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Justicia limita el cobro del impuesto rural

1 de abril de 2026

Un reciente fallo judicial en la provincia de Buenos Aires vuelve a poner en el centro del debate una problemática histórica del sector agropecuario: el cobro de tasas municipales sin una contraprestación efectiva en los caminos rurales. La sentencia, dictada en el departamento judicial de Trenque Lauquen, marca un precedente relevante que podría proyectarse a nivel nacional.

En diálogo con El Campo Hoy, el abogado Jorge Moroni, representante de productores bonaerenses, explicó el alcance de la resolución y su impacto en el vínculo entre municipios y el sector productivo.

Moroni, integrante del equipo jurídico que lideraba el reconocido jurista Juan Pedro Merbilhaa, detalló que la causa se inició en 2023 tras agotarse las instancias administrativas. El grupo representa a productores de distintas localidades del centro bonaerense, incluyendo Daireaux, Bolívar, Tapalqué y Azul.

La clave del fallo es clara: una tasa municipal solo puede cobrarse si existe un servicio efectivo, directo y comprobable.

“No se trata de un impuesto por tener tierra. La tasa es retributiva de un servicio. Si ese servicio no existe, no hay obligación de pago”, resumió.

En este caso, el juez determinó que el “hecho imponible” —es decir, el mantenimiento de los caminos rurales— fue prácticamente inexistente desde 2022 para uno de los productores analizados. Por lo tanto, quedó habilitado a no pagar la tasa correspondiente.

Peritajes que marcan la diferencia

Uno de los aspectos más novedosos del proceso fue la profundidad de las pruebas técnicas. Por primera vez en este tipo de litigios, la Justicia permitió auditar las cuentas municipales mediante peritaje contable, y evaluar el estado real de los caminos con ingenieros especializados

Los resultados fueron contundentes: se detectó que alrededor del 30% de lo recaudado se desviaba a otros fines. El 96% de los caminos relevados estaban en estado malo o regular. Aunque el municipio reconoció el uso de fondos para otras áreas —como salud—, el fallo subraya que esa práctica no es legalmente válida, ya que los recursos de tasas viales deben destinarse exclusivamente a ese fin.

Apelación en puerta

El juez estableció que si hay desvío de fondos, el municipio solo podría cobrar parcialmente. Si el camino está en mal estado, no puede cobrar la tasa. Si está en estado “regular”, podría cobrar una proporción. Sin embargo, Moroni adelantó que apelarán esta interpretación.

“Para sacar producción con camiones de 30 mil kilos, un camino ‘regular’ es igual de inservible que uno malo. Vamos a la Cámara para que se reconozca el 100% del reclamo”.

Más allá del fallo

Lejos de celebrar el no pago, el abogado planteó una paradoja que atraviesa al sector. “El productor no quiere dejar de pagar. Quiere caminos. ¿De qué sirve no pagar si después no puede sacar la producción?”, expresó a Federico Aguer de Cadena 3.

El caso, según explicó, debe entenderse como un primer paso hacia una solución más profunda: la necesidad de mesas de trabajo entre municipios y productores, donde se definan prioridades, recursos y control del gasto.

Algunos distritos, como Benito Juárez, ya aplican modelos de gestión compartida mediante consorcios viales, con resultados positivos.

¿Un precedente nacional?

El impacto del fallo ya trascendió las fronteras bonaerenses. Estudios jurídicos y productores de provincias como Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Corrientes comenzaron a realizar consultas. Por eso, Moroni no duda en su diagnóstico.

“Esto puede ser un leading case. El principio es el mismo en todo el país: sin servicio, no hay tasa”.

El trasfondo jurídico no es nuevo —la Corte Suprema ya ha establecido que toda tasa requiere contraprestación—, pero su aplicación al ámbito rural había sido históricamente limitada.

Un punto de inflexión

Con más de 35 años de experiencia, Moroni asegura que nunca vio un movimiento tan amplio de productores dispuestos a judicializar el tema.

“El productor odia hacer juicio. Pero también se cansó. Como en 2008, hoy vuelve a decir ‘basta’”.

El fallo de Trenque Lauquen no resuelve el problema de fondo, pero abre una puerta: la de repensar el sistema de tasas rurales bajo un principio básico de equidad. Porque, como resume el propio Moroni, el objetivo no es dejar de pagar, es poder producir.

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Kicillof suscribió convenios para el desarrollo agrario en Uruguay


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El gobernador , Axel Kicillof, visitó este viernes la República Oriental del Uruguay, donde mantuvo un encuentro de trabajo con el presidente Yamandú Orsi; y suscribió convenios de cooperación y articulación para fortalecer programas de investigación científica y para potenciar políticas agrarias y alimentarias. Además, participó del Tercer Congreso Panamericano, que se desarrolla en Montevideo, junto a más de 150 líderes de la región.

