El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió hoy con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y con las autoridades de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), el brazo del organismo que le presta al sector privado, con el objetivo de sumar nuevos proyectos y ampliar los fondos de financiamiento disponibles para la Argentina.

“Excelente reunión con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, con la vicepresidente para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra y con el vicepresidente para Europa, América Latina y el Caribe del IFC, Alfonso García Mora, en la que avanzamos en nuevos proyectos con financiamiento del organismo y analizamos la posibilidad de ampliar los fondos disponibles para la Argentina”, escribió Caputo en la red social X, en el marco de las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial que se desarrollan en la capital de Tailandia.

Según el ministro, en el encuentro también se identificaron oportunidades de inversión privada en sectores estratégicos, con potencial para generar empleo, desarrollar cadenas de valor y estimular la inclusión financiera de las pymes. Caputo precisó que el Gobierno trabaja para “viabilizar nuevas inversiones en el sector privado” por US$10.000 millones, aunque no detalló en qué sectores ni con qué plazos.

No se trataría de un préstamo, sino del monto que la IFC manejaría en inversiones con el sector privado en la Argentina durante los próximos meses, entre inversiones propias y movilización de capital.

Uno de los anuncios concretos es que el Banco Mundial brindará asistencia técnica para el monitoreo y la ejecución de proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el esquema de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que el Gobierno busca usar como motor para atraer capitales a la minería y la energía.

“Esta agenda integral busca seguir potenciando nuestros recursos mineros y energéticos para generar más inversiones, exportaciones, empleo y crecimiento económico”, sostuvo el ministro.

Además, Caputo señaló que conversaron sobre el desarrollo de una estrategia de inteligencia artificial, con un proyecto que pueda ampliarse a distintos sectores y regiones con la participación de diferentes agencias del Banco Mundial.

La ronda con los multilaterales incluyó también al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Caputo se reunió con su presidente, Ilan Goldfajn, con quien analizó la cartera actual de proyectos y las perspectivas de financiamiento para el año próximo. “Conversamos sobre el importante respaldo del organismo al desarrollo de la Argentina y al proceso de reformas que estamos llevando adelante”, dijo.

La revisión pendiente con el FMI
Las reuniones con el Banco Mundial y el BID se dieron un día después del encuentro de Caputo con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, del que también participó el presidente del BCRA, Santiago Bausili. “Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales”, escribió el ministro.

Georgieva, por su parte, destacó “las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal, mientras muchos países luchan con altos déficits”, y agregó que los equipos de ambas partes siguen trabajando.

Sin embargo, todavía no se anunció un acuerdo a nivel técnico para completar la tercera revisión del programa, que habilitaría un desembolso de aproximadamente US$869 millones.

Esos fondos permitirían compensar el pago de US$795 millones que la Argentina realizó recientemente al organismo. Para lo que resta del año, el país enfrenta otros vencimientos con el FMI por US$865 millones en noviembre y US$340 millones en diciembre.

Uno de los puntos sensibles de la revisión es el resultado fiscal del primer semestre. La Argentina registró un superávit primario de $6,29 billones, por debajo de la meta de $6,86 billones, por lo que deberá solicitar una dispensa al Fondo, conocida como waiver. En cambio, cumplió la meta de reservas netas de junio, luego de que el organismo flexibilizara la exigencia.

La búsqueda de financiamiento llega, además, en un contexto de dudas sobre la economía. La caída mensual de 2,9% de la actividad en julio llevó a distintas consultoras privadas a recortar sus estimaciones de crecimiento para este año.

En la previa de las reuniones en Bangkok, el FMI rebajó 1,4 puntos su pronóstico de expansión para la Argentina en 2026, a 2,1%, y el Banco Mundial también lo redujo a 2,1%, desde el 3,6% que estimaba en junio.

El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.828, que modifica el régimen de Zona Fría y establece nuevos criterios para acceder a los descuentos en las facturas de gas.

La normativa fue publicada en el Boletín Oficial, luego de su aprobación en el Congreso el 24 de septiembre, y mantiene el beneficio permanente para la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la región de la Puna.

En cambio, las localidades incorporadas al régimen mediante la ampliación de 2021 dejarán de recibir la bonificación de manera generalizada. El cambio podría afectar a unos 3,35 millones de usuarios en todo el país, incluidos residentes de ciudades bonaerenses como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Necochea, Pergamino y San Nicolás.

Los usuarios que pierdan el descuento automático podrán solicitar una bonificación adicional si están inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados y cumplen con los requisitos establecidos. Además, deberán acreditar su situación socioeconómica y residir en las zonas contempladas por la normativa. La secretaría de Energía será la encargada de reglamentar el procedimiento de inscripción y validación.

Cuáles son los requisitos para mantener el subsidio de gas
Para acceder al beneficio, los usuarios deberán cumplir las condiciones previstas en la ley.

Entre los principales criterios se encuentran:

Correo electrónico
Registrar
• Ingresos familiares: no superar el equivalente a tres canastas básicas totales para un Hogar 2.

• Certificado Único de Discapacidad (CUD): contar con al menos un integrante del grupo familiar con certificado vigente.

• Certificado de Vivienda Familiar: tener un integrante del hogar con inscripción en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

• Veteranos de Malvinas: contar con una persona que perciba una pensión vitalicia como veterano de la Guerra de Malvinas.

• Residencia: vivir en las subzonas bioambientales alcanzadas por los criterios establecidos en la normativa.

