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Fiesta en Olivos: imputan al Presidente por violar las normas sanitarias
26 de agosto de 2021
El fiscal federal Ramiro González, a cargo de la investigación de los ingresos a la Quinta de Olivos durante la cuarentena cerrada, imputó a Alberto Fernández por haber violado una disposición que el propio presidente de la Nación había dictado como medida preventiva para evitar contagios de coronavirus.
Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, González imputó a todos los asistentes a la fiesta de cumpleaños de la pareja del presidente de la Nación. Quedaron formalmente imputados en la causa además de Fernández, Fabiola Yáñez, Sofía Pacchi, Santiago Basavilbaso, Emanuel López, Fernando Consagra, Stefanía Domínguez, Federico Abraham, Carolina Marafiotti, Rocío y Florencia Fernández Peruilh. Todos los invitados al cumpleaños eran amigos o colaboradores de Yáñez.
Minutos antes de que se formalizara la imputación por parte del fiscal, Fernández presentó un escrito ante el juzgado donde está radicado el caso. Pidió su sobreseimiento y se comprometió a enviar la mitad de su salario como presidente durante cuatro meses al Hospital Malbrán a modo de reparación del daño. En su presentación, hecha por derecho propio, es decir sin abogado defensor, Fernández sostuvo que el delito no fue configurado.
Durante la tarde del jueves, la causa tuvo dos hechos. Primero, Fernández presentó un escrito ante el juzgado federal de Sebastián Casanello por derecho propio y sin abogado patrocinante para proponer una “reparación del daño potencial que se hubiere causado” su participación en el cumpleaños de Yáñez “ofreciendo depositar durante cuatro meses consecutivos la mitad de su salario al Instituto Malbrán”, según un comunicado de Presidencia.
La estrategia de defensa de Fernández, la conciliación y reparación económica, ha sido una salida ampliamente utilizada por abogados y la propia Justicia en los casos de incumplimiento de las restricciones y medidas de prevención por la crisis sanitaria durante el último año y medio de pandemia, según las consultas realizadas por elDiarioAR a fuentes judiciales y abogados del caso.
El Presidente planteó en su escrito que su participación en la reunió «no constituye delito» porque no causó daño, ya que no estaría probado que la celebración desencadenó contagios de Covid-19, según el escrito al que accedió este medio. El salario de Fernández es de $315.259, según informó una fuente oficial.
Tras su propuesta de conciliación, el fiscal González deberá analizar si es la resolución que pretende en el caso. Si llegaran a un acuerdo y éste fuera homologado por el juez Casanello, Fernández quedaría sobreseído sólo tras el cumplimiento de lo acordado, es decir, en este caso, una vez finalizada la reparación económica y tras constatar judicialmente su cumplimiento, explicó una fuente directa del expediente. Otras posibles soluciones pueden implicar una probation, con implicancias similares que tampoco concluyen para Fernández un antecedente penal en su haber, como en el caso de procesamiento.
En su presentación, Fernández citó dictámenes de distintos fiscales y fallos de jueces de Comodoro Py 2002 que intervinieron en causas similares aunque con imputados que no ocupan la Presidencia de la Nación. En una de las citas, replicó las palabras de la jueza María Eugenia Capuchetti: «La indignación sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal. Existen situaciones que no son de nuestro agrado y que repudiamos fuertemente pero no pueden, por sí solas, hacernos dejar de lado los límites de la función» de los jueces.
La causa tiene otros puntos que exceden la celebración de Yáñez, ya que la denuncia inicial es por los ingresos a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada durante las restricciones de 2020, cuando estaban prohibidas las reuniones sociales y la circulación de personal no esencial. Durante esas fechas, el Presidente mantuvo encuentros con amigos, su hermano, artistas y otras personas que también son investigadas por González.
La Primera Dama y el resto de los asistentes a la celebración del 14 de julio de 2020 durante las restricciones de la pandemia ya están imputados de hecho en el expediente porque se presentaron ante el juzgado de Sebastián Casanello para designar abogados defensores, pero ahora le fiscal lo volcó en un dictamen. El mandatario es el único de los comensales del cumpleaños que aún no nombró letrado.
Durante la semana trascendió que Fernández presentaría a Gregorio Dalbón, uno de los abogados penalistas de la vicepresidenta Cristina de Kirchner, como su defensor en esta causa, según publicó Clarín en los últimos días.
