El Gobierno oficializó la baja de retenciones para el agro. El beneficio alcanza de manera inmediata, a partir de este jueves 4 de junio al trigo y la cebada, como también sus subproductos. En tanto, formalizó el esquema gradual desde el 1 de enero de 2027 para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, incluidos sus subproductos. Incluyó retenciones cero para biocombustibles que no se produzcan con los principales granos.

La medida quedó formalizada mediante el decreto 423/2026, publicado en el Boletín Oficial y busca alentar la liquidación de divisas, pero también implicará un costo fiscal de US$32 millones hasta fin de año, según los cálculos del Palacio de Hacienda.

“Resulta necesario continuar fortaleciendo el impulso exportador del sector agroindustrial con medidas que fortalezcan los procesos de simplificación, reducción de trámites, facilitación del comercio, apertura de nuevos mercados y disminución de impuestos distorsivos”, justificó el Gobierno.

El decreto diferencia entre cultivos de invierno y cultivos de verano. Las reducciones inmediatas responden “a la proximidad de las decisiones de siembra” de la fina, es decir trigo y cebada. Para los cultivos de verano, como la soja y el maíz, en cambio, se estableció un esquema gradual con un cronograma que comenzará a aplicarse a partir de enero de 2027.

El Gobierno también aplicó modificaciones para los biocombustibles. Fijó una alícuota de 0% para el biodiésel obtenido a partir de aceites de colza, cártamo, Brassica Carinata y Camelina Sativa.

Cómo quedan las alícuotas

Con el esquema diferenciado que diseñó el Gobierno, la baja de retenciones de dos puntos para el trigo y la cebada comenzará a regir desde el 4 de junio, mientras la reduccion gradual para alícuotas de la soja, el maíz, girasol y sorgo iniciará desde enero de 2027.

A continuación cómo quedan las alícuotas de las retenciones del campo:

Trigo y cebada: la alícuota de aplicación inmediata pasará del 7,5% al 5,5% para los granos. Para sus derivados (harina, sémola, malta y otros subproductos industriales) con tasas que van desde 0% hasta 5,5%, según la mercadería.

Soja: el esquema prevé una reducción gradual de retenciones. El poroto pasará de una alícuota del 24% en 2026 al 21% desde diciembre de 2027 y al 15% a partir de diciembre de 2028. El aceite de soja pasará de entre 18% y 22% en 2026 a valores de entre 11% y 14% hacia fines de 2028.

Maíz y sorgo: algunos derivados tributarán retenciones cero, mientras otras reducirán sus alícuotas de manera escalonada durante 2027 y 2028. Las tasas pasarán de 8,5% en 2026 a 7,5% a fines de 2027 y a 5,5% desde diciembre de 2028.

Girasol: el Gobierno fijó reducciones escalonadas para semillas, aceites y otros derivados. Algunas variedades específicas quedarán exentas de retenciones. El aceite de girasol tributará entre 2,5% y 4,5% en 2026 a niveles de entre 1% y 3% hacia fines de 2028.

Por su parte, el Gobierno fijó retenciones cero para el biodiesel elaborado con carinata, camelina, cártamo o colza. En tanto, el biodiésel de soja seguirá alcanzado por derechos de exportación, aunque con una reducción gradual del 21% actual al 13% en diciembre de 2028. (TN)

Semanas atrás el Gobierno nacional anunció una serie de rebajas en las retenciones agropecuarias que comenzarán por el trigo y la cebada, desde este mes de junio, y seguirán con soja, maíz, girasol y sorgo a partir de 2027. En ese contexto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) destacó que “la reducción de retenciones es el camino”, pero “la eliminación debe ser el objetivo”.

En un comunicado, CARBAP señaló que “valoramos el anuncio realizado por el Presidente de la Nación respecto al cronograma de reducción de los Derechos de Exportación (DEX)”.

De ese modo, “la decisión constituye una señal positiva y coherente con el camino que el Gobierno Nacional viene impulsando en materia de reducción de la presión impositiva, apertura económica, libertad de comercio, ordenamiento macroeconómico y recuperación de los equilibrios fiscales. Reconocemos los avances alcanzados en estos aspectos, que han contribuido a generar un escenario de mayor previsibilidad para la producción y la inversión”.

Agregaron: “Consideramos que el equilibrio fiscal debe consolidarse como una verdadera política de Estado. La estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para el crecimiento sostenido de la Argentina y constituye una demanda histórica de quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país”.

Y resaltaron que “la competitividad del sector agropecuario no depende únicamente de los Derechos de Exportación; también se ve afectada por una estructura impositiva provincial y municipal que continúa expandiéndose y que requiere una profunda revisión”.

No obstante, insistieron: “El cronograma anunciado debería contemplar una reducción más acelerada de los Derechos de Exportación”. Ya que “si bien comprendemos los desafíos que implica sostener el equilibrio de las cuentas públicas, no resulta razonable que dicho esfuerzo continúe recayendo de manera desproporcionada sobre un único sector productivo a través de un impuesto distorsivo que desalienta la producción, limita las exportaciones, reduce la inversión y afecta la incorporación de tecnología”.