Al respecto, Kicillof afirmó: "Entre los objetivos importantes que ha tenido esta visita a Uruguay, se encuentra la firma de convenios en áreas centrales para la provincia de Buenos Aires”. "Mientras el Gobierno nacional desfinancia nuestro sistema científico, nosotros fortalecemos las instituciones ligadas a la investigación, la innovación y el conocimiento”, sostuvo, y añadió: “En un mundo atravesado por una revolución tecnológica constante, este acuerdo viene a reforzar nuestro compromiso inquebrantable con la ciencia, la tecnología y la soberanía de la región”.

“Con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay tenemos líneas de trabajo similares que consisten en llevar productos certificados y de calidad a los mercados de distintos barrios”, expresó el Gobernador y subrayó: “Con este convenio damos un paso más para impulsar y acompañar a los pequeños productores y a las economías regionales”.

En la sede de la Universidad de la República, el Gobernador suscribió un convenio de cooperación entre la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) bonaerense y la casa de Altos Estudios para desarrollar proyectos conjuntos de investigación, docencia y transferencia tecnológica.

En tanto, en el marco del programa Mercados Bonaerenses, se firmó un acuerdo con el presidente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, José Saavedra, para desarrollar políticas públicas que garanticen el acceso a la alimentación, generar espacios de comercialización de productos y reducir desperdicios en mercados comercializadores.

Tercer Congreso Panamericano

Durante la jornada, Kicillof participó del Tercer Congreso Panamericano, que se lleva a cabo en el Teatro Solís con la presencia de más de 150 legisladores, ministros, expresidentes y líderes de 15 países de la región.

En ese marco, Kicillof afirmó: "Vivir en la Argentina de Milei se ha convertido en un infierno para los trabajadores, los estudiantes, las personas mayores y los sectores vulnerables”. “Las políticas que lleva adelante el Gobierno nacional tienen un objetivo explícito: borrar y destruir la historia y las conquistas de nuestro pueblo”, agregó.

"Ya nadie cree que este sea el mejor camino para nuestro país: la ultraderecha perdió esa batalla cultural y la inmensa mayoría reconoce que el proyecto de Milei es un fracaso estrepitoso”, sostuvo el Gobernador, y concluyó: “Es nuestra tarea organizar ese descontento popular y transformarlo en una vía de esperanza y de renovación: el futuro es con nuestro entramado productivo, la universidad pública, la soberanía y el trabajo digno para que en Argentina vuelva a primar la justicia social”.

Bajo el lema “Solidaridad entre los pueblos, soberanía entre las naciones”, el encuentro tiene como fin generar una agenda común de cooperación hemisférica, enmarcada en la lucha por la paz, el multilateralismo, la seguridad, la reindustrialización, la soberanía y el bienestar de los pueblos.

Estuvieron presentes en las actividades la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela; el secretario técnico, Agustín Cano; y el presidente del Servicio de Relaciones Internacionales, Gonzalo Vicci; el secretario general de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, Fernando López; el director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Gabriel Ísola; el presidente del Instituto Nacional de Semilla, Guillermo Galván; los integrantes de la División Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo, Eduardo Mernies y Ema Wilkins.

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Kicillof: ‘La mujer detenida por estafas no tiene vínculo con mi gobierno’

El gobernador Axel Kicillof, dijo que la mujer detenida ayer no tiene vínculo con su gobierno, sino que se trata de una funcionario del Poder Judicial bonaerense.

"La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia", explicó Kicillof este miércoles por la mañana en su cuenta oficial de X.

El martes, Albertina Mangini fue detenida en el marco de una investigación por una presunta maniobra millonaria que, según la información difundida, habría utilizado datos biométricos e identidades de terceros para abrir cuentas en billeteras virtuales y mover dinero procedente del juego clandestino.


La fiscal Betina Lacki (UFI N°2 de La Plata) imputó a la abogada e integrante de la Procuración General bonaerense por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos, con agravantes por la habitualidad de la maniobra y por ocupar un cargo de funcionario público.

Junto a ella fueron detenidos Mauro Perrota, en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes, luego de allanamientos que también alcanzaron domicilios en La Plata y Córdoba.

De acuerdo con la investigación, esas cuentas habrían sido utilizadas para blanquear dinero proveniente del juego clandestino, en una maniobra cuyo monto investigado ascendería a $27.000 millones.

Durante los procedimientos, además, fueron secuestrados millones de pesos en efectivo y un automóvil BMW. La causa también tiene conexiones con otras investigaciones vinculadas al circuito financiero y al fútbol, ya que uno de los implicados aparece mencionado en un expediente relacionado con una financiera ligada al entorno de Claudio “Chiqui” Tapia.

La pesquisa busca ahora determinar el alcance de la organización y el rol que habría cumplido cada uno de los involucrados.

Ahora, la Justicia continuará con el análisis de la documentación y los elementos secuestrados para reconstruir el recorrido del dinero y establecer las responsabilidades en la maniobra investigada.

