El ministro de Salud, Mario Lugones, informó que el Gobierno comenzó a transferir los fondos hacia las prestadoras del PAMI para normalizar el conflicto. Mientras tanto, los médicos de cabecera mantienen un pato de 72 horas en reclamo por atrasos y cambios en sus condiciones laborales.

“Hoy el PAMI está pagando, la plata llegó”, afirmó ayer Lugones al ser abordado por la prensa durante la cumbre del AmCham Summit 2026, la cumbre de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina.

El ministro de Salud reconoció que la obra social atraviesa dificultades, pero buscó llevar tranquilidad en medio del conflicto con profesionales y proveedores. El organismo enfrenta reclamos por deudas con farmacias y centros de salud que alcanzarían los $500.000 millones.

Ante esta situación, el Ministerio de Economía de la Nación le giró al PAMI fondos por $150.000 millones ayer para que comience a realizar pagos a las prestadoras y médicos de cabecera.

En paralelo, los médicos de cabecera del PAMI decidieron realizar un paro nacional de 72 horas en rechazo a una resolución que, según denuncian, implica una fuerte reducción de sus ingresos. Pese a la medida de fuerza, garantizaron la atención para urgencias.

El conflicto se originó tras la implementación de la Resolución RESOL-2026-1107 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que introduce cambios en el nomenclador y en el modelo prestacional. Desde la Asociación de Profesionales de la Salud sostienen que la unificación del esquema se traduce, en la práctica, en un recorte salarial.

De acuerdo con lo planteado, un médico con dedicación completa pasaría a cobrar $1.400.000 en vez de $2.100.000 mensuales. En ese sentido, señalaron que esos ingresos resultan insuficientes para cubrir costos básicos de la actividad profesional.

También cuestionaron las condiciones de trabajo e indicaron que un médico de cabecera debe atender pacientes cada 20 minutos y validar cada consulta en tiempo real en un sistema que presenta fallas, lo que muchas veces los obliga a completar tareas fuera del horario laboral para evitar descuentos.

El Gobierno autorizó el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para llevar a cabo dos ejercicios conjuntos y combinados entre ambos países en espacios destinados para instrucción militar y en la Zona Económica Exclusiva.

La autorización fue oficializada por decreto este viernes en el Boletín Oficial, donde se enumeraron las especificaciones respecto a ambos ejercicios militares que llevarán en conjunto las Fuerzas Armadas de Argentina y Estados Unidos.

Cómo serán los ejercicios entre el Ejército Argentino y Estados Unidos
En el caso del ejercicio “Daga Atlántica”, se desarrollará desde el 21 de abril hasta el 12 de junio de 2026 con actividades en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, ubicada en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires.

Se trata de un adiestramiento conjunto y combinado del cual participarán 150 efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Argentina y solo 50 de Estados Unidos.

El objetivo es fortalecer la cooperación militar dentro del continente, la confianza mutua, la integración e interoperabilidad entre las Unidades de Fuerzas de Operaciones Especiales del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOE) y del Comando Sur de Operaciones Especiales (SOCSOUTH).

El ejercicio busca que las Fuerzas Armadas argentinas mejoren su preparación trabajando junto a otros países, especialmente con Estados Unidos, para adquirir experiencia en la planificación, coordinación, conducción y sincronización, así como también en llevar adelante operaciones especiales de manera coordinada. Esto permite ganar experiencia real y actuar de forma más organizada ante posibles conflictos futuros.

Por otro lado, el ejercicio combinado binacional de Adiestramiento en el Mar “PASSEX” se realizará en la Zona Económica Exclusiva de Argentina entre los días 26 y 30 de abril de 2026.

En esta oportunidad, contará con la participación del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley de la Armada de Estados Unidos.

En este caso, se entrenan maniobras y técnicas navales básicas para mejorar el trabajo en conjunto, fortalecer la confianza entre fuerzas y asegurar que todo se haga dentro de las normas legales vigentes.

El Gobierno de Javier Milei avanzó este viernes con una nueva medida de desregulación al eliminar la exigencia de habilitación de los municipios para realizar trámites ante el Registro Nacional de Armas, en una decisión que apunta a simplificar procedimientos administrativos y agilizar trámites.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, asegura que la obligación de presentar habilitaciones municipales generaba duplicación de requisitos y demoras, además de dificultades para unificar criterios a nivel nacional debido a las diferencias entre normativas locales.

La medida elimina ese requisito para trámites vinculados a la inscripción y rehabilitación de fábricas, depósitos y almacenamientos de nitrato de amonio en solución, un material sujeto a control. También alcanza a agencias de seguridad, transportadoras de caudales y entidades financieras, que ya no deberán presentar constancias municipales para gestiones como inscripciones, reaperturas, cambios de domicilio o prórrogas.

En estos casos, solo será necesaria la certificación emitida por la autoridad jurisdiccional competente, sin mayores exigencias documentales.

El organismo aclaró que la eliminación de este requisito no libera a los usuarios del cumplimiento de las normativas locales vigentes, ya que cada jurisdicción seguirá siendo responsable de controlar habilitaciones y condiciones de funcionamiento.

La resolución también deja sin efecto disposiciones anteriores, como partes de la normativa 220/08 y modificaciones de la 35/14, que establecían la obligación ahora eliminada.