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Buscan prohibir los celulares en cárceles para evitar delitos
10 de marzo de 2026
Un proyecto de ley para prohibir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses fue presentado en la Legislatura provincial por el diputado Oscar Liberman, de La Libertad Avanza (LLA), con el respaldo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. El legislador afirmó que actualmente los penales “son un call center del delito”.
La iniciativa fue bautizada como “Ley Rodrigo”, en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien prestaba servicio en la Quinta Presidencial de Olivos y se quitó la vida tras ser víctima de una extorsión telefónica organizada desde una cárcel, con la colaboración de familiares de detenidos que operaban fuera del penal de Magdalena.
El proyecto propone dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” establecido por la Resolución 476/20, implementado durante la pandemia de Covid-19 para facilitar las comunicaciones de los internos ante las restricciones sanitarias. Según el legislador, esa medida ya no tiene justificación en el contexto actual.
Además, plantea modificar el inciso 5 del artículo 9 de la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense para que las comunicaciones de las personas privadas de la libertad se realicen exclusivamente mediante teléfonos fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
La propuesta también establece que cada interno podrá comunicarse hasta un máximo de dos horas diarias, pero sin tener acceso libre a los teléfonos. Los aparatos deberán ser utilizados únicamente en los horarios y espacios habilitados y luego retirados por el personal penitenciario.
Otro punto central del proyecto es la instalación obligatoria de sistemas de inhibición y bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores donde se alojan los detenidos, con el objetivo de impedir comunicaciones clandestinas con el exterior.
“Las cárceles parecen un call center del delito. Esto viene desde la época de la pandemia, pero sigue vigente el uso de celulares”, sostuvo Liberman al presentar la iniciativa. En ese sentido, remarcó que el objetivo es impedir que desde los penales se sigan cometiendo delitos como estafas o extorsiones telefónicas.
El legislador también propuso reforzar los controles internos mediante requisas diarias, para evitar que los detenidos ingresen o mantengan teléfonos de manera ilegal dentro de las unidades penitenciarias.
Según explicó, el proyecto se elaboró con aportes de especialistas y equipos jurídicos, entre ellos colaboradores de la jueza Arroyo Salgado, del juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías de Azul, Carlos Pagliere (h), y personas vinculadas al Ministerio de Seguridad de la Nación.
En los fundamentos de la iniciativa, Liberman citó el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles deben ser “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”, y sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva y no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo.
El proyecto también fija un procedimiento para la implementación de la norma. Una vez promulgada la ley, el Servicio Penitenciario Bonaerense tendrá 10 días hábiles para notificar a los internos, quienes dispondrán de 24 horas para entregar voluntariamente los teléfonos que tengan en su poder, incluso aquellos no declarados.
Cumplido ese plazo, se realizarán requisas en celdas y espacios comunes de cada unidad penitenciaria para secuestrar los dispositivos y sancionar a quienes incumplan la normativa
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Se busca reformar la justicia de menores
Tras la baja de la edad de imputabilidad penal a los 14 años, que implica toda una reforma del sistema para procesar a los menores en la justicia, ahora buscan avanzar con la adaptación del Régimen Penal Juvenil en la provincia, alinearlo con esos cambios.
La reforma está contenida en un proyecto de ley que presentó el intendente en licencia y actual senador Guillermo Montenegro -quien fue juez penal antes de dedicarse a la política- que busca introducir “un cambio de paradigma” en el funcionamiento de la justicia de menores en PBA.
El senador explicó que su propuesta busca "dejar atrás un enfoque centrado en la tutela del menor para avanzar hacia uno basado en la responsabilidad penal, incorporando además un rol más activo para las víctimas dentro del proceso judicial”.
El proyecto no elimina la ley bonaerense actual, sino que propone una reconfiguración de la Ley 13.634 mediante la modificación e incorporación de artículos. Entre los cambios principales aparece la reducción de la edad de imputabilidad, uno de los ejes centrales del esquema impulsado a nivel nacional.
