita que la Cancillería ejerza activamente la protección consular y considere un reclamo diplomático ante el Estado brasileño para revisar las medidas cautelares impuestas y permitir el regreso de Páez a Argentina.

Por su parte, la justicia de Río de Janeiro ha avanzado en la causa, la cual ha tomado mayor complejidad, y el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva de la influencer, quien sigue en Brasil. La fiscalía argumenta que la joven "extrapoló cualquier contexto de discusión o malentendido" y la califica de tener una conducta "discriminatoria y ofensiva".NA

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