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PREOCUPA PRESIÓN FISCAL EN MEDIO DE LAS RESTRICCIONES
25 de junio de 2021
A principios de marzo del año pasado, los primeros casos de COVID-19 en nuestro país, sumados a la altísima y rápida contagiosidad que presenta el virus, obligaron al gobierno nacional a tomar drásticas medidas de aislamiento, con prohibiciones de circulación y de trabajo para enorme cantidad de actividades.
Aquella medida tan impactante, que debió tomarse por cuestiones estrictamente sanitarias, y que evitó, seguramente, el desastre humanitario que hemos visto en diferentes países, donde la cantidad de enfermos y de muertes desbordó los más sólidos sistema de salud, generó un daño económico sin precedentes: dejó sin ingresos, en cuestión de horas, a muchísimas empresas de distintos sectores de la economía que no fueron considerados “esenciales”, y también afectó gravemente a muchas otras que, aún siendo “esenciales”, han visto desplomarse sus ventas por la contracción generalizada del nivel de actividad.
Sin ingresos, resulta imposible afrontar los gastos. Para evitar la aplicación masiva de un instituto receptado por la Ley de Contrato de Trabajo, el DNU 329/2020 del 31 de marzo del año pasado prohibió los despidos y suspensiones sin justa causa o por falta y disminución de trabajo o fuerza mayor, con el objetivo de preservar los puestos laborales en aras de mantener la paz social. Dicho decreto, que tenía una extensión de 60 días, se ha ido prorrogando hasta el presente.
En ese contexto, la mayoría de las empresas estaban fuertemente golpeadas por las medidas de aislamiento y se encuentran imposibilitadas de suspender o despedir personal. Bajo el eslogan de “Estado Presente”, algunos sectores han recibido, como una medida de auxilio insuficiente y por pocos meses, algún programa como el ATP o el REPRO II, que han otorgado un monto de cerca de la quinta parte del sueldo de cada empleado, pudiendo ser apenas superior en algunas actividades, pero siempre inferiores a la mitad del sueldo.
Transcurridos quince meses de restricciones de mayor o menor gravedad, se mantiene la prohibición de despedir o suspender personal por falta o disminución de trabajo debido a fuerza mayor, como una pandemia de proporciones inéditas en la historia reciente, con el loable fin de mantener los puestos laborales, pero ¿quién sostiene a esas fuentes de trabajo? ¿Es el “Estado Presente”? ¿O son las empresas las que las sostienen, que en cumplimiento de dicha prohibición y teniendo en miras el fin social del trabajo, conservan la nómina de empleados, aún acumulando deudas comerciales, impositivas y previsionales? Porque, es necesario decirlo para que nadie se engañe, los programas como el ATP y el REPRO II no resuelven el problema, quienes cumplen con el pago de sueldos son las empresas, no el Estado, y lo hacen no solo resignando el beneficio que toda actividad económica busca y que hace mucho ya no tiene, sino acrecentando sus deudas. Ya lo recordaron los hoteleros la semana pasada: resulta imposible afrontar todos los pagos, las empresas privilegian los salarios y se endeudan con el resto. No se trata de rebeldía, se trata de imposibilidad por falta de trabajo.
Basta con recorrer esta ciudad, o cualquier otra, para espantarse con la cantidad de persianas bajas, con locales de escasos clientes, con actividades de funcionamiento intermitente e imprevisto (gimnasios, natatorios, cines, teatros, escuelas, transportes escolares…) y otras directamente sin funcionamiento (hoteles, agencias de viaje, salas de juego, salones de fiesta, recitales, entre otras). En 2020 el PBI ha caído un 9,9%. En el peor año de nuestra historia económica, el 2002, la caída fue del 10,9%. Nótese con este sencillo indicador la magnitud del problema.
Y en medio de este terrible panorama, la AFIP ha decidido ejercer presión sobre los contribuyentes. El traspié de hace apenas unos días, con la pretensión de cobro retroactivo a monotributistas que pagaron en tiempo y forma lo que correspondía, es un claro ejemplo: la indignación generalizada fue tan grande que el propio Presidente de la Nación tuvo que ocuparse con urgencia del tema para dar un paso atrás.
