El gobierno bonaerense abrió la inscripción para la edición N°35 de los Juegos Bonaerenses, una de las principales políticas públicas del país que promueve la integración, el deporte y la cultura en todo el territorio bonaerense.

Organizados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Subsecretaría de Deportes, los Juegos incluyen más de 100 disciplinas deportivas y culturales destinadas a jóvenes, personas con discapacidad, personas trasplantadas y personas mayores. La inscripción permanecerá abierta hasta el 15 de mayo y se realiza a través del sitio oficial.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, destacó “la decisión política del gobernador Axel Kicillof de garantizar la continuidad de los Juegos”, subrayando que se trata de un evento con más de 30 años de realización ininterrumpida que forma parte de la identidad bonaerense, incluso en un contexto de dificultades financieras.

Entre las principales novedades de esta edición, en la categoría juveniles se incorpora la ampliación de disciplinas y categorías en ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley.

En tanto, en la modalidad intergeneración se sostienen las incorporaciones realizadas en 2025, fortaleciendo los espacios de interacción entre participantes de distintas edades.Además, continúan las categorías para personas trasplantadas, que incluyen las disciplinas de:

El subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, afirmó que “los Juegos constituyen un espacio de contención y construcción de comunidad”, y remarcó su importancia como política pública arraigada en la sociedad.

La competencia, que en su última edición alcanzó un récord de más de 480 mil inscriptos, se desarrolla de manera ininterrumpida desde 1992, promoviendo el acceso a la actividad física y la expresión cultural en toda la provincia.

Tras el cierre de la inscripción, el certamen avanzará en tres etapas: local, regional e interregional, mientras que la final provincial se disputará, como es tradición, en la ciudad de Mar del Plata durante el mes de octubre.

En la privatización de corredores viales que impulsa el Gobierno de Javier Milei, la empresa estatal bonaerense Aubasa quedó en el centro de una disputa. Si bien mostró intenciones de ser oferente para la concesión de la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y otros tramos de rutas nacionales, ahora denunció irregularidades en la licitación por parte de la Rosada.

Así lo aseguró el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, quien contó que mandaron una nota al Ministerio de Economía pidiendo la intervención de Defensoría del Pueblo (tanto la nacional como la provincial) en el proceso de concesión de rutas. El objetivo, sostuvo, es garantizar “plena transparencia” en un proceso que, denunció, sufrió modificaciones sustanciales a último momento.

“Pretendemos que hagan de veedor y que participen de todo el proceso de selección”, dijo en conferencia de prensa desde la Gobernación. Y destacó que a pocos días del cierre de ofertas, se cambiaron decenas de artículos del pliego, alterando las condiciones originales. Para la Provincia, esos movimientos “desvirtúan” la competencia y abren sospechas sobre posibles arbitrariedades en la adjudicación de las concesiones.

La solicitud surgió porque las autoridades nacionales modificaron 33 artículos del pliego una semana antes de que venza el plazo para presentar las ofertas. “Cambiaron la contratación cuando ya estaba iniciada”, remarcó el ministro Katopodis antes de señalar que “todos esos cambios desvirtúan el proceso”.

Se trata de un tema sensible para el Gobierno de Kicillof porque decidió postularse para administrar tres tramos de rutas nacionales, incluyendo autopistas como la Riccheri y caminos estratégicos como las rutas 226, la 3 o la 205.

La empresa pública provincial formalizó su participación luego de comprobar que los pliegos de las concesiones viales no incluían una cláusula que prohíba expresamente la participación de compañías estatales. Actualmente, está en marcha el proceso de evaluación de las ofertas y hay al menos 10 en condiciones de ganar.

En ese contexto, Katopodis defendió el perfil de la empresa pública, a la que definió como “superavitaria” y con estándares de servicio que, dijo, pueden verificarse en corredores como la Autopista Buenos Aires–La Plata o la Ruta 2. Y no descartó que la administración libertaria pretenda “hacer algún negociado con la adjudicación de estas concesiones”.

A fines de año pasado y en el marco del avance de la Red Federal de Concesiones (RFC), el Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación pública para la Etapa II del proyecto, que permitirá la concesión de casi 1.900 kilómetros que corresponden a la segunda etapa y que va hacia la privatización de unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1843/2025, fue publicada en el Boletín Oficial, y beneficiará a rutas que atraviesan la provincia de Buenos Aires, como la 3, 5, 226 y 205, entre otras. La licitación pública nacional e internacional apunta a la construcción, explotación, administración y mantenimiento de diversas rutas.

