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La desocupación llegó al 7,5% en el cierre de 2025
18 de marzo de 2026
La tasa de desocupación subió durante el cuarto trimestre de 2025, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La proporción de personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente llegó al 7,5% de la población económicamente activa, lo que representa un incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior.
Mar del Plata junto a Gran Buenos Aires, Gran La Plata y Río Gallegos lidera el ranking con 9,5%, una tasa por encima del nivel general.
En los tres meses del año pasado, la oferta laboral (22,72 millones) aumentó en 69.300 personas respecto del tercero, el empleo total (21,08 millones) se contrajo en 142.600 y el desempleo aumentó en 211.900 trabajadores, alcanzando a 1,64 millones de personas.
En comparación con el cuarto trimestre de 2024, la oferta laboral creció en 138.200 personas, el empleo bajó en 107.600 y el desempleo se acrecentó en 245.700 trabajadores, según la extrapolación al total país de 47,7 millones de habitantes de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en 31 aglomerados urbanos.
El tipo de cambio oficial mantiene cierta estabilidad pese a la presión sobre las reservas. Analistas prevén calma en el corto plazo, pero advierten por un posible rebote hacia mitad de año.
Las tasas de actividad y de empleo se mantuvieron estables en el período analizado. La tasa de actividad, que mide la población económicamente activa sobre el total de la población, alcanzó el 48,6%, mientras que la tasa de empleo, que considera la cantidad de personas ocupadas, se ubicó en 45 por ciento, lo que implica un retroceso de 0,4 puntos porcentuales respecto al trimestre previo y de 0,7 en relación con el mismo período del año anterior.
«Subió el desempleo (+1,1 pp) respecto del mismo período de 2024, en una magnitud que asegura la significatividad estadística, producto de una caída de la tasa empleo (-0,7 pp) que fue parciamente compensada por una disminución de la tasa de actividad. Cuando se observa porque cayó al tasa de empleo, la totalidad se explica por caída de la tasa de empleo formal (-0,8 pp). La tasa de empelo informal se incrementa levemente (+0,1 pp)», analizó Gabriel Caamaño, economista de la consultora Outlier.
El aumento de la desocupación impactó con mayor fuerza en la población joven. Para las mujeres de 14 a 29 años, la tasa de desocupación aumentó 3,0 puntos porcentuales. Entre los varones del mismo grupo etario, la suba fue de 3,7 puntos. En cambio, en los grupos de 30 a 64 años, tanto en mujeres como en varones, los indicadores de desempleo permanecieron estables.
Durante el cuarto trimestre de 2025, la caracterización de la población desocupada en los 31 aglomerados urbanos mostró que los grupos más afectados correspondieron a personas jóvenes. Las mujeres de hasta 29 años representaron el 23,1% de la población sin trabajo, mientras que los varones del mismo rango etario alcanzaron el 27,9 por ciento. En los grupos de 30 a 64 años, las mujeres desocupadas conformaron el 22,8% y los varones el 23,6 por ciento. Los porcentajes para mayores de 65 años se mantuvieron bajos: 0,9% para mujeres y 1,7% para hombres.
Respecto al tiempo de búsqueda de empleo, el 24,9% de las personas desocupadas llevaba buscando trabajo entre 1 y 3 meses. Un 14,6% buscaba empleo entre 3 y 6 meses, mientras que el 13,7% lo hacía desde hacía entre 6 y 12 meses. El 30,9% llevaba más de un año intentando reinsertarse en el mercado laboral, en tanto que el 15,9% buscaba trabajo desde hacía menos de un mes.
En relación con la rama de actividad de la última ocupación, la construcción fue la que concentró el mayor porcentaje, con un 19,3% de los desocupados provenientes de este sector. El comercio representó el 16,0%, seguido por servicio doméstico con un 11,3 por ciento y completado por industria manufacturera con 9,7 por ciento. El resto de las ramas abarcó el 42,9% restante.
A propósito de la evolución del desempleo por áreas geográficas, Partidos del Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Gran La Plata y Río Gallegos lideraron el ranking con 9,5%, una tasa por encima del nivel general. Por el contrario, Santiago del Estero-La Banda, Viedma-Carmen de Patagones y Gran San Luis exhibieron los índices más bajos con 0,6%, 1,3% y 1,5% respectivamente.
