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Nuevos aranceles para los colegios privados a partir de abril

30 de marzo de 2026

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) informó a todos sus asociados que las autoridades de la Provincia de Buenos Aires (PBA)  autorizaron y difundieron este lunes las nuevas bandas arancelarias para los establecimientos educativos  que reciben aportes estatales para afrontar parte de los gastos de funcionamiento.
Según explicó la entidad que agrupa a los institutos de todo el país, en PBA los colegios privados de nivel inicial y primario que tienen hasta el 100% de aportes para pago de los docentes de la planta básica funcional podrán cobrar $32.880 por mes a partir de abril. Y quienes reciben aportes de hasta el 40% para los sueldos docentes podrán cobrar hasta $148.660. En el nivel secundario será de $36.200 hasta $193.160 pesos.  Y los institutos que ofrecen educación Técnica, Agraria o Especializada el Arte tienen una banda de entre $41.790 y $221.070 según se trate de colegios con subsidio de 100% o de 40% respectivamente.
El nuevo cuadro de aranceles que deberán abonar los padres o tutores de alumnos a partir de abril fue avalado por una comunicación de la Dirección General de Cultura y Educación de PBA. Aiepa había reclamado a las autoridades la actualización a partir del resultado de las paritarias que el Gobierno cerró con los gremios docentes para esta etapa del año.
La Provincia había autorizado un incremento del 3% que se aplicó en marzo, y en 2025 el último movimiento de los valores se autorizó el 30 de septiembre y se aplicó el último trimestre del ciclo pasado.
El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó que «estas adecuaciones se dan en un contexto difícil para el financiamiento de la educación de gestión privada. Hay muchos costos fijos que aumentaron en estos últimos meses, además de los salarios docentes de los cuales una parte se hace cargo el Estado. Pero hay otros costos que los afrontan las instituciones»,
No obstante el dirigente aclaró que «las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo aunque el costo del arancel esté por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento de los institutos, para que no se altere el desempeño diario de los centros de enseñanza privados».
Zurita remarcó que en los últimos meses, «hemos advertido nuevos factores que dificultan la administración. Entre ellos el excesivo aumento de las tasas que cobran algunos municipios bonaerenses a los establecimientos educativos, la caída de la matrícula y los desfasajes financieros».
Ocurre que en muchos casos, los colegios pagan los aumentos que dispone el gobierno sin tener autorizado los ajustes de los aranceles, explicaron en la entidad que agrupa a los institutos de todo el país.
El sistema de educación privada en la provincia de Buenos Aires, alcanza casi el 30% de la cobertura educativa y contiene a más de 1.3 millones de alumnos
De acuerdo con las últimas paritarias acordadas por el Gobierno bonaerense el costo de los salarios que deben pagar los establecimientos aumentó hasta un 17% acumulado en el periodo enero/abril, si se toman en cuenta -además de los porcentajes al básico informados por las autoridades-  los aportes no remunerativos que se acordaron en esas mesas de negociación salarial.
En la provincia de Buenos Aires, alrededor del 70% de los colegios privados reciben aporte estatal, lo que implica que los incrementos de cuotas deben ser autorizados por el gobierno provincial. Los colegios con arancel «libre» pueden aplicar aumentos por fuera de este mecanismo.

Cierres de escuelas y caída de matrícula

En los últimos años se han registrado cierres de instituciones educativas privadas, algunas de ellas en el conurbano, otros en CABA y también en la ciudad de La Plata.
Según indicó, se trata de un fenómeno que comenzó a notarse con mayor fuerza después de la pandemia y que responde a una combinación de factores.
Entre ellos mencionó la caída de la natalidad, la disminución de la matrícula —con unos 300 mil alumnos menos en todo el sistema educativo en los últimos cuatro años—, el atraso en los aranceles, el aumento de tarifas de servicios públicos y las dificultades económicas de muchas familias que como consecuencia hizo aumentar  los porcentajes de morosidad.
“Hay escuelas que no cerraron pero cuya situación es crítica, están endeudadas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales”, explicó Zurita.

Provincia

AySA vuelve a manos privadas por US$340 millones


La empresa abastece de agua a más de 14 millones de personas. El grupo Rowing-Arcos-Transclor-PHX superó la oferta del otro postulante, Roggio S.A., que había propuesto por AySA US$285 millones.

Este jueves se conocieron las ofertas por el 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), y la propuesta más alta fue la del consorcio que encabeza Rowing, la empresa de Walter Román, y Transclor, de Mauricio Filiberti, con US$340,2 millones.