Entre los fundamentos, el senador advirtió sobre un aumento en los delitos cometidos por menores, en muchos casos bajo la coordinación de adultos. Según argumentó, esta situación incluye hechos graves como robos con armas y homicidios, además de la utilización de adolescentes por parte de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
La iniciativa también introduce cambios en el funcionamiento del fuero juvenil, medidas cautelares más estrictas y mayor protección para las víctimas. A su vez, establece que la privación de la libertad será el último recurso, con penas máximas de hasta 15 años y cumplimiento en establecimientos especializados para adolescente
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Kicillof asumió en el PJ
Axel Kicillof asumió formalmente al frente del PJ bonaerense y como primer gesto político de impronta personal puso en marcha una campaña masiva de afiliación, apuntada a sumar jóvenes al partido y un discurso de “apertura hacia sectores que nos han sido adversos”. Hubo además un cuidado de los equilibrios internos, con críticas al gobierno de Javier Milei combinadas con el reclamo por la prisión de Cristina Kirchner.
La presidencia de Kicillof se formalizó en una reunión del Consejo partidario que se realizó en la sede de La Plata, a la que concurrieron dirigentes alienados en todas las corrientes internas con la excepción de Máximo Kirchner, que estuvo en un acto en Santa Fe, un gesto que pareció apuntado a marcar las tensiones internas que persisten, más allá de que su rol como titular del Congreso no le exigía estar presente.
Kicillof esquivó la polémica y, a la salida, dedicó unos minutos a la prensa para desgranar un discurso que combinó una llamado a sumar sectores “que muchas veces nos han sido adversos” con el rol que quiere para el partido: “tenemos que estar en la calle, acompañando y resistiendo: el peronismo de la provincia de Buenos Aires va a ser el responsable de terminar con este modelo de destrucción”, se entusiasmó.
“Hemos demostrado madurez, hemos demostrado responsabilidad", afirmó en esa línea. Y agregó que "no hay sector que no crea que es fundamental poner de pie y poner a funcionar el partido justicialista provincial". Enfatizó que "vi un espíritu de cooperación, un espíritu para contribuir" y que el resultado fue "una declaración conjunta de todos los sectores".
El Consejo aprobó un comunicado oficial que recoge la agenda crítica hacia el gobierno de Javier Milei, con un lugar destacado para la exigencia de reponer fondos nacionales “retenidos indebidamente” a la provincia por el gobierno de Milei, con el reclamo por Cristina Kirchner, a quien define como “proscripta” y para quien piden “la liberación”. Le suman un reclamo “humanitario” por Julio De Vido, preso con el acceso a un tratamiento médico por su diabetes dificultados, según denunció.
De la reunión emergió una marcha que el miércoles encabezarán intendentes y el gobernador al ministerio de Capital Humano para reclamarle a Sandra Petovello por una deuda de $220.000 mil millones, que ella niega, para financiar el Servicio Alimentario Escolar. Kicillof ya participó esta semana en un reclamo ante la Corte por fondos jubilatorios y también se sumará a la movilización del partido por el día del Trabajador, que quedó definida hoy.
En lo formal, se completó también la grilla de autoridades. Se designó a Verónica Magario como vicepresidenta 1º y a Federico Otermín como vicepresidente 2º, en tanto que Mariano Cascallares estará al frente de la Secretaría General, Julio Alak de la Secretaría de Formación Política y Mariel Fernández de la Secretaría de las Mujeres y Género. Asimismo, se ratificó a Ariel Sujarchuk como secretario de Finanzas y Tesorería, y a Noelia Castaño como subtesorera del partido.
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Luz: Autorizan nuevo aumento
El gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó el cuadro tarifario que van a aplicar las distribuidoras de luz el mes que viene. Los nuevos valores de la energía eléctrica quedaron plasmados en la Resolución 222/26 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Cómo va a impactar en las facturas que llegan a los hogares.
“El impacto en factura final será en promedio del 1%“. De esta manera, un usuario residencial sin subsidio con un consumo medió que pagó $50.000 este mes, en mayo va a abonar $50.500 incluyendo impuestos.
Paralelamente, un usuario con la tarifa subsidiada que pagaba $31.500 va a pasar a $31.800.
Este incremento de tarifas entra en vigencia el 1º de mayo y se verá reflejado en los consumos de ese mes por lo que llegará a las facturas que reciben los usuarios en junio. Según se explicó, se debe a un ajuste del valor agregado de distribución (VAD).
En mayo, la luz va a aumentar un 1% respecto de las tarifas de abril en toda la provincia de Buenos Aires.
Vale aclarar que esta suba rige para las cuatro distribuidoras que operan en el territorio bonaerense (EDELAP, EDEN, EDES y EDEA) y para las cooperativas eléctricas. Es de esperar que en los próximos días el Gobierno Nacional autorice los aumentos de luz para EDENOR y EDESUR que prestan servicio en el conurbano bonaerense.
