El Gobierno de Estados Unidos ha implementado la primera visa de inmigración conocida como "Trump Gold Card" (Tarjeta Dorada Trump), destinada a extranjeros que deseen residir en el país con privilegios similares a los de los residentes permanentes.

La "tarjeta dorada" está diseñada para millonarios de todo el mundo, ya que su obtención requiere una inversión económica considerable. Esta iniciativa tiene como objetivo atraer capital y talento extranjero ofreciendo beneficios análogos a los que disfrutan los residentes permanentes.

El programa presenta tres modalidades, todas sujetas a una exhaustiva verificación de antecedentes por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.

La tarjeta individual, con un costo de US$ 1 millón. El solicitante debe pagar una tarifa de procesamiento no reembolsable de US$ 15 mil al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La tarjeta corporativa, destinada a empresas que buscan retener o trasladar talento extranjero, por US$ 2 millones. En este caso, se deben abonar US$ 15 mil por cada empleado.

La "platinum Card", una opción premium que costará US$ 5 millones y permitirá a su poseedor permanecer en el país durante 270 días sin la obligación de pagar impuestos.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha confirmado que ya se ha aprobado la primera visa bajo este nuevo esquema, aunque la identidad del beneficiario no ha sido divulgada. Lutnick también mencionó que hay cientos de interesados en una lista de espera y que el proceso de verificación de antecedentes es "el más riguroso en la historia del gobierno" de EE.UU.

Desde la Administración Trump sostienen que este programa busca fomentar la economía mediante la llegada de inversores y profesionales altamente calificados. Los fondos recaudados, explicaron, se destinarán a mejoras en el país, aunque no se han proporcionado detalles específicos al respecto.

Por estos días, el presidente de EEUU, Donald Trump evalúa retirar el apoyo de Estados Unidos al Reino Unido en la disputa por las Islas Malvinas, lo que desató una fuerte reacción en la prensa y generó la rápida reacción del portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, quien ratificó la soberanía sobre las Islas y afirmó que es "histórica e inalterable".

La información publicada, que surgió de un correo interno filtrado del Pentágono, detalla posibles sanciones contra países que, a criterio de Washington, no acompañaron las operaciones militares estadounidenses en la guerra contra Irán.

En el documento, el Departamento de Defensa estadounidense plantea la revisión del apoyo diplomático de Estados Unidos a las "posesiones imperiales" europeas, como las islas Malvinas, y que también podría afectar a las reclamaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla (ciudades españolas al norte de África).

A las horas de que se filtró el informe, Dave Pares, el portavoz del primer ministro británico, afirmó que la soberanía británica sobre las islas Malvinas "no está en cuestión".

"El tema de las islas Malvinas y su soberanía británica, con el derecho de los isleños a la autodeterminación, no están en cuestión, y así lo hemos expresado de forma clara y consistente", puntualizó.

En ese marco, el portavoz gubernamental sentenció: "Las islas Malvinas ya votaron anteriormente a favor de permanecer como territorio británico de ultramar, y siempre nos hemos posicionado junto a ese derecho de los isleños a su autodeterminación". De esta manera, recordó el referéndum convocado en las islas en 2013, en el que los votantes se posicionaron en un 98% a favor de la permanencia dentro del Reino Unido.

El primer ministro británico, Keir Starmer. Foto: APEl primer ministro británico, Keir Starmer. Foto: AP
La relación entre el Reino Unido y Estados Unidos se encuentra en su momento más bajo después de que Starmer recalcó en numerosas ocasiones que no piensa "dejarse arrastrar a la guerra" contra Irán y que restringiría los permisos a la aviación estadounidense a utilizar sus bases en Inglaterra y el Índico meramente a "propósitos defensivos".

Los medios del Reino Unido no tardaron en inundar sus portales con noticias vinculadas a este tema. De hecho, el periódico The Sun publicó un título directo y alarmista: "AMENAZA DE LAS ISLAS".

Según The Telegraph, la filtración reveló que Washington considera "penalizar" a socios de la OTAN reticentes a apoyar la ofensiva en Oriente Medio y destaca que entre las sanciones evaluadas figura "la revisión del respaldo a la reclamación británica" sobre las Malvinas.

Además, el Pentágono planteó la suspensión de España de la OTAN para castigar a los aliados que no apoyan a la administración de Trump en la guerra de Irán. Según refleja el documento, la medida tendría un efecto limitado en las operaciones militares estadounidenses, pero un impacto simbólico significativo.

Al llegar a la cumbre informal de líderes europeos en Nicosia (Chipre), el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, fue consultado por la prensa acerca de las posibles sanciones que podría aplicarles Estados Unidos y respondió que España es un "socio leal" que cumple con sus "responsabilidades" dentro de la Alianza siempre "dentro de la marca de la legalidad internacional".

"No trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga en este caso el Gobierno de EE UU. La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", sentenció Sánchez en diálogo con la prensa.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la revisión del acuerdo vigente con Argentina y de esta forma se activa un desembolso de u$s 1.000 millones.

El organismo publicó el staff report que será elevado al Board del organismo tras la llegada del ministro de Economía, Luis Caputo, a Washington para participar de la Asamblea de Primavera del fondo.

“Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar el Staff Level Agreement”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo.

El ministro afirmó que “este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”.

Con este paso ya cumplido, se estima que el directorio del organismo se reunirá dentro de los próximos 15 días para el visto bueno final y remitir los fondos, unos 1.000 millones de dólares.