El Gobierno argentino rechazó este jueves las críticas del Reino Unido al procedimiento de arbitraje internacional impulsado por el país por la explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas y sostuvo que recurrir a un tribunal internacional constituye un mecanismo legítimo y pacífico para resolver controversias.

A través de un comunicado, la Cancillería cuestionó que el Reino Unido haya caracterizado el recurso argentino al arbitraje, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), como un intento de "socavar" derechos.

"Nada más alejado de la realidad", afirmó el Palacio San Martín, y sostuvo que someter una controversia a un tribunal internacional imparcial "es el acto más responsable que puede realizar un Estado".

El pronunciamiento se produjo luego de que el Reino Unido objetara la decisión argentina de iniciar un procedimiento de arbitraje para intentar impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, particularmente a través del proyecto Sea Lion.

El Gobierno argentino había instruido el 28 de septiembre a la Cancillería y a sus equipos jurídicos a avanzar con ese mecanismo.

En su respuesta, la Argentina remarcó que ambos países son Estados parte de la CONVEMAR y que, al ratificarla, aceptaron los mecanismos previstos por ese tratado para la solución de controversias.

"El recurso argentino al arbitraje no busca 'socavar' los derechos de nadie, sino preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales", sostuvo la Cancillería.

El comunicado también respondió a declaraciones de la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien defendió las actividades hidrocarburíferas británicas en el área.

Al respecto, el Gobierno argentino señaló que, si el Reino Unido considera que esas actividades se ajustan al derecho internacional, podrá "defender su posición" ante los árbitros independientes que intervengan en el procedimiento.

La Cancillería recordó además que la comunidad internacional reconoce desde hace décadas la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

En ese sentido, citó la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que instó a ambos países a avanzar en negociaciones para encontrar una solución pacífica a la controversia.

El Gobierno argentino también sostuvo que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales en el área en disputa implica una modificación unilateral de la situación, una práctica que, según señaló, la Argentina viene objetando por canales diplomáticos.

Por otra parte, rechazó la utilización británica del principio de libre determinación de los pueblos en relación con los habitantes de las islas y señaló que ese criterio no ha sido aplicado por las Naciones Unidas a la cuestión Malvinas.

"La República Argentina reafirma su permanente disposición a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas", concluyó la Cancillería.

El Gobierno sostuvo que continuará defendiendo sus derechos mediante "el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional". (NA)

La magistrada Mariel Borruto hizo lugar a la cautelar para suspender perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la explotación por parte de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.6

La Justicia Federal de Río Grande ordenó a las pesqueras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que se suspenda el inicio o la continuidad de obras vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, situado en las Islas Malvinas.

La decisión estuvo a cargo de la jueza Mariel Borruto, que hizo lugar a la demanda cautelar para suspender perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la explotación por parte de las empresas pesqueras.

“Como tutela cautelar, las actoras solicitan que se ordene la suspensión del inicio y/o continuidad de las obras; se impidan determinados actos financieros destinados a posibilitar su ejecución; se comunique la existencia del proceso a autoridades regulatorias y mercados de valores; y se requiera a las demandadas la individualización de las entidades financieras, aseguradoras y demás sujetos vinculados con el financiamiento del emprendimiento”, señaló el fallo al que tuvo acceso TN.

Según explicó la magistrada, la decisión “reviste naturaleza cautelar y, por consiguiente, no importa pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas ni sobre la totalidad de las cuestiones que integran el objeto de la acción principal”.

La medida también intima a las compañías mencionadas a presentar, en el plazo de 10 días desde la notificación, una declaración jurada con documentos que permitan conocer el estado actual de Sea Lion.

Deberán informar el cronograma de construcción, perforación, instalación y comienzo de la explotación; la cantidad, ubicación y situación de los pozos; las unidades flotantes y los equipos de perforación contratados; y los principales contratistas y subcontratistas involucrados.

