País
El padre de Darío Santillán reclamó justicia
26 de junio de 2022
Al cumplirse 20 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, los militantes que fueron baleados por la Policía bonaerense el 26 de junio del 2002, en medio de disturbios en la estación Avellaneda durante la crisis económica que afectaba al país, el padre del primero de ellos volvió a reclamar una condena para las autoridades provinciales y nacionales de ese momento, al considerar que también son responsables de la muerte de su hijo.
“La Justicia, de una vez por todas, que ponga los ovarios, las pelotas, lo que sea, pero no podemos seguir así, siempre el pueblo poniendo a los muertos. ¿Hasta cuándo vamos a poner nosotros los muertos?”, protestó Alberto Santillán, que se encuentra participando de los actos que organizaron los movimientos sociales en homenaje a los dos dirigentes fallecidos.
Hasta el momento, por este hecho fueron condenados a reclusión perpetua -al menos 25 años de prisión- el ex comisario Alfredo Fanchiotti y del ex cabo Alejandro Acosta, por ser encontrados culpables de “doble homicidio agravado por alevosía y siete tentativas de asesinato”.
Sin embargo, para el padre de Darío “las responsabilidades políticas también están más que claras” y lamentó “el grado de impunidad” que tienen ex funcionarios como Eduardo Duhalde, que en aquel entonces era presidente interino; Felipe Solá, que se desempeñaba como gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Aníbal Fernández, que ocupaba el cargo de secretario general de la Presidencia.
“Venimos teniendo un largo recorrido. Únicamente, y con mucha lucha, hemos conseguido la prisión perpetua para los cobardes que dispararon, para los policías. De ahí para acá, y han pasado ya 20 años, la Justicia no decide mirar hacia arriba y no hay un eslabón, según ellos, que conduzca a una responsabilidad política”, criticó.
En diálogo con el canal TN, Alberto Santillán sostuvo que “la masacre de Avellaneda no hubiera sido posible si no hubiese habido una orden directa del gobierno nacional”, pero los ex funcionario “siguen paseándose por todos los medios de comunicación como si no tuvieran ningún tipo de responsabilidad, incluso presentándose como una salvación para la Argentina”.
Por último, el hombre destacó la valentía que tuvo su hijo durante los disturbios del 26 de junio del 2002, en los que murió al ser baleado por la Policía cuando intentaba socorrer a su compañero Kosteki, a quien los efectivos de seguridad le habían disparado previamente: “Las imágenes de la estación son más que contundentes. Yo siempre sostengo que cuando uno está en una situación límite, en la que uno tiene que preservar la vida, uno prefiere irse, pero él, para no traicionar a sí mismo ni a sus amigos, decidió quedarse”, resaltó.
El 26 de junio de 2002, Darío y Maxi fueron asesinados en las inmediaciones y en el hall de la estación Avellaneda -que hoy lleva por ley sus nombres- del Ferrocarril Roca, tras una represión en las que las fuerzas de seguridad dispararon balas de goma y plomo contra quienes habían salido a las calles a reclamar por “trabajo digno, alimentos y planes de trabajo”, en el contexto de la crisis económica y social que atravesaba Argentina.
Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de este trágico episodio, varios movimientos sociales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) organizaron una serie de homenajes que comenzaron este sábado con una movilización hacia el Puente Pueyrredón, a escasos metros de donde ocurrieron los asesinatos.
Hicimos un acto a 20 años de la masacre de Avellaneda, donde asesinaron a Darío y Maxi. Revindicamos sus ejemplos y levantamos la bandera de la UTEP de tierra techo y trabajo, como en su momento ellos levantaron las consignas de trabajo, dignidad y cambio social”, señaló en declaraciones a la agencia Télam Dina Sánchez, la secretaria adjunta de esta agrupación y referente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS).
Los manifestantes llegaron ayer por la mañana y luego de realizar una vigilia durante toda la noche para recibir el 26 de junio en este lugar, leerán un documento acompañando a familiares y amigos de las víctimas, entre ellos, Alberto Santillán.
Fuentes Infobae/Telam/TN
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¿CIERRA O NO CIERRA?
La Justicia decretó la quiebra de SanCor, la cooperativa láctea, luego del pedido de la propia firma ante la imposibilidad de afrontar las deudas económicas. La resolución fue dictada por el juez a cargo del caso, Marcelo Gelcich, del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de la ciudad santafesina de Rafaela. “La empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión”, consideró el juez.
La cooperativa cuenta con un pasivo cercano a los US$120 millones y había solicitado la quiebra al enfrentarse con la dificultad de cumplir con un plan de pagos que salde las deudas constatadas con más de 1.500 acreedores.
