Una denuncia judicial puso bajo la lupa el funcionamiento del sistema de fotomultas en rutas y municipios de la provincia de Buenos Aires. El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a empresarios, funcionarios y actores del ámbito académico de integrar un entramado destinado a desviar fondos públicos y pagar coimas a cambio de habilitaciones para instalar radares.

El caso se inscribe en un contexto más amplio de causas que en los últimos meses expusieron irregularidades en el negocio de las multas. Entre ellas, el procesamiento del ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por presunto lavado de activos, en una investigación que también analiza maniobras vinculadas a fotomultas y la VTV.

Los acusados por Marijuan son Leandro Camani, dueño de las firmas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., proveedoras de la tecnología de fotomultas, y Diego Kampel, Secretario de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), señalado como el nexo institucional para facilitar las contrataciones.

Asimismo, el fiscal menciona la presunta connivencia de funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y hasta del propio titular de del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires Martín Marinucci, quien justamente sucedió a D’Onofrio en el cargo. Todos estarían implicados en la causa por gestionar las autorizaciones para instalar los radares a cambio de coimas.

Camani ya había quedado en el centro de otra causa tras ser denunciado por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por una presunta maniobra de extorsión vinculada a la instalación de cámaras. El enfrentamiento escaló semanas después, cuando el propio Camani denunció a Tapia por presunto abuso de autoridad.

En paralelo, la investigación de Marijuan avanza sobre un presunto mecanismo sistemático para eludir los controles en la contratación de radares. Según la denuncia, el esquema se apoyaba en convenios entre municipios y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), lo que permitía evitar licitaciones públicas.

A partir de allí, se habría montado una triangulación de fondos a través de una fundación vinculada a la universidad, que luego contrataba de manera directa a empresas privadas. En ese circuito, hasta el 70% de lo recaudado por multas quedaba en manos de los intermediarios, mientras que los municipios recibían una porción menor.

La presentación judicial también menciona la utilización de facturación apócrifa y empresas fantasma para generar dinero en efectivo, que habría sido destinado al pago de coimas a funcionarios encargados de autorizar los sistemas de control vial.

Según el expediente, al menos una docena de municipios participaron de estos convenios, entre ellos La Matanza, Mar del Plata, San Isidro, Morón y Zárate. Solo en uno de ellos, la recaudación habría superado los 3.700 millones de pesos en menos de un año.

Ahora, la causa quedó en manos de la jueza federal María Servini, quien deberá definir las primeras medidas de prueba, entre ellas allanamientos y el levantamiento del secreto bancario para seguir la ruta del dinero.

El caso vuelve a poner en foco un sistema que mueve cifras millonarias y que, lejos de limitarse al control del tránsito, aparece cada vez más atravesado por disputas judiciales, denuncias cruzadas y una creciente pelea por el control del negocio.

La denuncia del fiscal federal apunta a un entramado que involucra a empresarios, funcionarios nacionales y provinciales, y autoridades académicas. El esquema habría permitido la elusión de licitaciones públicas y la triangulación de fondos millonarios. (Mitre)

El Gobierno de Axel Kicillof transfirió $13.010 millones a los 135 distritos bonaerenses correspondientes a la primera cuota del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), destinado a regularizar atrasos de Tesorería y financiar proyectos sociales, ambientales y de infraestructura. El municipio de General Pueyrredon recibió $277,56 millones en el marco del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal.

La Provincia reglamentó el fondo para municipios del Presupuesto 2026
La decisión, que trae algo de alivio a las arcas locales que se encuentran asfixiadas, se da además en medio de un planteo de intendentes que pretenden que eso fondos sean de libre disponibilidad en su totalidad y no solo en un 70% como establece la ley 15.561.

El monto fue transferido a los municipios de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD), la fórmula que pondera variables como población, capacidad tributaria y necesidades básicas. Es por ello que los distritos más grandes concentran la mayor porción de la masa transferida.

"Una vez más, es necesario advertir acerca del complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación. Aún en ese contexto de extrema dificultad financiera, el Gobierno de la Provincia cumple con sus obligaciones y trabaja en conjunto con los 135 municipios para dar respuestas a las y los bonaerenses", señalaron desde la cartera conducida por Pablo López.

