Un hombre de 31 años fue detenido en las últimas horas acusado de intentar atentar contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un episodio ocurrido en el marco de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Se trata de Cole Allen, un maestro oriundo de California, quien fue reducido por personal de seguridad antes de lograr ingresar al salón principal donde se desarrollaba el evento. Según informaron fuentes oficiales, el sospechoso irrumpió corriendo en el lobby del hotel que albergaba la cena, lo que generó una inmediata reacción de los agentes encargados de la custodia.

De acuerdo con los primeros reportes, Allen fue interceptado a pocos metros del acceso principal y neutralizado sin que se registraran heridos. La rápida intervención de los equipos de seguridad resultó clave para evitar que el hombre pudiera avanzar hacia el área donde se encontraba el mandatario y el resto de los asistentes.

El propio Donald Trump se refirió al hecho en declaraciones posteriores, en las que aseguró que el atacante portaba varias armas. Sin embargo, destacó que no logró vulnerar los estrictos controles de seguridad dispuestos para el evento.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las motivaciones del acusado y establecer si actuó solo o con algún tipo de apoyo. Mientras tanto, Allen permanece detenido y a disposición de la Justicia.

El Gobierno de Estados Unidos ha implementado la primera visa de inmigración conocida como "Trump Gold Card" (Tarjeta Dorada Trump), destinada a extranjeros que deseen residir en el país con privilegios similares a los de los residentes permanentes.

La "tarjeta dorada" está diseñada para millonarios de todo el mundo, ya que su obtención requiere una inversión económica considerable. Esta iniciativa tiene como objetivo atraer capital y talento extranjero ofreciendo beneficios análogos a los que disfrutan los residentes permanentes.

El programa presenta tres modalidades, todas sujetas a una exhaustiva verificación de antecedentes por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.

La tarjeta individual, con un costo de US$ 1 millón. El solicitante debe pagar una tarifa de procesamiento no reembolsable de US$ 15 mil al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La tarjeta corporativa, destinada a empresas que buscan retener o trasladar talento extranjero, por US$ 2 millones. En este caso, se deben abonar US$ 15 mil por cada empleado.

La "platinum Card", una opción premium que costará US$ 5 millones y permitirá a su poseedor permanecer en el país durante 270 días sin la obligación de pagar impuestos.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha confirmado que ya se ha aprobado la primera visa bajo este nuevo esquema, aunque la identidad del beneficiario no ha sido divulgada. Lutnick también mencionó que hay cientos de interesados en una lista de espera y que el proceso de verificación de antecedentes es "el más riguroso en la historia del gobierno" de EE.UU.

Desde la Administración Trump sostienen que este programa busca fomentar la economía mediante la llegada de inversores y profesionales altamente calificados. Los fondos recaudados, explicaron, se destinarán a mejoras en el país, aunque no se han proporcionado detalles específicos al respecto.

Por estos días, el presidente de EEUU, Donald Trump evalúa retirar el apoyo de Estados Unidos al Reino Unido en la disputa por las Islas Malvinas, lo que desató una fuerte reacción en la prensa y generó la rápida reacción del portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, quien ratificó la soberanía sobre las Islas y afirmó que es "histórica e inalterable".

La información publicada, que surgió de un correo interno filtrado del Pentágono, detalla posibles sanciones contra países que, a criterio de Washington, no acompañaron las operaciones militares estadounidenses en la guerra contra Irán.

En el documento, el Departamento de Defensa estadounidense plantea la revisión del apoyo diplomático de Estados Unidos a las "posesiones imperiales" europeas, como las islas Malvinas, y que también podría afectar a las reclamaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla (ciudades españolas al norte de África).

A las horas de que se filtró el informe, Dave Pares, el portavoz del primer ministro británico, afirmó que la soberanía británica sobre las islas Malvinas "no está en cuestión".

"El tema de las islas Malvinas y su soberanía británica, con el derecho de los isleños a la autodeterminación, no están en cuestión, y así lo hemos expresado de forma clara y consistente", puntualizó.

En ese marco, el portavoz gubernamental sentenció: "Las islas Malvinas ya votaron anteriormente a favor de permanecer como territorio británico de ultramar, y siempre nos hemos posicionado junto a ese derecho de los isleños a su autodeterminación". De esta manera, recordó el referéndum convocado en las islas en 2013, en el que los votantes se posicionaron en un 98% a favor de la permanencia dentro del Reino Unido.

El primer ministro británico, Keir Starmer. Foto: APEl primer ministro británico, Keir Starmer. Foto: AP
La relación entre el Reino Unido y Estados Unidos se encuentra en su momento más bajo después de que Starmer recalcó en numerosas ocasiones que no piensa "dejarse arrastrar a la guerra" contra Irán y que restringiría los permisos a la aviación estadounidense a utilizar sus bases en Inglaterra y el Índico meramente a "propósitos defensivos".

Los medios del Reino Unido no tardaron en inundar sus portales con noticias vinculadas a este tema. De hecho, el periódico The Sun publicó un título directo y alarmista: "AMENAZA DE LAS ISLAS".

Según The Telegraph, la filtración reveló que Washington considera "penalizar" a socios de la OTAN reticentes a apoyar la ofensiva en Oriente Medio y destaca que entre las sanciones evaluadas figura "la revisión del respaldo a la reclamación británica" sobre las Malvinas.

Además, el Pentágono planteó la suspensión de España de la OTAN para castigar a los aliados que no apoyan a la administración de Trump en la guerra de Irán. Según refleja el documento, la medida tendría un efecto limitado en las operaciones militares estadounidenses, pero un impacto simbólico significativo.

Al llegar a la cumbre informal de líderes europeos en Nicosia (Chipre), el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, fue consultado por la prensa acerca de las posibles sanciones que podría aplicarles Estados Unidos y respondió que España es un "socio leal" que cumple con sus "responsabilidades" dentro de la Alianza siempre "dentro de la marca de la legalidad internacional".

"No trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga en este caso el Gobierno de EE UU. La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", sentenció Sánchez en diálogo con la prensa.