Provincia
Buscan prohibir los celulares en cárceles para evitar delitos
10 de marzo de 2026
Un proyecto de ley para prohibir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses fue presentado en la Legislatura provincial por el diputado Oscar Liberman, de La Libertad Avanza (LLA), con el respaldo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. El legislador afirmó que actualmente los penales “son un call center del delito”.
La iniciativa fue bautizada como “Ley Rodrigo”, en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien prestaba servicio en la Quinta Presidencial de Olivos y se quitó la vida tras ser víctima de una extorsión telefónica organizada desde una cárcel, con la colaboración de familiares de detenidos que operaban fuera del penal de Magdalena.
El proyecto propone dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” establecido por la Resolución 476/20, implementado durante la pandemia de Covid-19 para facilitar las comunicaciones de los internos ante las restricciones sanitarias. Según el legislador, esa medida ya no tiene justificación en el contexto actual.
Además, plantea modificar el inciso 5 del artículo 9 de la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense para que las comunicaciones de las personas privadas de la libertad se realicen exclusivamente mediante teléfonos fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
La propuesta también establece que cada interno podrá comunicarse hasta un máximo de dos horas diarias, pero sin tener acceso libre a los teléfonos. Los aparatos deberán ser utilizados únicamente en los horarios y espacios habilitados y luego retirados por el personal penitenciario.
Otro punto central del proyecto es la instalación obligatoria de sistemas de inhibición y bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores donde se alojan los detenidos, con el objetivo de impedir comunicaciones clandestinas con el exterior.
“Las cárceles parecen un call center del delito. Esto viene desde la época de la pandemia, pero sigue vigente el uso de celulares”, sostuvo Liberman al presentar la iniciativa. En ese sentido, remarcó que el objetivo es impedir que desde los penales se sigan cometiendo delitos como estafas o extorsiones telefónicas.
El legislador también propuso reforzar los controles internos mediante requisas diarias, para evitar que los detenidos ingresen o mantengan teléfonos de manera ilegal dentro de las unidades penitenciarias.
Según explicó, el proyecto se elaboró con aportes de especialistas y equipos jurídicos, entre ellos colaboradores de la jueza Arroyo Salgado, del juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías de Azul, Carlos Pagliere (h), y personas vinculadas al Ministerio de Seguridad de la Nación.
En los fundamentos de la iniciativa, Liberman citó el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles deben ser “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”, y sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva y no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo.
El proyecto también fija un procedimiento para la implementación de la norma. Una vez promulgada la ley, el Servicio Penitenciario Bonaerense tendrá 10 días hábiles para notificar a los internos, quienes dispondrán de 24 horas para entregar voluntariamente los teléfonos que tengan en su poder, incluso aquellos no declarados.
Cumplido ese plazo, se realizarán requisas en celdas y espacios comunes de cada unidad penitenciaria para secuestrar los dispositivos y sancionar a quienes incumplan la normativa
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Fleteros amenazan con medidas de fuerza en los puertos
El sindicato de fleteros advirtió que podría profundizar las medidas de fuerza en los puertos de la provincia de Buenos Aires ante la continuidad del conflicto que comenzó hace 63 días en Arribeños y que todavía no encontró una solución.
La organización informó que intensificará las “medidas gremiales de acción directa” y anticipó la realización de asambleas permanentes en la totalidad de las terminales portuarias bonaerenses hasta conseguir la apertura de una instancia de negociación.
La advertencia se produjo luego de una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ), que dispuso la designación de un nuevo interventor en la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) y el desplazamiento inmediato de su comisión directiva, integrada, entre otros, por Ramón Jatip, como presidente, y Sergio Larovere, como tesorero.
Según señalaron los fleteros, ambos dirigentes mantienen vínculos con la Unión de Transportistas de Arribeños (UTA), involucrada en el reclamo que permanece abierto.
El conflicto cobra además mayor relevancia ante la inminente reanudación de las actividades de la planta de Cargill ubicada en Arribeños, donde se originó la disputa.
