Provincia
Campaña ‘anti argentina’: impulsan arancelar universidades y hospitales
22 de julio de 2026
El diputado libertario Agustín Romo presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto para arancelar a ciudadanos extranjeros que no acrediten residencia permanente en el país el uso de hospitales públicos y universidad, como respuesta a las críticas a la Argentina -en especial a su “racismo”- que se desataron en las redes en el marco de la participación de la Selección en el Mundial.
«Universidad pública y gratuita para los argentinos. Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian. Échenlos a todos. Me importa un carajo si les falta un final para recibirse. Que hagan la carrera otra vez en el país donde nacieron», escribió Romo, habitualmente polémico, en su perfil de X. El arancelamiento será para quienes no acrediten residencia permanente.
Allí, el diputado, que preside la bancada libertaria, venia reaccionando con dureza a los cuestionamientos a la Selección, que se fueron ampliando al país en sí. En su iniciativa no hizo mención explícita a las críticas contra el país, que algunos califican de “campaña”, pero lanzó en ese contexto iniciativa y se refirió a ella como una de sus causas en posteos y declaraciones de prensa..
El texto, que lleva la firma de 18 de los 20 diputados de la bancada libertaria y de Guillermo Montengro (PRO), aplicaría un arancel a los extranjeros que estudien en universidades de la provincia, pero solo existen dos con esa particularidad: la Universidad Provincia del Sudoeste, en Bahía Blanca, y la de Ezeiza, en esa localidad del conurbano. Además, en la provincia funcionan el programa Puentes: son 53 sedes que dependen de gobierno bonaerense -el programa lo implementó la gestión de Axel Kicillof a través del ministerio de Gobierno- que llevan carreras a 81 municipios del interior, muchas de las cuales son de universidades nacionales. Pero el proyecto no especifica qué ocurriría con ellos.
En general, cuando se han planteado propuestas para arancelar estudios de grado para extranjeros -los de posgrado ya son de pago, para todos- se ha puesto como criterio la residencia permanente, pero desde las universidades han indicado que para inscribirse en las casas de altos estudios es necesario contar con DNI, y que eso se logra con residencia permanente. Por lo que la prohibición seria redundante.
¿Qué pasa con los hospitales?
Respecto de los hospitales -hay 77 que dependen de la provincia, más 15 Unidades de Pronta Atención UPA- el articulado propone que los extranjeros que no acrediten residencia permanente deberán solventar el costo de las prestaciones que reciban a través de un seguro de salud o a través tercero.
Además, dispone que ninguna persona podrá ser rechazada, demorada ni condicionada en casos de emergencia que conlleven riesgo de vida y que el eventual recupero se tramitará después de estabilizar al paciente. En el proyecto quedan exceptuados del arancelamiento las víctimas de trata de personas y todas las acciones de vacunación y tratamiento de enfermedades transmisibles por razones de salud pública.
Acerca del régimen arancelario en las universidades, la iniciativa de Romo establece que estos centros de estudio de gestión estatal deberán establecer retribuciones por los estudios de grado que cursen estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente.
En tanto, agrega que el ministerio de Salud y las universidades alcanzadas deberán publicar anualmente la cantidad de prestaciones o estudiantes comprendidos, montos facturados y percibidos, exenciones, costos administrativos y destino de los recursos, sin datos personales. «Los recursos de la provincia de Buenos Aires son limitados y deben ser administrados con responsabilidad, priorizando las necesidades de los bonaerenses», dice Romo en los fundamentos del proyecto.
En declaraciones remitidas a DIB, Romo señaló que “mientras un argentino tenga dificultades para acceder plenamente a la salud y a la educación, es una locura que estemos financiando esos servicios para los extranjeros. Somos el país más generoso del mundo, pero cuando vamos al exterior no recibimos el mismo trato: en ningún lado nos dan salud o educación gratuita, ni siquiera por reciprocidad”.
