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FOTOMULTAS, QUÉ MAL SE TE VE

14 de abril de 2026

Una denuncia judicial puso bajo la lupa el funcionamiento del sistema de fotomultas en rutas y municipios de la provincia de Buenos Aires. El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a empresarios, funcionarios y actores del ámbito académico de integrar un entramado destinado a desviar fondos públicos y pagar coimas a cambio de habilitaciones para instalar radares.

El caso se inscribe en un contexto más amplio de causas que en los últimos meses expusieron irregularidades en el negocio de las multas. Entre ellas, el procesamiento del ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por presunto lavado de activos, en una investigación que también analiza maniobras vinculadas a fotomultas y la VTV.

Los acusados por Marijuan son Leandro Camani, dueño de las firmas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., proveedoras de la tecnología de fotomultas, y Diego Kampel, Secretario de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), señalado como el nexo institucional para facilitar las contrataciones.

Asimismo, el fiscal menciona la presunta connivencia de funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y hasta del propio titular de del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires Martín Marinucci, quien justamente sucedió a D’Onofrio en el cargo. Todos estarían implicados en la causa por gestionar las autorizaciones para instalar los radares a cambio de coimas.

Camani ya había quedado en el centro de otra causa tras ser denunciado por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por una presunta maniobra de extorsión vinculada a la instalación de cámaras. El enfrentamiento escaló semanas después, cuando el propio Camani denunció a Tapia por presunto abuso de autoridad.

En paralelo, la investigación de Marijuan avanza sobre un presunto mecanismo sistemático para eludir los controles en la contratación de radares. Según la denuncia, el esquema se apoyaba en convenios entre municipios y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), lo que permitía evitar licitaciones públicas.

A partir de allí, se habría montado una triangulación de fondos a través de una fundación vinculada a la universidad, que luego contrataba de manera directa a empresas privadas. En ese circuito, hasta el 70% de lo recaudado por multas quedaba en manos de los intermediarios, mientras que los municipios recibían una porción menor.

La presentación judicial también menciona la utilización de facturación apócrifa y empresas fantasma para generar dinero en efectivo, que habría sido destinado al pago de coimas a funcionarios encargados de autorizar los sistemas de control vial.

Según el expediente, al menos una docena de municipios participaron de estos convenios, entre ellos La Matanza, Mar del Plata, San Isidro, Morón y Zárate. Solo en uno de ellos, la recaudación habría superado los 3.700 millones de pesos en menos de un año.

Ahora, la causa quedó en manos de la jueza federal María Servini, quien deberá definir las primeras medidas de prueba, entre ellas allanamientos y el levantamiento del secreto bancario para seguir la ruta del dinero.

El caso vuelve a poner en foco un sistema que mueve cifras millonarias y que, lejos de limitarse al control del tránsito, aparece cada vez más atravesado por disputas judiciales, denuncias cruzadas y una creciente pelea por el control del negocio.

La denuncia del fiscal federal apunta a un entramado que involucra a empresarios, funcionarios nacionales y provinciales, y autoridades académicas. El esquema habría permitido la elusión de licitaciones públicas y la triangulación de fondos millonarios. (Mitre)

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San Nicolás: saquean un camión con carne que se incendió en Ruta 9



En la madrugada del jueves, un camión con cámara refrigerante que transportaba carne envasada comenzó a incendiarse en el kilómetro 220 de la Ruta Nacional 9, en jurisdicción de San Nicolás. Y horas después, el lugar se llenó de gente que apareció para saquear los cortes que se encontraban en el vehículo.



Más tarde, según informa El Norte, cientos de personas comenzaron a llegar hasta el lugar del siniestro en automóviles, motos y bicicletas con el objetivo de rescatar la carne que había quedado en el camión incendiado.

También había gente corriendo por la autopista para intentar alcanzar alguna parte de la carga antes que el resto.

Una persona que pasó por el lugar en combi señaló que era “impresionante la cantidad de autos que paraban para llevarse la carne”, mientras la Gendarmería solo “miraba”.