En este contexto, a principios de marzo, Autopistas de Buenos Aires S.A. presentó su oferta para quedarse con los tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa de la Red Federal de Concesiones-Etapa II, que incluyen la autopista Ricchieri, el corredor Ezeiza-Cañuelas y las rutas nacionales 3, 205 y 226.

La licitación contempla la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de corredores, además de la prestación de servicios al usuario y el desarrollo de explotaciones complementarias para generar ingresos bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, en el marco de la Ley 17.520. DIB

Un reciente fallo judicial en la provincia de Buenos Aires vuelve a poner en el centro del debate una problemática histórica del sector agropecuario: el cobro de tasas municipales sin una contraprestación efectiva en los caminos rurales. La sentencia, dictada en el departamento judicial de Trenque Lauquen, marca un precedente relevante que podría proyectarse a nivel nacional.

En diálogo con El Campo Hoy, el abogado Jorge Moroni, representante de productores bonaerenses, explicó el alcance de la resolución y su impacto en el vínculo entre municipios y el sector productivo.

Moroni, integrante del equipo jurídico que lideraba el reconocido jurista Juan Pedro Merbilhaa, detalló que la causa se inició en 2023 tras agotarse las instancias administrativas. El grupo representa a productores de distintas localidades del centro bonaerense, incluyendo Daireaux, Bolívar, Tapalqué y Azul.

La clave del fallo es clara: una tasa municipal solo puede cobrarse si existe un servicio efectivo, directo y comprobable.

“No se trata de un impuesto por tener tierra. La tasa es retributiva de un servicio. Si ese servicio no existe, no hay obligación de pago”, resumió.

En este caso, el juez determinó que el “hecho imponible” —es decir, el mantenimiento de los caminos rurales— fue prácticamente inexistente desde 2022 para uno de los productores analizados. Por lo tanto, quedó habilitado a no pagar la tasa correspondiente.

Peritajes que marcan la diferencia

Uno de los aspectos más novedosos del proceso fue la profundidad de las pruebas técnicas. Por primera vez en este tipo de litigios, la Justicia permitió auditar las cuentas municipales mediante peritaje contable, y evaluar el estado real de los caminos con ingenieros especializados

Los resultados fueron contundentes: se detectó que alrededor del 30% de lo recaudado se desviaba a otros fines. El 96% de los caminos relevados estaban en estado malo o regular. Aunque el municipio reconoció el uso de fondos para otras áreas —como salud—, el fallo subraya que esa práctica no es legalmente válida, ya que los recursos de tasas viales deben destinarse exclusivamente a ese fin.

Apelación en puerta

El juez estableció que si hay desvío de fondos, el municipio solo podría cobrar parcialmente. Si el camino está en mal estado, no puede cobrar la tasa. Si está en estado “regular”, podría cobrar una proporción. Sin embargo, Moroni adelantó que apelarán esta interpretación.

“Para sacar producción con camiones de 30 mil kilos, un camino ‘regular’ es igual de inservible que uno malo. Vamos a la Cámara para que se reconozca el 100% del reclamo”.

Más allá del fallo

Lejos de celebrar el no pago, el abogado planteó una paradoja que atraviesa al sector. “El productor no quiere dejar de pagar. Quiere caminos. ¿De qué sirve no pagar si después no puede sacar la producción?”, expresó a Federico Aguer de Cadena 3.

El caso, según explicó, debe entenderse como un primer paso hacia una solución más profunda: la necesidad de mesas de trabajo entre municipios y productores, donde se definan prioridades, recursos y control del gasto.

Algunos distritos, como Benito Juárez, ya aplican modelos de gestión compartida mediante consorcios viales, con resultados positivos.

¿Un precedente nacional?

El impacto del fallo ya trascendió las fronteras bonaerenses. Estudios jurídicos y productores de provincias como Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Corrientes comenzaron a realizar consultas. Por eso, Moroni no duda en su diagnóstico.

“Esto puede ser un leading case. El principio es el mismo en todo el país: sin servicio, no hay tasa”.

El trasfondo jurídico no es nuevo —la Corte Suprema ya ha establecido que toda tasa requiere contraprestación—, pero su aplicación al ámbito rural había sido históricamente limitada.

Un punto de inflexión

Con más de 35 años de experiencia, Moroni asegura que nunca vio un movimiento tan amplio de productores dispuestos a judicializar el tema.

“El productor odia hacer juicio. Pero también se cansó. Como en 2008, hoy vuelve a decir ‘basta’”.

El fallo de Trenque Lauquen no resuelve el problema de fondo, pero abre una puerta: la de repensar el sistema de tasas rurales bajo un principio básico de equidad. Porque, como resume el propio Moroni, el objetivo no es dejar de pagar, es poder producir.