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FOTOMULTAS, QUÉ MAL SE TE VE
14 de abril de 2026
Una denuncia judicial puso bajo la lupa el funcionamiento del sistema de fotomultas en rutas y municipios de la provincia de Buenos Aires. El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a empresarios, funcionarios y actores del ámbito académico de integrar un entramado destinado a desviar fondos públicos y pagar coimas a cambio de habilitaciones para instalar radares.
El caso se inscribe en un contexto más amplio de causas que en los últimos meses expusieron irregularidades en el negocio de las multas. Entre ellas, el procesamiento del ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por presunto lavado de activos, en una investigación que también analiza maniobras vinculadas a fotomultas y la VTV.
Los acusados por Marijuan son Leandro Camani, dueño de las firmas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., proveedoras de la tecnología de fotomultas, y Diego Kampel, Secretario de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), señalado como el nexo institucional para facilitar las contrataciones.
Asimismo, el fiscal menciona la presunta connivencia de funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y hasta del propio titular de del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires Martín Marinucci, quien justamente sucedió a D’Onofrio en el cargo. Todos estarían implicados en la causa por gestionar las autorizaciones para instalar los radares a cambio de coimas.
Camani ya había quedado en el centro de otra causa tras ser denunciado por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por una presunta maniobra de extorsión vinculada a la instalación de cámaras. El enfrentamiento escaló semanas después, cuando el propio Camani denunció a Tapia por presunto abuso de autoridad.
En paralelo, la investigación de Marijuan avanza sobre un presunto mecanismo sistemático para eludir los controles en la contratación de radares. Según la denuncia, el esquema se apoyaba en convenios entre municipios y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), lo que permitía evitar licitaciones públicas.
A partir de allí, se habría montado una triangulación de fondos a través de una fundación vinculada a la universidad, que luego contrataba de manera directa a empresas privadas. En ese circuito, hasta el 70% de lo recaudado por multas quedaba en manos de los intermediarios, mientras que los municipios recibían una porción menor.
La presentación judicial también menciona la utilización de facturación apócrifa y empresas fantasma para generar dinero en efectivo, que habría sido destinado al pago de coimas a funcionarios encargados de autorizar los sistemas de control vial.
Según el expediente, al menos una docena de municipios participaron de estos convenios, entre ellos La Matanza, Mar del Plata, San Isidro, Morón y Zárate. Solo en uno de ellos, la recaudación habría superado los 3.700 millones de pesos en menos de un año.
Ahora, la causa quedó en manos de la jueza federal María Servini, quien deberá definir las primeras medidas de prueba, entre ellas allanamientos y el levantamiento del secreto bancario para seguir la ruta del dinero.
El caso vuelve a poner en foco un sistema que mueve cifras millonarias y que, lejos de limitarse al control del tránsito, aparece cada vez más atravesado por disputas judiciales, denuncias cruzadas y una creciente pelea por el control del negocio.
La denuncia del fiscal federal apunta a un entramado que involucra a empresarios, funcionarios nacionales y provinciales, y autoridades académicas. El esquema habría permitido la elusión de licitaciones públicas y la triangulación de fondos millonarios. (Mitre)
Provincia
Los judiciales también aceptaron la suba salarial del 6%
Tras cerrar el acuerdo salarial con los docentes y estatales, ahora la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) aceptó la propuesta del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gremio sostuvo que la oferta del 6% en dos cuotas que recibieron en paritarias fue aceptada “por amplísima mayoría” en todas las asambleas.
La propuesta aceptada contempla un incremento de 3% con los sueldos de octubre y otro 3% con en noviembre, a cobrar en diciembre. Ese mes, en tanto, la administración provincial se comprometió a reabrir las negociaciones.
Con este incremento, el aumento salarial acumulado a noviembre alcanzará el 26% para la subcategoría F, porcentaje que crece progresivamente en las restantes subcategorías hasta llegar al 38,9% en la A1, correspondiente a las y los trabajadores de mayor antigüedad.
La única diferencia entre los judiciales y el resto de los sectores afecta a los empleados pasivos. Sucede que el Instituto de Previsión Social (IPS) cerró el calendario de liquidación de las jubilaciones y pensiones antes de que se alcance un acuerdo. En este contexto, la Provincia va a pagar ambos tramos del aumento juntos con los haberes de noviembre, es decir, en diciembre.