También tendrán que precisar cómo es la estructura societaria utilizada para el proyecto; las entidades financieras y fondos que lo financiaron; los desembolsos hechos, comprometidos o pendientes; las aseguradoras y reaseguradoras vinculadas; los estudios ambientales, análisis de riesgo, modelizaciones de derrames y planes de contingencia.

A su vez, la orden exige que detallen las obras e instalaciones terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas en apoyo del emprendimiento y toda ampliación proyectada o incorporación de pozos vinculada con el emprendimiento.

“Las actoras solicitan también que se prohíba a las demandadas celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, efectuar pagos y transferencias, realizar aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas, constituir garantías, afectar activos y realizar otros actos financieros destinados al proyecto”, agregó la jueza.

Por su parte, la jueza solicitó a la Cancillería que informe -en un plazo de 10 días- si las empresas pesqueras involucradas en el proyecto “cuentan o contaron con habilitación, permiso, autorización o consentimiento de autoridad competente de la República Argentina para desarrollar actividades de exploración, explotación o cualquier otra actividad hidrocarburífera en las Islas Malvinas y/o en los espacios marítimos circundantes que integran la Plataforma Continental Argentina”.

Además, le pidió a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, que detalle si existe en sus registros algún aviso del proyecto presentado o procedimiento de evaluación de impacto ambiental iniciado respecto de Sea Lion y de sus eventuales ampliaciones, por parte de alguna de las pesqueras o firmas vinculadas.

Asimismo, deberá remitir “si se ha dictado a su respecto declaración de impacto ambiental, certificado de aptitud ambiental o acto administrativo equivalente. Y en caso negativo, que comunique al Juzgado el eventual inicio de tal procedimiento si ello ocurriere con posterioridad”. (TN)

Las entidades de representación empresarial y bancaria más importantes de la Argentina, que integran el Grupo de los Seis (G6), expresaron este sábado su respaldo a la posición del Gobierno sobre las islas Malvinas, tras la cadena nacional que encabezó el presidente Javier Milei el jueves.

El G6 difundió un comunicado en defensa de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos correspondientes. Asimismo, en la nota apoyaron “las acciones destinadas a resguardar los recursos naturales de nuestro país”.

“La soberanía sobre las islas Malvinas constituye una causa nacional, permanente e irrenunciable, que está por encima de las diferencias políticas y debe unir a todos los argentinos”, afirmaron desde el grupo que está integrado por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

“El G6 reafirma la necesidad de sostener con firmeza el reclamo argentino en el marco de nuestra Constitución Nacional, el derecho internacional y la búsqueda de una solución pacífica a través de la diplomacia y la negociación”, refirieron también las entidades, que conforman el conglomerado más representativo dentro del establishment empresarial en la Argentina.

Por último, sostuvieron que la defensa del territorio, de los recursos naturales y de los intereses estratégicos de la Nación “es una responsabilidad de todos los argentinos”, como así también “una política de Estado que debemos sostener unidos”.

De esta forma, el G6 se alineó con el posicionamiento que emitió la gestión de Milei y sumó un espaldarazo más a la decisión, que despertó quejas en el Reino Unido.

El jueves, Milei anunció por cadena nacional un endurecimiento de las sanciones contra las empresas que realicen tareas de exploración y explotación hidrocarburífera en el Atlántico sur, avaladas por la gestión ilegítima británica en las islas.

Asimismo, el Presidente confirmó que su gobierno culminará las tareas de construcción de una base naval en Tierra del Fuego e hizo un llamado a la unidad nacional a los distintos espacios.

“Este tema demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos que hay un frente unido ante el mundo, como Nación y como sociedad. Porque hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas”, sostuvo Milei.

El respaldo del G6 fue en línea sobre todo con este pedido que emitió la Casa Rosada. Esto luego de los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien confirmó que su país puso en “revisión” rechazar la posición de Reino Unido sobre Malvinas, en medio de las quejas por la falta de apoyo de sus socios de la OTAN a la guerra en Medio Oriente.