Asimismo, Mangini y Perrota se negaron a prestar declaraciones durante la indagatoria, mientras que Marchioni aseguró que su actividad comercial se dedicaba al “corretaje y las inversiones”. (NA)

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Buscan regularizar canales clandestinos en la Cuenca del Salado

El Gobierno bonaerense creó un programa especial para regularizar obras hidráulicas que fueron construidas sin los permisos correspondientes en la Cuenca del Río Salado, pero que actualmente se encuentran funcionando y cumplen un rol en el manejo de los excedentes hídricos. La primera etapa alcanzará a los Comités de Cuenca de las subregiones A2, A3 y B3.

La medida fue establecida por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos en el Boletín Oficial, en el marco de la Ley N° 12.257, conocida como Código de Aguas, y busca resolver una problemática que se arrastra desde hace años, especialmente en zonas rurales del noroeste bonaerense.

El programa apunta principalmente a obras de drenaje secundarias y terciarias que fueron ejecutadas por municipios y productores para complementar la red de drenaje superficial existente. Muchas de estas intervenciones no cuentan con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente, lo que genera dificultades para su gestión, mantenimiento y adecuación.

Según explica la resolución, la región noroeste de la provincia presenta características topográficas que hacen que no exista una red de drenaje natural completamente desarrollada. Por ese motivo, a lo largo de los años se construyó una red artificial para conducir los excedentes de agua, con obras principales ejecutadas por el Estado provincial y conducciones secundarias y terciarias realizadas en muchos casos por los municipios o productores.

En este sistema también cumplen un papel importante los caminos rurales, debido a que en zonas llanas pueden actuar como receptores de excedentes pluviales. Además, existen sectores donde las trazas atraviesan zonas bajas y se anegan, lo que obliga a realizar terraplenes y obras de cruce para garantizar el escurrimiento.

La decisión de avanzar con un régimen especial surgió, de acuerdo con los fundamentos de la resolución, a partir de distintos planteos realizados por municipios durante las actividades desarrolladas en 2025 en zonas afectadas por episodios extraordinarios de excesos hídricos. Los gobiernos locales plantearon la necesidad de regularizar obras hidráulicas de antigua data que resultan de interés general, particularmente aquellas vinculadas con caminos o que contribuyen al desagüe de microcuencas.

El procedimiento estará dividido en tres fases. En la primera, el municipio deberá presentar una nota ante el Comité de Cuenca correspondiente. El organismo deberá emitir una no objeción para que la obra sea incorporada al programa.

La segunda etapa contempla la presentación de la documentación requerida ante la Autoridad del Agua (ADA). El organismo analizará el caso y, cuando corresponda, emitirá un Certificado de Incorporación al Programa.

La tercera fase estará destinada al análisis técnico y a la aprobación de la documentación necesaria para completar la regularización. El procedimiento contempla tanto las obras que puedan regularizarse sin modificaciones como aquellas que requieran adecuaciones.

Cuando sea necesario ejecutar obras de adecuación, estas estarán a cargo del municipio solicitante. La resolución también permite que los municipios propicien la conformación de Consorcios Mixtos de Usuarios de Aguas Públicas, integrados por el gobierno local y los beneficiarios directos de las obras.

La nueva normativa también contempla la situación de las obras que ya hayan sido denunciadas en el marco del procedimiento aprobado mediante la Resolución MIySP N° 46/26, que estableció un mecanismo para abordar las obras hidráulicas no autorizadas en territorio bonaerense.

En esos casos, mientras se encuentre en trámite la regularización dentro del nuevo programa, quedará en suspenso el procedimiento de declaración de clandestinidad.

La operación y el mantenimiento de las obras que sean aprobadas quedarán a cargo del municipio que haya solicitado su incorporación. Para ello deberá presentar un programa con las acciones que llevará adelante, aunque también podrá impulsar la creación de un consorcio de usuarios.

Desde la Provincia señalaron que el objetivo es poner en valor obras existentes que, con modificaciones menores, puedan continuar aportando al funcionamiento del sistema hídrico local, evitando que intervenciones que actualmente contribuyen al drenaje permanezcan en una situación irregular.

El programa comenzará en las subregiones A2, A3 y B3 de la Cuenca del Río Salado, aunque la resolución establece que el esquema podría replicarse posteriormente en la totalidad de esa cuenca y en otras cuencas hidrográficas de la provincia de Buenos Aires.

La subregión A2 incluye a los partidos de Junín, Lincoln, Florentino Ameghino, General Viamonte, General Villegas, Carlos Tejedor, 9 de Julio y Bragado. La A3 a Carlos Casares, 9 de Julio, Trenque Lauquen, Daireaux, Pehuajó, Bragado y Lincoln. Mientras que B3 incluye a comunas como Roque Pérez, Olavarría, Bolívar, Hipólito Yrigoyen, Carlos Casares, 9 de Julio, 25 de Mayo, Bragado, Saladillo, General Alvear, Las Flores y Tapalqué.

La iniciativa se vincula además con la política de reactivación de los Comités de Cuenca, que la Provincia considera ámbitos centrales para coordinar entre organismos públicos, municipios y usuarios del agua las acciones destinadas a prevenir y gestionar los excedentes hídricos. DIB

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