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Presión fiscal y atraso en cuotas ponen en alerta a colegios privados

11 de marzo de 2026


Desde el sector advierten que algunas decisiones impositivas locales, como una reciente ordenanza en Pilar, podrían replicarse en otros municipios y profundizar la delicada situación económica de las instituciones educativas.

El sistema de educación privada en la provincia de Buenos Aires, que alcanza casi el 30% de la cobertura educativa y contiene a más de 1.3 millones de alumnos, atraviesa un escenario de creciente incertidumbre. A las dificultades financieras que vienen arrastrando muchas instituciones —marcadas por el atraso en la actualización de cuotas, el aumento de costos y la caída de la matrícula— se suma ahora una nueva preocupación: la presión impositiva que comienzan a aplicar algunos distritos y que podrían extenderse a otros municipios.

Uno de los casos que encendió la alarma en el sector es el de Pilar, donde el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza 112/25 que aumenta el 100% la tasa de seguridad e higiene y establece una contribución obligatoria  de 7.500 pesos mensuales por cada empleado de las pymes, categoría en la que también quedan encuadradas las escuelas privadas.

Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA), explicó que esta medida puede provocar un fuerte impacto en las instituciones educativas, que suelen contar con planteles numerosos. “Una escuela privada es una pyme particular, porque no tiene cuatro o cinco empleados. En promedio tiene entre 60 y 120 personas trabajando como mínimo ”, señaló.

De acuerdo con los cálculos del sector, una institución de tamaño medio podría llegar a pagar entre 1,5 y 2 millones de pesos por mes en tasas municipales, lo que representaría más de 20 millones de pesos al año.

“En el contexto actual es realmente inexplicable esta situación para nuestro sector. No se está teniendo en cuenta la realidad económica de las escuelas”, sostuvo Zurita, quien adelantó que la entidad evalúa distintas medidas para que las autoridades municipales reconsideren la decisión.

Aumento salarial docente y presión sobre las cuotas

El escenario se vuelve aún más complejo por la negociación paritaria docente en la provincia. Según explicó Zurita, el Gobierno bonaerense ofreció un incremento salarial del 9% en tres tramos, que se sumaría a los aumentos previos otorgados a fines del año pasado.

Desde el sector educativo privado aseguran que no cuestionan las mejoras salariales, pero advierten que necesitan que se autorice una actualización equivalente en los aranceles para poder afrontar los pagos.

“Las escuelas tienen que pagar los aumentos salariales, pero si no se autorizan ajustes en las cuotas se genera un problema financiero muy grave, difícil de afrontar”, explicó.

En la provincia de Buenos Aires, alrededor del 70% de los colegios privados reciben aporte estatal, lo que implica que los incrementos de cuotas deben ser autorizados por el gobierno provincial.

Cierres de escuelas y caída de matrícula

Zurita también se refirió a los cierres de instituciones educativas privadas registrados en los últimos años, algunos de ellos en el conurbano y también en la ciudad de La Plata.

Según indicó, se trata de un fenómeno que comenzó a notarse con mayor fuerza después de la pandemia y que responde a una combinación de factores.

Entre ellos mencionó la caída de la natalidad, la disminución de la matrícula —con unos 300 mil alumnos menos en todo el sistema educativo en los últimos cuatro años—, el atraso en los aranceles, el aumento de tarifas de servicios públicos y las dificultades económicas de muchas familias que como consecuencia hizo aumentar  los porcentajes de morosidad.

“Hay escuelas que no cerraron pero cuya situación es crítica, están endeudadas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales”, explicó.

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Se busca reformar la justicia de menores

Tras la baja de la edad de imputabilidad penal a los 14 años, que implica toda una reforma del sistema para procesar a los menores en la justicia, ahora buscan avanzar con la adaptación del Régimen Penal Juvenil en la provincia, alinearlo con esos cambios.

La reforma está contenida en un proyecto de ley que presentó el intendente en licencia y actual senador Guillermo Montenegro -quien fue juez penal antes de dedicarse a la política- que busca introducir “un cambio de paradigma” en el funcionamiento de la justicia de menores en PBA.

El senador explicó que su propuesta busca "dejar atrás un enfoque centrado en la tutela del menor para avanzar hacia uno basado en la responsabilidad penal, incorporando además un rol más activo para las víctimas dentro del proceso judicial”.

El proyecto no elimina la ley bonaerense actual, sino que propone una reconfiguración de la Ley 13.634 mediante la modificación e incorporación de artículos. Entre los cambios principales aparece la reducción de la edad de imputabilidad, uno de los ejes centrales del esquema impulsado a nivel nacional.