En el hecho intervinieron los Bomberos Voluntarios de Ramallo y de la provincia de Buenos Aires del Destacamento La Emilia, que trabajaron en conjunto para combatir las llamas.

Durante el operativo fue necesario interrumpir el carril lento de la autopista para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

Las pérdidas materiales fueron de gran magnitud, ya que el fuego consumió buena parte del semirremolque y de la carga de carne que transportaba, sin contar el posterior saqueo. DIB

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Campaña ‘anti argentina’: impulsan arancelar universidades y hospitales

El diputado libertario Agustín Romo presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto para arancelar a ciudadanos extranjeros que no acrediten residencia permanente en el país el uso de hospitales públicos y universidad, como respuesta a las críticas a la Argentina -en especial a su “racismo”- que se desataron en las redes en el marco de la participación de la Selección en el Mundial.


"Universidad pública y gratuita para los argentinos. Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian. Échenlos a todos. Me importa un carajo si les falta un final para recibirse. Que hagan la carrera otra vez en el país donde nacieron", escribió Romo, habitualmente polémico, en su perfil de X. El arancelamiento será para quienes no acrediten residencia permanente.

Allí, el diputado, que preside la bancada libertaria, venia reaccionando con dureza a los cuestionamientos a la Selección, que se fueron ampliando al país en sí. En su iniciativa no hizo mención explícita a las críticas contra el país, que algunos califican de “campaña”, pero lanzó en ese contexto iniciativa y se refirió a ella como una de sus causas en posteos y declaraciones de prensa..

El texto, que lleva la firma de 18 de los 20 diputados de la bancada libertaria y de Guillermo Montengro (PRO), aplicaría un arancel a los extranjeros que estudien en universidades de la provincia, pero solo existen dos con esa particularidad: la Universidad Provincia del Sudoeste, en Bahía Blanca, y la de Ezeiza, en esa localidad del conurbano. Además, en la provincia funcionan el programa Puentes: son 53 sedes que dependen de gobierno bonaerense -el programa lo implementó la gestión de Axel Kicillof a través del ministerio de Gobierno- que llevan carreras a 81 municipios del interior, muchas de las cuales son de universidades nacionales. Pero el proyecto no especifica qué ocurriría con ellos.

En general, cuando se han planteado propuestas para arancelar estudios de grado para extranjeros -los de posgrado ya son de pago, para todos- se ha puesto como criterio la residencia permanente, pero desde las universidades han indicado que para inscribirse en las casas de altos estudios es necesario contar con DNI, y que eso se logra con residencia permanente. Por lo que la prohibición seria redundante.

¿Qué pasa con los hospitales?
Respecto de los hospitales -hay 77 que dependen de la provincia, más 15 Unidades de Pronta Atención UPA- el articulado propone que los extranjeros que no acrediten residencia permanente deberán solventar el costo de las prestaciones que reciban a través de un seguro de salud o a través tercero.

Además, dispone que ninguna persona podrá ser rechazada, demorada ni condicionada en casos de emergencia que conlleven riesgo de vida y que el eventual recupero se tramitará después de estabilizar al paciente. En el proyecto quedan exceptuados del arancelamiento las víctimas de trata de personas y todas las acciones de vacunación y tratamiento de enfermedades transmisibles por razones de salud pública.

Acerca del régimen arancelario en las universidades, la iniciativa de Romo establece que estos centros de estudio de gestión estatal deberán establecer retribuciones por los estudios de grado que cursen estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente.

En tanto, agrega que el ministerio de Salud y las universidades alcanzadas deberán publicar anualmente la cantidad de prestaciones o estudiantes comprendidos, montos facturados y percibidos, exenciones, costos administrativos y destino de los recursos, sin datos personales. "Los recursos de la provincia de Buenos Aires son limitados y deben ser administrados con responsabilidad, priorizando las necesidades de los bonaerenses", dice Romo en los fundamentos del proyecto.

