Provincia
Justicia limita el cobro del impuesto rural
1 de abril de 2026
Un reciente fallo judicial en la provincia de Buenos Aires vuelve a poner en el centro del debate una problemática histórica del sector agropecuario: el cobro de tasas municipales sin una contraprestación efectiva en los caminos rurales. La sentencia, dictada en el departamento judicial de Trenque Lauquen, marca un precedente relevante que podría proyectarse a nivel nacional.
En diálogo con El Campo Hoy, el abogado Jorge Moroni, representante de productores bonaerenses, explicó el alcance de la resolución y su impacto en el vínculo entre municipios y el sector productivo.
Moroni, integrante del equipo jurídico que lideraba el reconocido jurista Juan Pedro Merbilhaa, detalló que la causa se inició en 2023 tras agotarse las instancias administrativas. El grupo representa a productores de distintas localidades del centro bonaerense, incluyendo Daireaux, Bolívar, Tapalqué y Azul.
La clave del fallo es clara: una tasa municipal solo puede cobrarse si existe un servicio efectivo, directo y comprobable.
“No se trata de un impuesto por tener tierra. La tasa es retributiva de un servicio. Si ese servicio no existe, no hay obligación de pago”, resumió.
En este caso, el juez determinó que el “hecho imponible” —es decir, el mantenimiento de los caminos rurales— fue prácticamente inexistente desde 2022 para uno de los productores analizados. Por lo tanto, quedó habilitado a no pagar la tasa correspondiente.
Peritajes que marcan la diferencia
Uno de los aspectos más novedosos del proceso fue la profundidad de las pruebas técnicas. Por primera vez en este tipo de litigios, la Justicia permitió auditar las cuentas municipales mediante peritaje contable, y evaluar el estado real de los caminos con ingenieros especializados
Los resultados fueron contundentes: se detectó que alrededor del 30% de lo recaudado se desviaba a otros fines. El 96% de los caminos relevados estaban en estado malo o regular. Aunque el municipio reconoció el uso de fondos para otras áreas —como salud—, el fallo subraya que esa práctica no es legalmente válida, ya que los recursos de tasas viales deben destinarse exclusivamente a ese fin.
Apelación en puerta
El juez estableció que si hay desvío de fondos, el municipio solo podría cobrar parcialmente. Si el camino está en mal estado, no puede cobrar la tasa. Si está en estado “regular”, podría cobrar una proporción. Sin embargo, Moroni adelantó que apelarán esta interpretación.
“Para sacar producción con camiones de 30 mil kilos, un camino ‘regular’ es igual de inservible que uno malo. Vamos a la Cámara para que se reconozca el 100% del reclamo”.
Más allá del fallo
Lejos de celebrar el no pago, el abogado planteó una paradoja que atraviesa al sector. “El productor no quiere dejar de pagar. Quiere caminos. ¿De qué sirve no pagar si después no puede sacar la producción?”, expresó a Federico Aguer de Cadena 3.
El caso, según explicó, debe entenderse como un primer paso hacia una solución más profunda: la necesidad de mesas de trabajo entre municipios y productores, donde se definan prioridades, recursos y control del gasto.
Algunos distritos, como Benito Juárez, ya aplican modelos de gestión compartida mediante consorcios viales, con resultados positivos.
¿Un precedente nacional?
El impacto del fallo ya trascendió las fronteras bonaerenses. Estudios jurídicos y productores de provincias como Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Corrientes comenzaron a realizar consultas. Por eso, Moroni no duda en su diagnóstico.
“Esto puede ser un leading case. El principio es el mismo en todo el país: sin servicio, no hay tasa”.
El trasfondo jurídico no es nuevo —la Corte Suprema ya ha establecido que toda tasa requiere contraprestación—, pero su aplicación al ámbito rural había sido históricamente limitada.
Un punto de inflexión
Con más de 35 años de experiencia, Moroni asegura que nunca vio un movimiento tan amplio de productores dispuestos a judicializar el tema.
“El productor odia hacer juicio. Pero también se cansó. Como en 2008, hoy vuelve a decir ‘basta’”.
El fallo de Trenque Lauquen no resuelve el problema de fondo, pero abre una puerta: la de repensar el sistema de tasas rurales bajo un principio básico de equidad. Porque, como resume el propio Moroni, el objetivo no es dejar de pagar, es poder producir.
Provincia
Prohíben usar el celular en secundarias públicas y privadas
La iniciativa establece que los estudiantes no podrán utilizar estos dispositivos durante la jornada educativa, salvo cuando exista un requerimiento o una autorización explícita del docente y su utilización tenga objetivos pedagógicos.