En tanto, en conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, explicó que este giro se corresponde con la colocación de bonos que hizo el Estado provincial recientemente por un total de 232 mil millones de pesos. Y le pasó la pelota a los legisladores sobre una posible modificación sobre el reparto de fondos.

“Nosotros no tenemos ningún problema en que el 100% de los recursos sea repartido a partir de la aplicación del CUD, esa fue la propuesta original del Ejecutivo”, sostuvo. En esta línea, la mano derecha de Kicillof aclaró que eso “lo tiene que modificar la Legislatura”.

Cabe destacar que el fondo se integrará con el 8% de los recursos obtenidos por el endeudamiento autorizado y tendrá una garantía mínima de $250.000 millones provenientes de Rentas Generales, a transferirse en cinco tramos entre abril de 2026 y junio de 2027. Sin embargo, el 70% se distribuirá según el CUD y el 30% restante financiará programas provinciales ejecutados por los Ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos, Transporte y el Instituto Cultural.

En este contexto, los intendentes radicales pidieron hace pocas horas a Bianco que los fondos del endeudamiento sean de libre disponibilidad, es decir, que se puedan utilizar para gastos corrientes de los distritos. Pero más allá de este sector, son jefes comunales de todas las fuerzas los que miran con buenos ojos la propuesta, dada la estrechez de las arcas municipales.

Tras una decisión judicial que le ordenó pasar de la escolaridad común a la especial sin tener en cuenta sus deseos, Mateo logró que se reconociera su derecho a elegir y a ser incluido en el sistema general de educación. ACIJ y la Clínica de Derechos Humanos y Discapacidad de la Universidad Nacional de La Plata lo acompañaron en ese camino y hoy está próximo a terminar sus estudios.

Mateo tenía 17 años cuando en un proceso judicial se ordenó el cambio de su trayectoria educativa de la escuela común a una institución de educación especial, sin haber sido escuchado ni consultado sobre lo que quería para su vida. La decisión del juez ignoraba que el adolescente había transitado más de 15 años la escuela común y a solo dos de recibir su título secundario, se le impuso un cambio que no solamente desconocía su recorrido, sino que también violaba sus derechos.

Frente a esta situación, con el apoyo legal de ACIJ y la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Discapacidad de la Universidad Nacional de La Plata, Mateo se presentó en el juicio para exigir que se revirtiera esa decisión.

En primer lugar, solicitó que se respetara su derecho a decidir sobre su propio proyecto de vida. Pese a tener 17 años, Mateo no había participado en el proceso judicial y se le había negado la designación de un abogado del niño por tener discapacidad, lo que había vulnerado su derecho a ser oído y a acceder a la justicia en condiciones de igualdad.

En segundo lugar, argumentó que la decisión judicial había sido contraria a su derecho a la educación inclusiva reconocido en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha disposición garantiza su derecho a no ser excluido del sistema general de educación. En tal sentido, sostuvo lo siguiente: “tengo claro que mi deseo no es solo un deseo, sino también un derecho, y que resulta inherente a mi persona, indisponible e irrenunciable (…) También que mi voluntad (…) está por encima de todo otro interés, sea el de mis padres o el del Poder Judicial…”.

Por esas razones, pidió una reunión con el juez a cargo de la causa para expresar sus opiniones con libertad. Allí, manifestó que su deseo era asistir a una escuela de la modalidad común, ya que —a diferencia de la especial— esta le permitiría obtener un título secundario y acceder a mejores oportunidades laborales.

Luego de la presentación escrita y de haber asistido presencialmente al juzgado, el juez reconoció su derecho a elegir, revirtiendo su propia decisión y ordenando la continuidad de su trayectoria escolar en una escuela secundaria general.

El problema que enfrentó Mateo es el de otras personas con discapacidad en nuestro país. Muchas de ellas se ven obligadas a transitar un sistema de justicia que las considera incapaces de decidir qué es lo mejor para sus vidas, y se enfrentan a nuevas vulneraciones de derechos en espacios que —paradójicamente— fueron creados para revertirlas.

Sin embargo, la solución que alcanzó fue diferente: logró que el Poder Judicial entendiera la importancia de garantizar la participación efectiva de las personas con discapacidad en los procesos que las afectan y de adecuar sus decisiones a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Esperamos que esa solución sea la de muchas más personas.