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Respaldo a reclamo del sector pesquero
26 de junio de 2026
El concejal de Acción Marplatense (AM), Gustavo Pulti, manifestó su apoyo a la presentación judicial promovida por empresarios, cooperativas y sindicatos del Puerto de Mar del Plata contra la Resolución 6/2026 del Consejo Federal Pesquero (CFP), al considerar que la normativa perjudica a la actividad pesquera local y favorece a otras jurisdicciones en el reparto de nuevos permisos.
La resolución establece un proceso licitatorio para incorporar hasta 18 nuevos buques poteros destinados a la captura de calamar. Según sostuvo el edil, el sistema de puntuación previsto para la adjudicación de esos permisos coloca en desventaja a Mar del Plata y a la provincia de Buenos Aires, al otorgar mayores beneficios a otras provincias patagónicas.
Pulti aseguró que “la medida carece de fundamentos técnicos” y cuestionó que también contemple cambios vinculados a la duración de los permisos de pesca, un aspecto que, afirmó, excede las atribuciones previstas en la Ley Federal de Pesca. En ese sentido, calificó la resolución como “arbitraria y discriminatoria” y advirtió que pone en riesgo la producción, la industria y miles de puestos de trabajo vinculados al puerto marplatense.
El concejal recordó que “Acción Marplatense ya había expresado su rechazo a la iniciativa meses atrás, junto al ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, y la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain. En esa oportunidad, habíamos advertido que el esquema de evaluación perjudica a los buques que descargan y procesan sus capturas en territorio bonaerense”.
Además, remarcó que “cerca de la mitad de la captura anual de calamar se desembarca en el Puerto de Mar del Plata y gran parte de esa producción se industrializa en la ciudad, generando empleo para miles de trabajadores”.
Por último, Pulti enmarcó esta resolución en una serie de decisiones que, según consideró, vienen afectando a la actividad pesquera durante la actual gestión nacional. Entre ellas mencionó el intento de habilitar una mayor participación de flotas extranjeras en la Zona Económica Exclusiva, la polémica por la asignación de cuotas de merluza y el proyecto para transferir cuotas desde buques fresqueros hacia congeladores. En ese contexto, ratificó su respaldo al reclamo judicial del sector y al posicionamiento del Gobierno bonaerense en defensa del Puerto de Mar del Plata. Loquepassa
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Portada digital del día 22/10/2026
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Suspenden la cautelar que frenaba el aumento de la luz
La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata suspendió la cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo bonaerense que había frenado el aumento en la tarifa de luz.
La decisión del tribunal se dio tras la apelación del Gobierno Provincial y las cuatro grandes distribuidoras eléctricas –EDEN, EDEA, EDES y EDELAP- para que se restituya el ajuste tarifario de entre el 1,5% y el 3,5%, aproximadamente. Los incrementos habían sido instrumentados a través de la resolución N° 585/2026 e iban a regir a partir del 1 de agosto.
El 18 de septiembre de 2026, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Bahía Blanca había hecho lugar al recurso interpuesto por la Defensoría del Pueblo con el objetivo de frenar el impacto del incremento en el bolsillo de los usuarios.
En aquel entonces, el juez suspendió los aumentos y ordenó restablecer el cuadro tarifario anterior. El argumento central fue que no se habían realizado audiencias públicas ni otros mecanismos adecuados de participación de los usuarios antes de aplicar los ajustes.
La Fiscalía de Estado bonaerense cuestionó la medida y presentó un recurso ante la Cámara, que finalmente suspendió la cautelar. De esta manera, los nuevos valores de la tarifa de luz se podrán liquidar en las próximas boletas.
No obstante, la Justicia aún debe resolver la cuestión de fondo, es decir, la legalidad del incremento impulsado por la Provincia.
Para fundamentar su reclamo, la Provincia sostuvo que la aplicación de la cautelar podría comprometer la continuidad y la sustentabilidad del servicio eléctrico, al reducir los recursos disponibles para afrontar los costos de la energía, el mantenimiento de las redes, las inversiones y las obligaciones laborales y contractuales de las distribuidoras.
En este sentido, la Cámara consideró que la Provincia presentó argumentos concretos e informes técnicos suficientes para justificar, de manera preliminar, que la ejecución inmediata de la cautelar podría ocasionar un perjuicio al “interés público”.
“El restablecimiento del cuadro tarifario anterior podría incidir sobre los recursos disponibles para atender los costos actuales de la prestación y, eventualmente, proyectarse sobre su continuidad, regularidad y sustentabilidad”, sostuvieron los camaristas Diego Ucin y Roberto Mora.
La medida tiene impacto en los usuarios abastecidos por las distribuidoras EDELAP (La Plata), EDES (sur de la provincia), EDEA (Costa Atlántica, donde se encuentra Mar del Plata), EDEN (norte del territorio) y las más de 200 cooperativas eléctricas del interior