En declaraciones remitidas a DIB, Romo señaló que “mientras un argentino tenga dificultades para acceder plenamente a la salud y a la educación, es una locura que estemos financiando esos servicios para los extranjeros. Somos el país más generoso del mundo, pero cuando vamos al exterior no recibimos el mismo trato: en ningún lado nos dan salud o educación gratuita, ni siquiera por reciprocidad”.

Romo vinculó explícitamente su proyecto con la campaña de críticas a Argentina en las redes “encima, nos damos cuenta de que muchos de los que vienen a vivir, estudiar y disfrutar de la Argentina nos odian, nos critican y nos tildan de racistas. Bueno, se acabó. El contribuyente argentino no tiene por qué seguir pagándole la salud y la educación a extranjeros que nos insultan y no valoran al país. El juego se terminó”.

Por su parte, el vice de la Cámara de diputados, Juan Osaba, explicó que "la propuesta legislativa busca ordenar y optimizar el uso de los recursos públicos de la provincia de Buenos Aires. Los servicios públicos de salud y las universidades bonaerenses deben priorizar a quienes contribuyen día a día en nuestra Provincia”. DIB.

Foto: Diputado libertario Agustín Romo. DIB.

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Kicillof recorrió obra de adecuación del cauce del Río Areco


El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este miércoles los avances de las obras de adecuación del cauce del Río Areco, que duplicará la capacidad de conducción del agua y evitará desbordes que puedan producir inundaciones. Fue junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el intendente local, Francisco Ratto.

En ese marco, Kicillof destacó: “Esta obra sobre el cauce del Río Areco es fundamental para que las vecinas y los vecinos puedan vivir tranquilos y no vuelvan a sentir miedo cada vez que llueve”. “Ante los efectos evidentes del cambio climático a nivel global, es el Estado el que debe responder con más planificación y con la infraestructura necesaria para proteger a la comunidad”, agregó.

“Hoy nos enfrentamos a un Gobierno nacional que, a contramano del mundo entero, niega el cambio climático y decide paralizar toda la obra pública en la Argentina”, subrayó el Gobernador, y añadió: “Frente a quienes insisten en destruir al Estado y sostienen que el mercado lo soluciona todo, nosotros tenemos muy en claro que aquí es la inversión pública la única que puede llegar para hacer las obras que le traen bienestar a nuestro pueblo”.

Mediante una inversión de $15.600 millones, el proyecto comprende la canalización del cauce del río a lo largo de una extensión de 12,4 kilómetros, lo que duplicará la sección de 30 a 60 metros para mejorar el desplazamiento del agua. Las intervenciones ya se ejecutaron en 9,5 kilómetros de la traza, en tanto que beneficiarán a más de 26 mil vecinos y vecinas.

Durante la jornada, las autoridades entregaron 250 títulos de propiedad gratuitos a familias del distrito, a través del programa “Mi Escritura, Mi Casa”.

Al respecto, Ratto subrayó: “La obra del río que hoy recorrimos solucionará nuestro histórico problema con las inundaciones y estas escrituras que entregamos otorgan tranquilidad a los vecinos propietarios. La comunidad de Areco está profundamente agradecida por el trabajo conjunto entre el municipio y la Provincia”.

Por último, Kicillof remarcó: “Hoy también entregamos escrituras gratuitas porque entendemos que el derecho a la vivienda y a la propiedad tiene que ser para todos por igual, no solo para quienes pueden pagarlo”. “Aunque desde la Nación no nos ayuden y nos quiten los fondos, nosotros le ponemos el pecho a las dificultades y seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de las y los bonaerenses”, concluyó.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; su par de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; los subsecretarios de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez; y de Justicia, Inti Pérez Aznar; el director provincial de Agricultura, Mariano Pinedo; el director del Instituto Provincial de Políticas Públicas de Salud, Juan Sebastián Riera; el director General y Artístico del Teatro Argentino, Ernesto Bauer; los intendentes de San Andrés de Giles, Miguel Ángel Gesualdi; y de Exaltación de la Cruz, Luis Mariano Martín; el diputado provincial Diego Nanni; y el concejal de Rojas Ramiro Baguear.

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