El diputado libertario Agustín Romo presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto para arancelar a ciudadanos extranjeros que no acrediten residencia permanente en el país el uso de hospitales públicos y universidad, como respuesta a las críticas a la Argentina -en especial a su “racismo”- que se desataron en las redes en el marco de la participación de la Selección en el Mundial.

"Universidad pública y gratuita para los argentinos. Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian. Échenlos a todos. Me importa un carajo si les falta un final para recibirse. Que hagan la carrera otra vez en el país donde nacieron", escribió Romo, habitualmente polémico, en su perfil de X. El arancelamiento será para quienes no acrediten residencia permanente.

Allí, el diputado, que preside la bancada libertaria, venia reaccionando con dureza a los cuestionamientos a la Selección, que se fueron ampliando al país en sí. En su iniciativa no hizo mención explícita a las críticas contra el país, que algunos califican de “campaña”, pero lanzó en ese contexto iniciativa y se refirió a ella como una de sus causas en posteos y declaraciones de prensa..

El texto, que lleva la firma de 18 de los 20 diputados de la bancada libertaria y de Guillermo Montengro (PRO), aplicaría un arancel a los extranjeros que estudien en universidades de la provincia, pero solo existen dos con esa particularidad: la Universidad Provincia del Sudoeste, en Bahía Blanca, y la de Ezeiza, en esa localidad del conurbano. Además, en la provincia funcionan el programa Puentes: son 53 sedes que dependen de gobierno bonaerense -el programa lo implementó la gestión de Axel Kicillof a través del ministerio de Gobierno- que llevan carreras a 81 municipios del interior, muchas de las cuales son de universidades nacionales. Pero el proyecto no especifica qué ocurriría con ellos.

En general, cuando se han planteado propuestas para arancelar estudios de grado para extranjeros -los de posgrado ya son de pago, para todos- se ha puesto como criterio la residencia permanente, pero desde las universidades han indicado que para inscribirse en las casas de altos estudios es necesario contar con DNI, y que eso se logra con residencia permanente. Por lo que la prohibición seria redundante.

¿Qué pasa con los hospitales?
Respecto de los hospitales -hay 77 que dependen de la provincia, más 15 Unidades de Pronta Atención UPA- el articulado propone que los extranjeros que no acrediten residencia permanente deberán solventar el costo de las prestaciones que reciban a través de un seguro de salud o a través tercero.

Además, dispone que ninguna persona podrá ser rechazada, demorada ni condicionada en casos de emergencia que conlleven riesgo de vida y que el eventual recupero se tramitará después de estabilizar al paciente. En el proyecto quedan exceptuados del arancelamiento las víctimas de trata de personas y todas las acciones de vacunación y tratamiento de enfermedades transmisibles por razones de salud pública.

Acerca del régimen arancelario en las universidades, la iniciativa de Romo establece que estos centros de estudio de gestión estatal deberán establecer retribuciones por los estudios de grado que cursen estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente.

En tanto, agrega que el ministerio de Salud y las universidades alcanzadas deberán publicar anualmente la cantidad de prestaciones o estudiantes comprendidos, montos facturados y percibidos, exenciones, costos administrativos y destino de los recursos, sin datos personales. "Los recursos de la provincia de Buenos Aires son limitados y deben ser administrados con responsabilidad, priorizando las necesidades de los bonaerenses", dice Romo en los fundamentos del proyecto.

En declaraciones remitidas a DIB, Romo señaló que “mientras un argentino tenga dificultades para acceder plenamente a la salud y a la educación, es una locura que estemos financiando esos servicios para los extranjeros. Somos el país más generoso del mundo, pero cuando vamos al exterior no recibimos el mismo trato: en ningún lado nos dan salud o educación gratuita, ni siquiera por reciprocidad”.

Romo vinculó explícitamente su proyecto con la campaña de críticas a Argentina en las redes “encima, nos damos cuenta de que muchos de los que vienen a vivir, estudiar y disfrutar de la Argentina nos odian, nos critican y nos tildan de racistas. Bueno, se acabó. El contribuyente argentino no tiene por qué seguir pagándole la salud y la educación a extranjeros que nos insultan y no valoran al país. El juego se terminó”.