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Perú militariza la frontera con Chile por la llegada de migrantes
El creciente movimiento de migrantes que intentaban cruzar desde Chile hacia Perú encendió las alarmas en la frontera y llevó al Gobierno peruano a declarar este viernes el estado de emergencia en la región de Tacna. La decisión habilita el despliegue de militares en apoyo a la Policía Nacional y busca contener un flujo creciente de personas que intenta salir de Chile en un clima de tensión política.
Según las autoridades peruanas, la medida se anticipa a una posible oleada de extranjeros indocumentados que buscan abandonar Chile ante la expectativa de una eventual victoria del candidato ultraderechista José Antonio Kast, favorito para el balotaje del 14 de diciembre, quien prometió expulsar a los indocumentados, en su mayoría venezolanos.
Este viernes, decenas de ellos quedaron varados a lo largo de los 150 kilómetros que abarca el límite entre Tacna y Arica. Un video difundido por el gobernador regional de Arica mostró a grupos completos intentando abandonar Chile por el paso Chacalluta–Santa Rosa, cargando bolsos y hasta niños en brazos.
La decisión llegó después de que decenas de migrantes en situación aparentemente irregular en el vecino país alcanzaran el punto fronterizo con Perú con la intención de ingresar al territorio, pero fueran bloqueados por agentes policiales.
El presidente peruano, José Jerí, había anticipado la decisión en X: “Vamos a declarar el estado de emergencia para generar tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización y que podría amenazar la seguridad ciudadana”. Horas después, el decreto se aprobó en una reunión extraordinaria del gabinete.
La medida tendrá una vigencia de 60 días en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada–Los Palos, y contempla restricciones a la libertad de tránsito, reunión e inviolabilidad del domicilio. “La Policía mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas”, especifica la norma.
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, viajó a la zona y confirmó que medio centenar de soldados será desplegado de inmediato en el puesto fronterizo de Santa Rosa, mientras que otros 50 militares se sumarán en los primeros días de diciembre, revela el diario Clarín.
El canal Radio Tacna difundió imágenes de familias caminando por la ruta, algunas con niños en brazos, buscando llegar al límite internacional.
Del lado chileno, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, admitió que existe una “concentración de personas” que intenta salir del país y enfrenta dificultades para ingresar a Perú, aunque evitó precisar cifras.
La crisis también obligó a activar canales diplomáticos. El canciller peruano, Hugo de Zela, anunció que Lima y Santiago instalarán desde el lunes un comité binacional de cooperación migratoria para gestionar la situación.
Subrayó que la emergencia permitirá “incrementar de inmediato la presencia policial y militar”, y fue categórico: “No permitiremos la migración irregular, no tenemos capacidad para recibir más migrantes”.
Perú recibió más de 1,5 millones de venezolanos desde 2015 y enfrenta un fuerte desgaste institucional y social por la presión migratoria. No es la primera vez que militariza esta zona: en abril de 2023 ya había decretado un estado de emergencia por el desborde de indocumentados, también en la frontera con Chile.
En esta oportunidad, el avance de grupos que buscan cruzar hacia el norte ya generó bloqueos en la Panamericana Sur, filas de camiones y ómnibus en ambos países y un clima creciente de tensión en los pasos fronterizos.
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INFIERNO EN HONG KONG
La cifra de muertos por un enorme incendio en un complejo de departamentos residenciales en Hong Kong aumentó a 94 este jueves, mientras los bomberos combatían las llamas por segundo día. Se trata de uno de los incendios más mortales en la historia moderna de la ciudad.
Los rescatistas usaban linternas para revisar cada departamento en las torres carbonizadas, al tiempo que un humo espeso seguía saliendo de algunas ventanas del complejo Wang Fuk Court, un denso conjunto de rascacielos donde residen miles de personas en el distrito de Tai Po, un suburbio al norte, cerca de la frontera con la China continental.
Las autoridades dijeron que los bomberos aún trabajan en unos cuantos departamentos y tratan de entrar en todas las unidades de las siete torres para asegurarse de que no haya más víctimas.