Al observar por región, Gran Buenos Aires se ubicó en el primer lugar con 8,6% de desocupación, secundado por el área pampeana (7,7%), el Noreste (5,6%), Cuyo (4,9%), la Patagonia (4,8%) y el Noroeste (4,2%).
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Paro docente: Gobierno fiscaliza escuelas y gremios marchan a Plaza de Mayo
El principal sindicato de maestros anunció que la medida de fuerza se lleva a cabo ante la “permanente negativa” del Ejecutivo de convocar a una mesa paritaria nacional. Capital Humano anunció que aplicará sanciones si no se cumple el servicio mínimo en las escuelas.
El gremio CTERA lleva adelante un paro docente de 24 horas en los niveles inicial, primario y secundario de todo el país, en medio de un clima de tensión por los controles del Ministerio de Capital Humano, que fiscaliza la medida de fuerza y aplica sanciones en caso de comprobar si no se cumple con el servicio mínimo en las escuelas.
La medida de fuerza del gremio se produce en la vuelta a clases por el fin de las vacaciones de invierno en CABA, provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, e impacta en todas las escuelas públicas del país.
El paro nacional docente es en pedido de la restitución del FONID y pago de los fondos nacionales destinados a la educación, convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, y en rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.
En la capital del país, la protesta tuvo una movilización rumbo a la Plaza de Mayo, de la que participaron, además de CTERA, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Suteba y otros sindicatos del sector, en la que denunciaron una “grave crisis presupuestaria”, “falta de diálogo“ por parte del Gobierno y advirtierpm que la Argentina "se quedará sin maestros".
Desde el gremio encabezado por Sonia Alesso criticaron además en un comunicado que “mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación”.
El Gobierno, en tanto, fiscaliza a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.
Capital Humano advirtió que si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.
Se prevé que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y envíen los resultados a la administración central.
La base de la fiscalización es la Ley 27.802 de Modernización Laboral, cuyo artículo 101 declaró "Servicio esencial" al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial.
La norma estableció para esas actividades que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.
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Paro docente: Gobierno ratificó el 75% de la prestación del servicio educativo
El Ministerio de Capital Humano, comandado por la ministra Sandra Pettovello desde el Consejo Federal de Educación, ratificó “el 75% de la prestación habitual del servicio educativo” en vísperas del paro docente que comenzará este lunes 3 en todo el país.
La resolución se llevó a cabo a través de la Secretaría de Educación que conduce Carlos Torrendel, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 27.802 “que consagra la educación como servicio esencial”.
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“Se ratificó el compromiso con la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, conforme lo dispone la normativa vigente y la potestad del Poder Ejecutivo Nacional de supervisar su cumplimiento por tratarse de una medida de fuerza nacional. La medida busca resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas ante la jornada de paro”, manifestaron desde el Ministerio.
Del encuentro participaron los miembros de las carteras educativas de las jurisdicciones y de la Nación, quienes planificaron en conjunto “las acciones necesarias para garantizar la continuidad del dictado de clases en todo el país y para articular la inspección nacional” durante la jornada que anunció la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el pasado miércoles.
El gremio aseguró que tomó esta nueva medida de fuerza luego de la “permanente negativa” que presenta el Gobierno para entablar una mesa de diálogo y encarar una nueva negociación salarial.
Esta protesta será, en principio, por 24 horas y coincidirá con la vuelta a clases que tenían previsto la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque impactará en todo el país y en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria.
Según el comunicado de CTERA y otros sindicatos como la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el paro persigue otros reclamos como el retorno "inmediato" del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para los establecimientos y programas escolares. (NA)
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Paro docente: Aplicarán sanciones si no se cumple el servicio mínimo
El Gobierno fiscalizará a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente convocado por CTERA para este lunes y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.
El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que, si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.
La medida estará coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de Capital Humano. “El lunes habrá que fiscalizar para comprobar si se respetó o no lo que manda el artículo 101 respecto de los servicios esenciales”, expresaron en Nación.