Por su parte, el vice de la Cámara de diputados, Juan Osaba, explicó que "la propuesta legislativa busca ordenar y optimizar el uso de los recursos públicos de la provincia de Buenos Aires. Los servicios públicos de salud y las universidades bonaerenses deben priorizar a quienes contribuyen día a día en nuestra Provincia”. DIB.

Foto: Diputado libertario Agustín Romo. DIB.

Desde el inicio del período de bajas temperaturas se confirmaron 124 casos de triquinosis en la provincia de Buenos Aires, lo que representa el 49% de todos los registrados en el año. En el último boletín epidemiológico se destaca que la situación actual se encuentra en zona de brote según el corredor endémico provincial. En igual período de 2025 se habían notificado apenas 77 casos sospechosos y 37 confirmados, cifras muy inferiores a las registradas este año.

La enfermedad, causada por parásitos del género Trichinella, se transmite al ser humano a través del consumo de carne o productos cárnicos crudos o insuficientemente cocidos que contienen larvas viables. Se trata de una zoonosis que afecta tanto a animales domésticos como silvestres.

Los especialistas recordaron, en tanto, que los síntomas más frecuentes de la triquinosis incluyen edema facial o alrededor de los ojos, fiebre, dolores musculares y trastornos gastrointestinales. Ante la sospecha, recomiendan consultar rápidamente al sistema de salud y notificar los casos para facilitar el control epidemiológico.

La triquinosis continúa en ascenso en la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento, según el último boletín epidemiológico de la provincia, los brotes confirmados se habían registrado en General Madariaga, General Rodríguez y Punta Indio, y se investigaban cinco sospechas de brote en General Guido, Ayacucho, Maipú, Junín, Villarino y Lincoln. En esta última localidad, de hecho, ya hay 25 personas afectadas y todas consumieron carne de cerdo cruda adquirida en el mismo establecimiento. (DIB)

El Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires renovó su consejo superior y reclamó la “imperiosa necesidad” de cubrir las vacantes en la Suprema Corte de Justicia Bonaerense y del máximo tribunal federal.

“La Corte Suprema funciona actualmente con tres de sus cinco miembros y la Suprema Corte provincial, lo hace con apenas tres de sus siete integrantes, en una desintegración sin precedentes en su historia, que compromete seriamente el servicio de Justicia”, indicó el Colegio en un comunicado.

Para la entidad lo que debería ser una emergencia institucional atendida sin dilación, pasó a ser un “estado de cosas tolerado y peligrosamente naturalizado”. En ese sentido, se destacó que este “debilitamiento deliberado y sostenido” de los órganos que encabezan el Poder Judicial tienen impacto directo sobre la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la confianza de los ciudadanos en la Justicia.

El reclamo se suma a lo planteado a fines de abril por la propia Suprema Corte, que encabezados por Sergio Torres, presentó un proyecto de ley que apunta a tener autarquía para administrar sus propios fondos y le reclamaron a Axel Kicillof y la Legislatura se avance en la cobertura de vacantes.

“Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, señaló Torres en un término que ahora tomó también el Colegio de Abogados. Sin embargo, en ese momento desde la Provincia salieron al cruce de ese reclamo. “Es una prerrogativa, es una potestad del del gobernador, que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco al ser consultado sobre cuándo se avanzará con la decisión de completar el máximo tribunal.

Los letrados recordaron que el artículo 146 de la Constitución Provincial le da quince días desde que se produce una vacante para presentar los candidatos para cubrir esas vacantes. Sin embargo, algunos cargos están sin nombramientos hace años y todavía no se sabe quién o quiénes podrían sumarse.

“La cobertura de las vacantes de ambos Tribunales no es una facultad discrecional; constituye un deber constitucional que no puede quedar librado a estrategias políticas o conveniencias partidarias”, cerró el Colegio. DIB