Pero esa es solo una muestra de la falta de contacto con la realidad y de la ausencia de empatía con sectores tan golpeados por la pandemia y por las medidas de restricciones que el propio gobierno adoptó. Pues por estos días la AFIP comenzó a intimar a diferentes empresas para que en pocas horas cancelen sus deudas impositivas bajo amenaza de juicios y embargos en sus cuentas bancarias. Es importante aclarar que las deudas que se pretenden ejecutar son autodeclaradas, es decir, las propias empresas informaron los montos que deben pagar, los que no han pagado por imposibilidad, por darle prioridad al pago de salarios. ¿Será que se pretende, desde el Fisco, que se dejen de pagar sueldos para pagar impuestos? ¿Será que el objetivo que se proclama de mantener la paz social es solo una declaración? ¿O de qué otra forma pueden las empresas pagar sus deudas? ¿Ejecutando a su vez a sus clientes deudores, para que así el efecto dominó termine por cerrar las empresas que hasta ahora han sobrevivido al desastre económico? ¿No querrá el Estado quedarse con las empresas? Menudo problema tendrían para gestionarlas…
La preocupación entre empresarios es creciente. Sería bueno que los políticos tomen nota del error, que reflexionen y reviertan la postura, para que esa preocupación no se traslade a los empleados, y pueda mantenerse así la tan declamada paz social.
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La Fuerza Aérea Argentina celebró sus 114 años
La Fuerza Aérea Argentina celebra este lunes el 114º aniversario de la creación de la Escuela de Aviación Militar, la cual surgió de la iniciativa de los primeros aficionados argentinos, entre los que se encontraba Jorge Newbery, que fue quien se ofreció para adiestrar a los oficiales y mediante una colecta compró los primeros aparatos militares.
Se trata de una fecha que tiene su origen en los primeros pasos de la aviación militar en el país y la citada Escuela de Aviación Militar es considerada el antecedente directo de la actual Fuerza Aérea. La aviación surgió en Argentina como un deporte que practicaban unos pocos que querían cruzar el Río de la Plata o la Cordillera de los Andes en globo o en avión.
En tanto, la historia comenzó el 10 de agosto de 1912, cuando el entonces presidente Roque Sáenz Peña firmó el decreto que creó la Escuela de Aviación Militar en El Palomar, provincia de Buenos Aires y que fue el primer organismo estatal destinado a la enseñanza del vuelo militar y la primera unidad aérea militar del país.
En 1954 se estableció esta fecha como “Día de la Fuerza Aérea Argentina”, reconociéndose a la citada escuela como la primera unidad aérea militar de nuestro país, mientras que la historia de la Fuerza Aérea quedó atravesada por distintos episodios de la historia argentina, entre ellos la Guerra de Malvinas de 1982, en la que sus pilotos participaron en operaciones contra las fuerzas británicas.
Durante la celebración se llevó a cabo el Pasaje aéreo de los F-16 que hará el siguiente recorrido: Obelisco porteño, aeroparque Jorge Newbery, Costanera Norte y estadio Monumental de River.
La Fuerza Aérea había señalado en un flyer que difundió a través de su cuenta oficial de Instagram: “Si te gustan los aviones, no te los podés perder. Prepará la cámara del celular y todas las ganas de escuchar…Rugir los motores”.
En tanto, varias aeronaves sobrevolaron cielos porteños para conmemorar el día de la Fuerza Aérea Argentina y hubo un desfile terrestre que protagonizaron los hombres y mujeres que integran la institución.
Además, se supo que se llevó cabo una ceremonia presidida por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, y de la misma participó el jefe de la Fuerza, brigadier general Gustavo Javier Valverde. (NA)
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Adiós al ‘Día de las Infancias’: Regresa del ‘Día del Niño’ en agosto
El presidente Javier Milei firmó el decreto 562/2025, publicado en el Boletín Oficial, mediante el cual se restablece oficialmente la denominación “Día del Niño” para la celebración dedicada a los más chicos.
El cambio recupera el nombre tradicional que durante los últimos años había sido reemplazado en distintos ámbitos por otras denominaciones, como el Día de las Infancias.
La celebración se realiza actualmente el tercer domingo de agosto, aunque la fecha atravesó distintas modificaciones a lo largo de los años. Desde 1960 se instaló de manera continua y, posteriormente, los cambios estuvieron vinculados tanto a cuestiones sociales como a pedidos del sector comercial, particularmente de la Cámara del Juguete, que buscaba favorecer las ventas.
