Más de 330.000 adhesiones al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Sobre ese total, 170.115 ya presentaron sus declaraciones juradas. En tanto, 99.000 casos permanecen en estado borrador, aún sin presentar.

Al adherir al régimen, presentar la Declaración Jurada Simplificada y regularizar su saldo, se acceden a los beneficios establecidos en la Ley de Inocencia Fiscal, entre los que se destacan, la presunción de exactitud, el llamado “tapón fiscal”, efecto liberatorio del pago, la reducción de datos a declarar, entre otros.

Desde febrero, cuando ARCA dictó la Resolución General N° 5820 para simplificar el cumplimiento fiscal de personas humanas, el nuevo régimen exhibió una evolución creciente, con un fuerte impulso de adhesiones y declaraciones juradas presentadas durante el último mes.

La adhesión se realiza a través del servicio “Sistema Registral”, opción “Ganancias PH Simplificada”.

Para conocer cómo hacerlo se puede consultar este tutorial de solo 30 segundos: https://www.youtube.com/watch?v=i_z79B6JnJM

La inflación mayorista de junio se desaceleró al 1,1% y arrojó una variación del 33,7% contra el mismo mes del último año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El aumento en el índice de precios internos al por mayor (IPIM) estuvo explicado por la suba de 1% en "Productos nacionales" y 2,3% en "Productos importados".

En el acumulado del año, la inflación mayorista subió 15,6% contra el mismo período (enero-junio) del 2025.

De esta manera, el IPIM sigue en el sendero de la baja y entabla su segundo mes consecutivo con una desaceleración: mayo (2,5%) y junio (1,1%).

A su vez, quedó por debajo de la inflación minorista, la cual se ubicó en 1,9% e hizo que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumule un alza de 33,5% interanual.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia fueron “Sustancias y productos químicos” (0,26 p.p.); “Productos agropecuarios” (0,23 p.p.); “Productos refinados del petróleo” (0,19 p.p.); y “Energía eléctrica” (0,13 p.p.); compensados por “Petróleo crudo y gas” (-0,56 p.p.).

En cuanto al índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB), el nivel general mostró un ascenso de 1,1% en junio como consecuencia del incremento en los "Productos nacionales" (1,1%) y "Productos importados" (2,2%).

Al igual que los dos anteriores, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) fue de 1,1% debido a la disminución de 0,6% en los "Productos primarios" y el aumento de 1,8% en los "Productos manufacturados y energía eléctrica".

En ese sentido, el presidente Javier Milei felicitó a su ministro de Economía, Luis Caputo, y lo calificó como "el mejor de todos los tiempos, por lejos". (NA)

El presidente Javier Milei impulsa un proyecto de ley denominado Shutdown, en el cual se “cierra” el gobierno y queda paralizado, a imagen y semejanza del sistema estadounidense.

Durante una entrevista en un streaming, el mandatario adelantó las reformas que impulsa aprobar en el Congreso. Una de ellas es la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Pero la que más llama la atención es el shutdown de la administración pública.

“En el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, de la política, cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”, dijo el mandatario.

Esta política se produce en Estados Unidos. El último se produjo a fines de 2025, siendo el número 15 desde 1981 y transformándose en el más largo de su historia.

En concreto, el shutdown ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto necesarias para que el Estado se mantenga en funciones. En nuestro caso, ocurriría cuando el Poder Legislativo no aprobase el Presupuesto nacional.

La reforma a la Carta Orgánica y el shutdown van de la mano, dado que son dos de los proyectos en los que más hincapié hizo Milei con su armado libertario. En particular, este lunes mantuvo un encuentro con sus legisladores para brindar una “masterclass” sobre la base del proyecto del BCRA.

Los grises del “cierre” del Estado 

Lo cierto es que las dudas aparecen cuando se observa con mayor detalle la “letra chica” del shutdown. Si bien todavía no se conoce el detalle del proyecto, uno de los principales inconvenientes se ubica en el rol de la Ley de Administración Financiera.

Esta ley es la que rige actualmente en suelo argentino. En caso de no conseguir la aprobación del presupuesto para el corriente año, el Gobierno tiene la posibilidad de prorrogar un mismo presupuesto de años anteriores.

“La Ley de Administración Financiera (LAF) quedaría en una irracionalidad. Se podría hablar de que existe una norma irrazonable. La Constitución ilumina todo el ordenamiento jurídico y la normativa tiene que estar de acuerdo con la Constitución. Esta idea de cerrar el gobierno sería, específicamente, una incongruencia con la actual ley”, explicó el abogado constitucionalista Diego Armesto.

También se refirió al funcionamiento de los servicios esenciales: “Hay que ser muy cuidadosos con qué servicios se declaran esenciales. No se puede andar cerrando hospitales, aeropuertos, policía, entre otros. Todo eso no se corta”, advirtió.

En el mismo sentido se expresó Marcelo Elizondo, quien detalló el fin del proyecto que impulsa la Casa Rosada.“Lo que busca el proyecto es no proveer mayor financiamiento al ya pactado en el presupuesto. El Estado no se cierra totalmente, hay áreas que son centrales y esenciales. El resto de las áreas se cerrarán hasta que se asignen nuevos recursos, si es que el Congreso lo decide”.

“Si un área se quedara sin plata disponible, esa área debería cerrar hasta que se apruebe un nuevo presupuesto o nueva financiación presupuestaria. Se tiene que quedar sin funcionar”, argumentó ante esta agencia.

El ejemplo de Estados Unidos 

El último shutdown norteamericano se realizó en los primeros días de octubre y fue el de mayor duración para la administración pública. Con un período de 43 días, el mismo se levantó el 12 de noviembre de 2025.

El cierre comenzó horas después de que el Senado de ese país no aprobara un proyecto de ley de gastos a corto plazo que habría mantenido temporalmente el funcionamiento del Gobierno.

La resolución propuesta por los republicanos del Senado fue bloqueada por los demócratas, al no alcanzar los 60 votos necesarios para su aprobación.

En ese contexto, el fin se dio cuando el Senado estadounidense destrabó las negociaciones y la Cámara de Representantes aprobó una extensión presupuestaria temporal.

“Lo que sucede en Estados Unidos es que hay sectores del gobierno federal que tienen —por ejemplo— US$100 para gastar. Una vez que los gastó, ya no hay forma de reasignar partidas, que es la atribución que hoy tiene el Jefe de Gabinete. Es decir, se termina la discrecionalidad”, manifestó Armesto.

“En Estados Unidos los servicios esenciales no se cortan. Lo que pasa es que, al quedarse sin plata, no pagan los sueldos; una vez aprobado el presupuesto, les pagan los retroactivos”, concluyó. (NA)