Se sabía que esto podía pasar teniendo en cuenta las demoras que atravesaron a la negociación y que recién a mitad de mes se cerró con docentes y estatales. El acuerdo con la AJB llevó una semana más y por eso no va a impactar en la próxima liquidación de jubilados y pensionados.
Fuente: DIB
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Justicia habilitó los aumentos de las tarifas de luz
Las tarifas de luz en laprovincia de Buenos Airesquedaron nuevamente habilitadas para las cuatro distribuidoras luego de que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata aceptara el pedido de la administración de Axel Kicillof. El tribunal concedió efecto suspensivo al recurso provincial contra la cautelar que había frenado los incrementos.
La resolución, firmada el 15 de octubre, permite aplicar los valores previstos en la Resolución 682/2026 para los clientes de EDELAP, EDEN, EDEA y EDES. Así, deja en pausa la orden judicial que había restablecido provisoriamente el esquema tarifario anterior para los componentes provinciales de las facturas.
El fallo no zanja el debate sobre la validez de las subas ni constituye una decisión definitiva sobre el expediente. La Cámara deberá analizar los argumentos de fondo en otra instancia; por ahora, estableció que la apelación de la Provincia avance con efecto suspensivo, mientras sigue el trámite judicial.
La causa se originó a partir de una demanda del Defensor del Pueblo bonaerense contra el gobierno provincial y las cuatro empresas distribuidoras. El 18 de septiembre, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca había suspendido los efectos de la Resolución 585/2026 y ordenado volver al cuadro previo.
El reclamo objetó que las actualizaciones se aplicaran sin una audiencia pública anterior ni otra instancia equivalente de consulta a los usuarios. En su análisis, el juzgado tomó en cuenta que la última audiencia asociada a una revisión integral de las tarifas se había realizado en diciembre de 2016.
La Fiscalía de Estado apeló y solicitó que el recurso frenara la aplicación de la cautelar, pero el juzgado rechazó ese planteo inicialmente. La Provincia llevó entonces la discusión ante la Cámara marplatense. Para fundamentar su pedido, advirtió que sostener los valores anteriores podía complicar la cobertura de los costos actuales y la continuidad del servicio.
El gobierno también sostuvo que separar en las boletas los componentes nacionales y provinciales podía resultar complejo. Como respaldo, presentó informes del Ministerio de Infraestructura y del Organismo de Control de Energía Eléctrica bonaerense, que señalaron dificultades para facturar y supervisar la combinación de distintos cuadros tarifarios.
Al revisar la presentación, la Cámara entendió que los elementos aportados permitían considerar, de manera preliminar, que podía estar comprometido el interés público. Por eso aceptó la queja y concedió efecto suspensivo a la apelación. La disputa sigue abierta y la Fiscalía indicó que la audiencia por la Revisión Tarifaria Integral estaba prevista para mediados de diciembre de 2026. diD
Provincia
Las pistolas Taser podrían ser utilizadas muy pronto en la Policía
Una propuesta histórica del massismo dio un importante paso adelante: la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios que preside el diputado Carlos Puglelli (Frente Renovador) aprobó el dictamen para el uso de pistolas Taser (o similares) en el ámbito de la Policía Bonaerense.
El proyecto busca actualizar las herramientas de intervención policial mediante la incorporación de armas menos letales, con capacitación profesional, reglas claras de utilización y mecanismos de control. Al respecto, propone modificar la Ley 13.482, y entre sus principales disposiciones, contempla la utilización de dispositivos electrónicos conductores de energía por proyectil, como las pistolas Taser, y prohíbe expresamente los dispositivos eléctricos de contacto directo cuya finalidad o efecto principal sea provocar dolor mediante descargas eléctricas.
La exposición del diputado Carlos Puglelli.
El personal policial deberá contar con capacitación específica, obligatoria, acreditada y continua, que incluirá el manejo técnico de los dispositivos, sus efectos y riesgos, los protocolos de actuación, las técnicas de desescalada, los principios de uso gradual de la fuerza y nociones de primeros auxilios.
Asimismo, fija principios de legalidad, necesidad, razonabilidad, progresividad y proporcionalidad. El uso de estas armas quedará limitado a situaciones en las que los medios no violentos resulten ineficaces o insuficientes y exista un peligro inminente para la integridad física del personal policial, de terceras personas o de la propia persona involucrada.
La iniciativa del Frente Renovador contó con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, Unión y Libertad, Nuevos Aires y el diputado Juan José Esper, reflejando el acompañamiento de representantes de distintos sectores a una propuesta vinculada con la actualización del marco normativo de la seguridad bonaerense.
