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‘La sentencia ya estaba escrita en 2019’
23 de agosto de 2022
Tras conocerse el pedido de condena a 12 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó su descargo respecto al pedido de condena por en juicio por la causa Vialidad, donde se la investigó por sobreprecios y corrupción durante su gestión cuando fue presidenta de la Nación. “Esta sentencia estaba escrita desde 2019″, anticipó la ex mandataria a la hora sostener que este proceso judicial forma parte de «una operación política y mediática».
Además, cuestionó a los funcionarios judiciales Diego Luciani y Sergio Mola por «no investigar las comunicaciones telefónicas» de su exsecretario de Obras Públicas, José López, y el empresario Nicolás Caputo, vinculado al expresidente Mauricio Macri.
La vicepresidenta realizó una transmisión en vivo y en directo desde su despacho del Congreso Nacional para sostener que la causa por la cual corre riesgo de ir tras las rejas y ser inhabilitada toda la vida para ejercer cargos públicos: «es una ficción, un guión bastante malo por cierto».
«La sentencia estaba escrita desde 2019 y es muy simple, cuando un sistema de justicia permite violar todas las normas. Así fue que el juez Ercolini, que se había declarado incompetente en 2011, vuelve en 2016 con la denuncia por sobreprecios en la ruta provincial de Chaco e irregularidades de la firma Gotti por parte de la gobernación de Santa Cruz, apenas las 51 obras del armado de esta causa serían cinco sobre 49 de las causas».
En ese sentido, apuntó que «Iguacel, designado intendente de Capitán Sarmiento e interventor en Vialidad Nacional, la primera resolución ordenar auditoría en un solo distrito, por su puesto, Santa Cruz. Entonces, se presenta ante Ercolini con el fiscal Pollicita. Es decir, —continuó— que el que cinco años antes se había declarado incompetente, ahora se declaraba competente e incluía en la causa una asociación ilícita. Ahí comienza entonces una feroz campaña política y mediática en Chaco».
Agregó que «se habían cobrado obras por las que no se hicieron, es una estafa monumental y comenzó esta publicación con cifras y números, nadie saber de dónde salen pero la gente lo cree igual».
«Era una ficción, un guión y bastante malo por cierto. No solamente no fue probado, sino que se comprobó que era al revés de lo que decían y se pudo corroborar por más de 100 testigos que prestaron testimonios propuestos por los fiscales», sostuvo, a la hora de reiterar disculpas por la transmisión, a modo de chicana, para apuntar contra dirigentes de la oposición, incluido el expresidente Macri.
En ese contexto, sostuvo que “muchos de los testimonios propuestos por los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani finalmente colapsaron” en el marco del juicio Vialidad y cuestionó la cobertura del caso de los diarios Clarín y La Nación, a los que tildó de ser “las dos naves insignia del lawfare”.
“Cuando dije que tenían la sentencia escrita, me quedé corta. Cuando llegamos al gobierno en 2019, desde el macrismo, comenzaron a aparecer las cosas que habían hecho en materia judicial”, abundó a través de su cuenta de Youtube.
«Disculpen, pero no tengo experiencia en sets de televisión como tantos otros que se pasean por los canales», disparó. En tanto, se refirió al prófugo Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, sindicado como el diagramador del presunto entramado de la mesa judicial contra el gobierno justicialista.
“Nosotros nos presentamos en la Justicia, ustedes huyen. Ante la primera citación que tienen, huyen”, sentenció.
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Inocencia Fiscal: Piden suspensión de embargos y reducción de multas para pymes
Ante el inminente tratamiento en el Congreso de la Nación del anteproyecto modificatorio de la Ley de Inocencia Fiscal, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) les pidió a los presidentes de todos los bloques del Senado de la Nación que se incorporen los pedidos que la semana pasada la entidad pyme le solicitó al Ministerio de Economía de la Nación.
La solicitud de CAME a los senadores nacionales se da en el marco del incremento de embargos y multas que está llevando adelante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Dichas circunstancias podrían subsanarse con las modificaciones que CAME solicita que se incluyan en la actual Ley de Inocencia Fiscal. Entre estos puntos que la entidad pyme le elevó a los legisladores se destacan:
-Reducción de multas: que no se apliquen sanciones durante el “Período de Espera” previsto por ARCA y que, si el contribuyente regulariza su situación dentro de los 15 días posteriores a dicho período, la multa se reduzca en un 50%. La sanción total sólo debería aplicarse una vez vencido ese plazo sin cumplimiento.
-Suspensión de ejecuciones y embargos: establecer una suspensión temporal de las ejecuciones fiscales y medidas cautelares, incluidos los embargos, para el sector pyme.
