El deterioro del crédito corporativo se consolida como una de las principales luces de alerta en el mapa económico argentino. Durante septiembre, 1.937 nuevas empresas ingresaron en mora, lo que representa un salto del 3,5% respecto a agosto.
La tendencia cobra mayor gravedad al analizar el mediano plazo, ya que la cantidad de firmas con una situación irregular en el sistema bancario escaló a 58.982, una suba interanual del 53%.

Este combo de morosidad e insolvencia impactó de lleno en los indicadores de riesgo privado. El Score de Riesgo Económico y Financiero (SERF), elaborado por la consultora Fidelitas, retrocedió 0,6 puntos frente al mes anterior para ubicarse en 37,7 unidades, una cifra que mantiene al entramado empresarial dentro de la categoría de “Riesgo Elevado”.

Los analistas advierten que este resultado expone un escenario de marcada heterogeneidad, donde los leves alivios financieros de algunos sectores conviven con la persistente debilidad de la actividad económica general.

El componente de Riesgo Crediticio alcanzó apenas 19 puntos, el registro más bajo entre las dimensiones del indicador. Si bien se redujo un 8,9% la mora temprana (situación 2), el panorama de fondo continúa deteriorándose: mientras en enero de 2025 había alrededor de 1,8 millones de CUITs en situaciones crediticias de la 2 a la 4, actualmente unos 3,7 millones se encuentran en situación 5, considerada irrecuperable.

Por otra parte, dentro del indicador, la actividad económica registró 51,2 puntos. Esto se explica por la caída interanual del EMAE de julio, las contracciones de la industria manufacturera y la construcción, las cuales contrastaron con el crecimiento de la minería en agosto. Por su parte, el componente financiero y de precios alcanzó 54,9 puntos, favorecido por una leve reducción del diferencial entre las tasas de préstamos personales y depósitos.

El comercio exterior, con 72,8 puntos, fue el componente de mejor desempeño, respaldado por el superávit comercial de agosto.

“Los datos muestran una tensión cada vez más evidente: las herramientas monetarias que contribuyen a estabilizar la economía también encarecen el financiamiento y profundizan las dificultades de empresas y familias. Con casi 59.000 empresas en una situación bancaria distinta de la normal y un crecimiento del 53% en doce meses, la recuperación del crédito se vuelve una condición central para reactivar la actividad”, señaló Félix El Idd, CEO de Fidelitas.

En este contexto, las tasas de interés reales positivas cumplen un papel en la estabilización monetaria, al incentivar los activos en pesos y moderar la demanda de dólares. Sin embargo, cuando permanecen elevadas, encarecen el crédito, restringen el consumo y postergan inversiones. El desafío consiste en compatibilizar la desinflación con una recuperación sostenible de la actividad económica.

A estas dificultades se suma la incertidumbre financiera de cara a 2027. La demanda privada de divisas para dolarización de activos y pago de dividendos ronda los US$ 2.500 millones mensuales, mientras que los vencimientos de deuda soberana alcanzan unos US$ 25.000 millones entre capital e intereses durante ese año.

Los rendimientos de los bonos con vencimiento en 2028, superiores al 20%, y un riesgo país por encima de los 550 puntos reflejan las dudas sobre la capacidad de refinanciación y la disponibilidad de reservas.

Para el cierre de 2026, no se prevén grandes cambios en el escenario. El Gobierno apuesta a mayores ingresos de divisas por la cosecha de trigo y la operación del oleoducto Vaca Muerta Sur, mientras que los proyectos vinculados al RIGI podrían tener un impacto más significativo en el mediano plazo. No obstante, la incertidumbre política y financiera anticipada para el próximo año constituye un factor adicional de cautela para las decisiones de inversión.

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) anunció un paro nacional de 24 horas para el martes 20 de octubre por la falta de acuerdo en las paritarias del sector.
La organización sindical, conducida por Héctor Daer, resolvió avanzar con la medida de fuerza ante la negativa de las representaciones empresariales a firmar el acuerdo salarial. El objetivo es presionar por una recomposición de los ingresos de los trabajadores de la sanidad, cuya escala salarial, según denunció la federación, venció hace 45 días.

En un comunicado difundido este miércoles, FATSA cuestionó la postura de los empresarios de la salud y los acusó de aceptar la política de ajuste del Gobierno y pretender trasladar sus consecuencias a los salarios de los trabajadores.

«Establecimientos llenos y bolsillos vacíos»
“No vamos a aceptar más postergaciones”, advirtió la organización, que también señaló el contraste entre la actividad de los establecimientos sanitarios y la situación económica de sus empleados. “Los establecimientos están llenos y los bolsillos de los trabajadores vacíos”, planteó.

La federación sostuvo, además, que mientras aumentan los costos de los servicios, el transporte y el combustible, los incrementos salariales continúan demorados. También denunció mayores exigencias laborales, reducción de las dotaciones de personal y un incremento de la presión sobre quienes sostienen la atención de los pacientes.

En ese marco, FATSA rechazó que los trabajadores deban asumir las consecuencias de las negociaciones entre los prestadores de salud y los organismos financiadores. “Ni la administración de los contratos con el PAMI, ni las negociaciones con las prepagas o las obras sociales provinciales son nuestra responsabilidad”, afirmó.

La convocatoria al paro marca un nuevo capítulo en la disputa por la actualización de los ingresos del sector, con la negociación todavía sin resolución y un plazo definido para la medida de fuerza.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, anunció la creación del Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030, una iniciativa que busca articular las capacidades y los programas existentes para reducir la mortalidad prematura, la enfermedad y la discapacidad vascular en todo el país.

Durante el Congreso Argentino de Cardiología, Lugones presentó el plan que propone trabajar de manera integral sobre la salud vascular, desde la prevención de los factores de riesgo hasta la detección temprana, el tratamiento oportuno, la rehabilitación y el seguimiento a largo plazo.

Entre sus principales líneas de acción se encuentran el fortalecimiento de la prevención y el control de factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y la enfermedad renal crónica; el desarrollo de redes para la atención de eventos agudos; y la mejora de la continuidad de los cuidados, incluida la rehabilitación.

"Lanzamos el Plan Nacional de Salud Vascular para dejar de pensar al cerebro y al corazón como dos órganos que requieren dos políticas separadas. La enfermedad vascular es un problema único y necesita una misma lógica de respuesta en todo el territorio nacional”, aseguró el ministro.

Además, anunció que el infarto agudo de miocardio se incorporará como evento de notificación obligatoria en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. La medida se suma a la incorporación del accidente cerebrovascular (ACV) y la insuficiencia cardíaca, anunciada el último 20 de agosto.

“La notificación obligatoria del infarto nos va a dar, por primera vez, un registro nacional real. Y con su incorporación a la Stroke App, la misma herramienta que hoy coordina la respuesta ante un ACV va a coordinar también la respuesta ante un infarto: un único sistema para dos emergencias en las que cada minuto cuenta”, afirmó.