La ley también modifica la forma de calcular el descuento: la bonificación se aplicará únicamente sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST). De esta manera, los costos de transporte, distribución e impuestos quedarán fuera del cálculo, lo que podría incrementar el importe final de las facturas. El régimen tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031 y se financiará mediante un recargo de hasta el 7,5 % sobre el precio del gas natural. (GN)

De los 266 cargos vacantes, 159 se encuentran todavía en la etapa del Consejo de la Magistratura, 77 ya pasaron al Poder Ejecutivo y 30 están en el Senado. En el Consejo hay, además, 75 concursos en trámite, que pueden abarcar una o más vacantes. Ante este escenario, Alfonso Santiago, constitucionalista de la Universidad Austral, propone acelerar y transparentar los procesos de selección, medir el impacto de las reformas procesales y evaluar periódicamente el desempeño de los jueces.

La cobertura de las vacantes judiciales continúa siendo uno de los desafíos del funcionamiento de la Justicia nacional y federal. El Mapa Dinámico de Concursos del Consejo de la Magistratura registra actualmente 266 cargos vacantes distribuidos en distintas etapas del proceso de selección y designación: 159 permanecen en trámite dentro del Consejo, 77 se encuentran en el Poder Ejecutivo y otros 30 en el Senado.

Los números permiten también distinguir entre vacantes y concursos. Actualmente existen 75 concursos en trámite en el Consejo de la Magistratura, pero esa cifra no representa otros 75 cargos que deban sumarse a los 266: un mismo concurso puede involucrar una o más vacantes. El mapa oficial informa por separado la cantidad de concursos y la de cargos vacantes en cada etapa.

En este contexto, Alfonso Santiago, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Austral, plantea cuatro reformas para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial: modificar el sistema de concursos, evaluar empíricamente las reformas procesales, establecer mecanismos de evaluación del desempeño de los magistrados y fortalecer una cultura de servicio judicial. Las propuestas fueron publicadas en un artículo en El Derecho.

Concursos anticipados y menos discrecionalidad

Uno de los principales focos está puesto en el mecanismo para seleccionar magistrados. Santiago sostiene que las demoras y la falta de transparencia de parte de los concursos constituyen obstáculos para el funcionamiento del Poder Judicial y señala la discrecionalidad existente en la conformación de las ternas.

Como respuesta, destaca el proyecto de nuevo Reglamento de Concursos aprobado por la Corte Suprema mediante la Acordada 4/2026, que fue remitido al Consejo de la Magistratura para su tratamiento. La iniciativa propone que los concursos anticipados sean la regla, de modo que puedan iniciarse sin esperar a que se produzca una vacante, además de introducir un legajo digital auditable y criterios tabulados para evaluar antecedentes.

Otro cambio apunta directamente a reducir la discrecionalidad. El proyecto establece que la entrevista personal puede otorgar un máximo de 20 puntos sobre un total de 200, es decir, el 10% del puntaje, y plantea reglas objetivas para la integración de ternas y listas complementarias. También propone una evaluación técnica en dos etapas con mecanismos destinados a garantizar el anonimato de los postulantes.

“Todo ello redundará en la credibilidad y legitimidad de quienes finalmente sean propuestos y acortará claramente el número y tiempo de las vacantes judiciales”, sostiene Santiago respecto de la reforma.

Medir si las reformas realmente aceleran los juicios

El segundo planteo apunta a un problema diferente: conocer si las reformas procesales que se vienen implementando efectivamente reducen los tiempos judiciales.

Santiago señala que en los últimos años se aprobaron numerosas modificaciones procesales, tanto en el ámbito nacional como provincial, destinadas a agilizar los juicios. Su propuesta es medir su impacto real sobre la duración y eficiencia de los procesos y utilizar esa evidencia para determinar qué reglas y prácticas deberían mantenerse o extenderse.

El enfoque supone pasar de discutir las reformas únicamente desde el plano normativo a compararlas a partir de resultados: cuánto tardaban los procesos antes y después de los cambios y qué mecanismos consiguieron efectivamente reducir esos tiempos.

Evaluar el desempeño de los jueces

La tercera propuesta introduce otro eje de discusión: qué ocurre una vez que un magistrado ya fue designado.

Santiago sostiene que el sistema argentino desarrolló procedimientos para seleccionar, designar, disciplinar y eventualmente remover magistrados, pero que sigue pendiente un mecanismo adecuado de evaluación periódica de su desempeño. Propone que los jueces rindan cuenta objetivamente de su actuación ante sus superiores, los abogados, los justiciables y la sociedad.

El punto de partida es una diferencia que, según el constitucionalista, puede observarse dentro del propio sistema: juzgados que trabajan con cantidades similares de personal, infraestructura y las mismas reglas procesales presentan resultados distintos en eficiencia y calidad de gestión. Para Santiago, medir esas diferencias permitiría identificar buenas prácticas y mejorar el funcionamiento institucional.

Una discusión que llega al Consejo de la Magistratura

El cuarto eje planteado es menos reglamentario y apunta a promover una cultura de servicio al ciudadano dentro del Poder Judicial. Santiago considera que las reformas institucionales necesitan acompañarse de cambios en las prácticas de quienes integran la Justicia y del liderazgo de sus autoridades.

El debate adquiere además una dimensión institucional inmediata. El propio Santiago señala la próxima elección de los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura como una oportunidad para discutir el funcionamiento, la transparencia y la eficiencia del Poder Judicial.

La magnitud de las vacantes coloca esa discusión sobre datos concretos: 266 cargos se encuentran actualmente en alguna instancia del proceso de cobertura y 159 de ellos todavía permanecen en el Consejo de la Magistratura. La discusión que plantea Santiago es cómo reducir esos tiempos y, al mismo tiempo, incorporar mecanismos que permitan evaluar no solamente cómo se elige a los jueces, sino también cómo funcionan los tribunales una vez que esos cargos son cubiertos.