Romo vinculó explícitamente su proyecto con la campaña de críticas a Argentina en las redes “encima, nos damos cuenta de que muchos de los que vienen a vivir, estudiar y disfrutar de la Argentina nos odian, nos critican y nos tildan de racistas. Bueno, se acabó. El contribuyente argentino no tiene por qué seguir pagándole la salud y la educación a extranjeros que nos insultan y no valoran al país. El juego se terminó”.
Por su parte, el vice de la Cámara de diputados, Juan Osaba, explicó que «la propuesta legislativa busca ordenar y optimizar el uso de los recursos públicos de la provincia de Buenos Aires. Los servicios públicos de salud y las universidades bonaerenses deben priorizar a quienes contribuyen día a día en nuestra Provincia”. DIB.
Foto: Diputado libertario Agustín Romo. DIB.
Provincia
Justicia habilitó los aumentos de las tarifas de luz
Las tarifas de luz en laprovincia de Buenos Airesquedaron nuevamente habilitadas para las cuatro distribuidoras luego de que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata aceptara el pedido de la administración de Axel Kicillof. El tribunal concedió efecto suspensivo al recurso provincial contra la cautelar que había frenado los incrementos.
La resolución, firmada el 15 de octubre, permite aplicar los valores previstos en la Resolución 682/2026 para los clientes de EDELAP, EDEN, EDEA y EDES. Así, deja en pausa la orden judicial que había restablecido provisoriamente el esquema tarifario anterior para los componentes provinciales de las facturas.
El fallo no zanja el debate sobre la validez de las subas ni constituye una decisión definitiva sobre el expediente. La Cámara deberá analizar los argumentos de fondo en otra instancia; por ahora, estableció que la apelación de la Provincia avance con efecto suspensivo, mientras sigue el trámite judicial.
La causa se originó a partir de una demanda del Defensor del Pueblo bonaerense contra el gobierno provincial y las cuatro empresas distribuidoras. El 18 de septiembre, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca había suspendido los efectos de la Resolución 585/2026 y ordenado volver al cuadro previo.
El reclamo objetó que las actualizaciones se aplicaran sin una audiencia pública anterior ni otra instancia equivalente de consulta a los usuarios. En su análisis, el juzgado tomó en cuenta que la última audiencia asociada a una revisión integral de las tarifas se había realizado en diciembre de 2016.
La Fiscalía de Estado apeló y solicitó que el recurso frenara la aplicación de la cautelar, pero el juzgado rechazó ese planteo inicialmente. La Provincia llevó entonces la discusión ante la Cámara marplatense. Para fundamentar su pedido, advirtió que sostener los valores anteriores podía complicar la cobertura de los costos actuales y la continuidad del servicio.
El gobierno también sostuvo que separar en las boletas los componentes nacionales y provinciales podía resultar complejo. Como respaldo, presentó informes del Ministerio de Infraestructura y del Organismo de Control de Energía Eléctrica bonaerense, que señalaron dificultades para facturar y supervisar la combinación de distintos cuadros tarifarios.
Al revisar la presentación, la Cámara entendió que los elementos aportados permitían considerar, de manera preliminar, que podía estar comprometido el interés público. Por eso aceptó la queja y concedió efecto suspensivo a la apelación. La disputa sigue abierta y la Fiscalía indicó que la audiencia por la Revisión Tarifaria Integral estaba prevista para mediados de diciembre de 2026. diD
Provincia
Las pistolas Taser podrían ser utilizadas muy pronto en la Policía
Una propuesta histórica del massismo dio un importante paso adelante: la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios que preside el diputado Carlos Puglelli (Frente Renovador) aprobó el dictamen para el uso de pistolas Taser (o similares) en el ámbito de la Policía Bonaerense.