La norma busca promover un uso seguro y responsable de celulares y otras pantallas dentro de las aulas y extiende al nivel secundario un criterio similar al que ya se encuentra vigente para las escuelas primarias bonaerenses.
Según el texto aprobado, el concepto de “uso responsable” implica que los dispositivos permanezcan sin utilizar durante el horario escolar, excepto en aquellas situaciones en las que sean necesarios para desarrollar alguna actividad educativa.
Ahora será el Poder Ejecutivo provincial el encargado de determinar cuál será la autoridad de aplicación. Ese organismo deberá elaborar protocolos, instrucciones y recomendaciones para establecer de qué manera se implementará la medida en los establecimientos.
Tal como publica DIB, la normativa también invita a los municipios bonaerenses a adherir y comenzará a implementarse una vez que sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante el tratamiento legislativo también se vinculó la regulación con otras problemáticas que afectan a los adolescentes, entre ellas la ludopatía y el acceso permanente a plataformas digitales desde los teléfonos celulares-
Foto: En muchos colegios, los chicos no pueden usar los celulares durante las horas de clase Ricardo Pristupluk
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DOCENTES NO VAN A CASES
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó su adhesión al paro provincial de este miércoles, en reclamo por la situación salarial del sector, por lo que una vez más numerosos establecimientos públicos de la ciudad de los niveles Inicial, Primario y Secundario tendrán su actividad parcial o totalmente interrumpida, según la cantidad de adhesiones del personal no docente a la medida de fuerza.
"Paro Provincial, 7/10. La plata no alcanza. Que la crisis no la paguen los trabajadores. Los y las trabajadores/as paramos por salarios dignos y pase a planta permanente", anunciaron desde el sindicato en sus redes sociales.
"El salario no puede seguir perdiendo frente al costo de vida y el Gobierno Nacional debe reconocer que le adeuda recursos a la Provincia de Buenos Aires, fondos que impactan en las políticas públicas y en las condiciones de trabajo", completaron.
El calendario escolar acumulará de esta manera 26 jornadas sin clases en lo que va de 2026 en Bahía Blanca, producto de distintas medidas de fuerza -paros, jornadas o asambleas impulsadas por los diferentes gremios.
A esas jornadas se suman las huelgas llevadas adelante por la Sección Educación de ATE (24 y 25 de junio, y 30 de septiembre), el paro nacional de la CTERA (3 de agosto) y el provincial del Frente de Unidad Docente Bonaerense (1 de octubre).
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Camionazo en protesta por las fotomultas
Más de 200 camioneros bloquean el tránsito en Avellaneda en una protesta contra las fotomultas que recibieron y cuyos montos, según denuncian, pueden superar los $9 millones.
El reclamo se concentra sobre la avenida Mujeres Argentinas, frente al Tribunal de Faltas local, donde los manifestantes también cuestionan el secuestro de vehículos y la retención de licencias.
La manifestación se desarrolla bajo el lema “Si no trabajamos, Avellaneda se para” y reúne a camioneros particulares y trabajadores del transporte. Los participantes reclaman por las sanciones que recibieron y sostienen que los montos de algunas infracciones resultan excesivos.
Uno de los principales puntos de conflicto son las fotomultas de hasta $9 millones. Según plantean los transportistas, se trata de sanciones vinculadas con infracciones que, en algunos casos, consideran menores en relación con los montos reclamados.
Los camioneros también cuestionan que se labren multas en sectores donde actualmente está permitido circular, aunque aseguran que anteriormente existían restricciones. A esto suman reclamos por la presencia de cámaras que, según denuncian, no están correctamente señalizadas.
El reclamo frente al Tribunal de Faltas también está relacionado con las consecuencias que generan las infracciones sobre la actividad de los transportistas. Los manifestantes sostienen que el problema no se limita al monto económico de las sanciones, sino que también incluye otras medidas aplicadas por las autoridades.
Otro de los puntos centrales de la protesta es el secuestro de los camiones como consecuencia de las multas. Los transportistas cuestionan que, además de afrontar sanciones económicas, puedan quedarse sin sus vehículos y, por lo tanto, sin la posibilidad de desarrollar normalmente su actividad laboral.
También reclaman por la retención de licencias de conducir y piden que se tenga en cuenta la diferencia entre las infracciones cometidas antes y después de la entrada en vigencia de la nueva ordenanza de tránsito.
Mientras continúa la manifestación, los camioneros mantienen bloqueada la circulación en la zona de avenida Mujeres Argentinas, donde se concentra el reclamo. La protesta genera complicaciones para el tránsito y tiene como principal objetivo que las autoridades revisen las sanciones que los transportistas consideran excesivas.
