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Concesión de rutas: Nación excluyó a Aubasa
15 de abril de 2026
El Gobierno nacional confirmó que la empresa estatal bonaerense Aubasa fue excluida de esta etapa II de la Red Federal de Concesiones, el proceso licitatorio «destinado a modernizar y poner en valor más de 9.000 kilómetros de corredores estratégicos de la red vial nacional mediante inversión 100% privada»
Cabe recordar, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, explicó que enviaron una nota al Ministerio de Economía pidiendo la intervención de la Defensoría del Pueblo (tanto nacional como provincial) en el proceso de concesión de rutas. El objetivo, sostuvo, era garantizar “plena transparencia” en un proceso que, denunció, sufrió modificaciones sustanciales a último momento.
“Pretendemos que hagan de veedor y que participen de todo el proceso de selección”, dijo Katopodis en conferencia de prensa desde la Gobernación. Y destacó que a pocos días del cierre de ofertas, se cambiaron decenas de artículos del pliego, alterando las condiciones originales. Para la Provincia, esos movimientos “desvirtúan” la competencia y abren sospechas sobre posibles arbitrariedades en la adjudicación de las concesiones.
Según informó este miércoles la Secretaría de Transporte de Nación, “luego de haber concesionado la Etapa I, se está avanzando en la licitación de la Etapa II A, para concesionar más de 1.900 kilómetros de rutas nacionales. Esta etapa consta de 2 tramos, el Sur Atlántico – Acceso Sur de 1.325,17 km entre las RN 3, RN 205, RN 226, Autopista Ricchieri (sic), etc.; y el Pampa de 546,65 km (RN 5)”. Para la concesión de los 1.325,17 kilómetros del Tramo Sur Atlántico – Acceso Sur (RN 3 desde el Gran Buenos Aires hacia el sur provincial, RN 205, RN 226, y accesos críticos como la Autopista Ricchieri, Autopista Ezeiza-Cañuelas, y Autopista Newbery), “se recibieron diez ofertas, de las cuales seis fueron aprobadas y cuatro rechazadas”: una de ellas, Aubasa.
Y en el contexto de críticas del gobierno bonaerense, desde Nación dieron los detalles de por qué fue excluida la empresa de la Provincia. “Su exclusión responde exclusivamente a cuestiones técnicas y objetivas derivadas del incumplimiento de requisitos esenciales establecidos en el pliego que rige la licitación, los cuales fueron oportunamente aceptados por todos los oferentes al momento de su presentación”.
El texto da los argumentos oficiales que justificarían la exclusión de Aubasa: “En primer lugar, una de las exigencias esenciales de la licitación es acreditar capacidad para la ejecución directa de las obras”. De acuerdo con el comunicado de Nación, “el requisito apunta a que se trate de una empresa que ejecute efectivamente las obras por sí misma, y no de contratistas que las tercericen”. Así, dice el Gobierno, “la documentación presentada por Aubasa da cuenta principalmente de tareas de operación, pero no acredita la ejecución material de obras con recursos y estructura propia, en los términos exigidos por el pliego”.
Por otro lado, como segundo argumento, “se verificó un incumplimiento de los requisitos económico-financieros establecidos. El pliego fijó indicadores objetivos de endeudamiento y solvencia con el fin de asegurar que las empresas cuenten con respaldo económico suficiente para asumir el riesgo integral de la concesión sin recurrir a asistencia estatal. En este caso, los ratios presentados por Aubasa superan ampliamente los límites definidos, con un endeudamiento de 3,75 superando el límite establecido de 1,50, evidenciando una situación de fragilidad financiera incompatible con las exigencias del proceso”.
Según Nación, “se brindó a la empresa la posibilidad de complementar y aclarar la documentación presentada, en línea con el principio de concurrencia y de igualdad de trato. Sin embargo, las observaciones técnicas y económico-financieras no pudieron ser revertidas”.
Por último, dice el texto, “la empresa no presentó el balance contable-financiero como corresponde”. “Cabe destacar que los criterios aplicados fueron uniformes para la totalidad de los oferentes, sin distinción alguna en función de su naturaleza jurídica o pertenencia jurisdiccional. En este sentido, otras empresas también fueron excluidas por no cumplir con los parámetros técnicos y financieros exigidos, lo que reafirma el carácter objetivo, transparente y no discrecional del proceso de evaluación”.
Dados sus argumentos, además el Gobierno plantea que “Aubasa no impugnó en ningún momento los Pliegos durante la etapa correspondiente, lo que implica la aceptación plena de las condiciones establecidas. Sin embargo, posteriormente formuló observaciones sobre las ofertas de otros participantes invocando una normativa que no resulta aplicable al procedimiento”.
Según denunció Katopodis la semana pasada, las autoridades nacionales modificaron 33 artículos del pliego una semana antes de que venza el plazo para presentar las ofertas. “Cambiaron la contratación cuando ya estaba iniciada”, remarcó el ministro antes de señalar que “todos esos cambios desvirtúan el proceso”.
La empresa pública provincial había formalizado su participación luego de comprobar que los pliegos de las concesiones viales no incluían una cláusula que prohíba expresamente la participación de compañías estatales. En ese contexto, Katopodis defendió el perfil de Aubasa, a la que definió como “superavitaria” y con estándares de servicio que, dijo, pueden verificarse en corredores como la Autopista Buenos Aires–La Plata o la Ruta 2. Y no descartó que la administración libertaria pretenda “hacer algún negociado con la adjudicación de estas concesiones”.
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El Gobierno reglamenta los cambios en la reforma laboral
El Gobierno nacional oficializó la reforma laboral mediante el decreto 407, publicado en el Boletín Oficial, el cual comenzará a regir durante esta semana. La nueva normativa, impulsada por la cartera a cargo de Federico Sturzenegger, redefine por completo los procedimientos para registrar puestos de trabajo, además de modificar los formatos de los recibos de sueldo, los regímenes de licencias y los trámites jubilatorios.