“Nuestra operación de extinción de incendios está casi completa”, dijo Derek Armstrong Chan, subdirector de Operaciones de Servicios de Bomberos. Los bomberos trabajaban arduamente “para evitar que los escombros y las brasas se reaviven. Lo que sigue es la operación de búsqueda y rescate”, agregó.
Aún se desconocía cuántas personas seguían desaparecidas o atrapadas. El jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, dijo que todavía esperaban entrar en contacto con 279 personas que seguían desaparecidas. En la conferencia de prensa las autoridades no ofrecieron actualizaciones sobre desaparecidos ni cuántas personas seguían dentro de los edificios arrasados por las llamas.
En un video reciente se ve a los rescatistas realizando búsquedas en algunos departamentos en la oscuridad. Las llamas anaranjadas aún se veían desde el interior de varias ventanas, aunque todo el complejo era ahora, en gran parte, una ruina ennegrecida.
Los bomberos tuvieron problemas para controlar las llamas desde que estalló el incendio a media tarde del miércoles, cuando se cree que el fuego se inició en el andamio de bambú y la red de construcción, y luego se extendió por siete de los ocho edificios del complejo.
Chan dijo que el incendio se propagó “excepcionalmente rápido” a través de las torres, y los trabajadores de emergencia tuvieron dificultades para acceder al interior.
“Los escombros y el andamio caían desde los pisos superiores. También hay otras razones, como la alta temperatura, la oscuridad... y el acceso de los vehículos de emergencia fue bloqueado por el andamio caído y los escombros, lo que hizo muy difícil nuestro acceso al edificio”, precisó.
Alrededor de 900 personas fueron evacuadas a refugios temporales durante la noche.
Dos directores de una empresa de construcción y un consultor de ingeniería fueron arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario. “Tenemos razones para creer que los responsables de la empresa de construcción fueron gravemente negligentes”, afirmó Eileen Chung, superintendente de Policía.
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Un italiano se hizo pasar por su madre fallecida para cobrar su pensión
Las autoridades italianas le indicaron a Graziella Dall’Oglio que debía renovar su documento de identidad para continuar cobrando la pensión. Pero el funcionario que inició el trámite notó detalles sospechosos, como el tupido vello que se advertía muy claramente por encima del cuello de su camisa. La voz era demasiado áspera y masculina.
Las manos también le provocaron desconfianza. Y se fue manejando su auto, pese a que la comuna nunca había emitido una licencia de conducir a su nombre. Finalmente se descubrió que Graziella Dall’Oglio había muerto en 2022 y su cuerpo estaba oculto en su propia casa, momificado y envuelto en bolsas de dormir.
Quien intentaba hacerse pasar por ella para realizar los trámites era su hijo, de 57 años, quien terminó arrestado por ocultación de un cadáver, fraude al Estado, suplantación de identidad y falsificación de documento público.

Graziella Dall’Oglio murió a los 82 años en Borgo Virgilio, cerca de la ciudad de Mantua, en el norte de Italia. Los investigadores esperan el resultado de la autopsia para saber si la mujer fue asesinada o falleció por causas naturales.
Su hijo, cuyo nombre no fue revelado, es un enfermero desempleado. Cuando su madre falleció no reportó la muerte y aprovechó sus conocimientos básicos de medicina para extraer líquidos del cuerpo de la mujer con una jeringa y así evitar la descomposición.
Desde entonces, el hombre de 57 años cobra la pensión usurpando la identidad de su madre. Pero el documento de identidad de Graziella se venció y la renovación debe hacerse en persona. El hombre entonces se maquilló, se puso una peluca y usó la ropa y el bastón de su madre para ir a renovar el documento.
El funcionario que tramitó la solicitud sospechó que algo no cuadraba y alertó a las autoridades, que convocaron nuevamente a la supuesta señora Dall’Oglio a la oficina municipal. Imágenes de las cámaras de vigilancia del estacionamiento muestran que el hombre llegó en su auto vestido como su madre.
El engaño se reveló rápidamente. La Policía detuvo al hombre y luego fue al domicilio de la anciana, donde estaba el cuerpo momificado en un armario, envuelto en bolsas de dormir.
El fraude de pensiones estatales es común en Italia: cada año decenas de personas son arrestadas por hacerse pasar por alguien que falleció para cobrar su pensión, según estadísticas de la Policía financiera italiana, conocida como Guardia di Finanza. NA