El proyecto busca actualizar las herramientas de intervención policial mediante la incorporación de armas menos letales, con capacitación profesional, reglas claras de utilización y mecanismos de control. Al respecto, propone modificar la Ley 13.482, y entre sus principales disposiciones, contempla la utilización de dispositivos electrónicos conductores de energía por proyectil, como las pistolas Taser, y prohíbe expresamente los dispositivos eléctricos de contacto directo cuya finalidad o efecto principal sea provocar dolor mediante descargas eléctricas.
La exposición del diputado Carlos Puglelli.
El personal policial deberá contar con capacitación específica, obligatoria, acreditada y continua, que incluirá el manejo técnico de los dispositivos, sus efectos y riesgos, los protocolos de actuación, las técnicas de desescalada, los principios de uso gradual de la fuerza y nociones de primeros auxilios.
Asimismo, fija principios de legalidad, necesidad, razonabilidad, progresividad y proporcionalidad. El uso de estas armas quedará limitado a situaciones en las que los medios no violentos resulten ineficaces o insuficientes y exista un peligro inminente para la integridad física del personal policial, de terceras personas o de la propia persona involucrada.
La iniciativa del Frente Renovador contó con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, Unión y Libertad, Nuevos Aires y el diputado Juan José Esper, reflejando el acompañamiento de representantes de distintos sectores a una propuesta vinculada con la actualización del marco normativo de la seguridad bonaerense.
Provincia
Intendentes podrán usar fondos del Inmobiliario Rural para obras hídricas
La Cámara de Diputados provincial convirtió ayer en ley el proyecto del senador de Unión y Libertad, Sergio Vargas, que habilita por seis meses a los 135 municipios bonaerenses a reasignar los fondos coparticipados del Impuesto Inmobiliario Rural hacia obras hídricas ante la inminente llegada de El Niño, que podría generar crecidas de los ríos y anegamientos en diferentes regiones.
La norma permite que los intendentes puedan disponer de hasta el 100% de los fondos que se utilizan para el mantenimiento de los caminos rurales para obras que permitan mitigar los efectos del fenómeno climático asociado al calentamiento anormal del océano Pacífico ecuatorial, que puede provocar lluvias intensas e inundaciones en nuestro país.
La iniciativa de Vargas, acompañada por su compañera de bancada Silvana Ventura, busca dotar de mayor poder de acción a los intendentes bonaerenses para ejecutar obras críticas de drenaje pluvial, dragado de canales, reparación de alcantarillas y adquisición de equipamiento hídrico.
Durante la sesión en la Legislatura, el diputado peronista y exintendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, destacó la iniciativa y recordó que el gobierno nacional de Javier Milei no giró a los municipios el dinero correspondiente al Fondo Hídrico.
“Habría que exigirle a Nación que se aplique el Fondo Hídrico a la totalidad de proyectos que cada intendente sabe que debe afrontar en este período. No deberíamos tratar este proyecto hoy, pero lo tenemos que votar porque tenemos a El Niño por delante”, remarcó Acerbo.
Vargas advirtió que “condenar a los municipios a la rigidez burocrática de solo poder perfilar caminos de tierra cuando la red de canales se desborda, es gobernar de espaldas a la cruda realidad de nuestros productores. Si no flexibilizamos con urgencia el uso de estos recursos, nuestra red vial rural desaparecerá bajo el agua”, alertó.
No obstante, el legislador aclaró que la reasignación de los recursos constituye una “facultad” y no una obligación para los distritos, por lo que cada representante local podrá decidir si utiliza los fondos para atender la emergencia o mantiene su destino original para los caminos rurales, muchos de los cuales sufrieron severos daños a raíz de las vicisitudes climáticas de los últimos meses.
Vargas afirmó: “Sabemos cuáles son las consecuencias para los vecinos cuando el Estado llega tarde o se olvida con este tipo de fenómenos climatológicos, lo vivimos en Bahía Blanca con la tormenta, por eso, con este proyecto lo que buscamos es desatarle las manos a los intendentes, que conocen las necesidades de sus vecinos”.