En 2011, la celebración debió trasladarse al 21 de agosto debido a la coincidencia con las PASO previstas para el domingo 14. Dos años más tarde, en 2013, quedó establecido el tercer domingo de agosto como fecha fija, con el objetivo de evitar coincidencias con jornadas electorales y brindar mayor previsibilidad a las familias y los comercios.
El nombre de la celebración también fue motivo de debate. En 2020, Gabriel Lerner, entonces secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, había planteado reemplazar la expresión “Día del Niño” con el argumento de promover una mirada que contemplara la diversidad de la niñez.
Con el nuevo decreto, la gestión de Milei decidió recuperar formalmente la denominación tradicional, una decisión que vuelve a poner en discusión el significado cultural y simbólico de la fecha.
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Las ventas minoristas pyme bajan 3,8% interanual en julio
Las ventas minoristas pyme registraron un descenso interanual del 3,8% durante el mes de julio. Asimismo, la comparación respecto al mes anterior también mostró una contracción del 2,1%. De esta manera, en los primeros siete meses del año, se acumuló un retroceso del 2,7%.
El descenso en la medición interanual obedeció al agotamiento de la liquidez extraordinaria aportada por el aguinaldo en el mes anterior. La ausencia de este dinamizador coyuntural, combinada con la mayor incidencia de las tarifas de servicios invernales sobre el presupuesto familiar, profundizó la cautela del consumidor y desaceleró el ritmo general de la actividad.
En lo que respecta a la percepción cualitativa sobre el estado del negocio, el 48,1% de los comerciantes consultados sostuvo que su nivel de actividad se mantuvo estable con relación al mismo período del año anterior, cifra que evidenció un descenso de dos puntos porcentuales en comparación con el relevamiento del mes de junio. Esta retracción en la lectura neutral se tradujo de forma directa en un incremento de las valoraciones pesimistas, observándose que la proporción de comercios que definió su escenario operativo como desfavorable ascendió del 43,1% al 44,5% en el transcurso del último mes.
En cuanto a las proyecciones a doce meses, el 46,3% de los relevados prevé que su nivel de actividad no experimentará cambios significativos. Por otro lado, un 42,4% estima un escenario futuro más favorable, lo que representa un avance de 4,7 puntos porcentuales en la visión optimista respecto al mes anterior, mientras que el 11,3% restante aguarda un deterioro en el desempeño de su negocio. Finalmente, en lo relativo a las decisiones de financiamiento, el 61,5% de los locales juzgó que la coyuntura resulta desfavorable para concretar nuevas inversiones de capital, en tanto que el 14% la consideró oportuna y el 24,5% optó por no fijar una posición al respecto.
En el desglose por sectores, seis de las siete actividades relevadas mostraron retrocesos en la comparación interanual. Los mayores descensos se concentraron en Textil e indumentaria (-5,6%), Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-5,5%) y Alimentos y bebidas (-5,4%). En contraste, el único rubro que logró terreno positivo fue Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (+1%).
El índice general de ventas minoristas informado por CAME mide las ventas realizadas por los comercios relevados bajo cualquier modalidad.
Durante julio se detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 14,9% y una baja intermensual desestacionalizada del -0,1%.
El desempeño minorista del mes de julio evidenció una marcada desaceleración interanual, explicada por el agotamiento de los impulsos coyunturales y la inyección de liquidez que habían dinamizado el período previo, por el ya mencionado cobro del aguinaldo. La pérdida persistente de capacidad adquisitiva, agravada por la incidencia de los costos de las tarifas de servicios durante el invierno sobre el presupuesto familiar, derivó en una demanda defensiva y fragmentada. En este escenario, el consumo se acotó a la adquisición de bienes indispensables de la canasta básica, fármacos recetados e insumos de reposición inmediata, postergando de manera sistemática las decisiones de compra en bienes durables, indumentaria, amoblamiento y productos de mayor valor unitario.
Por el lado de la oferta, la concreción de operaciones se mantuvo condicionada por el uso de promociones bancarias, billeteras digitales y descuentos por pago al contado, ante la saturación de los márgenes crediticios de los consumidores. En paralelo, los comercios enfrentaron una compresión de sus márgenes de rentabilidad producto de las constantes alzas en los costos de reposición, el encarecimiento logístico y la presión de la competencia informal e importada. Frente a esta coyuntura de costos al alza y de ventas contenidas, el empresariado pyme sostuvo una postura de marcada cautela financiera, congelando planes de inversión de capital y priorizando el sostenimiento del flujo operativo.