El esquema todavía está bajo definición operativa, pero la intención oficial es que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y eleven los resultados a la administración central. Esas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
Un comunicado de Capital Humano brindó detalles de sus mecanismos de control y señaló que “desarrollará una inspección oculear en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.
Aunque el comunicado menciona una inspección muestral en escuelas de todo el país, en el Ejecutivo no detallaron todavía cuántos establecimientos serán relevados ni si el operativo incluirá pedidos formales de información a las jurisdicciones o un sistema mixto que combine constataciones propias con datos enviados por los gobiernos provinciales.
La base de la intervención será la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. Para esas actividades estableció que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.
El porcentaje no se refiere necesariamente a que deba asistir el 75% de los docentes ni a que tengan que abrir exactamente tres de cada cuatro escuelas. La norma habla de la “prestación normal del servicio”, por lo que el Gobierno deberá definir cómo traduce ese concepto en indicadores comprobables: establecimientos abiertos, cursos cubiertos, personal afectado, horas de clase o una combinación de esas variables.
La ley prevé además un procedimiento previo. El sindicato debe notificar la medida a la contraparte y a la autoridad laboral con cinco días de anticipación y, al día siguiente, las partes deben acordar ante Trabajo las modalidades del servicio mínimo, con identificación del personal, horarios, funciones y forma de ejecución.
Cuando no exista un acuerdo o la cobertura propuesta sea insuficiente, la Secretaría de Trabajo puede fijar los servicios mínimos en consulta con la Comisión de Garantías. La decisión debe ser notificada a las partes y puede establecer cuántos trabajadores deben prestar tareas, en qué horarios y bajo qué esquema operativo.
El régimen también obliga a informar a las familias y a los usuarios, al menos 48 horas antes de la protesta, cómo funcionará el servicio, cuánto durará la medida y de qué manera se garantizará la prestación mínima. Ese punto podría formar parte del relevamiento que realizará Capital Humano.
En el Gobierno aclaran que una sanción no sería automática por el nivel de adhesión al paro. Primero deberá constatarse el incumplimiento, determinarse qué obligación concreta no fue respetada, identificar a la entidad responsable y sustanciarse el procedimiento administrativo correspondiente, con posibilidad de defensa y revisión judicial.
El artículo 24.6 remite a los regímenes sancionatorios de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212. Esas normas permiten, según el tipo de infracción, disponer intimaciones, apercibimientos y multas, además de promover acciones judiciales contra una asociación sindical que desobedezca resoluciones de la autoridad laboral.
La Ley de Asociaciones Sindicales faculta a Trabajo a exigir que un gremio deje sin efecto medidas que vulneren la legislación o incumplan disposiciones de la autoridad competente. Ante una desobediencia persistente, el Poder Ejecutivo no puede retirar por sí solo una personería, pero la autoridad laboral puede acudir a la Justicia para solicitar su suspensión, cancelación o la intervención de la organización.
Las agencias territoriales serán la herramienta para reunir el respaldo fáctico de una eventual actuación posterior. La estructura laboral nacional puede recibir denuncias, realizar inspecciones cuando existe competencia federal, instruir sumarios y coordinar acciones con las provincias, que conservan facultades autónomas de policía del trabajo dentro de sus jurisdicciones.
Ese reparto de competencias será uno de los puntos sensibles. Las escuelas y los docentes dependen mayoritariamente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que CTERA es una confederación nacional. Por eso, Nación puede intervenir sobre el conflicto colectivo y la conducta de la organización sindical, pero necesitará información de las jurisdicciones para reconstruir qué ocurrió concretamente en cada establecimiento.
El operativo del lunes será la primera prueba de alcance nacional del nuevo régimen en el sistema educativo. La Casa Rosada buscará demostrar que la declaración de esencialidad tiene aplicación efectiva, mientras CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores fondos educativos. El informe de las agencias territoriales será el documento que utilizará Capital Humano para decidir si cierra la actuación, intima a las partes o abre un procedimiento sancionatorio.
Foto: El presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello. (Foto: X @JMilei) . Ignacio Salerno (TN)
