Las tarifas de luz en laprovincia de Buenos Airesquedaron nuevamente habilitadas para las cuatro distribuidoras luego de que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata aceptara el pedido de la administración de Axel Kicillof. El tribunal concedió efecto suspensivo al recurso provincial contra la cautelar que había frenado los incrementos.

La resolución, firmada el 15 de octubre, permite aplicar los valores previstos en la Resolución 682/2026 para los clientes de EDELAP, EDEN, EDEA y EDES. Así, deja en pausa la orden judicial que había restablecido provisoriamente el esquema tarifario anterior para los componentes provinciales de las facturas.

El fallo no zanja el debate sobre la validez de las subas ni constituye una decisión definitiva sobre el expediente. La Cámara deberá analizar los argumentos de fondo en otra instancia; por ahora, estableció que la apelación de la Provincia avance con efecto suspensivo, mientras sigue el trámite judicial.

La causa se originó a partir de una demanda del Defensor del Pueblo bonaerense contra el gobierno provincial y las cuatro empresas distribuidoras. El 18 de septiembre, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca había suspendido los efectos de la Resolución 585/2026 y ordenado volver al cuadro previo.

El reclamo objetó que las actualizaciones se aplicaran sin una audiencia pública anterior ni otra instancia equivalente de consulta a los usuarios. En su análisis, el juzgado tomó en cuenta que la última audiencia asociada a una revisión integral de las tarifas se había realizado en diciembre de 2016.

La Fiscalía de Estado apeló y solicitó que el recurso frenara la aplicación de la cautelar, pero el juzgado rechazó ese planteo inicialmente. La Provincia llevó entonces la discusión ante la Cámara marplatense. Para fundamentar su pedido, advirtió que sostener los valores anteriores podía complicar la cobertura de los costos actuales y la continuidad del servicio.

El gobierno también sostuvo que separar en las boletas los componentes nacionales y provinciales podía resultar complejo. Como respaldo, presentó informes del Ministerio de Infraestructura y del Organismo de Control de Energía Eléctrica bonaerense, que señalaron dificultades para facturar y supervisar la combinación de distintos cuadros tarifarios.

Al revisar la presentación, la Cámara entendió que los elementos aportados permitían considerar, de manera preliminar, que podía estar comprometido el interés público. Por eso aceptó la queja y concedió efecto suspensivo a la apelación. La disputa sigue abierta y la Fiscalía indicó que la audiencia por la Revisión Tarifaria Integral estaba prevista para mediados de diciembre de 2026. diD

Una propuesta histórica del massismo dio un importante paso adelante: la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios que preside el diputado Carlos Puglelli (Frente Renovador) aprobó el dictamen para el uso de pistolas Taser (o similares) en el ámbito de la Policía Bonaerense.

El proyecto busca actualizar las herramientas de intervención policial mediante la incorporación de armas menos letales, con capacitación profesional, reglas claras de utilización y mecanismos de control. Al respecto, propone modificar la Ley 13.482, y entre sus principales disposiciones, contempla la utilización de dispositivos electrónicos conductores de energía por proyectil, como las pistolas Taser, y prohíbe expresamente los dispositivos eléctricos de contacto directo cuya finalidad o efecto principal sea provocar dolor mediante descargas eléctricas.

La exposición del diputado Carlos Puglelli.

El personal policial deberá contar con capacitación específica, obligatoria, acreditada y continua, que incluirá el manejo técnico de los dispositivos, sus efectos y riesgos, los protocolos de actuación, las técnicas de desescalada, los principios de uso gradual de la fuerza y nociones de primeros auxilios.

Asimismo, fija principios de legalidad, necesidad, razonabilidad, progresividad y proporcionalidad. El uso de estas armas quedará limitado a situaciones en las que los medios no violentos resulten ineficaces o insuficientes y exista un peligro inminente para la integridad física del personal policial, de terceras personas o de la propia persona involucrada.

La iniciativa del Frente Renovador contó con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, Unión y Libertad, Nuevos Aires y el diputado Juan José Esper, reflejando el acompañamiento de representantes de distintos sectores a una propuesta vinculada con la actualización del marco normativo de la seguridad bonaerense.

La Cámara de Diputados provincial convirtió ayer en ley el proyecto del senador de Unión y Libertad, Sergio Vargas, que habilita por seis meses a los 135 municipios bonaerenses a reasignar los fondos coparticipados del Impuesto Inmobiliario Rural hacia obras hídricas ante la inminente llegada de El Niño, que podría generar crecidas de los ríos y anegamientos en diferentes regiones.

La norma permite que los intendentes puedan disponer de hasta el 100% de los fondos que se utilizan para el mantenimiento de los caminos rurales para obras que permitan mitigar los efectos del fenómeno climático asociado al calentamiento anormal del océano Pacífico ecuatorial, que puede provocar lluvias intensas e inundaciones en nuestro país.

La iniciativa de Vargas, acompañada por su compañera de bancada Silvana Ventura, busca dotar de mayor poder de acción a los intendentes bonaerenses para ejecutar obras críticas de drenaje pluvial, dragado de canales, reparación de alcantarillas y adquisición de equipamiento hídrico.

Durante la sesión en la Legislatura, el diputado peronista y exintendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, destacó la iniciativa y recordó que el gobierno nacional de Javier Milei no giró a los municipios el dinero correspondiente al Fondo Hídrico.

“Habría que exigirle a Nación que se aplique el Fondo Hídrico a la totalidad de proyectos que cada intendente sabe que debe afrontar en este período. No deberíamos tratar este proyecto hoy, pero lo tenemos que votar porque tenemos a El Niño por delante”, remarcó Acerbo.

Vargas advirtió que “condenar a los municipios a la rigidez burocrática de solo poder perfilar caminos de tierra cuando la red de canales se desborda, es gobernar de espaldas a la cruda realidad de nuestros productores. Si no flexibilizamos con urgencia el uso de estos recursos, nuestra red vial rural desaparecerá bajo el agua”, alertó.

No obstante, el legislador aclaró que la reasignación de los recursos constituye una “facultad” y no una obligación para los distritos, por lo que cada representante local podrá decidir si utiliza los fondos para atender la emergencia o mantiene su destino original para los caminos rurales, muchos de los cuales sufrieron severos daños a raíz de las vicisitudes climáticas de los últimos meses.

Vargas afirmó: “Sabemos cuáles son las consecuencias para los vecinos cuando el Estado llega tarde o se olvida con este tipo de fenómenos climatológicos, lo vivimos en Bahía Blanca con la tormenta, por eso, con este proyecto lo que buscamos es desatarle las manos a los intendentes, que conocen las necesidades de sus vecinos”.