Frente a este escenario, el sindicato reclamó que las nuevas autoridades convoquen a una mesa de diálogo para buscar una salida a las problemáticas planteadas ante los distintos organismos competentes. Hasta que eso ocurra, anticiparon que mantendrán las asambleas y no descartaron profundizar las medidas de fuerza.
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Defensoría puso en marcha un servicio para asesorar en la refinanciación de deudas
La Defensoría del Pueblo bonaerense, a cargo de Guido LOrenzino puso en marcha un servicio destinado a acompañar y brindar asesoramiento a las personas que necesitan refinanciar deudas derivadas de préstamos personales o tarjetas de crédito.
La iniciativa impulsada por el organismo que conduce Guido Lorenzino apunta a intervenir ante las entidades acreedoras para solicitar alternativas de pago compatibles con la realidad económica de quienes reclamen. Entre las opciones a analizar se contemplan planes de refinanciación, reducción de intereses, quitas o condiciones de pago más favorables.
"Buscamos mediar y acompañar a las y los consumidores para defenderlos ante situaciones financieras complejas. No hablamos de que la gente no pague, sino de una instancia de gestión y negociación razonable y sostenible", explicó Lorenzino.
La invervención de la Defensoría se da en medio de un escenario de fuerte aumento de los niveles de mora en el endeudamiento de las familias. En la Argentina hay cerca de 5,9 millones de personas con deudas morosas y el ratio nacional de irregularidad alcanza el 15,7%, según datos relevados a mediados de 2026.
El trámite está orientado a quienes registren mora o requieran renegociar sus compromisos financieros.
Para iniciar la gestión o recibir más información, las y los bonaerenses pueden presentar la documentación que acredite su situación económica y las deudas vigentes completando el siguiente formulario https://encuestas.defensorba.org.ar/index.php/966137?newtest=Y&lang=es
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Más de 2.000 cadetes de la policía juran fidelidad a la bandera nacional
Fue en un acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof en la Escuela Juan Vucetich de Berazategui.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, el acto de jura de fidelidad a la bandera nacional de 2.075 cadetes en la Escuela de Policía Juan Vucetich, en Berazategui.
En ese marco, Kicillof afirmó: "Para recuperar el prestigio de la Policía de la provincia era indispensable llevar adelante una transformación profunda e integral como la que estamos realizando: invertimos en infraestructura, equipamiento, tecnología y capacitación de todos los agentes de nuestra fuerza”.
"Este esfuerzo es mucho más importante hoy, ya que sostenemos una inversión histórica en materia de seguridad a pesar de un Gobierno nacional que ajusta y nos quita ilegalmente los recursos que nos corresponden”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Aquí no hay lugar para la motosierra: los cadetes y las familias bonaerenses pueden contar con nuestro compromiso innegociable para consolidar una fuerza que esté a la altura de las demandas de nuestro pueblo".
Al finalizar sus estudios a fin de año, estos cadetes se sumarán a los más de 90 mil efectivos de la Policía provincial. Al respecto, Alonso señaló: “Quienes desempeñan este trabajo en las calles necesitan de una rigurosa preparación y también de los enormes valores que guían a nuestra fuerza: esta jura de fidelidad a la bandera representa el compromiso de que cada agente dará todo de sí para cuidar y proteger a los y las bonaerenses”.
Durante la jornada, se inauguró la obra de puesta en valor del polideportivo de la escuela Vucetich, donde se desarrollan actividades de entrenamiento físico y operativo de los futuros policías. Entre otros trabajos, se realizó el recambio de chapas del techo y zinguería, la renovación de la instalación eléctrica, la construcción de nuevos baños con vestuarios y el reacondicionamiento de la cancha deportiva para distintas disciplinas.
Por último, Kicillof sostuvo: "Acompañamos este juramento y reafirmamos, una vez más, que el Gobierno provincial está decidido a seguir combatiendo el delito para cuidar a las y los bonaerenses en todos los rincones de nuestra provincia".
Estuvieron presentes el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el subjefe, Leandro María Sarlo; el subadministrador General del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; sus pares de Benito Juárez, Julio Marini, de General Paz, Juan Manuel Álvarez; y de Almirante Brown, Juan José Fabiani, y autoridades policiales.