En paralelo, se instrumentó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), una iniciativa que apunta a regularizar la situación de los trabajadores del sector privado que hoy se encuentran no registrados o con registros defectuosos. Para incentivar la adhesión de las empresas, el plan ofrece facilidades administrativas y la condonación de deudas por el pago irregular de aportes previsionales, con el objetivo declarado por el Ejecutivo de reducir la informalidad laboral.
La reforma introduce una serie de modificaciones estructurales destinadas a desburocratizar el mercado de trabajo:
- Se implementará la simplificación de los recibos de sueldo y la actualización de las reglas para la gestión de licencias médicas.
- Se fijan nuevos procedimientos ante desvinculaciones de personal y se promueve la adopción masiva de registros digitales.
- Se buscará agilizar las negociaciones colectivas para dinamizar la relación laboral y reducir la carga de trámites corporativos.
Al respecto, el ministro Sturzenegger celebró la reglamentación vía redes sociales y aseguró que la medida “fomenta la libertad sindical y defiende el trabajo formal”. El funcionario argumentó que la Argentina estuvo atada a leyes diseñadas para un mundo que ya no existe, justificando la necesidad de apelar a convenios colectivos más modernos y con menor burocracia.
Para facilitar la transición hacia el empleo formal, el decreto prevé un paquete de beneficios económicos para las empresas que ingresen trabajadores al nuevo régimen. Esto incluye una baja en las cargas patronales, plazos específicos de regularización y la condonación de deudas previsionales acumuladas por aportes impagos. Desde la Casa Rosada insisten en que estas herramientas simplificarán los procesos tanto para las empresas como para los empleados.
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Caso Agustina: aberrante femicidio
La fiscalía espera los resultados de la autopsia y de una serie de pericias que serán clave para reconstruir cómo murió la menor. Los estudios podrían derivar en un cambio en la imputación contra Claudio Barrelier, el único detenido por el caso
El fiscal Raúl Garzón agravó la acusación contra el único detenido, Claudio Gabriel Barrelier, por el crimen de Agostina Vega y ahora lo investiga como femicidio.
Lo confirmó el abogado de la familia de la adolescente, Carlos Nayi. “Hasta ahora estaba bajo la carátula ‘privación ilegítima de la libertad’. Con el cambio, tiene la escala penal máxima contemplada que, en caso de ser encontrado culpable, será condenado a prisión perpetua”, explicó.
Asimismo, el letrado no descarta que en los próximos días se le agreguen agravantes: “Esta querella pidió que se modifique no solo a femicidio, sino a 'homicidio transversal’, que es matar a alguien para hacer sufrir a una víctima, en este caso, la madre que está padeciendo momentos terribles. También pedí que contemple la alevosía y el ensañamiento, porque el imputado disfrutó con la muerte".
En ese sentido, el representante de la familia materna argumentó: “Barrelier habría tenido el cuerpo de Agostina hasta el lunes. El 25 de mayo al mediodía salió de su casa a alta velocidad a bordo del Ford Ka negro, se deshizo del cuerpo en un lugar inhóspito, de difícil acceso, un ambiente hostil, que él conocía perfectamente. Ese es el lugar que eligió para culminar con este hecho monstruoso”.
Por otro lado, el abogado Nayi detalló que los padres de la adolescente fueron admitidos por la Justicia como querellantes particulares.
Se conoció el informe preliminar de la autopsia a Agostina
Este lunes se conocieron los primeros resultados de la autopsia al cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue encontrada muerta en un descampado en Córdoba.
Los estudios forenses determinaron que la nena fue asesinada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.
Los peritos también detectaron un daño muy importante en los órganos internos, compatible con un ataque de extrema violencia. Además, según la información brindaba por Mediodía Noticias, se confirmó que el cuerpo tenía signos de desmembramiento, lo que complejiza el análisis forense.
Los especialistas advirtieron que existe una gran dificultad para avanzar con la evaluación debido al estado de los restos, por lo que se solicitarán estudios complementarios para precisar las circunstancias del crimen. En paralelo, las autoridades convocaron a la familia para informarle estos primeros resultados. (TN)
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Rige el régimen para regularizar empleo no registrado
A través del Decreto 409/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), destinado a la regularización de relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas del sector privado. El decreto que ya entró en vigencia deberá ser remitido al Congreso para ser tratado en la Comisión Bicameral Permanente.
De acuerdo a esta norma que entra vigencia, los beneficios alcanzarán a obligaciones por aportes, contribuciones y cuotas de la seguridad social vencidas hasta el último día del mes en que se presente la solicitud de regularización.
También establece los efectos previstos en la Ley de Modernización Laboral 27.802, entre ellos la extinción de la acción penal en determinados casos, la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y la condonación parcial de deudas. informó NA.
A partir de la fecha, la condonación de deuda será del 90% para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro, del 80% para medianas empresas tramo 1 y 2, y del 70% para el resto de los empleadores. Además, se dispuso una condonación del 100% para obligaciones vinculadas al Sistema Nacional del Seguro de Salud, al Régimen de Riesgos del Trabajo y al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.
Asimismo se prevé que la deuda no condonada podrá cancelarse mediante pago al contado, con una reducción adicional del 50% sobre capital e intereses no alcanzados por el beneficio, o a través de un plan de facilidades que deberá implementar la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Paralelamente, el período regularizado será computado como tiempo de servicio para acreditar requisitos vinculados a prestaciones jubilatorias, pensiones, retiros por invalidez y beneficios por desempleo. DIB