SanCor se encontraba en concurso preventivo desde febrero de 2025, al que ingresó pensándolo como “una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor”. Finalmente, el dictamen judicial de este miércoles consignó el fracaso de dicho proceso al señalar que se da lugar a una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”.
El concurso en cuestión no modificó la situación de la firma láctea, sino que la profundizó al punto tal que el pasivo postconcursal crecía a una tasa cercana a $3.000 millones por mes, según se desprende del expediente.
Específicamente, al momento de la quiebra, la cooperativa acumulaba $12.788 millones en salarios adeudados entre mayo de 2025 y enero pasado, $6.349 millones de deuda impositiva y previsional, $3.380 de aportes a obras sociales y sindicatos adeudados, y $13.313 millones de deudas comerciales. A eso se suma el pasivo del concurso con deudas por más de US$86 millones.
¿CIERRA O NO CIERRA?
No obstante, Gelcich dispuso que la empresa continúe operando de manera transitoria mientras avanza el proceso judicial, al señalar que un cese total de la actividad “causaría un perjuicio a los 914 trabajadores en relación de dependencia, a los acreedores laborales con créditos prontopagables pendientes de cancelación, a proveedores y a los acreedores en general”.
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Senado reactiva el debate sobre la tenencia de armas
El Senado reactiva este miércoles el debate sobre el proyecto de regularización de la tenencia de armas de fuego, que se combina con la prórroga de un programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción.
La Libertad Avanza quiere convertir en ley en la primera semana de mayo y por eso motivo este miércoles 22 buscará firmar dictamen sobre esta iniciativa en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior, que presiden el libertario Gonzalo Guzmán Coraita y la radical Carolina Losada, según informaron fuentes parlamentarias a la agencia NA.
Durante la reunión de comisión brindará un informe que brinde Juan Pablo Allan, Director Ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR).
La iniciativa fue enviada el 15 de mayo del 2024 por el Presidente Javier Milei, y la ex ministra y hoy jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich.
El proyecto, que ya fue sancionado por la Cámara de Diputados en octubre del 2024, incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que puede realizarse de forma virtual.
Si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
Por otra parte, se plantea una prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta 31 diciembre 2027, para que quien tuviera posesión no autorizada de armas y desee deshacerse de ellas, lo pueda hacer voluntaria y anónimamente para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales.
En este sentido, se otorga un plazo de 360 días para presentarse ante la ANMaC para quienes posean armas no autorizadas.
La ANMaC busca estimular la entrega voluntaria de armas mediante un incentivo económico, que consiste en un cupón de pago canjeable por efectivo.
Desde la ANMaC aclararon que esta legislación se centra en la tenencia legítima de armas de fuego, pero no en la portación, que únicamente es admitida en personal de fuerzas de seguridad y personal autorizado de seguridad privada.
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Reforma electoral
El presidente Javier Milei anunció que enviará este miércoles al Congreso, un proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de la política y la implementación de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción.
A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario sostuvo que la iniciativa busca “terminar con la impunidad” y cuestionó el actual sistema electoral al afirmar que “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.
Además, planteó que el nuevo esquema de financiamiento apuntará a evitar que la política se sostenga con recursos públicos y remarcó que la reforma busca “terminar con los privilegios” en el ámbito político.
El mensaje de Milei
El oficialismo, especialmente el asesor Santiago Caputo y la secretaria Legal y Técnica, comenzó a trabajar en esta iniciativa hace meses. El objetivo final, para la Casa Rosada, es alinear los intereses de la sociedad con la política, dos esferas que hoy están separadas.
Además, se tratará de eliminar las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) a toda costa aunque hay sectores del oficialismo que ven prudente suspenderlas como sucedió el año pasado.
Es que varios espacios políticos, algunos aliados al Gobierno, se resisten a eliminarlas porque, en medio del desorden partidario que atraviesan, necesitan de esta instancia para ordenar sus internas y poder definir las candidaturas.
“Va a ser muy revelador el voto de cada diputado y cada senador en este proyecto. Quienes se opongan van a dejar en evidencia que ven la política como un negocio”, sostuvo la diputada mileísta Lilia Lemoine en sus redes sociales.
El secretario de Comunicación, Javier Lanari, afirmó: “Ningún partido político de bien puede oponerse a esta agenda. No es año electoral. No hay excusas”.
El oficialismo ya había logrado avanzar con una parte de su idea de reforma electoral, cuando aprobó en el Congreso la BUP (Boleta Única de Papel) para las elecciones nacionales, teniendo su estreno en los comicios legislativos del año pasado.
No obstante, todavía sigue en pie en la provincia de Buenos Aires el antiguo sistema de boletas múltiples, con las cuales el peronismo derrotó a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas provinciales de septiembre del año pasado.