El otro postulante a quedarse con la empresa que brinda agua potable a más de 14 millones de personas en el AMBA era el grupo liderado por Roggio SA, que propuso un pago de U$S285 millones. De acuerdo a información de NA, ambas ofertas están por debajo de los 450 millones que pretendía el Gobierno nacional.


Agua y Saneamientos Argentinos opera en 27 jurisdicciones: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 26 partidos del conurbano bonaerense.

En el Norte, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, San Martín, Escobar, San Miguel, Malvinas Argentinas, Pilar y José C. Paz. En el Oeste, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Merlo, Moreno y La Matanza. Y en el Sur, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela y Presidente Perón.


De todos modos se trata de la mayor privatización de la era Milei en términos de ingresos concretos para el Estado. Por otra parte, el 10% restante del capital de AySA seguirá en manos de los trabajadores, a través del programa de propiedad participada, que lo gestiona el sindicato, a cargo de José Luis Lingeri.

La concesión es por treinta años -vence en 2056-, con opción de prórroga de diez años más. Entre los compromisos de los nuevos adjudicatarios están la inversión total de U$S 15.040 millones y aumentar el alcance de los servicios del 75,3% actual al 78,9%, en el caso del suministro de agua, y del 63,9% al 65,3%, en las cloacas.


La empresa de suministro de agua vuelve a manos privadas dos décadas, después de que el gobierno de Néstor Kirchner rescindiera el contrato con el grupo francés Suez, que la operaba desde la privatización de 1993 -en la presidencia de Carlos Menem- bajo el nombre de Aguas Argentinas.

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Prohíben usar el celular en secundarias públicas y privadas

La iniciativa establece que los estudiantes no podrán utilizar estos dispositivos durante la jornada educativa, salvo cuando exista un requerimiento o una autorización explícita del docente y su utilización tenga objetivos pedagógicos.

La norma busca promover un uso seguro y responsable de celulares y otras pantallas dentro de las aulas y extiende al nivel secundario un criterio similar al que ya se encuentra vigente para las escuelas primarias bonaerenses.

Según el texto aprobado, el concepto de “uso responsable” implica que los dispositivos permanezcan sin utilizar durante el horario escolar, excepto en aquellas situaciones en las que sean necesarios para desarrollar alguna actividad educativa.

Ahora será el Poder Ejecutivo provincial el encargado de determinar cuál será la autoridad de aplicación. Ese organismo deberá elaborar protocolos, instrucciones y recomendaciones para establecer de qué manera se implementará la medida en los establecimientos.

Tal como publica DIB, la normativa también invita a los municipios bonaerenses a adherir y comenzará a implementarse una vez que sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.

Durante el tratamiento legislativo también se vinculó la regulación con otras problemáticas que afectan a los adolescentes, entre ellas la ludopatía y el acceso permanente a plataformas digitales desde los teléfonos celulares-

Foto: En muchos colegios, los chicos no pueden usar los celulares durante las horas de clase Ricardo Pristupluk

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DOCENTES NO VAN A CASES

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó su adhesión al paro provincial de este miércoles, en reclamo por la situación salarial del sector, por lo que una vez más numerosos establecimientos públicos de la ciudad de los niveles Inicial, Primario y Secundario tendrán su actividad parcial o totalmente interrumpida, según la cantidad de adhesiones del personal no docente a la medida de fuerza.

"Paro Provincial, 7/10. La plata no alcanza. Que la crisis no la paguen los trabajadores. Los y las trabajadores/as paramos por salarios dignos y pase a planta permanente", anunciaron desde el sindicato en sus redes sociales.

"El salario no puede seguir perdiendo frente al costo de vida y el Gobierno Nacional debe reconocer que le adeuda recursos a la Provincia de Buenos Aires, fondos que impactan en las políticas públicas y en las condiciones de trabajo", completaron.

El calendario escolar acumulará de esta manera 26 jornadas sin clases en lo que va de 2026 en Bahía Blanca, producto de distintas medidas de fuerza -paros, jornadas o asambleas impulsadas por los diferentes gremios.

A esas jornadas se suman las huelgas llevadas adelante por la Sección Educación de ATE (24 y 25 de junio, y 30 de septiembre), el paro nacional de la CTERA (3 de agosto) y el provincial del Frente de Unidad Docente Bonaerense (1 de octubre).

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