Argumentaron desde CARBAP que “la producción agropecuaria argentina continúa enfrentando una situación de clara desigualdad respecto de otros sectores de la economía. Mientras numerosas actividades han visto eliminados sus derechos de exportación o cuentan con regímenes específicos de promoción e incentivos, como los contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el agro sigue soportando una carga tributaria diferencial que condiciona su competitividad y restringe su potencial de crecimiento”.

Por ello, “consideramos fundamental que el cronograma anunciado no tenga como horizonte final el año 2028, sino que establezca de manera explícita el camino hacia la eliminación total de los Derechos de Exportación. Del mismo modo, entendemos que dicho sendero debería quedar plasmado en una ley que otorgue previsibilidad y seguridad jurídica a largo plazo, evitando que futuras administraciones vuelvan a recurrir a este instrumento que ha demostrado ser perjudicial para el desarrollo productivo y exportador del país”.

“Los fundamentos para avanzar en esa dirección son cada vez más sólidos. En su reciente informe sobre la economía argentina, el Fondo Monetario Internacional identificó a los Derechos de Exportación como uno de los principales impuestos distorsivos que afectan el crecimiento, las exportaciones, la inversión y la incorporación de tecnología. Asimismo, citó estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que muestran que su eliminación permitiría incrementar significativamente las exportaciones agroindustriales en la próxima década, además de generar mejoras en la producción, el ingreso de divisas y el crecimiento económico del país”, argumentaron.

Y señalaron: “Estas conclusiones ratifican algo que el sector productivo viene señalando desde hace años: la eliminación de los Derechos de Exportación no debe ser vista como un beneficio sectorial, sino como una herramienta de desarrollo para toda la Argentina”. Porque “más producción significa más actividad económica, más empleo, más exportaciones, más divisas y una mayor capacidad de generación de riqueza para el conjunto del país”.

“Un sistema tributario que incentive la producción”
“Desde CARBAP seguiremos acompañando todas aquellas medidas que fortalezcan la estabilidad macroeconómica, promuevan la inversión y permitan liberar el enorme potencial productivo del interior argentino”, afirmaron.

“El camino iniciado es positivo, pero el objetivo final debe ser claro: la eliminación definitiva de los Derechos de Exportación y la construcción de un sistema tributario que incentive la producción en lugar de castigarla”, cerraron desde CARBAP.

El economista de IERAL de la Fundación Mediterránea, Manuel Garzón, afirmó que la baja de retenciones anunciada por el Gobierno nacional podría inyectar entre 100 y 200 millones de dólares en la economía cordobesa durante el próximo año.

El análisis se conoció después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, ampliara los anuncios realizados por el presidente Javier Milei e incorporara reducciones para maíz, sorgo, girasol y exportaciones industriales, además de las ya comunicadas para soja, trigo y cebada.

“Sorprendió un poco la baja, aunque es algo reclamado por el sector agropecuario de manera insistente, sobre todo este año, en donde habían subido mucho los costos y los precios de algunos insumos”, señaló Garzón a radio Cadena 3.

El economista sostuvo que se trata de la tercera reducción de derechos de exportación impulsada por el gobierno de Milei y explicó que apunta principalmente a “descomprimir los cereales y los cultivos de invierno”, de cara a la próxima campaña.

Sobre la soja, Garzón remarcó que sigue siendo “el producto más gravado” del sector agropecuario. “Mi lectura es que es una buena medida, seguramente para este sector quizá un poco insuficiente, pero en la dirección correcta”, expresó.

Según el esquema informado, las retenciones al trigo bajarán del 7,5% al 5,5%, mientras que la soja tendrá una reducción gradual durante 2027 y 2028. Para el maíz, cultivo clave en Córdoba, se prevé una baja trimestral que lo llevará progresivamente hasta el 5%. También habrá reducciones para girasol, sorgo y exportaciones industriales.

Garzón estimó que el impacto fiscal de la medida será limitado este año, ya que la reducción alcanza principalmente a cereales de invierno que, en buena parte, ya fueron comercializados. “El gobierno casi que no arriesga muchos recursos: 30 millones de dólares, no mucho más que eso”, indicó.

El mayor efecto, afirmó, se verá en 2027, cuando impacte sobre una campaña completa y comience a operar la reducción de la soja. “El costo fiscal completo para el año que viene estará entre 400 y 700 millones de dólares, que es una cifra interesante”, precisó.

En el caso de Córdoba, Garzón calculó que la provincia podría captar cerca del 25% de ese beneficio por el peso de su producción agropecuaria. “Serían entre 100 y 200 millones de dólares”, sostuvo.

El economista también señaló que ese ingreso adicional podría trasladarse a otros sectores de la economía provincial. “El productor argentino en general va reinvirtiendo todo lo que va ganando, lo que va mejorando. Uno esperaría una mayor demanda de bienes de capital, mayor demanda de insumos y, por ahí, inversiones en construcción”, explicó.

Como referencia, Garzón graficó que entre 100 y 200 millones de dólares podrían equivaler, en Córdoba, a “200 o 300 equipos nuevos de maquinaria agrícola”. Además, advirtió que la mayor actividad también tendría impacto en la recaudación provincial, especialmente por Ingresos Brutos.