Entre los fundamentos, el senador advirtió sobre un aumento en los delitos cometidos por menores, en muchos casos bajo la coordinación de adultos. Según argumentó, esta situación incluye hechos graves como robos con armas y homicidios, además de la utilización de adolescentes por parte de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

La iniciativa también introduce cambios en el funcionamiento del fuero juvenil, medidas cautelares más estrictas y mayor protección para las víctimas. A su vez, establece que la privación de la libertad será el último recurso, con penas máximas de hasta 15 años y cumplimiento en establecimientos especializados para adolescente

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Kicillof asumió en el PJ

Axel Kicillof asumió formalmente al frente del PJ bonaerense y como primer gesto político de impronta personal puso en marcha una campaña masiva de afiliación, apuntada a sumar jóvenes al partido y un discurso de “apertura hacia sectores que nos han sido adversos”. Hubo además un cuidado de los equilibrios internos, con críticas al gobierno de Javier Milei combinadas con el reclamo por la prisión de Cristina Kirchner.

La presidencia de Kicillof se formalizó en una reunión del Consejo partidario que se realizó en la sede de La Plata, a la que concurrieron dirigentes alienados en todas las corrientes internas con la excepción de Máximo Kirchner, que estuvo en un acto en Santa Fe, un gesto que pareció apuntado a marcar las tensiones internas que persisten, más allá de que su rol como titular del Congreso no le exigía estar presente.

Kicillof esquivó la polémica y, a la salida, dedicó unos minutos a la prensa para desgranar un discurso que combinó una llamado a sumar sectores “que muchas veces nos han sido adversos” con el rol que quiere para el partido: “tenemos que estar en la calle, acompañando y resistiendo: el peronismo de la provincia de Buenos Aires va a ser el responsable de terminar con este modelo de destrucción”, se entusiasmó.

“Hemos demostrado madurez, hemos demostrado responsabilidad", afirmó en esa línea. Y agregó que "no hay sector que no crea que es fundamental poner de pie y poner a funcionar el partido justicialista provincial". Enfatizó que "vi un espíritu de cooperación, un espíritu para contribuir" y que el resultado fue "una declaración conjunta de todos los sectores".

El Consejo aprobó un comunicado oficial que recoge la agenda crítica hacia el gobierno de Javier Milei, con un lugar destacado para la exigencia de reponer fondos nacionales “retenidos indebidamente” a la provincia por el gobierno de Milei, con el reclamo por Cristina Kirchner, a quien define como “proscripta” y para quien piden “la liberación”. Le suman un reclamo “humanitario” por Julio De Vido, preso con el acceso a un tratamiento médico por su diabetes dificultados, según denunció.

De la reunión emergió una marcha que el miércoles encabezarán intendentes y el gobernador al ministerio de Capital Humano para reclamarle a Sandra Petovello por una deuda de $220.000 mil millones, que ella niega, para financiar el Servicio Alimentario Escolar. Kicillof ya participó esta semana en un reclamo ante la Corte por fondos jubilatorios y también se sumará a la movilización del partido por el día del Trabajador, que quedó definida hoy.

En lo formal, se completó también la grilla de autoridades. Se designó a Verónica Magario como vicepresidenta 1º y a Federico Otermín como vicepresidente 2º, en tanto que Mariano Cascallares estará al frente de la Secretaría General, Julio Alak de la Secretaría de Formación Política y Mariel Fernández de la Secretaría de las Mujeres y Género. Asimismo, se ratificó a Ariel Sujarchuk como secretario de Finanzas y Tesorería, y a Noelia Castaño como subtesorera del partido.

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Luz: Autorizan nuevo aumento

El gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó el cuadro tarifario que van a aplicar las distribuidoras de luz el mes que viene. Los nuevos valores de la energía eléctrica quedaron plasmados en la Resolución 222/26 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Cómo va a impactar en las facturas que llegan a los hogares.

“El impacto en factura final será en promedio del 1%“. De esta manera, un usuario residencial sin subsidio con un consumo medió que pagó $50.000 este mes, en mayo va a abonar $50.500 incluyendo impuestos. 

Paralelamente, un usuario con la tarifa subsidiada que pagaba $31.500 va a pasar a $31.800.

Este incremento de tarifas entra en vigencia el 1º de mayo y se verá reflejado en los consumos de ese mes por lo que llegará a las facturas que reciben los usuarios en junio. Según se explicó, se debe a un ajuste del valor agregado de distribución (VAD).

En mayo, la luz va a aumentar un 1% respecto de las tarifas de abril en toda la provincia de Buenos Aires.

Vale aclarar que esta suba rige para las cuatro distribuidoras que operan en el territorio bonaerense (EDELAP, EDEN, EDES y EDEA) y para las cooperativas eléctricas. Es de esperar que en los próximos días el Gobierno Nacional autorice los aumentos de luz para EDENOR y EDESUR que prestan servicio en el conurbano bonaerense.

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