-Plan especial de pagos: crear un régimen de facilidades de hasta 48 cuotas, con condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. El régimen debería abarcar deudas vencidas al 31 de mayo, así como planes vigentes y caducos.
Cabe destacar que la demanda de CAME se da en un contexto de consumo deprimido, sumado a la propuesta realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre una reforma tributaria que reduce el poder adquisitivo de los trabajadores y encarece la formalidad para los sectores de menores ingresos. “Confiamos en que el Senado le otorgará a nuestro planteo un tratamiento prioritario. La situación requiere de resguardar a miles de empresas y trabajadores que dependen de la fortaleza y continuidad del sector productivo argentino”, dijo el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo.
CAME considera indispensable que el Senado de la Nación Argentina atienda la solicitud, a fin de promover las condiciones que contribuyan a preservar el entramado productivo nacional, fortalecer la competitividad de las pymes y acompañar su desarrollo sostenible en un escenario económico de transformación.
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ARCA reglamentó el nuevo blanqueo laboral con quitas de hasta el 90%
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el nuevo Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), creado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que permitirá a empleadores del sector privado regularizar trabajadores no registrados o deficientemente registrados con importantes beneficios en materia de condonación de deudas previsionales y facilidades de pago.
La medida alcanza a relaciones laborales iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026 y que permanezcan vigentes al momento de la adhesión. Los empleadores tendrán tiempo hasta el 28 de noviembre de 2026 para realizar la regularización y acceder a los beneficios previstos por la normativa.
Entre los principales incentivos se encuentra la condonación parcial de las deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social. El porcentaje de reducción variará según el tamaño de la empresa: las micro y pequeñas empresas, así como las entidades sin fines de lucro, accederán a una quita del 90%; las medianas empresas de tramo 1 y 2 obtendrán una reducción del 80%; mientras que el resto de los empleadores tendrá una condonación del 70%.
Además, la regularización implicará la condonación total de las deudas vinculadas al Sistema Nacional del Seguro de Salud, la Ley de Riesgos del Trabajo y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio correspondientes a los trabajadores incorporados al régimen.
La resolución establece que podrán regularizarse tanto las relaciones laborales completamente no registradas como aquellas en las que se haya declarado una fecha de ingreso posterior a la real o una remuneración inferior a la efectivamente percibida por el trabajador. También quedarán comprendidos los casos detectados mediante inspecciones laborales, incluso cuando las deudas se encuentren en discusión administrativa o judicial.
Para concretar la adhesión, los empleadores deberán registrar o rectificar los datos de los trabajadores a través de los sistemas informáticos de ARCA y presentar las declaraciones juradas correspondientes a los períodos adeudados. Las obligaciones resultantes deberán ser canceladas o incorporadas a un plan de facilidades de pago.
La reglamentación contempla dos modalidades de cancelación. La primera consiste en el pago al contado de la deuda no condonada, alternativa que otorgará una reducción adicional del 50% sobre el saldo pendiente. La segunda opción será adherir a un plan especial de facilidades de pago.
En este último caso, las condiciones variarán según el tipo de contribuyente. Las micro y pequeñas empresas y las entidades sin fines de lucro podrán financiar sus deudas en hasta 72 cuotas con un anticipo del 3%; las medianas empresas tendrán hasta 48 cuotas con un pago a cuenta del 4%; y el resto de los empleadores podrá acceder a planes de hasta 36 cuotas con un anticipo del 5%.
Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas, con una tasa de financiación del 1% mensual. Tanto el pago inicial como cada cuota tendrán un monto mínimo de 50.000 pesos.
La resolución también establece que la caducidad del plan operará automáticamente cuando se acumulen dos cuotas impagas, consecutivas o alternadas, durante 60 días posteriores al vencimiento de la segunda, o cuando quede sin cancelar la última cuota durante el mismo plazo.
DIB
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‘Ahorramos en negro, como todos’
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reveló que presentó su "declaración jurada" y atribuyó las acusaciones al "error de haber ahorrado en negro". En ese sentido, explicó que la presentación "vence el 31 de julio próximo" y él la entregó, al igual que con las presentaciones rectificadas de 2023 y 2024. "Tenía que demostrar que no era chorro", subrayó
"Desde los 18 años, incluso antes, trabajé en el sector privado y mi mujer también se dedicó toda la vida al sector privado y hoy también lo hace. Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar", indicó el jefe de Gabinete en declaraciones a un canal de televisión.
"Mi ahorro era previo porque con mi esposa tuvimos la suerte de ahorrar, trabajé en el sector privado y en 2013 empecé a invetir fuerte en bticoins, alrededor de 200 mil dólares", reveló el funcionario.
Por otra parte, se quejó porque en los últimos tres meses, desde que comenzó la polémica con su patrimonio "me condenaron mediáticamente", pero advirtió que "debía seguir los pasos judiciales". (NA)
